domingo, 30 de mayo de 2010

OCTAVA PARTE Capitulo III

2006: LA GEOGRAFIA DEL TERROR.

“La aparición de los primeros restos de personas desaparecidas produjo una conmoción profunda. La geografía del terror, apareció graficada en ese trozo de tierra removida en el que aparecieron. Era la manifestación de un fenómeno más global y complejo que el encuentro buscado: era el efecto del Terrorismo de Estado.
Paradójicamente a más de 20 años de terminada la dictadura, la incertidumbre o la falsedad de la información sobre el destino de las personas desaparecidas nos hacia sentir que aun se estaba en manos de nuestros torturadores, bajo su dominio omnipotente. El empezar a encontrarlos, es también empezar a derrotarlos”.
“Para destruir los huevos de la serpiente”.Trabajo y Utopía, octubre 2006.

Antes que comenzara la Feria Judicial Mayor del año, los denunciantes de la desaparición de Elena reclamaron nuevamente al Juzgado que hiciera lugar a una extracción de muestras de adn, del cuerpo de Tota Quinteros, frente al hallazgo de un resto óseo el año anterior en el Batallón de Infantería Nº 13, donde se presumía que habría sido enterrada la maestra desaparecida. La Fiscalía, también había reclamado en el mismo sentido.
Luego de ubicar el féretro donde descasaban los restos de "Tota" Quinteros en el Cementerio del Buceo, el Juez Gustavo Mirabal - transitoriamente a cargo del juzgado de Fernández Lecchini -, autoriza lo solicitado.[1].
El 4 de enero, a las nueve de la mañana se hicieron presentes en la necrópolis los principales dirigentes del Partido por la Victoria del Pueblo, de la Secretaría de Derechos Humanos del pit-cnt y familiares de Elena.
Ante la atenta mirada de los técnicos actuantes, la representante del Poder Ejecutivo verificó la documentación que permitió confirmar que efectivamente se estaba realizando la exhumación del cadáver correspondiente. De inmediato, se dio la orden para que los restos fueran trasladados al depósito del cementerio, donde una licenciada en laboratorio clínico y su ayudante procedieron a la extracción de dos muestras. El procedimiento duró aproximadamente 15 minutos. Los técnicos se retiraron llevando una de las muestras hacia el Laboratorio Clínico de la Policía Técnica, y la otra muestra quedó en poder de la representante del Poder Ejecutivo, para ser entregada al Equipo Argentino de Antropología Forense, quien la analizaría en el Laboratorio Biológico instalado en la ciudad argentina de Córdoba.
Había sido voluntad de Tota, que sus restos fueran cremados. Sin embargo, se había decidido postergar la cremación del cuerpo para que en caso de que algún día aparecieran los restos de Elena, pudieran servir para su identificación, comparando sus ADN.
A tres mujeres desaparecidas podían pertenecer las piezas óseas encontradas, de atenernos a una lista manejada durante muchísimos años de desaparecidos en el Uruguay: María Claudia García de Gelman, Amelia Sanjurjo y Elena Quinteros. Sin embargo, a la luz de las últimas investigaciones que probaban varios traslados masivos de uruguayos desde Argentina y su posterior ejecución en el Uruguay, las posibilidades se abrían en un abanico impensable de posibilidades.
Al finalizar el procedimiento en el cementerio, el Dr. Pablo Chargoñia, comentaba que en caso de que se confirmara que los restos encontrados pertenecían a Elena, "habría un elemento más para establecer la plena prueba de la coautoría en el homicidio muy especialmente agravado de la maestra", para Juan Carlos Blanco. Y reclamaba que "tendría que haber un mensaje muy claro de la democracia uruguaya para que estos delitos no vuelvan a ocurrir y ese mensaje solo se conseguiría poniendo en prisión a los responsables de esos crímenes".
Los trabajos de excavaciones en las unidades militares, no escapaban a la obligada pausa veraniega que sufrían todas las actividades en el Uruguay. Por lo que, para que no se produjeran hechos que afectaran la búsqueda, a instancias de los denunciantes y la Fiscal, el Juez comunicó a Presidencia la necesidad de custodiar los batallones en enero.
El mismo día que se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de “Tota” Quinteros, durante una lluviosa mañana de domingo, fueron despedidos los restos de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Asilú Maceiro, quien fuera compañera de Elena y de Tota[2].
Las pericias sobre el esqueleto masculino, de raza blanca y 1,70 metros de altura hallado bajo al bosque de sauces al norte de la cancha de fútbol del Batallón de Infantería Nº 13, el pasado 2 de diciembre, demostraban que no pertenecía a ninguno de los desaparecidos que, según el informe del Ejército, fueron enterrados en esa Unidad Militar[3].
La identidad del cuerpo dio motivos para que el gobierno ordenara comparar análisis con familiares de otras víctimas de desaparición.
Aunque desde hacia mas de 20 años, existían testimonios[4], que daban cuenta de que en el Batallón 13 se habían realizado enterramientos clandestinos, esa versión no había sido tenida en cuenta. Se había preferido, dar crédito a las versiones anónimas de los militares. Por eso no se preveía la aparición de un cuerpo allí. Ninguno de los informes incluyó la posibilidad de que allí, se encontraran los restos de Fernando Miranda Pérez, secuestrado el 30 de noviembre y asesinado el 2 de diciembre de 1975, como finalmente resultó.
Esos informes, también sostenían que Elena Quinteros, fue enterrada en el Batallón 14. La inhumación de un resto óseo de una mujer, precisamente detrás de uno de los arcos de la cancha de fútbol, contradecían esos informes. Y también eran coincidentes con el testimonio del ex soldado López Silva.
Según daba cuenta el Semanario brecha, el lugar donde fueron encontrados los restos de Miranda y el hueso del antebrazo de una mujer, fue señalado por Sergio Pintado quien ingreso al predio militar autorizado por el Secretario de la Presidencia. Pintado aseguraba también, haber visto filmaciones en las que aparecería Elena en la enfermería del 13 junto con el Coronel Manuel Cordero, y un Coronel que revista en el Hospital Militar[5].
En febrero, los jueces retornan de la feria judicial. Siguen sin satisfacerse el reclamo por saber dónde están enterrados los desaparecidos y los motivos por los que fueron desaparecidos, mientras pasan a retiro, dos de los Comandantes de las fuerzas Armadas que debían atender ese reclamo[6]. El Jefe de la Aviación, Enrique Bonelli, continuaba guardando silencio sobre la identidad de una veintena de prisioneros del “segundo vuelo”, que desmorona la piadosa interpretación de que los militares uruguayos del Cóndor no compartieron las prácticas de sus colegas argentinos, de asesinatos masivos y sistematización de los enterramientos secretos, con la doble finalidad de extender el terror y a la vez apropiarse del botín dejado por las víctimas[7].
Según sostenía desde las páginas del Semanario brecha el periodista Samuel Blixen “El “debe” en materia de derechos humanos interpela a otros actores, al comenzar febrero. La justicia, que por decisión de un fiscal archivó dos veces el caso de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, deberá ahora resolver si accede a realizar las investigaciones solicitadas por un Juez argentino que se propone formalizar un pedido de extradición contra los militares involucrados en ese crimen aberrante (..) Finalmente, como tareas pendientes, está la expectativa sobre el trámite parlamentario de una Ley interpretativa de la Ley de caducidad, que deberá enfrentar por un lado las resistencias de los sectores jugados a la impunidad, y por otro el reclamo cada vez más generalizado de impulsar la anulación como forma de eliminar las trabas que impiden el conocimiento de la verdad y el castigo de los responsables”.
El 17 de febrero, un Juez, dispuso el reintegro de los restos de Ubagesner Chávez Sosa a los familiares, mientras espera un pronunciamiento del Poder Ejecutivo para saber si el caso estaba o no comprendido en la ley de Caducidad[8]. Los familiares acordaron, que el sepelio se realizará en el Paraninfo de la Universidad de la República.
En abril, se conoce que el antebrazo encontrado en el Batallón 13, fue enviado a España - a la Universidad de Granada - , porqué ni en Argentina ni en Uruguay se había podido extraer adn, a causa del deterioro de la pieza.
Mientras tanto, prosiguen las citaciones de la Justicia a ex militares acusados como violadores de los Derechos Humanos[9].
14 años después del homicidio del ex agente de la Inteligencia chilena Eugenio Berríos, la justicia uruguaya adoptó la decisión de habilitar la extradición a Chile de los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellinton Sarli, acusados de “asociación ilícita” y “secuestro” del químico chileno que luego terminó asesinado y semienterrado en las arenas del balneario El Pinar.
La búsqueda de los restos de María Claudia García de Gelman, que figuraba como una de las prioridades para el gobierno instalado el 1º de marzo del 2005, seguía acumulando fracasos y decepciones, en razón de la falsedad de los datos entregados por los militares que estuvieron implicados en el secuestro, al entonces Comandante del Ejército Ángel Bertolotti.
El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia recibió una solicitud de extradición de cinco militares y un policía retirado[10] acusados de participar en el Plan Cóndor, presentada por el Juez Federal argentino Guillermo Montenegro, y resolvió enviarla al Juez Penal Fernández Lecchini para que le diera trámite.
Mientras la justicia argentina aguarda la respuesta al petitorio de extradición de una parte de la “patota” del Plan Cóndor, en un hecho sin antecedentes en Uruguay, el ex dictador Gregorio 'Goyo' Álvarez, debió concurrir a una sede penal por la desaparición en Argentina de un ciudadano uruguayo desaparecido en 1974[11].
El 20 de julio, la prensa daba cuenta sobre la existencia de 6.342 libros, en un depósito Judicial, que habían sido requisados a presos políticos durante la dictadura. Entre ellos se encontraron libros pertenecientes a Elena Quinteros, y otros detenidos y desaparecidos.
El ex Diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Hugo Cores, al conmemorarse los 30 años del secuestro de Elena Quinteros, reclamó que el caso fuera excluido de la Ley de Caducidad porque el delito se cometió en tierra extranjera. En esa misma oportunidad, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, María Lourdes Urbaneja, señaló que "el secuestro de la maestra y luchadora social Elena Quinteros que se produjo en los jardines de nuestra embajada violentó nuestra soberanía y fue una terrible violación a los Derechos Humanos". La Embajadora agregó que "la República Bolivariana de Venezuela tiene un fuerte compromiso ético con la reconstrucción de la memoria" y agregó que "la lucha de Elena obliga a que se esclarezca el caso y que se haga justicia".
A mediados del año anterior, se había incorporado al debate público una iniciativa tendiente a declarar la nulidad de la ley de caducidad, iniciativa que finalmente en el 2006, desde el movimiento sindical se materializa, mediante el lanzamiento de una campaña a la que se suman diversas organizaciones sociales y políticas.
A finales de octubre, el Presidente Vázquez anuncia la finalización de la búsqueda de restos de desaparecidos en unidades militares, hasta tanto se recibieran nuevos datos concretos.
El coronel Gilberto Vázquez asegura a la prensa, que en las negociaciones entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas para la salida de la dictadura, Sanguinetti le puso como condición al General Hugo Medina "que se borraran todas las huellas" sobre los desaparecidos. Esa decisión, le fue comunicada por el general Washington Varela, y luego se procedió a realizar la Operación Zanahoria, entre mediados de 1984 y principios de 1985. Si bien estas manifestaciones fueron desmentidas por Sanguinetti, la fiscal Guianze solicita la comparecencia "urgente" de Vázquez ante el juez. El 12 de setiembre, fue interrogado, y ratificó que la Operación Zanahoria fue ordenada por Sanguinetti, pero no aportó mayores datos por el caso de Elena Quinteros[12].
El 11 de setiembre, el juez Luis Charles, decreto el procesamiento y la prisión de 6 militares y dos policías por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir en la causa por la desaparición en Argentina de Adalberto Soba, integrante del pvp desaparecido en 1976. Otro de los militares que debió integrar la lista de procesados, el Teniente Coronel Rodríguez Buratti, se suicidó cuando se lo fue a detener[13].
Según sostenía un medio de prensa[14], el procesamiento por primera vez en la historia del Uruguay, de este grupo de represores por la desaparición de un detenido en dictadura, “hace un poco de justicia a la línea de acción política ante el terrorismo de Estado mantenida durante tres décadas por el Partido por la Victoria del Pueblo, cuyas filas integraba Adalberto Soba”, la víctima que determinara el fallo. “Esa línea de trabajo –concluía el artículo-, se desarrolló a menudo contra la corriente”[15].
Desde el pit/cnt, se declaraba que el procesamiento era un "paso adelante que permite a la sociedad uruguaya recobrar el valor ético de la justicia". Y que se esperaba que "la prisión de estos delincuentes" sea un impulso para la anulación de la Ley de Caducidad.
Dos meses después, el 16 de noviembre, el Juez Penal Roberto Timbal, envió a la cárcel al ex dictador Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco[16]. Este último terminaba así, de gozar del insólito privilegio de estar en libertad incurso en el delito de coautor de homicidio especialmente agravado de Elena Quinteros.
De a poco, el círculo de la verdad y la justicia empieza a cerrarse sobre el espeso manto de una impunidad que parecía sólidamente instalado en el Uruguay. Las fisuras que se le fueron haciendo se empezaron a profundizar, desde que el gobierno, adopta una postura opuesta a la sustentada por los gobiernos anteriores.
Cuando ese año, el Poder Ejecutivo remite a la Cámara de Senadores el pedido de venia para designar a Mirtha Guianze como Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación, una parte de la sociedad, - sobre todo la consustanciada con el proceso de lucha contra la impunidad -, se vio atravesada por sentimientos contradictorios. Por un lado, se instalaba en un lugar muy importante del sistema judicial, a una magistrada que había dado muestras de una valiente e infatigable lucha por terminar con el sistema de impunidad. Y por otro lado, se la sacaba de un conjunto de causas, cuyos movimientos y actuaciones, eran casi una exclusiva responsabilidad suya. Se plantea la interrogante si ese ascenso ¿no era una forma de sacarla de las causas contra Blanco, contra Bordaberry, contra Gregorio Álvarez, etc?[17]
Mientras los militares detenidos eran alojados en Cárcel Central, el Ejército llevaba a cabo trabajos de remodelación y edificación en un predio de un cuartel actualmente en desuso, para la reclusión de los militares que iban siendo procesados por la Justicia. Las obras habrían sido dispuestas por el Comandante en Jefe del Ejército, con el consentimiento de la Presidencia de la República.
El juzgado a cargo de Fernández Lecchini, autoriza a la Intendencia de Montevideo a continuar con los trabajos de saneamiento en el terreno del Batallón, en razón de considerar que los trabajos no afectarían las excavaciones.
En octubre, ante familiares, amigos y compañeros que poblaron las barras de la Cámara de Diputados, se realizó una sesión de homenaje a Elena Quinteros. Diego Cánepa, el Diputado que impulso ese homenaje, afirmo que sentía "responsabilidad y alegría" en esa recordación, y dijo que "Elena nos ayudó a muchos a definir nuestro compromiso político". Por su parte la Diputada Nora Castro, expresó: “Elena era una misionera. Tenía coherencia y tenía amor y compromiso por la libertad de todos, no sólo por la propia. En aquellos tiempos aprendíamos de la gente, vivíamos en ella". Un cerrado aplauso de todos los legisladores presentes, de pie, dio fin a un homenaje que reivindicó, por la emoción y altura con que se dejó fluir a la memoria, al ámbito parlamentario.
El 6 de diciembre, cuando terminaba el día, fallece de un ataque al corazón Hugo Cores. Hugo Cores fue el portador durante los últimos 30 años de vida, de una parte importante de la memoria del pvp. Cargó con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente. Era, el único sobreviviente de la primer dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, en la que militó Elena Quinteros.
Cuando ya finalizaba el año 2006, el juez Fernández Lecchini cita al investigador Carlos Osorio que reside en Estados Unidos y es uno de los más importantes desclasificadores de documentos reservados del Departamento de Estado, para que declare por el caso Elena Quinteros.
El 26 de diciembre, con el objetivo de avanzar en la “reconciliación nacional” para que “nunca más ocurran hechos de intolerancia y violencia entre los uruguayos”, el Poder Ejecutivo establece que el 19 de junio sea en el futuro el día del “Nunca Más”.
En el Informe 2006 del serpaj, se plantean algunas interrogantes, que son también, las de la sociedad uruguaya: “¿Cuál ha sido hasta ahora el aporte real de las Fuerzas Armadas uruguayas a esta búsqueda? Hay pruebas de que se produjeron varios vuelos en los que participó la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Qué tienen para decir a esto las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos vuelos de la muerte se llevaron a cabo en este marco de coordinación represiva? ¿Dónde están los restos de las personas que venían en esos vuelos? Cuál será de aquí en más la colaboración a la verdad y cómo se exigirá la misma por parte del actual gobierno? ¿Es posible alcanzar la verdad sin una investigación que involucre coordinadamente diferentes ámbitos del Estado tal como operaba el propio terrorismo de Estado?”[18]


[1] Pese a haberse reclamado, desde hacía muchos meses, esa medida, Fernández Lechini, nunca se había preocupado de autorizarlo.

[2] Asilú había sido además, dirigente sindical hasta 1975, en que se ve obligada a abandonar el Uruguay por la dictadura. Se establece en Argentina, y se aloja en la casa de Sara Méndez hasta el 13 de julio de 1976, día en que ambas, y el pequeño Simón Riquelo, son secuestrados por un comando militar.

[3] El Ejército dijo en su informe del 8 de agosto, que en esa Unidad Militar, fueron inhumados los desaparecidos Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Carlos Pablo Arévalo, Otermín Montes de Oca, Oscar José Baliñas y Oscar Tassino.

[4] Del soldado Ariel López Silva.

[5] Sobre Sergio Pintado, ver capítulos I al VIII de la Sexta parte de este libro.

[6] Tabaré Daners de la Armada y Ángel Bertolotti del Ejército.

[7] La veintena de integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, que fueron secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en octubre de 1976, desde Orletti, estuvieron detenidos en el mismo centro clandestino de torturas que Elena, antes de ser masivamente ejecutados.

[8] En octubre del 2008, el Poder Ejecutivo excluye el caso del amparo de la ley de caducidad.

[9] Comparecen, el Coronel (R) Jorge Silveira, el Mayor (R) Armando Méndez, el Teniente General (R) Juan Rebollo y el Teniente Coronel ® José Nino Gavazzo, entre otros.

[10] La Jueza Aída Vera Barreto, ya había ordenado la detención preventiva de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Ricardo Medina, cuando días antes recibió de interpol una solicitud de detención preventiva en el marco de lo dispuesto por el Tratado de Extradición entre Argentina y Uruguay, que incluía al fallecido General Julio Vadora.

[11] Fue citado por el Juez en lo penal de 19° Turno Juez Luis Charles, a pedido del abogado Pablo Chargonia.


[12] Gilberto Vázquez declaró que del predio del Batallón 14 fueron desenterrados cuerpos de detenidos-desaparecidos, quemados en tanques de 200 litros y posteriormente tirados los restos en una cañada.

[13] El Coronel (R) Manuel Cordero, no pudo ser procesado porque se había fugado tiempo atrás al Brasil, desde donde era reclamado tanto desde Uruguay como de Argentina. El Coronel ® Gilberto Vázquez fue detenido, pero días después se fugó del Hospital Militar y luego de algunas horas fue recapturado.

[14] La diaria.

[15] “Tomamos contacto con una forma de entender los Derechos Humanos que nos permitía vincular nuestra lucha social y política con la defensa de los derechos civiles y políticos. No era la visión reduccionista de los Derechos Humanos que forma parte del pensamiento oficial estadounidense y occidental, sino una visión que incluía los derechos políticos y civiles con los derechos económico-sociales, y por esa vía había trabajado gente de la resistencia argentina y chilena, que tuvo una gran solidaridad, así como algunos magistrados franceses e italianos”, explicaba Hugo Cores.

[16] El procesamiento, era en el marco de la causa de los asesinatos en mayo de 1976, de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Withelau.

[17] Finalmente Guianze no logró los votos de la oposición en el Senado, para ser designada a ese cargo.
[18] Servicio de paz y justicia, Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2006.

sábado, 29 de mayo de 2010

OCTAVA PARTE Capitulo IV

2007: EL IMPULSO Y SU FRENO.
“La conciliación nacional no es una buena política de los derechos humanos, porque implica de alguna manera proteger o amparar a quienes violaron los derechos humanos. Es un mensaje simbólico que agrieta, que agrede la necesaria política de derechos humanos que en este caso debe ser muy clara”.
Dr. Pablo Chargoñia

El año 2007, se inicia atravesado con las polémicas generadas a partir de la decisión del Poder Ejecutivo, de cerrar una etapa en la búsqueda de los desaparecidos y una confusa y contradictoria convocatoria a que el 19 de junio sea el día del “Nunca Más”.[1] Los mandos militares entienden que cesó la orden de búsqueda y desde los medios de la derecha, se alienta la idea de que se ha puesto “el punto final” al tema de los hechos del pasado y con ello el fin del "revisionismo".
En el vecino país norteño, un Juez Federal ponía fin a una de las batallas que libraba el prófugo Manuel Cordero para mantener una solicitud de refugiado que evitara su extradición a la Argentina[2].
En los primeros días de ese año, comienzan a ser amparados muchos ciudadanos en la ley que intentó reparar económicamente a ex presos políticos, exiliados y perseguidos por la dictadura[3]. Paralelamente, un Diputado del partido colorado Daniel García Pintos, presentaba un proyecto de ley para reparar económicamente a las victimas "como consecuencia del enfrentamiento con la sedición", e instaba al presidente Vázquez a "no hacer discriminaciones". Ese mismo proyecto, es asumido por el Presidente Vázquez, quién en medio de airadas protestas de las organizaciones de derechos humanos y de integrantes de su fuerza política, lo envía al Parlamento para su consideración.
En un hecho insólito, el Vaticano niega la posibilidad de abrir los archivos sobre el sacerdote uruguayo Kleber Silva, desaparecido en Argentina el 14 de junio de 1977[4].
Los militares y policías procesados, habían sido trasladados desde cárcel central, a un centro de reclusión especialmente construido para ello[5]. Allí, recibieron en enero, la visita Comandante del Ejército, Jorge Rosales, en un clima de camaradería.
En Argentina, el hallazgo de los restos de la monja francesa Léonie Duquet –junto con el de las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco y Angela Auad– cerró el círculo de los vuelos de la muerte y se convirtió en la primera evidencia científica de cómo ocurrieron los asesinatos.
El 24 de enero, por razones de salud, el ex dictador Bordaberry pasó a un régimen de reclusión domiciliaria. Desde el Semanario brecha, Guillermo Waksman, si bien no cuestionaba la medida, opinaba que: “No es justo, en cambio, que cientos de presos que también padecen enfermedades graves sigan recluidos en las pésimas condiciones de las cárceles uruguayas”.
El fin de la feria judicial reactiva las causas en las que están implicados los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez y los recursos interpuestos ante la justicia por los militares ya procesados.
El Coronel (R) Manuel Cordero, es detenido el 27 de febrero en la ciudad brasileña de Livramento y es trasladado a Porto Alegre a la espera del trámite de extradición.
Al cumplirse un nuevo aniversario de la instalación del gobierno de la izquierda, y al rendir cuentas el Presidente Vázquez de su gestión, afirmaba: "Los hechos registrados durante el año 2006 son elocuentes por sí solos. Ante ellos el gobierno nacional reitera que no lo anima la venganza sino la justicia y el deber de la memoria y que, tal como lo anunció y ha hecho desde el inicio de su gestión, seguirá adoptando las decisiones e instrumentando las medidas que permitan a la sociedad uruguaya recuperar la paz y tener la seguridad de que el horror de ese pasado reciente nunca más se repetirá".
El 17 de mayo, el Juez Fernández Lecchini, en la causa por Elena, le toma declaración al antropólogo López Mazz, quién según la prensa, habría identificado un lugar[6] en un predio militar donde podría estar enterrada una mujer. El gobierno ordena, el reinicio de la búsqueda suspendida.
En esta nueva etapa, las excavaciones – contrariamente a lo que había ocurrido anteriormente-, recibirían un seguimiento del proceso, por parte del Poder Judicial. Luego de la presentación del informe del equipo de historiadores- en cumplimiento del artículo 4º-, las investigaciones sobre el paradero de los restos de desaparecidos, fueron asumidas en el marco de las causas judiciales abiertas[7].
Mientras, el Jefe del Ejército, Jorge Rosales, apostaba a la "reconciliación" pidiendo al Presidente que en base al respeto de la Ley de Caducidad, existiera un "gesto" y una actitud de "tolerancia" para superar lo sucedido durante la dictadura, porque en caso contrario "este estancamiento de 30 años va a continuar"[8].
A menos de un mes del día en que el Poder Ejecutivo decidió que fuera el día del “Nunca Más”, continuaban las criticas desde distintas organizaciones sociales y del interior del Frente Amplio a esa iniciativa, a pesar de que desde el gobierno se salía a aclarar que no se trata de un “punto final”.
Ese descontento y resistencia a la iniciativa del gobierno que incluía un proyecto de reparación a las “victimas de la sedición”, se materializó el 20 de mayo en la Marcha del Silencio convocada bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”, a la que asistieron unas 50 mil personas, incluida la mitad del gabinete y gran parte de la bancada oficialista. De esa manera, se fortalecía y tomaba fuerza la campaña para la anulación de la ley de caducidad.
La propia consigna de la marcha ponía en el debate una problemática clave: un importante sector de la sociedad uruguaya, no aceptaba la caracterización que él Poder Ejecutivo, daba al acto del 19 de junio[9].
El 28 de mayo, el abogado Pablo Chargoñia, aportó ante la Justicia nueva información en torno al lugar donde podían haberse enterrado los restos de Elena. La información era brindada por un ex suboficial del Ejército que revistaba en el Batallón Florida. Este señaló que el Mayor Armando Méndez y Coronel Carlos Calcagno le ordenaron que hiciera un pozo de tres metros de profundidad en un predio ubicado detrás de la cancha de fútbol del Batallón situado en el kilómetro 14 de Camino Maldonado. Agregó que Elena fue sepultada y el cuerpo fue cubierto por cal viva y agua. El militar retirado indica, además, que podría ubicar el lugar con exactitud.
En los primeros días de junio, el juez penal de Fernández Lecchini, dispuso la adopción de medidas cautelares en un sector del Batallón "Florida" de Infantería Nº 1. A fines de ese mes, el juez y la fiscal Guianze se constituyen en el predio con el testigo para que éste señale el lugar.
Por esos días, la Presidencia de la República presenta el Informe elaborado por un equipo de investigadores sobre los desaparecidos[10].
A mediados de junio, se anuncia que el Juez Fernández Lecchini, dispondrá la citación del ex Cabo de 1ª y chofer del Batallón de Infantería N° 1 del Ejército Nacional, Asunción Alegre. A finales de ese mes, Fernández Lecchini y el antropólogo José López Mazz visitaron la Escuela de Armas y Especialidades del Ejército a fin de marcar la zona donde presuntamente fue enterrada Elena Quinteros.
Los militares retirados José Gavazzo y Luis Maurente, pre­sos por violaciones a los de­rechos humanos durante la dictadura, inician una campaña de difamación contra el Partido por la Victoria del Pueblo. Mediante ella, pretendieron descalificar la figura de Tota Quinteros.
El instrumento para esa campaña, fue la prensa de derecha y un sitio en Internet en la que se escribía:"En esta guerra es más efectivo un comunicador preparado que hable sobre un tema acompañado de alguna imagen que un abo­gado presentando el mejor escrito de apelación o de­fensa. Esta guerra debe ser librada por las Fuerzas Ar­madas ya que a ellas está dirigido el ataque, y el pri­mer paso que deben dar es asumir que estamos en gue­rra y que el “silencio austero” nos conduce indefectible­mente a la derrota".
En el sitio de Internet, Gavazzo asegura que Ma­ría del Carmen Almeida de Quinteros, madre de Elena, delató a parte de la organización y, específicamente, a Sara Méndez, a quien calificó como una "terrorista de mi­serables sentimientos".
Sobre esta campaña, desde el semanario brecha, el dirigente del pvp Carlos Coitinio declaraba: “Juguemos en el barro. Es la voz de los chanchos desde el barro. Cuando ante la justicia ya no pueden ser impunes, tratan de enrarecer la situación buscando algún beneficio”.
Por su parte el pvp en una declaración hecha pública, declaraba: que “Una vez mas los responsables de crímenes durante la dictadura recurren a la mentira y la difamación. Las mismas mentiras que desde los comunicados de las Fuerzas Conjuntas en adelante han utilizado para justificar la tortura, la desaparición, el secuestro de niños. Una vez mas son las páginas de Búsqueda las que amplifican su voz defendiendo al terrorismo de Estado”. Que “Los golpistas uruguayos aplicaron esta estrategia de miedo y confusión durante más de una década de régimen cívico militar. (…) “Hoy pretenden agredir la memoria de Tota Quinteros una luchadora incansable por los derechos humanos. No les bastó con someterla a la tortura de buscar incesantemente el paradero de su hija Elena. (…) Luego de muchos años de democracia, estos militares siguen considerándose en guerra, reivindicando ideologías como la de la Seguridad Nacional. Discurso incomprensible para la mayoría de los uruguayos que ya tuvo bastante de doctrinas autoritarias. Hoy la democracia avanza y avanzará para los que temen a la verdad y a la justicia, para los defensores de la ley de caducidad que mantienen un silencio de complicidad, ocultamiento y tergiversación de la historia reciente. Así es como intentan soslayar su responsabilidad en la imposición de un régimen dictatorial, su participación en el Plan Cóndor y su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad”.
La mesa Política del Frente Amplio rechazó las calumnias de los represores lanzadas a través de Internet, y por unanimidad se solidarizó con el pvp.
Rubén Prieto, declaró: "Quien le dio la información a Tota que la mujer secuestrada en la embajada de Venezuela era Elena fui yo", (…) "Tota, vivía conmigo, con mi mujer y mi hija mayor en ese momento. Eso fue el 28 de junio de 1976 y Tota Quinteros continuó viviendo con nosotros durante ocho años en nuestra casa de Luis Viale y Warnes en Buenos Aires. Esto es una infamia, una canallada. Lo que digo yo lo pueden decir miles y miles de personas. El dolor de Tota, la lucha, la resistencia, la fortaleza están por encima de todo esto”.
El 27 de julio, el Partido por la Victoria del Pueblo, durante la celebración del 32º aniversario de su fundación, realizó un homenaje a la extinta María Almeida de Quinteros.
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano de la justicia, desestimo otro pedido de hábeas corpus de la defensa del coronel Manuel Cordero, recluido en aquel país a la espera de una extradición que se pide desde la Argentina. Insólitamente, los abogados del Ministerio de Defensa Nacional[11] del gobierno de izquierda, sostienes ante un Juzgado del Contencioso Administrativo, que si Julio Castro Pérez - secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del SID y torturado hasta la muerte en ul centro clandestino de torturas -, no fue liberado con la ley de amnistía de presos políticos de 1985, está muerto y, por lo tanto, el delito caducó hace años. Por lo que no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El juez Fernández Lecchini visto el cuartel de Infantería 14 junto a el ex soldado Alegre, ordenó una pericia psiquiátrica para el ex soldado y resolvió, con la oposición de la defensa de Juan Carlos Blanco, iniciar excavaciones en el Batallón de Infantería 1 y en el Instituto de las Armas y Especialidades en búsqueda de los restos de Elena Quinteros[12].
Las excavaciones iniciadas en el Batallón de Infantería Nº 1 en la búsqueda de restos de Elena Quinteros no arrojaron resultados. Mientras el juez Fernández Lecchini estudia si ordena proseguir en otro predio. Los resultados negativos que se han dado llevan a pensar a integrantes del gobierno, que "salvo algún tipo de reacción individual, no hay solución para que los militares den más información"[13].
Por otro lado, un Juez ratificó su negativa a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Carlos Blanco, por lo que cuando este reciba el alta médica en la mutualista Asociación Española donde se encuentra internado, deberá ser trasladado nuevamente a Cárcel Central.
El 5 de diciembre, la fiscal Mirtha Guianze adelanta que en el expediente por el que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco, por coautoría del homicidio de Elena Quinteros, solicitará que sea condenado por otro delito, ya que en base a lo informado de la Comisión para la Paz, esta probado que Elena había sido ejecutada.

El 17 de diciembre ingresó a la unidad penitenciaria N° 8 de Piedras Blancas, el vehículo que conducía al ahora procesado Teniente General Gregorio C. Álvarez y al Capitán de Navío Juan Carlos Larcebeau. Tres horas antes, ambos militares, habían sido procesados con prisión por el juez penal Luis Charles por "reiterados delitos de desaparición forzada" durante la dictadura, según lo solicitado por la fiscal Mirtha Guianze. Otro militar de la Armada, Jorge Tróccoli se salvó de la cárcel porque se había fugado a Italia, por lo que se libró captura internacional contra él.
A partir de ese día, las instalaciones de esa cárcel “especial”, que tiene 18 celdas, alojara a: Gregorio Álvarez, José Gavazzo, Jorge Silveira, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Carlos Calcagno, Ernesto Soca, Jorge Sande, Ricardo Medina y Juan Carlos Larcebeau. En Boiso Lanza está recluido el coronel de la Fuerza Aerea, José Araújo, en una residencia privada está recluido el coronel Ernesto Ramas. Mientras que Juan María Bordaberry guarda prisión domiciliaria, Juan Carlos Blanco, una celdas en la Cárcel Central de Montevideo.
Sindicalistas y militantes de los derechos humanos organizaron un festejo en plena Plaza Libertad, mientras juntaban firmas para derogar la ley de caducidad.


[1] “…lo que aquí está en juego es cómo aprovechar una oportunidad histórica no para esa tarea trivial y hasta cobarde del dar vuelta la página”, sino para algo mucho más trascendente en términos cívicos, como es crecer en términos ciudadanos sobre valores tan inescindibles a la construcción democrática como lo son los de la memoria, la verdad, la justicia y la no violencia”. Gerardo Caetano, Informe de coyuntura Instituto de Ciencia Política de la udelar.

[2] Cordero, se había fugado al Brasil en julio de 2004 cuando debía comparecer ante la Justicia Penal uruguaya por un delito de "desacato con ofensa". Allí ha logrado mantenerse en libertad hasta el día de hoy.

[3] En realidad era una ley que originariamente intentaba la restitución de los derechos jubilatorios de los trabajadores privados, afectados por la dictadura. Posteriormente, se transformó en una ley de reparación, que no solucionó cabalmente, ni los aspectos reparatorios, ni los derechos jubilatorios como correspondía.
[4] La solicitud surgió en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Uruguay.

[5] Las condiciones “especiales” en que finalmente terminaran recluidos los militares y policías violadores de los derechos humanos y el alto costo que implicó, generó ásperas polémicas en la sociedad. Llegó a catalogarse de una “cárcel vip”.
[6] Se trataría del cuartel de artillería antiaérea de Piedra del Toro, en el kilometro 41.500 de la Ruta 34 en el Departamento de Canelones.

[7] La Resolución del Poder Ejecutivo establecía que “… se ha realizado una exhaustiva investigación por parte del equipo de historiadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, (…) ha relevado toda la información disponible (…) ha relevado todos los lugares donde se sospechaba la existencia de enterramientos clandestinos (…) por consiguiente, corresponde tener por cumplido el mandato impuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 15.848 en lo referente a detenidos-desaparecidos en territorio uruguayo (…).

[8] Discurso de conmemoración del 196º aniversario de creación de la fuerza de tierra.

[9] El decreto del 26 de diciembre establecía “a efectos de que el país pueda mirar al futuro y encontrar caminos de reconciliación nacional, fijase el día 19 de junio de cada año como única fecha conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir estos episodios entre uruguayos”. Por otra parte dio por cumplido el artículo 4 de la ley de caducidad, estableció la creación de una secretaría de seguimiento por si aparecían nuevos datos. Para quienes discrepaban con ese enfoque no se trataba de condenar un “enfrentamiento entre hermanos” sino de un Nunca Más al terrorismo de Estado.

[10]
[11] Los abogados representan al Ministerio de Defensa Nacional en una causa de reparación civil iniciada por los familiares de Julio Castro.

[12] La búsqueda se basará fundamentalmente en el testimonio de Sergio Garcés, un testigo habría observado el enterramiento de la militante.

[13] Declaraciones de la Ministra de Defensa Azucena Berrutti.

jueves, 27 de mayo de 2010

OCTAVA PARTE Capitulo V

2008: EL FIN DE UNA ETAPA.

“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).


En medios de prensa, cuando se iniciaba el año, nuevamente toma estado público que un iintegrante de un grupo de ultraderecha existente previo a la dictadura y que posteriormente fue agente oficial del gobierno de EE.UU., aseguraba que los restos de Elena Quinteros fueron cremados en la Base Arenal[1].
Un mes mas tarde también la prensa daba cuenta que Jorge Silveira, desde la cama del hospital militar en donde se encontraba internado por problemas cardíacos y con una fuerte crisis anímica, reconocía que él intervino en la detención de Elena, pero que había sido Gavazzo por orden de la Junta de Comandantes quien la ejecutó.
Posteriormente su abogado y su esposa, desmintieron que hubiera dicho eso. Se especulaba que la acusación de Silveira, era consecuencia de las diferencias que se mantenían entre los militares que actuaron en el sid y en la ocoa.
Frente a esas manifestaciones, el Juez Fernández Lecchini, empieza, con la lentitud que lo caracteriza, a considerar si convocaba a declarar a los dos militares. Visto la particularidad que caracteriza al magistrado, el abogado denunciante Pablo Chargoñia, lo reclama.
Finalmente cuando el Juez resuelve convocarlos, Silveira inicia una "huelga de hambre" y debe posponer la audiencia. Silveira proclamaba así su inocencia y anunciaba que estaba "dispuesto a morir". Pese a tal determinación y a su anuncio de que:"No tomo agua, no tomo medicamentos, no como", y a su solicitud para que los médicos no intentaran recuperarlo cuando entrara en estado de inconsciencia; a las pocas horas levanta su “heroica” medida de lucha, a raíz de la visita de Monseñor Cotugno, ex integrante de la Comisión para la Paz, que le habría traído “tranquilidad” a su espíritu. Antes, había recriminado al secretario de Presidencia, y también ex integrante de la Comisión para la Paz, de haberle mentido cuando comenzaron las investigaciones sobre los desaparecidos: “…me dijo que nadie iba preso; quería los restos de la nuera de Gelman", pero "después cambiaron por una cómoda casita con la familia, después la División I, la Cárcel Central y una cárcel de máxima seguridad que algunos tienen el tupé de decir que es una cárcel vip".
Gavazzo en una carta abierta a Silveira, le manifiesta: “Si hipotéticamente esas declaraciones hubiesen existido -y me refiero concretamente a las que aseveran que usted dijo que yo di muerte a las personas Elena Quinteros y María Claudia García- lo estarían calificando a usted, en primer lugar como un mentiroso, ya que esos hechos son inciertos, y en segundo lugar, sindicando como un deleznable traidor, que por razones insospechadas, acuse a un antiguo camarada, que además fue su jefe en una unidad de combate de nuestra Artillería y su comandante, instructor y profesor en la Escuela Militar, cuando usted iniciaba su carrera militar”.
Finalmente, Jorge "Pajarito" Silveira desmiente ante el Juez haber acusado a Gavazzo de asesinar a Elena.
El abogado Pablo Chargoñia, anuncia que a iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos del pit-cnt, comenzará a trabajar sobre un escrito para que el caso de Elena sea excluido de la Ley de Caducidad. De esta manera se intentaba continuar las acciones por la responsabilidad de efectivos castrenses en el secuestro y posterior desaparición de la maestra.

En abril el Poder Ejecutivo resuelve continuar con la búsqueda de los restos de los desaparecidos, reanudando por tercera vez las excavaciones[2]. El 16 de abril el pvp homenajeó a tres de sus mártires víctimas de la dictadura: Telba Juárez, Elena Quinteros y Adalberto Soba.
En mayo, el Senado homenajeó la figura de Elena Quinteros, y convirtió en ley un proyecto que nombra "Maestra Elena Quinteros" a la escuela de 1er. grado N° 181 de Montevideo.
En ocasión del 20 de mayo, se realizó una nueva marcha del silencio en la que se le reclamó al gobierno más esfuerzos para aclarar el pasado
Por esos días, el juez Fernández Lecchini, remite el expediente del caso de la desaparición de Elena, a la Fiscalía, para que se sustancie el pedido de condena contra el ex canciller Juan Carlos Blanco, único procesado por ese hecho.
De esa forma, este expediente podría erigirse en la historia del Uruguay, como el primero por el cual se dicta una sentencia condenatoria contra un civil por delitos cometidos durante la dictadura.
Se hacen públicos, documentos de maestros arrestados y destituidos en la dictadura por las autoridades de Enseñanza Primaria, que fueron encontrados en un depósito de la sede institucional. Entre ellos se encontraban, los legajos de Elena Quinteros.
La carpeta con los legajos de Elena, así como los documentos de decenas de maestros destituidos por el golpe de Estado, reposan en el cajón de un viejo pero conservado mueble ubicado en el despacho del consejero de Primaria Oscar Gómez. La carpeta con los legajos de trabajo en Primaria de Elena abre una ventana sobre su historia como maestra desde el día 27 de octubre de 1969, hasta su destitución por la dictadura.
El 27 de agosto, la fiscal Guianze entrega al Juzgado penal de 1er Turno, su pedido de 20 años de condena a Blanco, por su responsabilidad jerárquica en el secuestro y desaparición de Elena. La solicitud, incluye un cambio de carátula en la causa, ya que el escrito solicita la tipificación del delito de "desaparición forzada" y no de homicidio. Con la acusación del ministerio público se abre una nueva etapa en una causa judicial iniciada el 23 años atrás, el 27 de febrero de 1985.
Al mismo tiempo, los denunciantes reclamaban ante el Juez, que se les entregara la documentación que sobre Elena y su madre existe en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía. La existencia de estos archivos fue reconocida en el año 2006, por el entonces Ministro del Interior José Díaz, quien autorizó a los denunciantes a requerir los archivos a la dependencia de inteligencia. Sin embargo cuando se hicieron los trámites respectivos, el encargado del Departamento de Inteligencia les comunico que por orden del Juez Fernández Lecchini, esa información era reservada y que por esa razón, para acceder a ella, se necesitaba de una autorización judicial[3].


[1] Se trataba de Barreiro Neira, que integró el grupo de la Juventud Uruguaya de Pie (jup) y que se encuentra preso en una carcel brasileña.
[2] El juez Fernández Lecchini, coordinaba con el arqueólogo López Mazz, una nueva serie de excavaciones en un predio militar, en el marco de las investigaciones por la desaparición de Elena, a partir de declaraciones de un testigo vinculado al Ejército.

[3] El 14 de agosto de 2008, esa autorización fue solicitada por los denunciantes, y a la fecha de culminar este trabajo, el juez aún no se ha expedido sobre la solicitud.

martes, 25 de mayo de 2010

OCTAVA PARTE Capitulo VI

EL CUMPLEAÑOS DE ELENA QUINTEROS
“Vive como si fueras a morir mañana
y lucha como si fueras a vivir siempre”.
Ernesto “Ché” Guevara
El 9 de setiembre del 2008, Elena hubiera cumplido 63 años. Al igual que cualquier ser humano, durante su vida, ese día, sumó un año a su vida. Eso hizo Elena, durante 30 años. Los primeros junto a su madre y su padre en el barrio obrero de Jacinto Vera. Otros, después, con sus compañeras del colegio de las “Dominicas”. Luego, junto a algunos de sus compañeros de magisterio. Ya en los años convulsionados de los 60, junto a sus compañeros de la Resistencia Obrero-Estudiantil y la FAU. Luego, junto a los compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo.
Algunos de esos aniversarios, trascurrieron en momentos muy especiales para Elena. Sus 25 años los cumplió en la cárcel de Cabildo. Y de creerle a las “verdades posibles” de la Comisión para la Paz, sus 31 años la encontró aún con vida en el Batallón 13 de Infantería.
Allí posiblemente, se le puso fin al transcurso de su tiempo y fue su último cumpleaños. En ese lugar Elena sufrió y resistió, porque aún allí era posible seguir resistiendo y seguir peleando.
Si esa parte de la “verdad posible” referida a la ejecución de Elena en los primeros días de noviembre de 1976, fuera cierta, probablemente “la Parda” se reencontró con la veintena de sus compañeros del pvp trasladados en el segundo vuelo y juntos fueron ejecutados cobardemente por la dictadura.
Para Elena, los años no pasan, se pasea aun con su sonrisa fresca o su seriedad respetuosa en los carteles que Tota ya no puede portar por las calles de este Montevideo, pero que, como solía decir el “Loco” Duarte, hoy levantan “manos amigas y brazos compañeros”.
Desde aquel 26 de junio y más precisamente desde su intento de conquistar la libertad del 28 de junio en la embajada de Venezuela, Elena sigue resistiendo.
Pero esta vez, Elena festejara su cumpleaños de la forma que seguramente nunca soñó: en un barrio de gente humilde y trabajadora, una Escuela de Primer Grado pasara a denominarse “Maestra Elena Quinteros”. En un barrio, que antaño supo albergar grandes industrias y que supo también de la presencia de una generación de jóvenes, que como Elena, bajo la influencia del Sindicato de FUNSA enfrentaban el autoritarismo creciente de aquellos años. La Escuela Nº 181, tendrá el privilegio de ser la segunda escuela en el Uruguay que lleva el nombre de un maestro desaparecido[1].
Con esa decisión que partió del propio barrio, que las autoridades de Primaria hicieron suya, y que finalmente el Senado de la República transformó en Ley el 13 de mayo del 2008, se hace honor a quien fuera un ejemplo de resistencia a la dictadura.
En la exposición de motivos de la ley que fuera aprobada por unanimidad por la Cámara alta, se expresa:” Esta mujer, maestra, Elena Cándida Quinteros Almeida, la detenida 2537 en el Batallón Nº 13, nuestra detenida desaparecida, no era una ingenua. Peleó por una sociedad justa, humana, donde cada uno de nosotros nos pudiéramos mirar cara a cara todos los días desde las diferentes miradas, desde la diversidad que tenemos, construyendo salidas para la pública felicidad.
Peleó como militante política, como militante sindical, y PELEÓ COMO MAESTRA; porque sabía muy bien que desde la escuela había mucho que hacer por el hombre, por el niño, por el futuro.
Hoy, en muchas escuelas, muchas Elenas anónimas dan la misma lucha que ella, por la igualdad, por las oportunidades, por la esperanza, por el otro. Parece justo, y a tiempo, que una escuela lleve su nombre”[2].
Por su parte el Discurso pronunciado en esa oportunidad por la Directora de la Escuela, Maria Cristina dos Santos de los Santos, entre otros conceptos, expresaba: “… la gente, muchas madres, abuelas, tías, querían darle un nombre a esta Escuela, que porfiada seguía educando a sus niños y niñas… Una madre alzó la voz: Nombre de Maestra tiene que llevar, de Maestra sí, por la dignidad que esta profesión encierra, por el compromiso que con la sociedad tiene… Nombre de Maestra tiene que ser “Maestra. Elena Quinteros” se decidió… Y en el verano del 2006, con el calor de los días y el calor de la gente, se golpean puertas para juntar firmas, puertas se abren, ventanas se entrecierran, firmas y más firmas se juntan, y en su solicitud exponen: “La valentía y entrega de esta mujer al defender una sociedad más justa y equitativa, honraría a nuestra Escuela” Dos años llevaron los trámites, hasta que un Proyecto parlamentario le otorgó el nombre tan ansiado.Muchas de estas mismas madres y otros padres que se sumaron vistieron de fiesta al local, pintando, buscando sillas, repartiendo tarjetas, juntándose para preparar los recuerdos que hoy llevarán. Las Maestras y los Auxiliares, en su inagotable fuente de trabajo y creatividad, prepararon esta fiesta, que es de los niños y niñas, pero también de todos lo que dejaron su huella para pintar un trozo de historia en esta comunidad.Y estamos aquí reunidos para nominar nuestra querida Escuela y brindar homenaje a esta Maestra, que en otros tiempos, como en el presente lo hacen otras maestras, luchó por construir una sociedad mejor.
Hoy, 9 de setiembre, su espíritu alegre, vivaz y gentil nos acompaña. Esta pudo ser la Escuela que albergó su trabajo, el patio donde compartió la merienda con sus alumnos y, por eso, a partir de hoy será para siempre su Escuela.
Porque no te fuiste Elena, te sembraste, y terca germinaste en cientos, en miles de mujeres y de niñas que hoy te recuerdan y te homenajean. Y no solo le ponen nombre a su Escuelita, sino que se sienten identificados con tus ideales, están construyendo un mundo nuevo, el mundo que tú soñaste, y desde este pequeño lugar te lo regalan, para que sigas naciendo, para que sigas viviendo… “Por detrás de mi voz, escúchalos, escucha- Elena, que ahora viven en tu mirada”.

De esta forma y con el acompañamiento de cientos de personas, el Estado uruguayo cumplió, aunque tardíamente con el merecido acto de reparación a una de las víctimas del terrorismo de Estado.


[1] El 11 de noviembre de 1987, otra ley había designado a la Escuela Nº 269 de Montevideo, con el nombre de "Maestro Julio Castro.

[2] COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CARPETA Nº 1892 DE 2007. REPARTIDO Nº 1005, JULIO DE 2007. MAESTRA ELENA QUINTEROS, Designación a la Escuela Nº 181 de la ciudad de Montevideo.