sábado, 26 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo I

Cuarta parte











“Nada debili­ta más a las instituciones que
la promesa vana del políti­co,
porque es luego la que regresa en ira popular
y en sentimientos de frustración.”
Julio María Sanguinetti 26-X-84

I


EL CLUB NAVAL


1984. Preparar al país para las elecciones de noviembre es la propuesta de los partidos habilitados. En un gesto hacia la izquierda, los dirigentes Sanguinetti, Pivel Devoto y Ciganda presentan ante la justicia un recurso de hábeas corpus en favor de Líber Seregni. El 18 de enero se hace un paro general y el pit es disuelto por la dictadura. Se implantan medidas prontas de seguridad. Los colorados consideran que el paro fue una medida inoportuna y entorpecedora del clima político. En febrero hay movimientos en las jerarquías castrenses. Rapela asume como ministro del Interior. Los militares inician contactos informales con dirigentes políticos. Los blancos reclaman la desproscripción de Ferreira Aldunate y la habilitación de todos los partidos, en tanto el colorado Enrique Tarigo acepta que las elecciones se hagan con las proscripciones de Ferreira Aldunate, Seregni y el Partido Comunista.[1] Los blancos analizan recolectar firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución que permita elecciones con libertad total. Salen de la cárcel el dirigente comunista José Luis Massera y posteriormente Líber Seregni. Se producen fuertes altercados entre blancos y colorados, superados luego con la intermediación de Seregni. En abril se realiza la primera reunión de la Multipartidaria. Se ratifica la proclama del Obelisco del 27 de noviembre y la voluntad de continuar trabajando por la democratización del país. El 16 de abril muere a consecuencia de la tortura Vladimir Roslik en el cuartel de Fray Bentos. Ferreira llega a Buenos Aires, mientras en Uruguay se comienza a juntar firmas para plebiscitar un proyecto de Constitución que restablece la vigencia de la carta del 67 e incluye amnistía, reposición de los destituidos y rehabilitación de todos los partidos. El 1º de mayo se realiza un multitudinario acto de los trabajadores. A mediados de mayo, con la ausencia de los blancos, la Multipartidaria analiza la propuesta de los militares. Cuando finaliza la recolección de firmas para plebiscitar el proyecto nacionalista, la dictadura sanciona el Acto Institucional Nº 15, que prohíbe el plebiscito.
El 7 de junio asume la jefatura del Ejército el general Hugo Medina y pasa a retiro el teniente general Aranco. El 16 de junio Wilson Ferreira y su hijo Juan Raúl Ferreira regresan a Montevideo y son detenidos en aguas jurisdiccionales uruguayas. Se realiza una manifestación en su apoyo y el Partido Nacional llama a la movilización por su libertad, comienzan manifestaciones y ayunos. El presidente Álvarez asegura que si no hay acuerdo no habrá elecciones. La Multipartidaria, en vísperas de un paro cívico, anuncia a los militares su voluntad de negociar. Los blancos se retiran de la Multipartidaria en señal de protesta. El 27 de junio se realiza el paro cívico con una enorme adhesión. Los militares aceptan la participación de delegados frenteamplistas en las negociaciones. El 6 de julio se inician las negociaciones en la sede del esmaco. Regresa del exilio Hugo Villar, candidato de la izquierda a la Intendencia de Montevideo en 1971. El Partido Colorado proclama la fórmula Julio María Sanguinetti-Enrique Tarigo. El gobierno aprueba varios actos institucionales por los que se aceptan algunas de las exigencias de los partidos. Continúan las negociaciones con la ausencia de los blancos. Se rehabilitan los partidos Demócrata Cristiano, Socialista y varios sublemas de la izquierda que participaron en las elecciones de 1971, y se desproscribe a sus candidatos. El 30 de julio las negociaciones continúan en el Club Naval. Los militares siguen negando la libertad de Wilson. A fines de julio solo quedan dos puntos en torno a los cuales no hay acuerdo: las atribuciones de la justicia militar y el alcance de los poderes de emergencia. Finalmente se llega a un acuerdo por el cual los militares dicen aceptar la propuesta de los partidos. El tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura no es tratado. Medina declara, al salir de la reunión, que “e1 Ejército sale con honor, como era nuestra esperanza” y sobre el revisionismo señala que “las Fueras Armadas no van a aceptar manoseos ni cosa que se le parezca”, acepta “la acción de la justicia contra los militares deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, ésos van a merecer nuestro más amplio respaldo”. El Partido Nacional se pronuncia contra el acuerdo alcanzado en el Club Naval. El 15 de agosto, el Acto Institucional Nº 19 recoge lo convenido entre los partidos y los militares. Se crea la Concertación Nacional Programática (conapro), en la que partidos y fuerzas sociales procuran encontrar acuerdos para la transición a la democracia. Los blancos resuelven ir a las elecciones con la fórmula sustitutiva de Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre. Culminan las concentraciones en la Plaza Independencia por la libertad de Ferreira. Llegan artistas uruguayos del exilio y comienza la “Semana de la cultura”, organizada por la Coordinadora de Trabajadores del Arte. El Frente Amplio proclama la fórmula Juan José Crottogini y José D’Elía. El general Guillermo de Nava rechaza cualquier posibilidad dc revisionismo sobre el proceder de las Fuerzas Armadas. Finaliza la intervención de la Universidad. La conapro emite una declaración suscrita por los integrantes de todas las fórmulas presidenciales comprometiéndose con el respeto a los derechos humanos, el regreso de los exiliados, el cese de las proscripciones, políticas de vivienda y salud, y solución a la situación de los destituidos. Las elecciones nacionales se realizan el 25 de noviembre y dan el triunfo al candidato colorado Julio María Sanguinetti. Días después es liberado Ferreira Aldunate, quien al llegar a Montevideo se compromete a asegurar la gobernabilidad del país.
* * *
La mayoritaria adhesión al paro general de enero, a pesar de las dificultades organizativas, las amenazas de Bolentini y las críticas de políticos blancos y colorados,[2] había sido expresión del profundo rechazo popular a la dictadura y el sentimiento masivo de que debía terminar ya.
La incorporación por parte del pit del reclamo de amnistía general en su plataforma, sumada a la labor de los familiares de presos y desaparecidos y el retorno de los exiliados permitieron que la bandera de amnistía general fuera levantada por sectores muy amplios de la población, que comenzaron a reclamar también castigo para los responsables de violaciones a los derechos humanos, y el desmantelamiento de los servicios represivos.
El año 84 había sido declarado por fedefam Año Internacional de Lucha contra la Desaparición Forzada. En ese marco, entre el 21 y el 27 de mayo se realiza la “Semana del desaparecido”, que incluye la visita al país de la presidenta de fedefam, Loyola Guzmán.
Los estudiantes, que se movilizaban bajo el lema “Por la derrota del autoritarismo en la enseñanza y democracia sin exclusiones ni tutelaje”, realizan la primera convención de asceep.
El regreso de artistas populares es también oportunidad de movilización popular. Unos 50.000 espectadores se reúnen en mayo en el primer recital de Los Olimareños después de su exilio.
Una marcha del Obelisco a la Universidad, convocada por la Intersocial, es reprimida el 3 de junio.
En apoyo a la huelga de hambre que hacía el militante tupamaro preso Adolfo Wasen, un grupo de personas de diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas inicia un ayuno en reclamo de amnistía general e irrestricta. Contará luego Tota que “en junio se organiza un ayuno por la amnistía y me invitan a participar y ahí me vengo a Uruguay y participo. Tuve que sacarme 10 años para poder participar porque los médicos decían que mayores de 60 no convenía y yo tenía ya casi 66”.[3]
(afude mientras tanto se había instalado en Argentina y desde allí realizaba sus actividades.)
La discusión en el Club Naval sobre los alcances de la justicia militar fue tensa. Los militares pretendían que cualquier hecho ocurrido durante la dictadura que diera lugar a un juicio fuera sometido a los tribunales castrenses. La oposición de los políticos y la intransigencia militar obligaron el 4 de julio a pasar a un cuarto intermedio. Al retomarse el tema, se acordó que en esta materia regiría plenamente lo establecido en la Constitución, que da competencia a la justicia ordinaria para juzgar las violaciones de los derechos humanos, sean sus autores militares, policías o civiles. Al finalizar esa reunión, la prensa le preguntó al comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina, si los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil. Contestó que sí. Habló además del respaldo institucional de las Fuerzas Armadas a la actuación individual de sus miembros. Al preguntársele si las Fuerzas Armadas aceptarían algún tipo de revisionismo, respondió que los hechos futuros contestarían a eso.
Desde el semanario Aquí, el 4 de noviembre del 84, el abogado demócrata cristiano Francisco Ottonelli manifiesta, refiriéndose a “El futuro papel de la Policía y el Ejército”, “la necesidad de desmontar un aparato represivo que constituyó uno de los ejes sobre los cuales actuó” el gobierno de facto. “Se trata –sigue Ottonelli– de un aparato que, bajo la inspiración de la doctrina de la seguridad nacional, comenzó a instrumentarse mucho tiempo antes de que se quebrara el orden constitucional a tal punto que el régimen gobernante usó en su acción elementos y datos prolijamente preparados y archivados en tareas tales como (para poner solo un ejemplo) las discriminaciones de personas en categorías A, B y C.”
Desde el Partido Nacional Zumarán reclamaba la elección de un gobierno provisorio, ya que “el gobierno surgido del pacto no tiene bases de legitimidad como para sostenerse durante cinco años”. Desde la izquierda, Seregni sostenía que el país tenía problemas “demasiado graves” y que “se precisaba de todas las fuerzas como para distraer la atención para nuevas elecciones”.
En setiembre el sijau organiza en Buenos Aires el seminario “Uruguay y Paraguay, del estado de excepción a la transición democrática”, en el que Tota interviene, en nombre de afude, exponiendo sobre “Los desaparecidos y la situación de los derechos humanos”.
La mayoría de los conceptos que allí expuso, referidos al proceso que se estaba dando en Uruguay, mantuvieron durante muchos años una validez indiscutible. En ellos se encuentran las ideas básicas de la lucha por la profundización de la democracia.
Tota comienza diciendo que “el debate abierto en torno al proceso de transición que vivimos, los aprestos para la campaña electoral de las elecciones que se avecinan y el posible advenimiento de la democracia –que todos los uruguayos anhelamos reconquistar– parecieran que dejan en la oscuridad la época más angustiosa que nos ha tocado vivir bajo la dictadura”. Advierte que aunque la represión “hoy no actúa con la misma intensidad que hace escasos meses, los efectos de ese período, aun más la persistencia de la violación de los derechos humanos se mantiene vigente, (...) las secuelas más graves de su accionar siguen dolorosamente vigentes, y la soberbia e insolencia con que los militares hablan de nuestro presos, de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, no nos garantiza que su furor genocida no se desarrolle nuevamente cuando su doctrina de la seguridad nacional así se lo indique, en todo su potencial”.
Luego se refiere a las presiones recibidas por periodistas que habían publicado testimonios de presos políticos que una vez liberados denunciaban torturas y las condiciones de vida en el penal de Punta de Rieles. Agregaba Tota que “los presos gravemente enfermos siguen muriéndose en las cárceles del régimen ante la indiferencia más absoluta de éste”, y preguntaba: “¿Y que ocurre con el tema de los desaparecidos? Su respuesta es la misma que podríamos dar hoy, 19 años después: “Los militares siguen sin reconocer su existencia ni su responsabilidad sobre ellos. Ninguna respuesta, ningún indicio que nos permita encontrarlos o iniciar una investigación seria de lo ocurrido”.
Más adelante, luego de dar la cifra de los desaparecidos “más de 160 desaparecidos en Uruguay, Argentina y Paraguay”, y de hacer especial mención a los niños, Tota reflexiona sobre la importancia de la unidad. “Los momentos más intensos de la lucha en nuestro país se dieron cuando todos los sectores de la oposición enfrentaron al régimen. La concertación de fuerzas que resultó entonces efectiva para conquistar espacios de libertad se sigue practicando aunque no con la misma solidez y contundencia que hubiéramos deseado. Creemos que aún es tiempo de mayor lucha y unidad de fuerzas. Como hemos visto, falta mucho para conquistar todavía.”
Luego se refiere a las instancias de concertación reclamando lo que será su objetivo irrenunciable durante el resto de su vida: “pedimos que se incorpore centralmente el tema de los desaparecidos, el reclamo hoy de aparición con vida e investigación de lo ocurrido. Este no es un tema que pueda soslayarse por consideración política alguna, como no lo son las libertades esenciales que aún siguen faltando en nuestro país. Pedimos también el compromiso, para que este tema sea uno de los temas centrales de la democracia que aspiramos pronto conquistar. Y que en ésta se activen todos los mecanismos aptos para la investigación y el juicio y castigo a los culpables de estas aberrantes violaciones de los derechos humanos”.
Luego responde a uno de los argumentos que hasta hoy se reitera para defender la impunidad: “No se interprete con esto que pedimos revancha. Como decía una madre integrante de nuestro grupo ‘no pedimos que se secuestre, torture y desaparezca a los represores de estos años’. Simplemente pedimos justicia, de verdad y efectiva. Que se actué con la severidad que los crímenes de lesa humanidad que han cometido exigen. Esta será una de las garantías de que lo ocurrido no nos ocurra más, que esta expresión no sea una mera expresión de deseos y que las nuevas generaciones que surjan, plenas de nuestra tradicional vocación de justicia y dignidad, no pasen por el mismo holocausto por ser consecuentes con su pensamiento”.
Como no podía ser de otra manera, Tota termina reflexionando sobre una práctica a la que nunca renunciará: “Es este un tiempo complejo donde la solidaridad nos sigue haciendo falta. Nada nos indica que, pasado este tiempo llamado de transición, en nuestro país debamos bajar los brazos en pos de nuestro reclamo por la amnistía y el encuentro de los desaparecidos. Nada nos indica que hoy no debamos incentivar la lucha en ese sentido. En cambio, sí sabemos que la consolidación de un verdadero proceso de apertura depende de la genuina vocación democrática y libertaria de quienes luchan por ella. Y que los grandes y graves padecimientos de nuestro pueblo no sean dejados de lado un solo momento. Sabemos también que la consolidación de una verdadera democracia dependerá de la conquista de absolutamente todas las libertades que nos fueron arrebatadas durante estos once años, y de la aplicación de la justicia y castigo a los responsables de crímenes y atropellos contra nuestro pueblo durante el tiempo de dictadura. Por ello nuestro compromiso es con la amnistía general e irrestricta y el esclarecimiento de lo ocurrido con nuestros hijos desaparecidos”.
El 17 de noviembre de 1984, Elena no pudo saber que Adolfo Wasen, el padre de aquel niño con quien ella jugaba en las visitas a su madre en la cárcel de Cabildo, fallecía luego de largos años de prisión.
[1] Manuel Flores Silva critica severamente a Tarigo por esa actitud.
[2] Jorge Batlle, Enrique Tarigo, Gonzalo Aguirre y Bernardo Pozzolo llaman a no adherir al paro. Pozzolo declaraba “desde un sector se está estimulando a lanzarse al caos. Si se ha esperado once años, ¿por qué no esperar unos meses más?”. Aguirre dijo: “Este gobierno ha dado pruebas de que no hay manera más segura de no conseguir lo que se pretende que reclamárselo o exigírselo públicamente”.
[3] Martínez, I. Op cit.

viernes, 25 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo II

II

SE REANUDAN LAS RELACIONES

1985. Ahora es el presidente electo quien negocia, intentando formar un gabinete de unidad nacional, que no se concreta. Se reinicia el trabajo de la conapro. El 12 de febrero, antes de que asumiera Sanguinetti, y acompañado por una manifestación popular de festejo, renuncia el dictador Gregorio Álvarez. Asume interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno. El 15 de febrero se instala la nueva legislatura. Los legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio no presencian el desfile ceremonial del Batallón Florida ante el Parlamento. El 1º de marzo asume Sanguinetti y designa un gabinete integrado por ministros colorados, dos nacionalistas y un cívico. El 14 de marzo se aprueba una ley de amnistía que permite la liberación de todos los presos políticos y que expresamente exceptúa a militares y policías. Se crea la Comisión Nacional de Repatriación de los exiliados. La Asamblea General declara ilegítima la investidura de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dispone que se integren constitucionalmente. La rehabilitación en sus grados militares de Seregni y Licandro determina el pase a retiro del general José Siqueira, jefe de la División de Ejército IV. En ese destino se nombra al general Barrios. La conmemoración el 18 de mayo del Día del Ejército inaugura en democracia los pronunciamientos nostálgicos de los militares: el teniente general Medina manifiesta su preocupación “por el ataque de una propaganda insidiosa y el de los enemigos de adentro y de afuera que otrora debió combatir”. Desde Madrid, Ferreira Aldunate declara que en las conversaciones del Club Naval se aceptó implícitamente su condición de preso y proscripto, y se asumió que no serían castigadas las violaciones de los derechos humanos. Luego de consultas a todos los niveles, Sanguinetti no convoca, tal como se había acordado, a la Asamblea Constituyente prevista en el Acto Institucional Nº 19. A raíz de las denuncias formuladas en el Parlamento por el senador José Germán Araújo contra varios militares por violaciones a los derechos humanos, éstos solicitan un tribunal de honor, que los mandos militares no aceptan realizar. En noviembre se aprueba una ley por la que se reintegran a sus cargos a los funcionarios públicos destituidos por razones políticas.

* * *
Cuando era inminente la instalación del gobierno democrático, los medios de prensa informaban de la decisión del presidente venezolano Jaime Lusinchi de reanudar relaciones diplomáticas con Uruguay.
En el marco de una campaña internacional, se enviaron desde Uruguay numerosas cartas al presidente venezolano solicitándole que, “sosteniendo la digna actitud que ha caracterizado a su gobierno así como al de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, mantenga en alto la exigencia de investigación de lo sucedido con Elena Quinteros como condición previa a la consideración de los demás aspectos, de indudable importancia, que hacen a la relación entre ambos gobiernos”.[1]
Quienes enviaban esas cartas sostenían que la reconstrucción de la vida democrática en Uruguay debía hacerse sobre bases sólidas, que incluían la verdad y justicia sobre Elena.
Nuevamente en intensa actividad, Tota hace un comunicado público, previo a su entrevista del 31 de enero con Sanguinetti, en el que plantea que el futuro gobierno “está en las mejores condiciones para, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y también los puntos que ha levantado en su propio programa de principios”.[2]
Sanguinetti le informa a Tota que viajaría a Venezuela y que la normalización diplomática se haría con el compromiso de investigar sobre la desaparición de Elena.[3]
De inmediato Tota, de 67 años de edad, viaja a Venezuela, donde se entrevista con el secretario de la Presidencia Simón Alberto Consalvi, con el diputado por el Movimiento al Socialismo Teodoro Pekkof, y con Pedro Nikken y Andrés Aguilar, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la cidh. Visita también a Carlos Baptista, consejero en la embajada venezolana cuando ocurrió el secuestro. El presidente de Venezuela, sin embargo, no la recibió, “hecho que me llamó poderosamente la atención. Hay un hecho de extrema gravedad: en estos días la prensa venezolana comienza a manejar la posibilidad de la muerte de Elena. ¿Quién trasmitió esta información? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Por qué aquí en Uruguay de esto no se ha hablado? Según la prensa venezolana, el gobierno de ese país manejaría esa posibilidad. ¿Cómo es posible que sobre esto existan dos versiones, una para adentro de fronteras y otra para Venezuela? No podemos razonablemente pensar que el gobierno de Venezuela admita para la reanudación de relaciones la hipótesis de la muerte de Elena sin exigir, como debería hacerlo, las pruebas evidentes de lo sucedido en estos nueve años”.[4]
Todo parecía indicar, esta vez, que la reanudación de relaciones era inminente.
También estaba claro que se haría a partir de expresos compromisos de investigar la suerte de Elena. En un reportaje concedido al periodista Linn Cardozo, del semanario La Democracia, el embajador venezolano Armando Durán expresa que “a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el problema de Elena Quinteros pasa a ser un problema de política interna de Uruguay”. Al preguntarle el periodista si eso formaba parte del acuerdo suscrito por Sanguinetti y Lusinchi, contestó: “No. En aquel comunicado no se expresaba ello; estaba implícito”. Por otro lado el cónsul de Venezuela, Félix Poleo, declaraba que “el deseo nuestro es que la profesora Quinteros estuviere con vida y que este caso tuviese un final feliz. De no ser así por lo menos que hubiese una explicación”.[5] Una reanudación de relaciones no podía obviar las razones de su suspensión en 1976 ni las exigencias que desde hacía casi ocho años formulaba el Estado venezolano: el esclarecimiento de la suerte corrida por Elena y la sanción a los responsables.
Tota tenía claro que las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo para satisfacer a Venezuela quedarían en manos del sistema judicial. A su regreso, presenta la denuncia ante los tribunales uruguayos. Las responsabilidades en torno al caso eran muchas y abarcaban todo el espectro militar y cívico de los años de dictadura.
El pvp se había incorporado formalmente al Frente Amplio e integraba la Izquierda Democrática Independiente (idi). Para esa opción política el tema de los derechos humanos era fundamental.[6]
El diputado de la idi Nelson Lorenzo Rovira presenta ante la justicia penal uruguaya denuncias contra quienes omitieron investigar el secuestro de Elena: los jueces que estaban de turno ese día, funcionarios policiales y diplomáticos. Las denuncias argumentaban que un hecho de esa naturaleza, que llegó a determinar la ruptura de relaciones entre dos países, debió ser considerado por los jueces de instrucción, el instituto policial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las responsabilidades de los autores materiales del secuestro y la desaparición de Elena ya habían sido reclamadas ante el Juzgado Penal de 1º Turno por la propia Tota.
Por lo que se sabía, el secuestro de Elena había sido perpetrado por un comando integrado por militares y fuerzas policiales. Se suponía también que Elena había estado, durante los primeros días, en la Dirección de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo. La operación de recaptura en el interior de la embajada se había hecho ante la inacción de los funcionarios policiales de guardia allí y en las sedes diplomáticas cercanas. Según los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior, uno de los policías de guardia en la embajada había sido sumariado por su actuación ese día. Además, “Cacho” Bronsini era un conocido funcionario policial del Departamento 5 de Inteligencia. Todos esos elementos indicaban que en dependencias policiales había muchos datos para investigar.
Las declaraciones del ministro de Interior del nuevo gobierno, Manini Ríos, parecían apuntar a objetivos que contribuirían al esclarecimiento del caso.[7] Ante la pregunta de un periodista sobre si la investigación de las violaciones a los derechos humanos sería alentada desde su ministerio, respondió: “En cuanto a investigar, creo que la misión actual del Ministerio del Interior es estar a disposición de las autoridades judiciales para hacer las investigaciones y los procedimientos que sean pedidos, para colaborar totalmente en cuanto le sea requerido. Pero el Ministerio va a estar, la autoridad policial va a estar absolutamente a la disposición, en todas sus etapas y en todas sus esferas, para investigar esas denuncias”.
El 1º de marzo, al tiempo que asume Sanguinetti, se restablecen las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela. El compromiso del gobierno uruguayo es investigar el secuestro de Elena y determinar responsabilidades.
Poco tiempo después, Tota presenta ante la justicia penal otra denuncia en la que se aportan numerosos medios de prueba.[8] Se dan los datos de un testigo del operativo de secuestro, el testimonio de una persona detenida que compartió el cautiverio con Elena, otros dos testimonios de exilados en la embajada de Venezuela en la fecha del secuestro, el documento oficial de la justicia militar por el que se expropia la casa donde vivía Elena y testigos de su detención allí.
El 17 de abril, los familiares de otras 26 víctimas de secuestro y desaparición en Argentina en 1976 presentan ante el Juzgado Penal de 5° Turno una denuncia penal sobre esos hechos.[9]
Ese intento de dilucidar ante los tribunales delitos ocurridos durante la dictadura pareció ser también un objetivo del nuevo gobierno cuando éste presentó denuncia penal contra el general Bonelli, por irregularidades durante su gestión en el Banco de previsión Social vinculadas a pagos indebidos al presidente de facto Aparicio Méndez. Posteriormente, los hechos demostraran otras intenciones muy diferentes. Sanguinetti incluirá en la ley de caducidad ilícitos económicos en el Banco Hipotecario, así como el secuestro y desaparición de Américo Soca.
[1] Carta fechada en Montevideo el 23-I-85.
[2] El programa de principios del Partido Colorado establecía “el inmediato esclarecimiento de la situación de los desaparecidos”.
[3] En Venezuela Sanguinetti declaró el 6-II-85 que “los militares que hubieran incurrido en violaciones de los derechos humanos (durante el gobierno de facto) serán juzgados por la justicia ordinaria” y que había “conversado con los militares para establecer su posición dentro del futuro gobierno”.
[4] Informe de su viaje a Venezuela, de Tota Quinteros, del 1º-III-85.
[5] La Hora, 5-XII-84.
[6] La integraban además del pvp, los gau, la Unión Popular, el Grupo Pregón e independientes. El pvp y los gau tenían en sus filas el mayor número de desaparecidos en Argentina.
[7] Muy distinta resultó finalmente la gestión del elenco de Sanguinetti con relación a la impunidad.
[8] Presentada el 28 de mayo ante el Juzgado Penal de 1º Turno (expediente 219/85), junto con la presentada en febrero, fue posteriormente derivada, en razón de la ley 15.848 al Poder Ejecutivo y éste ordena el cumplimiento del artículo 4º, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí la investigación administrativa se inicia el 11-VIII-87.
[9] Expediente 519/85.

jueves, 24 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo III

III

LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Cuando la prensa montevideana publica, en mayo de 1985, versiones acerca de la muerte de Elena, Tota redacta inmediatamente y hace público un comunicado.
Expone allí elementos de prueba y documentos que, aunque incompletos, son suficientes para hacer una investigación seria. “Los familiares de detenidos desaparecidos no estamos dispuestos a aceptar ninguna versión sobre el destino de nuestros hijos que no sea la que resulte de una investigación seria. No compartimos, en ese sentido, la divulgación de datos que no hayan estado sometidos al debido análisis. No fue y no será ese nuestro camino.”[1]
Un mes después la Comisión Investigadora sobre Personas Desaparecidas y Hechos que lo Motivaron recibe a Tota, quien denuncia el caso de Elena.[2]
En junio, el senador Germán Araújo se presenta por iniciativa propia a prestar declaraciones ante el juzgado donde Tota había presentado la denuncia de la desaparición de Elena. Allí afirma que una de las personas que ingresó al predio de la embajada de Venezuela sería un integrante del Departamento Nº 5 de Inteligencia, junto a la soldado María Severo. Ese mismo día declaran Alberto Grille, Diego Mattos y Gustavo Alsina.
Dos días después presta declaraciones ante el mismo juzgado la esposa de “Cacho” Bronzini.
El diputado Lorenzo Rovira, por su parte, presenta denuncia penal contra el ex presidente Bordaberry, el ex ministro Walter Ravena, el general Hugo Chiappe y el brigadier Pérez Caldas como responsables del golpe de Estado.[3]
Los familiares de los ex legisladores Gutiérrez Ruiz y Michelini presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (scj), que se sumó a otros ocho, impugnando la integración de dos conjueces militares en las contiendas de competencia. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el asesinato de los ex legisladores había remitido sus resultados a la justicia penal, ante la cual la justicia militar había reclamado competencia, al igual que en las otras denuncias penales El recurso impugnaba que conjueces militares integraran la Suprema Corte de Justicia, órgano que debería resolver la contienda de competencia. Esa integración de la scj era considerada inconstitucional.
Prestan declaraciones ante la justicia el 1 de julio Nilka Gladys Regio de Gutiérrez, Ruben Pedro Bronzini y Ana María Saldaña de Fernández.[4]
En agosto se encuentra en el cementerio de Maldonado una tumba con restos no identificados que habrían sido inhumados el 12 de abril de 1977 por orden de la Prefectura de Maldonado.
Durante ese mes es particularmente activa la actuación judicial en el expediente en el que el juez Dardo Prezza investigaba la denuncia de 26 casos de desaparecidos en 1976 en Argentina en el marco de la acción represiva contra el pvp.[5] La actividad culmina con el libramiento de la orden de detención contra José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y María del Pilar Nores, por el juez al jefe de Policía de Montevideo, coronel (R) Darío Corgatelli. Aprehendida Nores, declara el día 4 ante el juez y es careada con Sara Méndez. Se ordenan nuevos careos entre Nores y los demás testigos. La acusada presenta luego un escrito donde dice clarificar sus anteriores declaraciones.
Las órdenes de captura contra los dos militares tienen un destino diferente. Una vez recibidas por el jefe de Policía, éste las envía al ministro del Interior.
Mientras quedan retenidas en el Ministerio, el gobierno de Sanguinetti ordena que se reclame ante el juzgado la competencia de la justicia militar para entender en este caso.
En momentos en que participaba en un acto del sindicato de funsa, muere de un ataque al corazón el militante Washington Pérez.[6]
El Juzgado Penal de 1º Turno, donde se denunció el secuestro de Elena, había pedido al Ministerio de Defensa que le informara qué juzgado militar estaba de turno cuando ocurrió el secuestro, y que se le enviaran los antecedentes allí existentes. El 12 de noviembre, el Ministerio de Defensa Nacional responde que el 28 de junio de 1976 estaba de turno el Juzgado Militar de Instrucción de 4º Turno, pero que no existía allí antecedente alguno.
En la Cámara de Diputados, en tanto, la comisión que investigaba las desapariciones seguía recibiendo testimonios e informaciones que le permitieron afirmar a Víctor Vaillant, uno de sus integrantes por el Partido Colorado: “Existe una íntima relación entre los casos de ciudadanos desaparecidos en Uruguay y Argentina (lo que) permite dar por comprobadas las desapariciones, que responden a un mismo nivel de decisión y presentan elementos que las conectan”.[7]
En octubre se dan los últimos pasos para finalizar la labor de la investigadora parlamentaria. Según el proyecto de documento de los once legisladores que la integraron, los hechos ocurridos en Uruguay fueron algo más que simples delitos. Se trató de crímenes de lesa humanidad. Se descontaba, por tanto, que una vez discutido por el plenario, el voluminoso legajo sería enviado al Poder Judicial para que éste entendiera en las graves responsabilidades comprobadas de gobernantes civiles y militares y de funcionarios administrativos, técnicos y diplomáticos del régimen de facto. La comisión admitía –según informes de prensa que adelantaban el contenido del documento– que el país enfrentaba una situación sin precedentes, “que va más allá, incluso, del propio juicio y castigo de los culpables materiales –que sin duda llegará– y que es la definición jurídica de las personas en calidad de desaparecidas. Tal vez sólo los directamente responsables tienen la respuesta que ninguna legislación podrá sustituir jamás, y ello, sin duda, será el mayor estigma que llevarán el resto de sus días y quedará asociado a sus nombres por siempre. Sólo por esa terrible señal les reconocerá la historia”.
También trascendía que uno de los puntos controvertidos era la participación de personal militar uruguayo en operaciones de secuestro y desaparición de uruguayos en territorio argentino.
Pero un aspecto importante que el trabajo de la comisión permitió detectar fue la llamada responsabilidad “subsidiaria”, que surgía de la omisión o la negligencia de funcionarios civiles y del cuerpo diplomático en algunos casos. Tanto la cancillería como el personal diplomático involucrado en casos de secuestros-desapariciones tuvieron una actuación por lo menos omisa. En el caso de la embajada uruguaya en Argentina, durante un largo período, y en la representación frente a los comités de derechos humanos de la onu y la oea, las responsabilidades fueron más allá de la simple omisión para –pasando por la irresponsabilidad– alcanzar el grado de complicidad. El personal diplomático aparece involucrado en muchos de los casos investigados y debe ser aclarada la responsabilidad administrativa de los representantes uruguayos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, sin perjuicio de otras responsabilidades jurisdiccionales.
El informe final de la investigadora parlamentaria no conforma a las organizaciones de derechos humanos, que lo critican y plantean “serios reparos”. Efectivamente, el serpaj, el ielsur y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una declaración conjunta suscriben estas objeciones: En primer término, indican que la comisión “actuó como mera receptora de testimonios”, absteniéndose de visitar los lugares descritos y de interrogar a los acusados, ni siquiera a “aquellos mencionados por decenas de testigos y considerados implicados por la propia comisión”. En segundo lugar, sostienen que el secreto del trámite, si bien “es comprensible y deseable en tanto dura la investigación, no lo es para el informe final”. Por último, califican de arbitrario y contradictorio con los demás numerales el punto 6 del informe final en que se establece que “La comisión no puede concluir que estas irregularidades sean imputables a decisiones orgánicas”. Al respecto, señalan varios ejemplos que muestran la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en los delitos investigados. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que “es imposible pensar que en una institución con estructura orgánica rigurosamente jerarquizada, como las Fuerzas Armadas, se den estos hechos sin autorización ni conocimiento de los mandos”. Concluyen afirmando que “el Parlamento está dejando pasar la oportunidad de señalar un hecho muy importante para la vida futura del país: la necesidad impostergable, para consolidar la democracia, de sanear a las Fuerzas Armadas como institución”.
El presidente Sanguinetti, en sus viajes al exterior, empezará a desarrollar el doble discurso que lo caracterizará en su posterior vida política. En diciembre, cuando se encontraba en Italia, hablaba de “comprensión hacia los militares”, agregando: “Esto no significa una amnistía también para ellos. Si alguno presenta las pruebas de un acto criminal cometido por un militar, el militar será procesado”.[8]
A principios de diciembre, el sijau realiza en Montevideo un coloquio internacional de juristas sobre el tema “Amnistía, condición para la democracia en Paraguay”. Esa actividad, a partir de la cual el sijau instala oficialmente el sijadep,[9] dio pie para que dos dirigentes políticos hicieran importantes pronunciamientos. El entonces senador Alberto Zumaran manifestaba: “Se cierra el caso uruguayo y esto nos produce una gran alegría. El cierre del caso por el sijau significa que sobre todo somos nosotros quienes tenemos la principal responsabilidad en mantenernos atentos y vigilantes por violaciones que puedan sobrevenir y también para terminar una obra que sabemos que todavía en el Uruguay no se ha terminado, en donde el esclarecimiento inicial de los casos de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura está todavía muy lejos de ser obtenido. Y creo que ahí tenemos todos que poner un empeño muy especial para que esta democracia reconquistada no tenga la mancha de que no puede llegar a descubrir la verdad de todos estos casos. (...) Parece inconcebible que algunos puedan pensar que una democracia va a fortalecerse, va a durar, sin esclarecer esas cosas o tapándolas, porque parecería que, justamente, el más grave riesgo que tiene la democracia uruguaya, es precisamente que no termine de limpiar este pasado oscuro que pesa sobre todos los uruguayos”.[10]
Dijo Ferreira Aldunate: “Yo presencié la formación del sijau. Hasta recuerdo que se inició con una discrepancia que yo señalé a Jean Louis, a Artucio, a los que iniciaban esta tarea tan hermosa. Yo les dije que no me parecía oportuno hablar de amnistía en el Uruguay, me parecía que había que hablar de amnistía en los casos en que un remedio jurídico pretendía enmendar una situación de enfrentamiento, de conflicto, que había recibido el tratamiento del régimen jurídico hasta entonces vigente. Y me parecía que en el Uruguay no era tal la situación, que simplemente había que abrir las puertas de las cárceles, porque no había ningún preso que estuviera en la cárcel por el cumplimiento de disposiciones legales o por la aplicación de las formalidades del derecho”.[11]
Años después, Tota dirá que entonces creyó en esas palabras, así como en su prédica en torno a la necesidad de la justicia. Poco después, sus actitudes no serán consecuentes con sus afirmaciones. “A Wilson yo no le perdoné esa actitud ni se la perdonaré. Tanto es así que siendo yo ya edil se le hizo un homenaje póstumo en la Junta y todos los grupos políticos fueron y hablaron. Yo, antes de ir a la sesión, llamé a los blancos y les dije que no hablaría porque para mí Wilson, con la ley de impunidad dejó de ser el Wilson que había conocido”. Cuando Ignacio Martínez, ante quien hablaba, le dice que a veces la muerte perdona a las personas, Tota es categórica: “Puede ser que las perdone pero yo no perdono esas actitudes porque mis principios son más fuertes que la muerte, ¿no?”.[12]
[1] Comunicado de fecha 9-V-85, firmado por Tota Quinteros.
[2] La comisión estaba integrada por los diputados Mario Cantón, Elías Porras Larralde, Oscar López Balestra, Alfredo Zaffaroni, Edison Zunini, Edén Melo Santamarina, Nelson Lorenzo, Víctor Cortazzo, Hugo Granucci, Víctor Vaillant y Edison Rijo.
[3] Esta causa, a pesar de incluir a dos civiles será, posteriormente, archivada también por imperio de la ley de caducidad.
[4] Ex policía militar femenina que denuncia la participación de otras integrantes de ese cuerpo en el secuestro de Elena.
[5] Declaran las denunciantes Milka González de Prieto, María Esther Gatti de Islas, María Irma Hernández, Ademar Nelson Recagno Lema, Luz Ibarburu de Recagno, Asunción González Souza, y como testigos María del Carmen Martínez Addiego, Beatriz Castellonese de Mechoso, Jorge Raúl González Cardozo y Sara Méndez.
[6] Pérez había sido secuestrado en varias oportunidades en 1976, cuando los militares realizaban un intento de extorsión sobre Gatti y Duarte en Orletti.
[7] Declaraciones a Brecha, 18-X-85.
[8] Búsqueda, 27-XII-85.
[9] Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en Paraguay.
[10] Ibíd.
[11] sijau. Paraguay un desafió a la responsabilidad internacional, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1986.
[12] Martínez, I. Op cit.

miércoles, 23 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo IV

IV

LA AMENAZA MILITAR

1986. Aunque no habían prosperado las ideas de conformar el llamado “partido militar”, en el Parlamento algunas fuerzas políticas integrantes del Partido Colorado desempeñaban ese papel. Uno de los líderes de esos grupos, el ex presidente Pacheco Areco, reclamaba desde Paraguay la aprobación de una amnistía para militares y policías. La política de ascensos en las Fuerzas Armadas empezaban a generar diferencias, ya que fracasaron, por la oposición del Frente Amplio y el Partido Nacional, los ascensos de los brigadieres Carlos Pache y Rafael Orique. Se aprueban modificaciones a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se modifica el concepto de seguridad nacional, se elimina la Junta de Oficiales Generales y se da mayor discrecionalidad al poder político para el nombramiento de los generales. En mayo, el Directorio del Partido Nacional propone que la Asamblea General discuta las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. Para ganar tiempo y encontrar una solución política a los juicios que ya se habían presentado ante la justicia ordinaria contra algunos militares, el presidente Sanguinetti había impulsado la interposición de contiendas por parte de la justicia militar, que reclamaba su propia competencia en estos juicios. Al conmemorarse el Día del Ejército, el colectivo militar se expresa al respecto. Medina se pregunta si la ley de pacificación nacional aprobada el año anterior, que había dado la amnistía a los presos políticos,[1] había sido ecuánime al excluir a los militares. Pocos días después, en una cena con los oficiales generales en actividad, Sanguinetti afirma que su política busca la reinserción de las Fuerzas Armadas en las instituciones del país, “sin que ello se vea afectado por los planteamientos del pasado relativos al gobierno de facto”. Al mismo tiempo, busca acuerdos con el Partido Nacional, que plantea la necesidad de un entendimiento nacional en torno al tema. Por su lado los militares, ante la inminente acción de los tribunales civiles, hacen trascender que aceptarían una amnistía, cambiando su posición tradicional de no aceptarla, lo que implicaba un reconocimiento de la existencia del delito.[2] Seregni y Ferreira Aldunate consideran que una eventual amnistía sería posible luego de la aclaración de los hechos delictivos. Los principales líderes de todas las fuerzas políticas, acordando la necesidad de encontrar una “salida política” al tema, deciden integrar una comisión de juristas para analizar el tema. El Partido Colorado anuncia su decisión de enviar al Parlamento un proyecto de amnistía para los militares,[3] mientras que 17 generales retirados sostienen en un comunicado que no renuncian a asumir la responsabilidad “que el ejercicio del mando impone a todo militar”. El Partido Nacional, por su parte, presenta un proyecto que da competencia a la scj en la instrucción de las causas de homicidios, lesiones gravísimas, violación y desaparición de personas, que finalmente también será rechazado.[4] En los primeros días de octubre, los generales declaran su rechazo a ser sometidos a la justicia ordinaria en el caso de aprobarse el proyecto nacionalista, y las seis instituciones sociales de las Fuerzas Armadas se pronuncian contra la revisión de lo sucedido y a favor de la amnistía. Blancos y colorados se reúnen con militares y analizan la decisión de éstos de no presentarse a la justicia. En la última reunión los militares proponen redactar un documento de autocrítica.[5] Ferreira Aldunate les anuncia que él encontrará una solución para el problema. El Directorio del Partido Nacional aprueba en diciembre el anteproyecto de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se presenta al Senado. El Parlamento sanciona la ley de caducidad, clausurando la posibilidad de enjuiciar a los militares por violaciones a los derechos humanos. Un día después el Senado remueve de su cargo al senador Germán Araújo.

* * *

El receso judicial de enero de 1986 dejó pendiente la decisión de la Suprema Corte de Justicia integrada[6] sobre la contienda de competencia entre jueces civiles y militares. Del resultado de ese partido, que se jugaba en el Poder Judicial, dependía qué clase de justicia tendría Uruguay.[7] En el ámbito parlamentario, otro receso había dejado pendiente una iniciativa de los senadores Hugo Batalla (Frente Amplio) y Alberto Zumarán (Partido Nacional) que pretendía hacer cumplir el acuerdo que en octubre del 84 había alcanzado la conapro: la creación de tribunales de apelación que garantizaran juicios “absolutamente imparciales y ceñidos estrictamente a derecho”.[8] Solo si el Parlamento se expedía favorablemente antes de la decisión de la Suprema Corte, el reclamo de competencias se desactivaría.
Las declaraciones de Sanguinetti en cuanto a que “debemos actuar cuidadosamente y con cautela. El futuro importa mucho más que el pasado. Lo esencial es reafirmar la estabilidad de las instituciones democráticas. Discusiones sobre estos tópicos, que todavía son dolorosos, pueden no ser la mejor contribución que podamos hacer a la estabilidad”,[9] eran parte de no muy veladas presiones que advertían que los militares seguían constituyendo un poder detrás del sillón presidencial. Esa prédica hacía temer a las organizaciones de derechos humanos que la Suprema Corte fallara a favor de la justicia militar.[10]
A esa altura, Gavazzo, Cordero y Maurente se habían negado a declarar ante la justicia, lo que se sumaba al desconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la orden de detención librada por el juez Dardo Preza. La Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, defendiendo la independencia del Poder Judicial, exigieron que las órdenes de detención fueran cumplidas. En la vecina orilla, el cels solicitaba ante la justicia federal argentina el procesamiento de los militares uruguayos Gavazzo, Silveira y Cordero y del comisario Campos Hermida, en una causa promovida por Enrique Rodríguez Larreta.
Culminada la feria judicial se seguían presentando ante la corte recursos de inconstitucionalidad contra la integración de conjueces militares.[11]
Líber Seregni, por su parte, manifestaba: “Tenemos ciertos principios que son irrenunciables, y el problema de los derechos humanos y el de la justicia es un principio esencial”. Tota pudo haber pensado entonces que sus palabras en el seminario sobre la transición realizado en Buenos Aires, al menos en la izquierda, habían sido atendidas.[12]
La comisión investigadora sobre personas desaparecidas, de Diputados, que en su proyecto de informe final manifestaba que los desaparecidos “están fallecidos como consecuencia del trato brutal a que fueron sometidos”, lo retira ante la oposición de las organizaciones de derechos humanos.
También se radican denuncias en los juzgados referidas a asesinatos ocurridos en dependencias militares.[13]
El 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el Congreso Obrero Textil (cot) coloca en su local sindical una placa que dice: “A la maestra. Al papel de la mujer en la resistencia, simbolizado en su nombre: Elena Quinteros”.
Para el 12 de abril de 1986 se esperaba la visita a Uruguay del presidente venezolano Jaime Lusinchi. Tota hace pública una información relativa a los compromisos asumidos por ambos gobiernos con relación al caso de Elena y el 9 de abril se reúne por segunda vez con Sanguinetti.
Al salir de la entrevista, Tota dijo sentirse “completamente defraudada”. No era para menos, Sanguinetti le había manifestado que el gobierno esperaba una resolución judicial sobre el caso. Con respecto a Lusinchi, el Ejecutivo le presentaría todos los avances realizados en la investigación. Sanguinetti le había reiterado, además, su opinión de que los problemas vinculados con los militares debían ser resueltos por la justicia militar. Se proponía, por tanto, entregar a los propios autores la investigación de los delitos por ellos cometidos.
Próximamente, la scj, integrada con dos conjueces militares, debería resolver las primeras contiendas de competencia entabladas por la justicia militar frente a denuncias de delitos presuntamente cometidos por dependientes de las Fuerzas Armadas.
La trascendencia de la resolución no escapaba a Tota ni a las organizaciones de derechos humanos. Si bien la dilucidación se haría en la sede del Poder Judicial, el Ejecutivo tenía mecanismos suficientes para lograr que la sociedad civil no pudiera develar las acciones del terrorismo de Estado. No estaba la novel democracia uruguaya frente a un fallo judicial sin importancia, por el contrario, su resultado tendría dilatada trascendencia, y de ello eran conscientes tanto víctimas como victimarios. Las conclusiones a que habían arribado los tribunales de apelaciones que revisaron la actuación de la justicia militar con los presos políticos, constataban mayúsculas ilegalidades. La forma en que la justicia militar había tratado la vida, el honor y la libertad de los uruguayos no dejaba dudas acerca de que su accionar “juzgando” a los militares no sería más que una parodia.
Del colectivo militar no podía esperarse otra cosa que ese reclamo de competencia para asegurarse la impunidad. Lo grave era que la posición militar fuera acompañada por el titular de un gobierno democrático. Sanguinetti sabía que los tribunales militares eran órganos sometidos a jerarquía, a las órdenes de mandos inspirados en la ideología de la seguridad nacional.[14] El Poder Ejecutivo sostenía que Uruguay no necesitaba un juicio público, como Argentina, ya que en el país no había pasado nada o, si algo había sucedido, no había sido tan grave como en Argentina. Ese contrapunto del horror, en que se comparaba lo vivido en el país durante la dictadura con el horror ajeno, intentaba justificar que nos conformáramos con el nuestro.[15]
En Montevideo, al ser preguntado el presidente venezolano por el caso de Elena, declaró que esperaba de las autoridades judiciales uruguayas un juicio esclarecedor.
En el mismo mes de abril, la consideración a nivel parlamentario y de la justicia del asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz produjo importantes novedades. Fueron remitidas a la justicia y al Poder Ejecutivo las últimas actuaciones de la comisión parlamentaria que investigaba el caso, con datos aportados por una testigo presentada por el entonces diputado frenteamplista Yamandú Fau.[16]
Como le había anunciado Sanguinetti a Tota, en la entrevista de abril, la información enviada por la comisión investigadora fue efectivamente remitida a la justicia militar, que se declaró competente cuando eso aún no había sido resuelto por la scj. La decisión, cumplida por el ministro de Defensa Vicente Chiarino, contó con el aval del Ejecutivo. Al tiempo que se pasaban los antecedentes a la justicia militar, Sanguinetti ofrecía a las viudas de los dos legisladores una pensión graciable.[17]
Paralelamente, al reclamo de competencias por parte de la justicia militar, se desarrollaba desde ámbitos castrenses una presión fuerte para poner punto final a las investigaciones. Esta presión necesitaba tiempo, lo que se lograba con los trámites ante la Suprema Corte, con los reclamos de competencia. Por otra parte, en el caso de un testigo fundamental como Haydée Trías, la actuación que con inusual celeridad empezó a desarrollar el coronel Ramírez, juez militar de Instrucción de 3 Turno, citando en forma compulsiva a la testigo, operaba como elemento disuasorio para eventuales futuros testigos. Mientras tanto, desde otro ámbito, los legisladores colorados impedían que el ministro de Defensa fuera convocado a dar explicaciones sobre esos hechos.[18]
Sanguinetti seguía tras el mismo objetivo desde que asumió la titularidad del Ejecutivo: asegurar la impunidad de los militares.
[1] Conviene puntualizar que si bien todos los presos políticos fueron liberados, la amnistía no los comprendió a todos. Los acusados de “delitos de sangre” fueron excluidos de la misma y pasaron a la justicia penal ordinaria.
[2] La posibilidad de aceptar una amnistía es fuertemente resistida por el sector de las Fuerzas Armadas nucleado en torno al Círculo Militar.
[3] Remitido el 29-VIII-86, es rechazado por el Senado un mes después.
[4] En la Cámara de Senadores, el 7-X-86.
[5] El 20-XI-86 los comandantes en jefe de las tres armas envían un documento al presidente en el que reconocen “haber perdido los puntos de referencia”.
[6] La formaban los civiles Rafael Addiego Bruno –que ocupó los máximos cargos judiciales durante la dictadura y fue presidente de la República tras la renuncia de Álvarez– Jacinta Balbela de Delgue, Nelson García Otero, Nelson Nicoliello y Armando Tomassino, y Jorge Borad, brigadier general (R) de activa participación en la dictadura, y el coronel (R) Manuel Pagola.
[7] El coronel Néstor Bolentini, en un curso de historia en el Instituto de Estudios Históricos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1977, sostenía que “la justicia militar no hace justicia; sus jueces son auxiliares y asistentes de la Fuerzas Armadas en operaciones. Constituye un punto vital del control estratégico del estado de guerra”.
[8] En octubre del 84 los partidos Colorado, Nacional, Frente Amplio y Cívico se habían comprometido con el “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos” y establecieron que “constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales”. Agregaba: “Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos”, y concluía que “sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
[9] A la revista Newsweek.
[10] En sentido contrario pesaba el hecho de que en 1974 la muerte por torturas de Hugo de los Santos, en una unidad militar, había sido objeto de una similar contienda de competencia y, en ese caso, la Suprema Corte resolvió que la competencia era de la justicia civil.
[11] En febrero se presentan dos recursos en las causas por los desaparecidos Luis Eduardo González González y Juan Manuel Brieba.
[12] En esa oportunidad Tota había dicho: “Pedimos que se incorpore centralmente el tema de los desaparecidos, el reclamo hoy de aparición con vida e investigación de lo ocurrido. Este no es un tema que puede soslayarse por consideración política alguna.”
[13] La viuda de Álvaro Balbi, muerto por torturas en 1975, presenta denuncia del caso ante el juzgado penal de 6º Turno.
[14] El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Adolfo Gelsi Bidart, sostuvo en una mesa redonda que: “la conciencia de la humanidad afirma el principio de la igualdad entre todos los hombres y no admite la existencia de una justicia separada para una profesión determinada. Por eso, la justicia militar debe suprimirse”.
[15] Un pensamiento similar subyace en la actitud de la Comisión para la Paz cuando establece categorías de desaparecidos según hayan desaparecido en Uruguay o en otro país.
[16] La enfermera Haydée Trías aseguró que llegó acompañada por otra mujer al domicilio del teniente cì¥Á9
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[18][18][18][18] l de la comisión investigadora ante el juez Eduardo Lombardi por violación del secreto de sus actuaciones.

CUARTA PARTE Capitulo V

V

EMPIEZAN A CADUCAR LAS INSTITUCIONES


Así como los familiares de desaparecidos, los organismos de derechos humanos y una parte muy grande de la sociedad uruguaya, Tota no podía sospechar, durante el mes de mayo, el vuelco que daría poco tiempo después un sector muy importante en la lucha contra la dictadura: el Partido Nacional. Por esos días, Ferreira Aldunate escribía en La Democracia: “Pero sí hay y debe haber lugar para la justicia. Los uruguayos tienen derecho a saber lo que ocurrió, a conocer quiénes lo hicieron, y cómo y por qué lo hicieron, porque nadie tendría derecho a ocultarles la verdad. Porque sí, porque ése es el más elemental de sus derechos, pero también por la necesidad que el país tiene de ir cicatrizando las heridas que dejaron doce años de desprecio por los derechos y la dignidad de los orientales. Y como todas las heridas, éstas se infectan y supuran si no se ventilan y exponen a plena luz. Por desdicha, todo muestra que existe hoy, en determinados centros de decisión, el deliberado propósito de impedir la búsqueda y revelación de la verdad”.[1] Y agregaba días después: “Hay algo de lo que no dudamos nosotros ni nadie puede dudar, y es que pase lo que pase, transcurra el tiempo que transcurra y sea cual fuere nuestro destino, olvidaremos muchas cosas y hasta perdonaremos algunas, pero esta deuda, la que tienen con la patria, sí, pero también con nosotros, conmigo, los asesinos de Zelmar y el Toba, tiene que ser pagada y se va a pagar”.[2] Pero no era solo Wilson quien se expresaba en ese sentido Un prestigioso jurista del Partido Nacional, que años después abogaría por la impunidad de Juan Carlos Blanco, escribía: “Aunque nunca debe decirse ‘de esta agua no he de beber’, que quede en claro, por lo menos, que con mi voto no contarán para extender un inadmisible ‘perdona tutti’ a los responsables de tanto atropello”.[3] Los hechos posteriores mostraron que Gonzalo Aguirre tuvo sed, y que la calmó.
Para fundamentar su postura de dar una solución política y no jurídica al problema del enjuiciamiento a los autores de delitos de lesa humanidad, Sanguinetti manifestaba en junio que “hoy no hay posibilidad de tener un sereno juicio de la justicia”. La scj, en respuesta, emitió un comunicado diciendo que “pese a las dificultades procesales y materiales que enfrenta, el Poder Judicial se ejerce con plena independencia de sus magistrados”.
Más de 200 familiares, integrantes de organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, religiosas, estudiantiles y políticas participaron el 21 de junio en el encuentro nacional sobre “Desaparecidos: verdad, justicia y democracia”, convocado por la fedefam. En nombre de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, Amalia González dijo: “Aquí lo que amenaza la paz en este momento, en este país, no es la verdad, no es la justicia, sino lo que está amenazándola es la supervivencia de la impunidad (...) es el temor lo que, en definitiva, está aconsejando la amnistía. Esta amnistía (la que se propone para los responsables de delitos de lesa humanidad) no le va a dar paz al pueblo, sino, por el contrario, va a mantener la amenaza de la pérdida de la paz, la amenaza de la violencia, al supervivir la impunidad vigente”. También en relación a la necesidad de no restringir el problema de los desaparecidos al ámbito de los familiares de las víctimas, se expresaba: “Esto no es sólo un problema de los familiares y amigos de las víctimas; entendemos que la agresión fue social y que la sociedad toda tiene que asumir el problema de los desaparecidos como propio, como lo han hecho ya grandes sectores que han adherido a la necesidad de que haya verdad y justicia”.[4] Con relación a los resultados de la comisión investigadora parlamentaria se decía: “La investigación (...) fue valorada negativamente, aunque con salvedades. Su labor se limitó a la recopilación de testimonios que, en su mayoría, habían sido reunidos por los organismos de derechos humanos, no avanzando más en la investigación”. En su informe final expresó que los hechos denunciados no pudieron ser imputados a decisiones orgánicas de las Fuerzas Armadas, contradiciendo lo que surgía del mismo informe. Como elementos positivos se señalan el logro popular constituido por la formación de la comisión y el reconocimiento oficial de los delitos.
Cumplidos ya 10 años de la desaparición de Elena, en julio la Asamblea General se aprestaba a debatir el tema de la investigación de los delitos de lesa humanidad, a partir de una iniciativa del Partido Nacional. Si bien la conapro ya había tomado posición al respecto, no todos acordaban ahora en torno a esas definiciones. Además, y como veremos más adelante, esos nuevos posicionamientos seguirán variando. La Unión Cívica manifestaba: “No queremos revanchismo, sino que se haga justicia”. En cuanto a la posibilidad de que la aplicación de la justicia pudiera provocar un nuevo quiebre institucional, era categórica al afirmar que “nadie en el país puede tener intenciones de trastrocar el orden institucional”.
En filas del Partido Nacional se reafirmaban las expresiones de Ferreira: “Sí, debe haber investigación y justicia. Tanto los pueblos como las personas tienen la necesidad de caminar con la verdad”.[5] “Todas las denuncias –respecto a cualquier violación de la ley– deben ser investigadas; con más razón las de hechos de tanta trascendencia como las violaciones de derechos humanos. El ámbito –por una razón de principios– tiene que ser el Poder Judicial, que es el único que ofrece garantías. (...) Porque la amnistía supone, en primer término, reconocer que ha habido delito, tener conocimiento de lo que pasó, algo que aquí falta”.[6] “Creo que la salida verdadera, la solución legal y constitucional es la actuación de la justicia, dotada de los poderes que quiso el constituyente y que quiere el país. Un país sin justicia operante no tiene más que la cáscara de una democracia”.[7] En filas de la izquierda se seguía sosteniendo: “Hay que investigar a fondo para alcanzar la verdad y la justicia”.[8] Y “Debe funcionar plenamente la institucionalidad. Sólo la justicia –la justicia ordinaria, por supuesto– es competente para actuar en esos casos. Se trata del único camino para lograr la pacificación. Por consiguiente, soy terminantemente contrario a una amnistía”.[9] En filas del partido de gobierno se mostraba con claridad su inclinación a implantar la impunidad: “La amnistía puede ser el camino para la pacificación del país”.[10] “Ya amnistiamos sin saber a quién” y “Éste es un asunto esencialmente político y así debe resolverse”.[11] Aunque sin aparecer una fórmula concreta para implantar la impunidad y traicionar los acuerdos de la conapro, empiezan a vislumbrase cambios en el partido de Ferreira Aldunate. Éstos se aprecian en el mensaje que ese partido envió al acto del pit-cnt en el aniversario del golpe de Estado.[12] Ese mismo día, escribe Ferreira en La Democracia: “Si, como algunos afirman, es menester conciliar los principios con la realidad, se nos permitirá recordar, aunque sea por última vez, que esa realidad, si es tal, no surgió ciertamente por obra o intervención de nuestro partido, sino de lo que otros –todos los otros– hicieron, concertaron o pactaron. No por ello vamos a eludir nuestras responsabilidades para con el país”.
A principios de agosto se hacen públicos los términos de un proyecto del Partido Colorado, por el que se amnistiaban los delitos cometidos desde la declaración del estado de guerra interna por militares y policías, equiparados o asimilados, en acciones directas o indirectamente vinculadas a la lucha antisubversiva. Se exceptuaban a los autores, coautores, cómplices o encubridores de homicidio, que serían sometidos a la justicia militar. El proyecto clausuraba de este modo las contiendas de competencia, resolviéndolas a favor de la justicia militar. Los delitos cometidos por militares no serían extraditables: Un dato interesante de este proyecto es que establece: “Cuando un civil participe como coautor o cómplice, o encubra un delito militar, el militar o equiparado será juzgado por la jurisdicción militar y el civil por la jurisdicción ordinaria”. Si esta propuesta hubiera sido aprobada, el ex canciller Juan Carlos Blanco debería haber sido juzgado por el mismo tribunal civil que en el año 2002 lo procesó y envió a prisión.
Mientras por un lado se reunían, en el domicilio de Tarigo para considerar el tema de los derechos humanos, Enrique Tarigo, Wilson Ferreira, Líber Seregni y Humberto Ciganda, en el Club Naval lo hacían el jefe de la Casa Militar, general Guillermo de Navas, el comandante de la División de Ejército IV, general Pedro Gonnet, el comandante en jefe del Ejército, teniente general Medina, y el jefe de Estado Mayor, general Juan Rebollo.
En agosto de 1986 el tema era también analizado desde los ámbitos políticos pero a partir de su consideración jurídica. Más allá de que una discusión en el terreno político cuestionaba las posibilidades de un análisis estrictamente jurídico, la reunión de los juristas designados por los partidos políticos[13] revela aspectos que es importante recordar, teniendo en cuenta que existía ya una iniciativa de amnistía planteada por los colorados. En ningún momento se manejó, en esa reunión, una fórmula de amnistía general que abarcara todos los delitos. Se debía establecer qué tipo de delitos se investigarían y cuáles no. El Frente Amplio había hecho pública su posición desde tiempo atrás: Primero, no a la amnistía, segundo, no a la justicia militar. “En términos positivos: que se hagan los procesos, que se esclarezca la verdad y, segundo, que sea la justicia ordinaria la que tenga a su cargo esos procesos” (José Korseniak, en Brecha, del 8 de agosto de 1986). Por su parte Raúl Blengio Brito, de la Unión Cívica, manifestaba: “El instituto de la amnistía no me cae demasiado simpático. En primer lugar, porque aun las limitadas son demasiado generales y el concepto de justicia que yo tengo es el de justicia en cada caso. La manera de hacer justicia no es erga omnes, sino analizar en cada caso qué fue lo que pasó. La verdadera justicia implica medir al delito y al delincuente, y es un principio que recoge nuestro código penal fijando mínimos muy bajos y máximos muy altos, para darle al juez la gran latitud que le permita resolver con justicia cada caso concreto y según quién sea el responsable”.
En torno a qué delitos abarcaría la investigación y su eventual sanción penal aparecieron, por tanto, diferencias. Algunos planteaban que no solo los homicidios debían ser investigados, sino además las desapariciones. Existía consenso en cuanto a que debía incluirse el secuestro de niños, las violaciones y una serie de delitos subsidiarios de éstos, como supresión de estado civil y suposición de estado civil.[14] En cuanto a la amnistía, la mayoría entendía que no era una figura jurídica aconsejable.[15] En cuanto al hecho de que los militares no se presentarían a declarar ante la justicia ordinaria, la forma de superarlo, según Korseniak, “no significa cerrar los ojos, sino evitar que esa situación se dé (...) estamos pensando en una solución en la cual la Suprema Corte interviniera desde el comienzo, es decir, con exclusión total de la justicia militar”. Por su parte Williman manifestaba que “el hecho no se puede repetir en forma alguna, porque colocaría al Poder Ejecutivo en una situación muy difícil frente al Parlamento, frente a los partidos y frente a la opinión pública. El Poder Ejecutivo no puede admitir esa situación”. Parecía claro que si la justicia citaba a declarar a un militar y éste no comparecía, estaba desacatando una orden judicial, incurriendo en delito y, como jerarca máximo de la institución militar, ese desacato era doble. Existía una responsabilidad individual del militar citado y eventualmente del presidente, como titular del Ejecutivo.
Finalmente, la scj logra darle un contundente golpe a las intenciones militares de ser juzgados por sus pares, al dictar en la contienda de competencias una sentencia que se inclina inequívocamente por la justicia ordinaria. La resolución tomada por el máximo órgano judicial tenía una gran trascendencia. Por vez primera después de la dictadura, la scj declaraba de manera terminante que la justicia no admitía excepciones y que los delitos comunes, fuera quien fuere su autor, tenían un solo fuero. Todos éramos, finalmente, iguales ante la ley. La decisión de la Corte le señalaba límites éticos y jurídicos al Partido Colorado que, una vez llegado al gobierno, había desconocido lo acordado en la conapro y el sentir de la mayoría de la población. Sin embargo, esto no parecía entenderlo el ministro de Defensa, que desconociendo las órdenes judiciales ordenaba a los militares que no comparecieran ante las citaciones judiciales y promovía contiendas de competencia intentando legitimar a la justicia militar.
En setiembre, ya cerca del momento en que Sanguinetti logra dar la impunidad a los militares, Wilson –que también acompañaría y tendría un papel preponderante en su concreción– escribía: “Es conocida de sobra nuestra posición sobre el tema de fondo: reiterada, machaconamente, hemos sostenido la necesidad de cumplir los compromisos contraídos por todos los partidos frente al país, antes y después de las elecciones, conjunta y separadamente. Y aun los asumidos por el propio gobierno y en representación de la República ante la comunidad internacional. Hasta hoy, no hemos encontrado razones que puedan convencernos de la necesidad o conveniencia de cambiar de opinión. (...) Ni la paz ni la reconciliación ni el olvido se establecen por decreto o se imponen por ley: no se odia o ama o perdona porque así lo disponga alguna pragmática, porque esas cosas, como que son del alma, deben venir de adentro para afuera. En otros términos: se olvida olvidando, y eso no ocurre cuando se quiere, sino cuando se puede”.[16]

[1] La Democracia, 2-V-86.
[2] La Democracia, l6-V-86.
[3] La Democracia, 11-VII-86.
[4] Emilia Carlevaro, Grupo de Apoyo a fedefam.
[5] Juan Martín Posadas.
[6] Alberto Zumarán.
[7] Luis Alberto Lacalle.
[8] Juan José Crottogini.
[9] Hugo Batalla.

[10] Eduardo Paz Aguirre.
[11] Jorge Batlle.
[12] Con ambigüedad planteaba que debía “darse una solución cabal al tema de los derechos humanos que, respondiendo a las exigencias de la dignidad y la conciencia nacional, abra camino a la definitiva consolidación de la institucionalidad democrática”.
[13] Adela Reta (Partido Colorado), Raúl Blengio Brito (Unión Cívica), José Korzeniak (Frente Amplio) y José Claudio Williman (Partido Nacional).
[14] “Hay ciertos delitos que de ninguna manera pueden quedar al margen de una intervención de la justicia y de una sanción” (Williman, Brecha, 8-VIII-86). “Pensamos que era un camino interesante fijar un límite de las responsabilidades en cuanto a violaciones de los derechos humanos. Se aceptaron esos límites pero no se determinó con precisión cuáles. Quedaron para una segunda instancia, si es que la hay, para afinar un poco el tema. Se habló de otro acotamiento que es aquel que tiene que ver con la clase de delitos, es decir, fijar algunos en los que ni siquiera funcionaría el eximente de la obediencia debida, como el homicidio” (Blengio Brito, Brecha, 8-VIII-86).
[15] Según sostenía Williman en representación del Partido Nacional, el término amnistía para la opinión pública sería “como una concesión inadmisible” que, en un esfuerzo de pacificación podía ser sustituida por “figuras mucho más técnicas” que serían mejor comprendidas. Pese a esto, la figura por la que finalmente se optó, de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, estuvo lejos de contribuir a una mejor comprensión del tema por la ciudadanía.

[16] La Democracia, 5-IX-86.

martes, 22 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo VI

VI

LA LÓGICA DE LOS HECHOS


En la primavera de 1986 el Partido Colorado se inclinaba categóricamente por la impunidad. Tarigo reconocía que “la solución política de la amnistía no es una forma de justicia”. Antonio Marchesano aclaraba que el proyecto del gobierno se refería “solamente a los aspectos penales del tema” y que “de ninguna manera impide que, como corresponde, se haga la indagatoria necesaria para que los niños (desaparecidos) vuelvan a sus hogares”. Alejandro Bonasso escribía: “Hoy, como ayer, compartimos la teoría del derecho según la cual los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles”, y agregaba que, sin embargo, “la práctica política nos fuerza hoy a tener que aceptar que el bien del cuerpo social en su conjunto reclama del legislador soluciones únicas e irrepetibles que, en este caso, suponen olvidar lo que teóricamente no se debiera olvidar”. Edison Rijo afirmaba: “No habrá manera de que voluntariamente un militar o un policía se presente a declarar ante la justicia”, por lo que sostenía que “o extendemos la amnistía a militares y policías, o asumamos desde ya que nos vamos a encontrar con nuevas situaciones de violencia que inevitablemente van a llevar a la caída de las instituciones” y agregaba que “entre Gavazzo libre, Campos Hermida libre, De Armas libre, Cordero libre, o Gavazzo preso, Cordero preso y las instituciones en peligro, que Gavazzo y compañía queden libres, que de acá en más los vamos a vigilar”. Jorge Batlle, por su parte, sostenía en el Senado que “el espíritu que anima al Poder Ejecutivo es amnistiar a todos y a todo”.
La iniciativa del gobierno fue finalmente rechazada por una mayoría compuesta por los votos de la izquierda y de los blancos. Ello no puso fin a los intentos de consagrar la impunidad. El Partido Nacional, a partir de la presentación de otro proyecto, empieza a recorrer un camino que finalmente lo conducirá a sumarse a la política de los colorados. La iniciativa blanca no establecía expresamente una amnistía y reconocía la necesidad de juzgar, por lo menos, los delitos más graves cometidos durante la dictadura.[1] Se apartaba así de la posición del Partido Colorado y también del proyecto que habían redactado los senadores Zumarán (Partido Nacional) y Batalla (Frente Amplio).[2] Constituía, por cierto, un alejamiento sustancial del compromiso asumido en la conapro.
La iniciativa nacionalista fue considerada por los colorados como una “base muy interesante para trabajar”, en tanto el Frente Amplio discrepaba.
La democracia en Uruguay parecía estar entre el “estricto cumplimiento de la Constitución y la ley vigentes” postulado por la izquierda, el “dar vuelta la página definitivamente” de los colorados y la posición de los blancos que optaban por no dar vuelta del todo la página, pero sí por entornarla dejando apenas una rendija.
La suerte del proyecto blanco dependía también de la opinión del “partido militar”. Éste, introducido en la transición “a la uruguaya”, tendrá una importancia decisoria en las posiciones de blancos y colorados a partir de lo que se ha dado en llamar “el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas”.
Para el 11 de octubre, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, Elisa Delle Piane de Michelini, Luz Ibarburu de Recagno y Luis Pérez Aguirre llaman a una manifestación. Decía la convocatoria que se vivían momentos “que marcarán nuestro futuro para siempre”, y que los argumentos de pacificación con que se pretendía fundamentar la impunidad ignoraban que la paz debía ser el “fruto de la justicia restablecida”. Afirmaba que no podía haber paz “mientras no se esclarezcan los hechos, mientras estén impunes quienes violaron los derechos humanos desde el poder del Estado”y alertaba: “No nos mueve hoy el espíritu de venganza ni de rencor”. Reclamaba “una verdadera reconciliación nacional” en la que “se garanticen la verdad y la justicia; una consolidación y respaldo a las instituciones democráticas” y que los representantes políticos se pronunciaran “garantizando la verdad y la justicia”.
Ante el riesgo de que alguno de los proyectos a presentarse acotara las posibilidades de esclarecer todos los crímenes, el serpaj y el ielsur trabajaban para presentar nuevas denuncias.
En el “partido militar” se sucedían los pronunciamientos. Los generales retirados formulaban sus discrepancias con los proyectos que se debatían en el Parlamento.[3]
En el Senado los votos contrarios a la propuesta de los colorados generan movimientos en el tablero político. Los colorados suman sus votos para que el proyecto del Partido Nacional sustituya al desechado. Por otro lado, los colorados y la izquierda proponen modificaciones al proyecto blanco. El Partido Colorado proponía que el presidente pudiera conceder la gracia a quienes resultaran procesados por violaciones de los derechos humanos, y reducir los casos a investigar acortando el plazo para la recepción de las denuncias. La gracia es una facultad que le corresponde ejercer a la Suprema Corte de Justicia. Durante la dictadura la ejerció el Ejecutivo, y el gobierno democrático la devolvió al Poder Judicial.
Con respecto a la modificación propuesta por los colorados Ferreira Aldunate manifestó que “sería un poco farsesco porque equivaldría a otorgar una solución con una mano y con la otra burlarla”.
El proyecto de los blancos, por su parte, generaba fuerte oposición en las organizaciones sociales y humanitarias.
Seguramente la experiencia de Tota en su peregrinar por el mundo y su actuación en organismos internacionales no eran suficientes para que pudiera calibrar y entender los miles de vericuetos que tornaban tan frágiles y efímeros los resultados de años de lucha. Los familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, al igual que muchos uruguayos, siempre creyeron que en una democracia el Estado debía procurar con todos sus medios el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Eso lo reclamaron en cuanta instancia de denuncia participaban; eran sus consignas, en ese reclamo veían la continuidad de la lucha de sus hijos. Nada les habían dicho los políticos que “balconearon” la lucha antidictatorial acerca de que se debía amnistiar a los asesinos y torturadores, ni que había que “acotar” la verdad y la justicia. La sospecha y el temor de que en Uruguay reinaría la impunidad empezaban a transformarse en certeza.
Como presidenta de honor del comité central del pvp, Tota participaba regularmente en las discusiones políticas. Aunque sus intervenciones eran poco frecuentes, siempre estaba dispuesta a participar en las tareas concretas que surgían luego de largas discusiones en torno a la conducta a seguir frente a esa vergonzosa y claudicante fórmula que se pretendía imponer en Uruguay.
El sentimiento de que se estaba consumando una traición no era infundado: Los acuerdos públicos rubricados en la conapro abdicaban frente a otros acuerdos realizados en privado. Las declaraciones de algunos políticos en esos días así lo afirmaban.[4]
La posición de los militares indicaba que en nada había cambiado su mentalidad. En cambio, sí había pegado una voltereta una parte importante del sistema político.
Una dimensión de la verdad, no obstante, comienza a abrirse camino cuando las víctimas o sus familiares inician los procesos de denuncias contra militares y policías. Pocos meses después que Sanguinetti afirmara que “no hay testimonios concluyentes sobre ningún caso. Las responsabilidades no aparecen,”[5] la justicia desmiente esas afirmaciones en la denuncia del asesinato de Álvaro Balbi.[6]
Mientras se da a conocer la decisión de las Fuerzas Armadas de no comparecer ante la justicia por hechos del pasado, y que se habían establecido con el Partido Colorado las condiciones para la negociación tendiente a “salvaguardar las prerrogativas constitucionales del presidente” y a “comprar futuro a cambio del pasado”, la scj dictaba dos sentencias sobre las contiendas de competencias entabladas por la justicia militar. Se trataba de la desaparición de Félix Sebastián Ortiz y la denuncia de Enrique Rodríguez Larreta por su detención junto a otras 30 personas en Orletti, la desaparición de Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez y el traslado ilegal de los demás a Montevideo.
Horas después, los comandantes en jefe envían un comunicado al presidente en el que le expresan su compromiso de respetar la Constitución.[7]
Según el gobierno el pronunciamiento militar despejaba cualquier duda respecto de que los militares siguieran detentando el poder de decidir su acatamiento o no a los poderes de la naciente democracia. Podía buscarse, por lo tanto, una “solución” que pusiera fin a la discusión sobre su actuación durante la dictadura. Ese pasado quedaría librado a una memoria histórica escrita bajo el silencioso acotamiento de los militares. Ante la “grandeza de espíritu”, como fue calificada por el gobierno la declaración castrense, el sistema político debía tener “una respuesta de igual grandeza de espíritu”.
La ley de caducidad y el esfuerzo por preservar la impunidad y el desconocimiento de la verdad es la “grandeza de espíritu” de quienes se transformaron así en cómplices de las violaciones a los derechos humanos.
Si el entonces vicepresidente Tarigo admitía que “el país desgraciadamente se desvió de sus cauces institucionales en 1973” y que el Ejército no tuvo como punto de referencia la Constitución y la ley, no es exagerado afirmar que los personeros de la dictadura, encabezados por Bordaberry, constituyeron una asociación delictiva.
Pero esta es una lectura muy alejada de la que hacían quienes se acercaban a institucionalizar y darle el ropaje “legal” al desacato militar. Se veía entonces al pronunciamiento militar como “positivo” y se llamaba a “saber leerlo” y a descubrir sus entrelíneas.
El Frente Amplio decidió que el texto de los militares pasara a consideración de los sectores políticos y organizaciones frenteamplistas, al tiempo que reafirmaba la necesidad de acatar la Constitución, la ley y los pronunciamientos de la scj y sostenía que “ninguna torcida interpretación de los hechos históricos podrá desvirtuar la clara posición del Frente Amplio en oportunidad del acuerdo del Club Naval”, señalando que “nunca existió, ni expresa ni tácitamente, acuerdo alguno en materia de violaciones de los derechos humanos”. La izquierda advertía que los últimos hechos, entre ellos el pronunciamiento militar, eran signos de una operación política destinada a aprobar una forma de impunidad. Se entendía que el pronunciamiento militar no tenía carácter autocrítico y que, aunque lo fuese, ello no exoneraba de responsabilidad penal a los autores de violaciones de los derechos humanos.
Definidas las posiciones de los colorados y la izquierda, los blancos eran el fiel de la balanza. La expectativa era si serían capaces de mantener sus hasta entonces claras definiciones sobre la impunidad.
[1] Establecía que las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos entre el l-III-67 y el l-III-85, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones, o amparadas de cualquier forma por el poder del Estado, sólo darían mérito al enjuiciamiento de los responsables cuando: constituyeren los delitos de homicidio, lesiones gravísimas y violación; hubieren provocado la desaparición de personas; cuando configuraren supresión de estado civil, privación de libertad o sustracción o retención de menores, y hayan sido denunciados ante la justicia penal ordinaria antes del 22-IX-86. Según este proyecto se amnistiaban todos los delitos con la sola excepción de las denuncias formuladas en los 38 expedientes ya iniciados ante la justicia ordinaria.
[2] Este proyecto sólo introducía modificaciones de tipo procesal para que los autores de todas las violaciones de derechos humanos pudieran ser enjuiciados.
[3] Los oficiales generales del Ejército en retiro declaraban el 1-X-86: “(...) el grave riesgo que supondría la eventual aprobación de una ley que estimase a la democracia formal como un fin en sí a la que debería sacrificarse siempre todo otro bien jurídico o social, y que intentase evitar en el futuro el empleo de todos y cada uno de los instrumentos utilizados con éxito para combatir la subversión, exponiendo los habitantes del país a la indefensión y otorgando, en cambio, seguridades al movimiento subversivo marxista”.
[4] El contador Luis Mosca, el 7-IX-84, afirmaba: “Otorgamos nuestro más decidido apoyo a la conapro. Confiamos en que las buenas intenciones que motivaron su creación se materialicen en bases que adquieran la jerarquía de un acuerdo nacional (...) Si pasase a ser una mera declaratoria más, si tan sólo fuera un catálogo de buenas intenciones, el país seguirá envuelto en un halo de retórica mientras se agravan las dificultades internas y crecen las presiones externas”.
[5] Mensaje radiotelevisado del 28-VIII-86.
[6] Balbi, miembro del PCU es detenido el 29-VII-75 y conducido a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Dos días después le comunican a su esposa que el cadáver de Balbi está en el Hospital de las Fuerzas Armadas. El médico militar José Mautone diagnosticó como causa de muerte la “insuficiencia aguda cardio-pulmonar, originada por stress”. La denuncia penal motivó la formación de una junta de peritos. Los forenses del Poder Judicial sostuvieron que la autopsia “no revela elementos de patologías o enfermedades orgánicas crónicas o prexistentes”. Se deduce la “existencia de violencias traumáticas corporales”, afirman que los pulmones fueron sometidos a “violentos movimientos respiratorios” como los que ocurren en “la sumersión acuosa”. El cráneo revela una situación que “también se encuentra presente en casos de asfixia por sumersión”, lo que les “recuerda la práctica descrita vulgarmente como ‘submarino’”.
[7] Fechado el 20-XI-86, expresaba entre otras cosas que “en razón de las encontradas posiciones de las colectividades políticas respecto a la actitud a asumir en relación a los hechos vinculados al respeto de los derechos humanos y su trasgresión en el pasado en que detentaron el poder (...) sienten que todo el pasado signado por el desencuentro y la violencia debe quedar atrás y sólo estar presente en la memoria para que no se repita lo sucedido, bajo ninguna de sus formas (...) son conscientes y reconocen que cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad (...) se pierden los puntos de referencia (...) y que los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción u omisión, por lo que no puede ésta recaer en sus subalternos”. Manifiestan su “firme determinación y el compromiso de continuar velando por la conducta y el comportamiento de todos y cada uno de sus integrantes y por el afianzamiento de las instituciones democráticas, para forjar un futuro sin odios, de entendimiento, paz y esperanza”.