sábado, 26 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo I

Cuarta parte











“Nada debili­ta más a las instituciones que
la promesa vana del políti­co,
porque es luego la que regresa en ira popular
y en sentimientos de frustración.”
Julio María Sanguinetti 26-X-84

I


EL CLUB NAVAL


1984. Preparar al país para las elecciones de noviembre es la propuesta de los partidos habilitados. En un gesto hacia la izquierda, los dirigentes Sanguinetti, Pivel Devoto y Ciganda presentan ante la justicia un recurso de hábeas corpus en favor de Líber Seregni. El 18 de enero se hace un paro general y el pit es disuelto por la dictadura. Se implantan medidas prontas de seguridad. Los colorados consideran que el paro fue una medida inoportuna y entorpecedora del clima político. En febrero hay movimientos en las jerarquías castrenses. Rapela asume como ministro del Interior. Los militares inician contactos informales con dirigentes políticos. Los blancos reclaman la desproscripción de Ferreira Aldunate y la habilitación de todos los partidos, en tanto el colorado Enrique Tarigo acepta que las elecciones se hagan con las proscripciones de Ferreira Aldunate, Seregni y el Partido Comunista.[1] Los blancos analizan recolectar firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución que permita elecciones con libertad total. Salen de la cárcel el dirigente comunista José Luis Massera y posteriormente Líber Seregni. Se producen fuertes altercados entre blancos y colorados, superados luego con la intermediación de Seregni. En abril se realiza la primera reunión de la Multipartidaria. Se ratifica la proclama del Obelisco del 27 de noviembre y la voluntad de continuar trabajando por la democratización del país. El 16 de abril muere a consecuencia de la tortura Vladimir Roslik en el cuartel de Fray Bentos. Ferreira llega a Buenos Aires, mientras en Uruguay se comienza a juntar firmas para plebiscitar un proyecto de Constitución que restablece la vigencia de la carta del 67 e incluye amnistía, reposición de los destituidos y rehabilitación de todos los partidos. El 1º de mayo se realiza un multitudinario acto de los trabajadores. A mediados de mayo, con la ausencia de los blancos, la Multipartidaria analiza la propuesta de los militares. Cuando finaliza la recolección de firmas para plebiscitar el proyecto nacionalista, la dictadura sanciona el Acto Institucional Nº 15, que prohíbe el plebiscito.
El 7 de junio asume la jefatura del Ejército el general Hugo Medina y pasa a retiro el teniente general Aranco. El 16 de junio Wilson Ferreira y su hijo Juan Raúl Ferreira regresan a Montevideo y son detenidos en aguas jurisdiccionales uruguayas. Se realiza una manifestación en su apoyo y el Partido Nacional llama a la movilización por su libertad, comienzan manifestaciones y ayunos. El presidente Álvarez asegura que si no hay acuerdo no habrá elecciones. La Multipartidaria, en vísperas de un paro cívico, anuncia a los militares su voluntad de negociar. Los blancos se retiran de la Multipartidaria en señal de protesta. El 27 de junio se realiza el paro cívico con una enorme adhesión. Los militares aceptan la participación de delegados frenteamplistas en las negociaciones. El 6 de julio se inician las negociaciones en la sede del esmaco. Regresa del exilio Hugo Villar, candidato de la izquierda a la Intendencia de Montevideo en 1971. El Partido Colorado proclama la fórmula Julio María Sanguinetti-Enrique Tarigo. El gobierno aprueba varios actos institucionales por los que se aceptan algunas de las exigencias de los partidos. Continúan las negociaciones con la ausencia de los blancos. Se rehabilitan los partidos Demócrata Cristiano, Socialista y varios sublemas de la izquierda que participaron en las elecciones de 1971, y se desproscribe a sus candidatos. El 30 de julio las negociaciones continúan en el Club Naval. Los militares siguen negando la libertad de Wilson. A fines de julio solo quedan dos puntos en torno a los cuales no hay acuerdo: las atribuciones de la justicia militar y el alcance de los poderes de emergencia. Finalmente se llega a un acuerdo por el cual los militares dicen aceptar la propuesta de los partidos. El tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura no es tratado. Medina declara, al salir de la reunión, que “e1 Ejército sale con honor, como era nuestra esperanza” y sobre el revisionismo señala que “las Fueras Armadas no van a aceptar manoseos ni cosa que se le parezca”, acepta “la acción de la justicia contra los militares deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, ésos van a merecer nuestro más amplio respaldo”. El Partido Nacional se pronuncia contra el acuerdo alcanzado en el Club Naval. El 15 de agosto, el Acto Institucional Nº 19 recoge lo convenido entre los partidos y los militares. Se crea la Concertación Nacional Programática (conapro), en la que partidos y fuerzas sociales procuran encontrar acuerdos para la transición a la democracia. Los blancos resuelven ir a las elecciones con la fórmula sustitutiva de Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre. Culminan las concentraciones en la Plaza Independencia por la libertad de Ferreira. Llegan artistas uruguayos del exilio y comienza la “Semana de la cultura”, organizada por la Coordinadora de Trabajadores del Arte. El Frente Amplio proclama la fórmula Juan José Crottogini y José D’Elía. El general Guillermo de Nava rechaza cualquier posibilidad dc revisionismo sobre el proceder de las Fuerzas Armadas. Finaliza la intervención de la Universidad. La conapro emite una declaración suscrita por los integrantes de todas las fórmulas presidenciales comprometiéndose con el respeto a los derechos humanos, el regreso de los exiliados, el cese de las proscripciones, políticas de vivienda y salud, y solución a la situación de los destituidos. Las elecciones nacionales se realizan el 25 de noviembre y dan el triunfo al candidato colorado Julio María Sanguinetti. Días después es liberado Ferreira Aldunate, quien al llegar a Montevideo se compromete a asegurar la gobernabilidad del país.
* * *
La mayoritaria adhesión al paro general de enero, a pesar de las dificultades organizativas, las amenazas de Bolentini y las críticas de políticos blancos y colorados,[2] había sido expresión del profundo rechazo popular a la dictadura y el sentimiento masivo de que debía terminar ya.
La incorporación por parte del pit del reclamo de amnistía general en su plataforma, sumada a la labor de los familiares de presos y desaparecidos y el retorno de los exiliados permitieron que la bandera de amnistía general fuera levantada por sectores muy amplios de la población, que comenzaron a reclamar también castigo para los responsables de violaciones a los derechos humanos, y el desmantelamiento de los servicios represivos.
El año 84 había sido declarado por fedefam Año Internacional de Lucha contra la Desaparición Forzada. En ese marco, entre el 21 y el 27 de mayo se realiza la “Semana del desaparecido”, que incluye la visita al país de la presidenta de fedefam, Loyola Guzmán.
Los estudiantes, que se movilizaban bajo el lema “Por la derrota del autoritarismo en la enseñanza y democracia sin exclusiones ni tutelaje”, realizan la primera convención de asceep.
El regreso de artistas populares es también oportunidad de movilización popular. Unos 50.000 espectadores se reúnen en mayo en el primer recital de Los Olimareños después de su exilio.
Una marcha del Obelisco a la Universidad, convocada por la Intersocial, es reprimida el 3 de junio.
En apoyo a la huelga de hambre que hacía el militante tupamaro preso Adolfo Wasen, un grupo de personas de diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas inicia un ayuno en reclamo de amnistía general e irrestricta. Contará luego Tota que “en junio se organiza un ayuno por la amnistía y me invitan a participar y ahí me vengo a Uruguay y participo. Tuve que sacarme 10 años para poder participar porque los médicos decían que mayores de 60 no convenía y yo tenía ya casi 66”.[3]
(afude mientras tanto se había instalado en Argentina y desde allí realizaba sus actividades.)
La discusión en el Club Naval sobre los alcances de la justicia militar fue tensa. Los militares pretendían que cualquier hecho ocurrido durante la dictadura que diera lugar a un juicio fuera sometido a los tribunales castrenses. La oposición de los políticos y la intransigencia militar obligaron el 4 de julio a pasar a un cuarto intermedio. Al retomarse el tema, se acordó que en esta materia regiría plenamente lo establecido en la Constitución, que da competencia a la justicia ordinaria para juzgar las violaciones de los derechos humanos, sean sus autores militares, policías o civiles. Al finalizar esa reunión, la prensa le preguntó al comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina, si los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil. Contestó que sí. Habló además del respaldo institucional de las Fuerzas Armadas a la actuación individual de sus miembros. Al preguntársele si las Fuerzas Armadas aceptarían algún tipo de revisionismo, respondió que los hechos futuros contestarían a eso.
Desde el semanario Aquí, el 4 de noviembre del 84, el abogado demócrata cristiano Francisco Ottonelli manifiesta, refiriéndose a “El futuro papel de la Policía y el Ejército”, “la necesidad de desmontar un aparato represivo que constituyó uno de los ejes sobre los cuales actuó” el gobierno de facto. “Se trata –sigue Ottonelli– de un aparato que, bajo la inspiración de la doctrina de la seguridad nacional, comenzó a instrumentarse mucho tiempo antes de que se quebrara el orden constitucional a tal punto que el régimen gobernante usó en su acción elementos y datos prolijamente preparados y archivados en tareas tales como (para poner solo un ejemplo) las discriminaciones de personas en categorías A, B y C.”
Desde el Partido Nacional Zumarán reclamaba la elección de un gobierno provisorio, ya que “el gobierno surgido del pacto no tiene bases de legitimidad como para sostenerse durante cinco años”. Desde la izquierda, Seregni sostenía que el país tenía problemas “demasiado graves” y que “se precisaba de todas las fuerzas como para distraer la atención para nuevas elecciones”.
En setiembre el sijau organiza en Buenos Aires el seminario “Uruguay y Paraguay, del estado de excepción a la transición democrática”, en el que Tota interviene, en nombre de afude, exponiendo sobre “Los desaparecidos y la situación de los derechos humanos”.
La mayoría de los conceptos que allí expuso, referidos al proceso que se estaba dando en Uruguay, mantuvieron durante muchos años una validez indiscutible. En ellos se encuentran las ideas básicas de la lucha por la profundización de la democracia.
Tota comienza diciendo que “el debate abierto en torno al proceso de transición que vivimos, los aprestos para la campaña electoral de las elecciones que se avecinan y el posible advenimiento de la democracia –que todos los uruguayos anhelamos reconquistar– parecieran que dejan en la oscuridad la época más angustiosa que nos ha tocado vivir bajo la dictadura”. Advierte que aunque la represión “hoy no actúa con la misma intensidad que hace escasos meses, los efectos de ese período, aun más la persistencia de la violación de los derechos humanos se mantiene vigente, (...) las secuelas más graves de su accionar siguen dolorosamente vigentes, y la soberbia e insolencia con que los militares hablan de nuestro presos, de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, no nos garantiza que su furor genocida no se desarrolle nuevamente cuando su doctrina de la seguridad nacional así se lo indique, en todo su potencial”.
Luego se refiere a las presiones recibidas por periodistas que habían publicado testimonios de presos políticos que una vez liberados denunciaban torturas y las condiciones de vida en el penal de Punta de Rieles. Agregaba Tota que “los presos gravemente enfermos siguen muriéndose en las cárceles del régimen ante la indiferencia más absoluta de éste”, y preguntaba: “¿Y que ocurre con el tema de los desaparecidos? Su respuesta es la misma que podríamos dar hoy, 19 años después: “Los militares siguen sin reconocer su existencia ni su responsabilidad sobre ellos. Ninguna respuesta, ningún indicio que nos permita encontrarlos o iniciar una investigación seria de lo ocurrido”.
Más adelante, luego de dar la cifra de los desaparecidos “más de 160 desaparecidos en Uruguay, Argentina y Paraguay”, y de hacer especial mención a los niños, Tota reflexiona sobre la importancia de la unidad. “Los momentos más intensos de la lucha en nuestro país se dieron cuando todos los sectores de la oposición enfrentaron al régimen. La concertación de fuerzas que resultó entonces efectiva para conquistar espacios de libertad se sigue practicando aunque no con la misma solidez y contundencia que hubiéramos deseado. Creemos que aún es tiempo de mayor lucha y unidad de fuerzas. Como hemos visto, falta mucho para conquistar todavía.”
Luego se refiere a las instancias de concertación reclamando lo que será su objetivo irrenunciable durante el resto de su vida: “pedimos que se incorpore centralmente el tema de los desaparecidos, el reclamo hoy de aparición con vida e investigación de lo ocurrido. Este no es un tema que pueda soslayarse por consideración política alguna, como no lo son las libertades esenciales que aún siguen faltando en nuestro país. Pedimos también el compromiso, para que este tema sea uno de los temas centrales de la democracia que aspiramos pronto conquistar. Y que en ésta se activen todos los mecanismos aptos para la investigación y el juicio y castigo a los culpables de estas aberrantes violaciones de los derechos humanos”.
Luego responde a uno de los argumentos que hasta hoy se reitera para defender la impunidad: “No se interprete con esto que pedimos revancha. Como decía una madre integrante de nuestro grupo ‘no pedimos que se secuestre, torture y desaparezca a los represores de estos años’. Simplemente pedimos justicia, de verdad y efectiva. Que se actué con la severidad que los crímenes de lesa humanidad que han cometido exigen. Esta será una de las garantías de que lo ocurrido no nos ocurra más, que esta expresión no sea una mera expresión de deseos y que las nuevas generaciones que surjan, plenas de nuestra tradicional vocación de justicia y dignidad, no pasen por el mismo holocausto por ser consecuentes con su pensamiento”.
Como no podía ser de otra manera, Tota termina reflexionando sobre una práctica a la que nunca renunciará: “Es este un tiempo complejo donde la solidaridad nos sigue haciendo falta. Nada nos indica que, pasado este tiempo llamado de transición, en nuestro país debamos bajar los brazos en pos de nuestro reclamo por la amnistía y el encuentro de los desaparecidos. Nada nos indica que hoy no debamos incentivar la lucha en ese sentido. En cambio, sí sabemos que la consolidación de un verdadero proceso de apertura depende de la genuina vocación democrática y libertaria de quienes luchan por ella. Y que los grandes y graves padecimientos de nuestro pueblo no sean dejados de lado un solo momento. Sabemos también que la consolidación de una verdadera democracia dependerá de la conquista de absolutamente todas las libertades que nos fueron arrebatadas durante estos once años, y de la aplicación de la justicia y castigo a los responsables de crímenes y atropellos contra nuestro pueblo durante el tiempo de dictadura. Por ello nuestro compromiso es con la amnistía general e irrestricta y el esclarecimiento de lo ocurrido con nuestros hijos desaparecidos”.
El 17 de noviembre de 1984, Elena no pudo saber que Adolfo Wasen, el padre de aquel niño con quien ella jugaba en las visitas a su madre en la cárcel de Cabildo, fallecía luego de largos años de prisión.
[1] Manuel Flores Silva critica severamente a Tarigo por esa actitud.
[2] Jorge Batlle, Enrique Tarigo, Gonzalo Aguirre y Bernardo Pozzolo llaman a no adherir al paro. Pozzolo declaraba “desde un sector se está estimulando a lanzarse al caos. Si se ha esperado once años, ¿por qué no esperar unos meses más?”. Aguirre dijo: “Este gobierno ha dado pruebas de que no hay manera más segura de no conseguir lo que se pretende que reclamárselo o exigírselo públicamente”.
[3] Martínez, I. Op cit.

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