jueves, 24 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo III

III

LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Cuando la prensa montevideana publica, en mayo de 1985, versiones acerca de la muerte de Elena, Tota redacta inmediatamente y hace público un comunicado.
Expone allí elementos de prueba y documentos que, aunque incompletos, son suficientes para hacer una investigación seria. “Los familiares de detenidos desaparecidos no estamos dispuestos a aceptar ninguna versión sobre el destino de nuestros hijos que no sea la que resulte de una investigación seria. No compartimos, en ese sentido, la divulgación de datos que no hayan estado sometidos al debido análisis. No fue y no será ese nuestro camino.”[1]
Un mes después la Comisión Investigadora sobre Personas Desaparecidas y Hechos que lo Motivaron recibe a Tota, quien denuncia el caso de Elena.[2]
En junio, el senador Germán Araújo se presenta por iniciativa propia a prestar declaraciones ante el juzgado donde Tota había presentado la denuncia de la desaparición de Elena. Allí afirma que una de las personas que ingresó al predio de la embajada de Venezuela sería un integrante del Departamento Nº 5 de Inteligencia, junto a la soldado María Severo. Ese mismo día declaran Alberto Grille, Diego Mattos y Gustavo Alsina.
Dos días después presta declaraciones ante el mismo juzgado la esposa de “Cacho” Bronzini.
El diputado Lorenzo Rovira, por su parte, presenta denuncia penal contra el ex presidente Bordaberry, el ex ministro Walter Ravena, el general Hugo Chiappe y el brigadier Pérez Caldas como responsables del golpe de Estado.[3]
Los familiares de los ex legisladores Gutiérrez Ruiz y Michelini presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (scj), que se sumó a otros ocho, impugnando la integración de dos conjueces militares en las contiendas de competencia. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el asesinato de los ex legisladores había remitido sus resultados a la justicia penal, ante la cual la justicia militar había reclamado competencia, al igual que en las otras denuncias penales El recurso impugnaba que conjueces militares integraran la Suprema Corte de Justicia, órgano que debería resolver la contienda de competencia. Esa integración de la scj era considerada inconstitucional.
Prestan declaraciones ante la justicia el 1 de julio Nilka Gladys Regio de Gutiérrez, Ruben Pedro Bronzini y Ana María Saldaña de Fernández.[4]
En agosto se encuentra en el cementerio de Maldonado una tumba con restos no identificados que habrían sido inhumados el 12 de abril de 1977 por orden de la Prefectura de Maldonado.
Durante ese mes es particularmente activa la actuación judicial en el expediente en el que el juez Dardo Prezza investigaba la denuncia de 26 casos de desaparecidos en 1976 en Argentina en el marco de la acción represiva contra el pvp.[5] La actividad culmina con el libramiento de la orden de detención contra José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y María del Pilar Nores, por el juez al jefe de Policía de Montevideo, coronel (R) Darío Corgatelli. Aprehendida Nores, declara el día 4 ante el juez y es careada con Sara Méndez. Se ordenan nuevos careos entre Nores y los demás testigos. La acusada presenta luego un escrito donde dice clarificar sus anteriores declaraciones.
Las órdenes de captura contra los dos militares tienen un destino diferente. Una vez recibidas por el jefe de Policía, éste las envía al ministro del Interior.
Mientras quedan retenidas en el Ministerio, el gobierno de Sanguinetti ordena que se reclame ante el juzgado la competencia de la justicia militar para entender en este caso.
En momentos en que participaba en un acto del sindicato de funsa, muere de un ataque al corazón el militante Washington Pérez.[6]
El Juzgado Penal de 1º Turno, donde se denunció el secuestro de Elena, había pedido al Ministerio de Defensa que le informara qué juzgado militar estaba de turno cuando ocurrió el secuestro, y que se le enviaran los antecedentes allí existentes. El 12 de noviembre, el Ministerio de Defensa Nacional responde que el 28 de junio de 1976 estaba de turno el Juzgado Militar de Instrucción de 4º Turno, pero que no existía allí antecedente alguno.
En la Cámara de Diputados, en tanto, la comisión que investigaba las desapariciones seguía recibiendo testimonios e informaciones que le permitieron afirmar a Víctor Vaillant, uno de sus integrantes por el Partido Colorado: “Existe una íntima relación entre los casos de ciudadanos desaparecidos en Uruguay y Argentina (lo que) permite dar por comprobadas las desapariciones, que responden a un mismo nivel de decisión y presentan elementos que las conectan”.[7]
En octubre se dan los últimos pasos para finalizar la labor de la investigadora parlamentaria. Según el proyecto de documento de los once legisladores que la integraron, los hechos ocurridos en Uruguay fueron algo más que simples delitos. Se trató de crímenes de lesa humanidad. Se descontaba, por tanto, que una vez discutido por el plenario, el voluminoso legajo sería enviado al Poder Judicial para que éste entendiera en las graves responsabilidades comprobadas de gobernantes civiles y militares y de funcionarios administrativos, técnicos y diplomáticos del régimen de facto. La comisión admitía –según informes de prensa que adelantaban el contenido del documento– que el país enfrentaba una situación sin precedentes, “que va más allá, incluso, del propio juicio y castigo de los culpables materiales –que sin duda llegará– y que es la definición jurídica de las personas en calidad de desaparecidas. Tal vez sólo los directamente responsables tienen la respuesta que ninguna legislación podrá sustituir jamás, y ello, sin duda, será el mayor estigma que llevarán el resto de sus días y quedará asociado a sus nombres por siempre. Sólo por esa terrible señal les reconocerá la historia”.
También trascendía que uno de los puntos controvertidos era la participación de personal militar uruguayo en operaciones de secuestro y desaparición de uruguayos en territorio argentino.
Pero un aspecto importante que el trabajo de la comisión permitió detectar fue la llamada responsabilidad “subsidiaria”, que surgía de la omisión o la negligencia de funcionarios civiles y del cuerpo diplomático en algunos casos. Tanto la cancillería como el personal diplomático involucrado en casos de secuestros-desapariciones tuvieron una actuación por lo menos omisa. En el caso de la embajada uruguaya en Argentina, durante un largo período, y en la representación frente a los comités de derechos humanos de la onu y la oea, las responsabilidades fueron más allá de la simple omisión para –pasando por la irresponsabilidad– alcanzar el grado de complicidad. El personal diplomático aparece involucrado en muchos de los casos investigados y debe ser aclarada la responsabilidad administrativa de los representantes uruguayos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, sin perjuicio de otras responsabilidades jurisdiccionales.
El informe final de la investigadora parlamentaria no conforma a las organizaciones de derechos humanos, que lo critican y plantean “serios reparos”. Efectivamente, el serpaj, el ielsur y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una declaración conjunta suscriben estas objeciones: En primer término, indican que la comisión “actuó como mera receptora de testimonios”, absteniéndose de visitar los lugares descritos y de interrogar a los acusados, ni siquiera a “aquellos mencionados por decenas de testigos y considerados implicados por la propia comisión”. En segundo lugar, sostienen que el secreto del trámite, si bien “es comprensible y deseable en tanto dura la investigación, no lo es para el informe final”. Por último, califican de arbitrario y contradictorio con los demás numerales el punto 6 del informe final en que se establece que “La comisión no puede concluir que estas irregularidades sean imputables a decisiones orgánicas”. Al respecto, señalan varios ejemplos que muestran la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en los delitos investigados. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que “es imposible pensar que en una institución con estructura orgánica rigurosamente jerarquizada, como las Fuerzas Armadas, se den estos hechos sin autorización ni conocimiento de los mandos”. Concluyen afirmando que “el Parlamento está dejando pasar la oportunidad de señalar un hecho muy importante para la vida futura del país: la necesidad impostergable, para consolidar la democracia, de sanear a las Fuerzas Armadas como institución”.
El presidente Sanguinetti, en sus viajes al exterior, empezará a desarrollar el doble discurso que lo caracterizará en su posterior vida política. En diciembre, cuando se encontraba en Italia, hablaba de “comprensión hacia los militares”, agregando: “Esto no significa una amnistía también para ellos. Si alguno presenta las pruebas de un acto criminal cometido por un militar, el militar será procesado”.[8]
A principios de diciembre, el sijau realiza en Montevideo un coloquio internacional de juristas sobre el tema “Amnistía, condición para la democracia en Paraguay”. Esa actividad, a partir de la cual el sijau instala oficialmente el sijadep,[9] dio pie para que dos dirigentes políticos hicieran importantes pronunciamientos. El entonces senador Alberto Zumaran manifestaba: “Se cierra el caso uruguayo y esto nos produce una gran alegría. El cierre del caso por el sijau significa que sobre todo somos nosotros quienes tenemos la principal responsabilidad en mantenernos atentos y vigilantes por violaciones que puedan sobrevenir y también para terminar una obra que sabemos que todavía en el Uruguay no se ha terminado, en donde el esclarecimiento inicial de los casos de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura está todavía muy lejos de ser obtenido. Y creo que ahí tenemos todos que poner un empeño muy especial para que esta democracia reconquistada no tenga la mancha de que no puede llegar a descubrir la verdad de todos estos casos. (...) Parece inconcebible que algunos puedan pensar que una democracia va a fortalecerse, va a durar, sin esclarecer esas cosas o tapándolas, porque parecería que, justamente, el más grave riesgo que tiene la democracia uruguaya, es precisamente que no termine de limpiar este pasado oscuro que pesa sobre todos los uruguayos”.[10]
Dijo Ferreira Aldunate: “Yo presencié la formación del sijau. Hasta recuerdo que se inició con una discrepancia que yo señalé a Jean Louis, a Artucio, a los que iniciaban esta tarea tan hermosa. Yo les dije que no me parecía oportuno hablar de amnistía en el Uruguay, me parecía que había que hablar de amnistía en los casos en que un remedio jurídico pretendía enmendar una situación de enfrentamiento, de conflicto, que había recibido el tratamiento del régimen jurídico hasta entonces vigente. Y me parecía que en el Uruguay no era tal la situación, que simplemente había que abrir las puertas de las cárceles, porque no había ningún preso que estuviera en la cárcel por el cumplimiento de disposiciones legales o por la aplicación de las formalidades del derecho”.[11]
Años después, Tota dirá que entonces creyó en esas palabras, así como en su prédica en torno a la necesidad de la justicia. Poco después, sus actitudes no serán consecuentes con sus afirmaciones. “A Wilson yo no le perdoné esa actitud ni se la perdonaré. Tanto es así que siendo yo ya edil se le hizo un homenaje póstumo en la Junta y todos los grupos políticos fueron y hablaron. Yo, antes de ir a la sesión, llamé a los blancos y les dije que no hablaría porque para mí Wilson, con la ley de impunidad dejó de ser el Wilson que había conocido”. Cuando Ignacio Martínez, ante quien hablaba, le dice que a veces la muerte perdona a las personas, Tota es categórica: “Puede ser que las perdone pero yo no perdono esas actitudes porque mis principios son más fuertes que la muerte, ¿no?”.[12]
[1] Comunicado de fecha 9-V-85, firmado por Tota Quinteros.
[2] La comisión estaba integrada por los diputados Mario Cantón, Elías Porras Larralde, Oscar López Balestra, Alfredo Zaffaroni, Edison Zunini, Edén Melo Santamarina, Nelson Lorenzo, Víctor Cortazzo, Hugo Granucci, Víctor Vaillant y Edison Rijo.
[3] Esta causa, a pesar de incluir a dos civiles será, posteriormente, archivada también por imperio de la ley de caducidad.
[4] Ex policía militar femenina que denuncia la participación de otras integrantes de ese cuerpo en el secuestro de Elena.
[5] Declaran las denunciantes Milka González de Prieto, María Esther Gatti de Islas, María Irma Hernández, Ademar Nelson Recagno Lema, Luz Ibarburu de Recagno, Asunción González Souza, y como testigos María del Carmen Martínez Addiego, Beatriz Castellonese de Mechoso, Jorge Raúl González Cardozo y Sara Méndez.
[6] Pérez había sido secuestrado en varias oportunidades en 1976, cuando los militares realizaban un intento de extorsión sobre Gatti y Duarte en Orletti.
[7] Declaraciones a Brecha, 18-X-85.
[8] Búsqueda, 27-XII-85.
[9] Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en Paraguay.
[10] Ibíd.
[11] sijau. Paraguay un desafió a la responsabilidad internacional, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1986.
[12] Martínez, I. Op cit.

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