miércoles, 23 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo IV

IV

LA AMENAZA MILITAR

1986. Aunque no habían prosperado las ideas de conformar el llamado “partido militar”, en el Parlamento algunas fuerzas políticas integrantes del Partido Colorado desempeñaban ese papel. Uno de los líderes de esos grupos, el ex presidente Pacheco Areco, reclamaba desde Paraguay la aprobación de una amnistía para militares y policías. La política de ascensos en las Fuerzas Armadas empezaban a generar diferencias, ya que fracasaron, por la oposición del Frente Amplio y el Partido Nacional, los ascensos de los brigadieres Carlos Pache y Rafael Orique. Se aprueban modificaciones a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se modifica el concepto de seguridad nacional, se elimina la Junta de Oficiales Generales y se da mayor discrecionalidad al poder político para el nombramiento de los generales. En mayo, el Directorio del Partido Nacional propone que la Asamblea General discuta las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. Para ganar tiempo y encontrar una solución política a los juicios que ya se habían presentado ante la justicia ordinaria contra algunos militares, el presidente Sanguinetti había impulsado la interposición de contiendas por parte de la justicia militar, que reclamaba su propia competencia en estos juicios. Al conmemorarse el Día del Ejército, el colectivo militar se expresa al respecto. Medina se pregunta si la ley de pacificación nacional aprobada el año anterior, que había dado la amnistía a los presos políticos,[1] había sido ecuánime al excluir a los militares. Pocos días después, en una cena con los oficiales generales en actividad, Sanguinetti afirma que su política busca la reinserción de las Fuerzas Armadas en las instituciones del país, “sin que ello se vea afectado por los planteamientos del pasado relativos al gobierno de facto”. Al mismo tiempo, busca acuerdos con el Partido Nacional, que plantea la necesidad de un entendimiento nacional en torno al tema. Por su lado los militares, ante la inminente acción de los tribunales civiles, hacen trascender que aceptarían una amnistía, cambiando su posición tradicional de no aceptarla, lo que implicaba un reconocimiento de la existencia del delito.[2] Seregni y Ferreira Aldunate consideran que una eventual amnistía sería posible luego de la aclaración de los hechos delictivos. Los principales líderes de todas las fuerzas políticas, acordando la necesidad de encontrar una “salida política” al tema, deciden integrar una comisión de juristas para analizar el tema. El Partido Colorado anuncia su decisión de enviar al Parlamento un proyecto de amnistía para los militares,[3] mientras que 17 generales retirados sostienen en un comunicado que no renuncian a asumir la responsabilidad “que el ejercicio del mando impone a todo militar”. El Partido Nacional, por su parte, presenta un proyecto que da competencia a la scj en la instrucción de las causas de homicidios, lesiones gravísimas, violación y desaparición de personas, que finalmente también será rechazado.[4] En los primeros días de octubre, los generales declaran su rechazo a ser sometidos a la justicia ordinaria en el caso de aprobarse el proyecto nacionalista, y las seis instituciones sociales de las Fuerzas Armadas se pronuncian contra la revisión de lo sucedido y a favor de la amnistía. Blancos y colorados se reúnen con militares y analizan la decisión de éstos de no presentarse a la justicia. En la última reunión los militares proponen redactar un documento de autocrítica.[5] Ferreira Aldunate les anuncia que él encontrará una solución para el problema. El Directorio del Partido Nacional aprueba en diciembre el anteproyecto de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se presenta al Senado. El Parlamento sanciona la ley de caducidad, clausurando la posibilidad de enjuiciar a los militares por violaciones a los derechos humanos. Un día después el Senado remueve de su cargo al senador Germán Araújo.

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El receso judicial de enero de 1986 dejó pendiente la decisión de la Suprema Corte de Justicia integrada[6] sobre la contienda de competencia entre jueces civiles y militares. Del resultado de ese partido, que se jugaba en el Poder Judicial, dependía qué clase de justicia tendría Uruguay.[7] En el ámbito parlamentario, otro receso había dejado pendiente una iniciativa de los senadores Hugo Batalla (Frente Amplio) y Alberto Zumarán (Partido Nacional) que pretendía hacer cumplir el acuerdo que en octubre del 84 había alcanzado la conapro: la creación de tribunales de apelación que garantizaran juicios “absolutamente imparciales y ceñidos estrictamente a derecho”.[8] Solo si el Parlamento se expedía favorablemente antes de la decisión de la Suprema Corte, el reclamo de competencias se desactivaría.
Las declaraciones de Sanguinetti en cuanto a que “debemos actuar cuidadosamente y con cautela. El futuro importa mucho más que el pasado. Lo esencial es reafirmar la estabilidad de las instituciones democráticas. Discusiones sobre estos tópicos, que todavía son dolorosos, pueden no ser la mejor contribución que podamos hacer a la estabilidad”,[9] eran parte de no muy veladas presiones que advertían que los militares seguían constituyendo un poder detrás del sillón presidencial. Esa prédica hacía temer a las organizaciones de derechos humanos que la Suprema Corte fallara a favor de la justicia militar.[10]
A esa altura, Gavazzo, Cordero y Maurente se habían negado a declarar ante la justicia, lo que se sumaba al desconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la orden de detención librada por el juez Dardo Preza. La Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, defendiendo la independencia del Poder Judicial, exigieron que las órdenes de detención fueran cumplidas. En la vecina orilla, el cels solicitaba ante la justicia federal argentina el procesamiento de los militares uruguayos Gavazzo, Silveira y Cordero y del comisario Campos Hermida, en una causa promovida por Enrique Rodríguez Larreta.
Culminada la feria judicial se seguían presentando ante la corte recursos de inconstitucionalidad contra la integración de conjueces militares.[11]
Líber Seregni, por su parte, manifestaba: “Tenemos ciertos principios que son irrenunciables, y el problema de los derechos humanos y el de la justicia es un principio esencial”. Tota pudo haber pensado entonces que sus palabras en el seminario sobre la transición realizado en Buenos Aires, al menos en la izquierda, habían sido atendidas.[12]
La comisión investigadora sobre personas desaparecidas, de Diputados, que en su proyecto de informe final manifestaba que los desaparecidos “están fallecidos como consecuencia del trato brutal a que fueron sometidos”, lo retira ante la oposición de las organizaciones de derechos humanos.
También se radican denuncias en los juzgados referidas a asesinatos ocurridos en dependencias militares.[13]
El 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el Congreso Obrero Textil (cot) coloca en su local sindical una placa que dice: “A la maestra. Al papel de la mujer en la resistencia, simbolizado en su nombre: Elena Quinteros”.
Para el 12 de abril de 1986 se esperaba la visita a Uruguay del presidente venezolano Jaime Lusinchi. Tota hace pública una información relativa a los compromisos asumidos por ambos gobiernos con relación al caso de Elena y el 9 de abril se reúne por segunda vez con Sanguinetti.
Al salir de la entrevista, Tota dijo sentirse “completamente defraudada”. No era para menos, Sanguinetti le había manifestado que el gobierno esperaba una resolución judicial sobre el caso. Con respecto a Lusinchi, el Ejecutivo le presentaría todos los avances realizados en la investigación. Sanguinetti le había reiterado, además, su opinión de que los problemas vinculados con los militares debían ser resueltos por la justicia militar. Se proponía, por tanto, entregar a los propios autores la investigación de los delitos por ellos cometidos.
Próximamente, la scj, integrada con dos conjueces militares, debería resolver las primeras contiendas de competencia entabladas por la justicia militar frente a denuncias de delitos presuntamente cometidos por dependientes de las Fuerzas Armadas.
La trascendencia de la resolución no escapaba a Tota ni a las organizaciones de derechos humanos. Si bien la dilucidación se haría en la sede del Poder Judicial, el Ejecutivo tenía mecanismos suficientes para lograr que la sociedad civil no pudiera develar las acciones del terrorismo de Estado. No estaba la novel democracia uruguaya frente a un fallo judicial sin importancia, por el contrario, su resultado tendría dilatada trascendencia, y de ello eran conscientes tanto víctimas como victimarios. Las conclusiones a que habían arribado los tribunales de apelaciones que revisaron la actuación de la justicia militar con los presos políticos, constataban mayúsculas ilegalidades. La forma en que la justicia militar había tratado la vida, el honor y la libertad de los uruguayos no dejaba dudas acerca de que su accionar “juzgando” a los militares no sería más que una parodia.
Del colectivo militar no podía esperarse otra cosa que ese reclamo de competencia para asegurarse la impunidad. Lo grave era que la posición militar fuera acompañada por el titular de un gobierno democrático. Sanguinetti sabía que los tribunales militares eran órganos sometidos a jerarquía, a las órdenes de mandos inspirados en la ideología de la seguridad nacional.[14] El Poder Ejecutivo sostenía que Uruguay no necesitaba un juicio público, como Argentina, ya que en el país no había pasado nada o, si algo había sucedido, no había sido tan grave como en Argentina. Ese contrapunto del horror, en que se comparaba lo vivido en el país durante la dictadura con el horror ajeno, intentaba justificar que nos conformáramos con el nuestro.[15]
En Montevideo, al ser preguntado el presidente venezolano por el caso de Elena, declaró que esperaba de las autoridades judiciales uruguayas un juicio esclarecedor.
En el mismo mes de abril, la consideración a nivel parlamentario y de la justicia del asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz produjo importantes novedades. Fueron remitidas a la justicia y al Poder Ejecutivo las últimas actuaciones de la comisión parlamentaria que investigaba el caso, con datos aportados por una testigo presentada por el entonces diputado frenteamplista Yamandú Fau.[16]
Como le había anunciado Sanguinetti a Tota, en la entrevista de abril, la información enviada por la comisión investigadora fue efectivamente remitida a la justicia militar, que se declaró competente cuando eso aún no había sido resuelto por la scj. La decisión, cumplida por el ministro de Defensa Vicente Chiarino, contó con el aval del Ejecutivo. Al tiempo que se pasaban los antecedentes a la justicia militar, Sanguinetti ofrecía a las viudas de los dos legisladores una pensión graciable.[17]
Paralelamente, al reclamo de competencias por parte de la justicia militar, se desarrollaba desde ámbitos castrenses una presión fuerte para poner punto final a las investigaciones. Esta presión necesitaba tiempo, lo que se lograba con los trámites ante la Suprema Corte, con los reclamos de competencia. Por otra parte, en el caso de un testigo fundamental como Haydée Trías, la actuación que con inusual celeridad empezó a desarrollar el coronel Ramírez, juez militar de Instrucción de 3 Turno, citando en forma compulsiva a la testigo, operaba como elemento disuasorio para eventuales futuros testigos. Mientras tanto, desde otro ámbito, los legisladores colorados impedían que el ministro de Defensa fuera convocado a dar explicaciones sobre esos hechos.[18]
Sanguinetti seguía tras el mismo objetivo desde que asumió la titularidad del Ejecutivo: asegurar la impunidad de los militares.
[1] Conviene puntualizar que si bien todos los presos políticos fueron liberados, la amnistía no los comprendió a todos. Los acusados de “delitos de sangre” fueron excluidos de la misma y pasaron a la justicia penal ordinaria.
[2] La posibilidad de aceptar una amnistía es fuertemente resistida por el sector de las Fuerzas Armadas nucleado en torno al Círculo Militar.
[3] Remitido el 29-VIII-86, es rechazado por el Senado un mes después.
[4] En la Cámara de Senadores, el 7-X-86.
[5] El 20-XI-86 los comandantes en jefe de las tres armas envían un documento al presidente en el que reconocen “haber perdido los puntos de referencia”.
[6] La formaban los civiles Rafael Addiego Bruno –que ocupó los máximos cargos judiciales durante la dictadura y fue presidente de la República tras la renuncia de Álvarez– Jacinta Balbela de Delgue, Nelson García Otero, Nelson Nicoliello y Armando Tomassino, y Jorge Borad, brigadier general (R) de activa participación en la dictadura, y el coronel (R) Manuel Pagola.
[7] El coronel Néstor Bolentini, en un curso de historia en el Instituto de Estudios Históricos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1977, sostenía que “la justicia militar no hace justicia; sus jueces son auxiliares y asistentes de la Fuerzas Armadas en operaciones. Constituye un punto vital del control estratégico del estado de guerra”.
[8] En octubre del 84 los partidos Colorado, Nacional, Frente Amplio y Cívico se habían comprometido con el “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos” y establecieron que “constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales”. Agregaba: “Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos”, y concluía que “sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
[9] A la revista Newsweek.
[10] En sentido contrario pesaba el hecho de que en 1974 la muerte por torturas de Hugo de los Santos, en una unidad militar, había sido objeto de una similar contienda de competencia y, en ese caso, la Suprema Corte resolvió que la competencia era de la justicia civil.
[11] En febrero se presentan dos recursos en las causas por los desaparecidos Luis Eduardo González González y Juan Manuel Brieba.
[12] En esa oportunidad Tota había dicho: “Pedimos que se incorpore centralmente el tema de los desaparecidos, el reclamo hoy de aparición con vida e investigación de lo ocurrido. Este no es un tema que puede soslayarse por consideración política alguna.”
[13] La viuda de Álvaro Balbi, muerto por torturas en 1975, presenta denuncia del caso ante el juzgado penal de 6º Turno.
[14] El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Adolfo Gelsi Bidart, sostuvo en una mesa redonda que: “la conciencia de la humanidad afirma el principio de la igualdad entre todos los hombres y no admite la existencia de una justicia separada para una profesión determinada. Por eso, la justicia militar debe suprimirse”.
[15] Un pensamiento similar subyace en la actitud de la Comisión para la Paz cuando establece categorías de desaparecidos según hayan desaparecido en Uruguay o en otro país.
[16] La enfermera Haydée Trías aseguró que llegó acompañada por otra mujer al domicilio del teniente cì¥Á9
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[18][18][18][18] l de la comisión investigadora ante el juez Eduardo Lombardi por violación del secreto de sus actuaciones.

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