miércoles, 23 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo V

V

EMPIEZAN A CADUCAR LAS INSTITUCIONES


Así como los familiares de desaparecidos, los organismos de derechos humanos y una parte muy grande de la sociedad uruguaya, Tota no podía sospechar, durante el mes de mayo, el vuelco que daría poco tiempo después un sector muy importante en la lucha contra la dictadura: el Partido Nacional. Por esos días, Ferreira Aldunate escribía en La Democracia: “Pero sí hay y debe haber lugar para la justicia. Los uruguayos tienen derecho a saber lo que ocurrió, a conocer quiénes lo hicieron, y cómo y por qué lo hicieron, porque nadie tendría derecho a ocultarles la verdad. Porque sí, porque ése es el más elemental de sus derechos, pero también por la necesidad que el país tiene de ir cicatrizando las heridas que dejaron doce años de desprecio por los derechos y la dignidad de los orientales. Y como todas las heridas, éstas se infectan y supuran si no se ventilan y exponen a plena luz. Por desdicha, todo muestra que existe hoy, en determinados centros de decisión, el deliberado propósito de impedir la búsqueda y revelación de la verdad”.[1] Y agregaba días después: “Hay algo de lo que no dudamos nosotros ni nadie puede dudar, y es que pase lo que pase, transcurra el tiempo que transcurra y sea cual fuere nuestro destino, olvidaremos muchas cosas y hasta perdonaremos algunas, pero esta deuda, la que tienen con la patria, sí, pero también con nosotros, conmigo, los asesinos de Zelmar y el Toba, tiene que ser pagada y se va a pagar”.[2] Pero no era solo Wilson quien se expresaba en ese sentido Un prestigioso jurista del Partido Nacional, que años después abogaría por la impunidad de Juan Carlos Blanco, escribía: “Aunque nunca debe decirse ‘de esta agua no he de beber’, que quede en claro, por lo menos, que con mi voto no contarán para extender un inadmisible ‘perdona tutti’ a los responsables de tanto atropello”.[3] Los hechos posteriores mostraron que Gonzalo Aguirre tuvo sed, y que la calmó.
Para fundamentar su postura de dar una solución política y no jurídica al problema del enjuiciamiento a los autores de delitos de lesa humanidad, Sanguinetti manifestaba en junio que “hoy no hay posibilidad de tener un sereno juicio de la justicia”. La scj, en respuesta, emitió un comunicado diciendo que “pese a las dificultades procesales y materiales que enfrenta, el Poder Judicial se ejerce con plena independencia de sus magistrados”.
Más de 200 familiares, integrantes de organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, religiosas, estudiantiles y políticas participaron el 21 de junio en el encuentro nacional sobre “Desaparecidos: verdad, justicia y democracia”, convocado por la fedefam. En nombre de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, Amalia González dijo: “Aquí lo que amenaza la paz en este momento, en este país, no es la verdad, no es la justicia, sino lo que está amenazándola es la supervivencia de la impunidad (...) es el temor lo que, en definitiva, está aconsejando la amnistía. Esta amnistía (la que se propone para los responsables de delitos de lesa humanidad) no le va a dar paz al pueblo, sino, por el contrario, va a mantener la amenaza de la pérdida de la paz, la amenaza de la violencia, al supervivir la impunidad vigente”. También en relación a la necesidad de no restringir el problema de los desaparecidos al ámbito de los familiares de las víctimas, se expresaba: “Esto no es sólo un problema de los familiares y amigos de las víctimas; entendemos que la agresión fue social y que la sociedad toda tiene que asumir el problema de los desaparecidos como propio, como lo han hecho ya grandes sectores que han adherido a la necesidad de que haya verdad y justicia”.[4] Con relación a los resultados de la comisión investigadora parlamentaria se decía: “La investigación (...) fue valorada negativamente, aunque con salvedades. Su labor se limitó a la recopilación de testimonios que, en su mayoría, habían sido reunidos por los organismos de derechos humanos, no avanzando más en la investigación”. En su informe final expresó que los hechos denunciados no pudieron ser imputados a decisiones orgánicas de las Fuerzas Armadas, contradiciendo lo que surgía del mismo informe. Como elementos positivos se señalan el logro popular constituido por la formación de la comisión y el reconocimiento oficial de los delitos.
Cumplidos ya 10 años de la desaparición de Elena, en julio la Asamblea General se aprestaba a debatir el tema de la investigación de los delitos de lesa humanidad, a partir de una iniciativa del Partido Nacional. Si bien la conapro ya había tomado posición al respecto, no todos acordaban ahora en torno a esas definiciones. Además, y como veremos más adelante, esos nuevos posicionamientos seguirán variando. La Unión Cívica manifestaba: “No queremos revanchismo, sino que se haga justicia”. En cuanto a la posibilidad de que la aplicación de la justicia pudiera provocar un nuevo quiebre institucional, era categórica al afirmar que “nadie en el país puede tener intenciones de trastrocar el orden institucional”.
En filas del Partido Nacional se reafirmaban las expresiones de Ferreira: “Sí, debe haber investigación y justicia. Tanto los pueblos como las personas tienen la necesidad de caminar con la verdad”.[5] “Todas las denuncias –respecto a cualquier violación de la ley– deben ser investigadas; con más razón las de hechos de tanta trascendencia como las violaciones de derechos humanos. El ámbito –por una razón de principios– tiene que ser el Poder Judicial, que es el único que ofrece garantías. (...) Porque la amnistía supone, en primer término, reconocer que ha habido delito, tener conocimiento de lo que pasó, algo que aquí falta”.[6] “Creo que la salida verdadera, la solución legal y constitucional es la actuación de la justicia, dotada de los poderes que quiso el constituyente y que quiere el país. Un país sin justicia operante no tiene más que la cáscara de una democracia”.[7] En filas de la izquierda se seguía sosteniendo: “Hay que investigar a fondo para alcanzar la verdad y la justicia”.[8] Y “Debe funcionar plenamente la institucionalidad. Sólo la justicia –la justicia ordinaria, por supuesto– es competente para actuar en esos casos. Se trata del único camino para lograr la pacificación. Por consiguiente, soy terminantemente contrario a una amnistía”.[9] En filas del partido de gobierno se mostraba con claridad su inclinación a implantar la impunidad: “La amnistía puede ser el camino para la pacificación del país”.[10] “Ya amnistiamos sin saber a quién” y “Éste es un asunto esencialmente político y así debe resolverse”.[11] Aunque sin aparecer una fórmula concreta para implantar la impunidad y traicionar los acuerdos de la conapro, empiezan a vislumbrase cambios en el partido de Ferreira Aldunate. Éstos se aprecian en el mensaje que ese partido envió al acto del pit-cnt en el aniversario del golpe de Estado.[12] Ese mismo día, escribe Ferreira en La Democracia: “Si, como algunos afirman, es menester conciliar los principios con la realidad, se nos permitirá recordar, aunque sea por última vez, que esa realidad, si es tal, no surgió ciertamente por obra o intervención de nuestro partido, sino de lo que otros –todos los otros– hicieron, concertaron o pactaron. No por ello vamos a eludir nuestras responsabilidades para con el país”.
A principios de agosto se hacen públicos los términos de un proyecto del Partido Colorado, por el que se amnistiaban los delitos cometidos desde la declaración del estado de guerra interna por militares y policías, equiparados o asimilados, en acciones directas o indirectamente vinculadas a la lucha antisubversiva. Se exceptuaban a los autores, coautores, cómplices o encubridores de homicidio, que serían sometidos a la justicia militar. El proyecto clausuraba de este modo las contiendas de competencia, resolviéndolas a favor de la justicia militar. Los delitos cometidos por militares no serían extraditables: Un dato interesante de este proyecto es que establece: “Cuando un civil participe como coautor o cómplice, o encubra un delito militar, el militar o equiparado será juzgado por la jurisdicción militar y el civil por la jurisdicción ordinaria”. Si esta propuesta hubiera sido aprobada, el ex canciller Juan Carlos Blanco debería haber sido juzgado por el mismo tribunal civil que en el año 2002 lo procesó y envió a prisión.
Mientras por un lado se reunían, en el domicilio de Tarigo para considerar el tema de los derechos humanos, Enrique Tarigo, Wilson Ferreira, Líber Seregni y Humberto Ciganda, en el Club Naval lo hacían el jefe de la Casa Militar, general Guillermo de Navas, el comandante de la División de Ejército IV, general Pedro Gonnet, el comandante en jefe del Ejército, teniente general Medina, y el jefe de Estado Mayor, general Juan Rebollo.
En agosto de 1986 el tema era también analizado desde los ámbitos políticos pero a partir de su consideración jurídica. Más allá de que una discusión en el terreno político cuestionaba las posibilidades de un análisis estrictamente jurídico, la reunión de los juristas designados por los partidos políticos[13] revela aspectos que es importante recordar, teniendo en cuenta que existía ya una iniciativa de amnistía planteada por los colorados. En ningún momento se manejó, en esa reunión, una fórmula de amnistía general que abarcara todos los delitos. Se debía establecer qué tipo de delitos se investigarían y cuáles no. El Frente Amplio había hecho pública su posición desde tiempo atrás: Primero, no a la amnistía, segundo, no a la justicia militar. “En términos positivos: que se hagan los procesos, que se esclarezca la verdad y, segundo, que sea la justicia ordinaria la que tenga a su cargo esos procesos” (José Korseniak, en Brecha, del 8 de agosto de 1986). Por su parte Raúl Blengio Brito, de la Unión Cívica, manifestaba: “El instituto de la amnistía no me cae demasiado simpático. En primer lugar, porque aun las limitadas son demasiado generales y el concepto de justicia que yo tengo es el de justicia en cada caso. La manera de hacer justicia no es erga omnes, sino analizar en cada caso qué fue lo que pasó. La verdadera justicia implica medir al delito y al delincuente, y es un principio que recoge nuestro código penal fijando mínimos muy bajos y máximos muy altos, para darle al juez la gran latitud que le permita resolver con justicia cada caso concreto y según quién sea el responsable”.
En torno a qué delitos abarcaría la investigación y su eventual sanción penal aparecieron, por tanto, diferencias. Algunos planteaban que no solo los homicidios debían ser investigados, sino además las desapariciones. Existía consenso en cuanto a que debía incluirse el secuestro de niños, las violaciones y una serie de delitos subsidiarios de éstos, como supresión de estado civil y suposición de estado civil.[14] En cuanto a la amnistía, la mayoría entendía que no era una figura jurídica aconsejable.[15] En cuanto al hecho de que los militares no se presentarían a declarar ante la justicia ordinaria, la forma de superarlo, según Korseniak, “no significa cerrar los ojos, sino evitar que esa situación se dé (...) estamos pensando en una solución en la cual la Suprema Corte interviniera desde el comienzo, es decir, con exclusión total de la justicia militar”. Por su parte Williman manifestaba que “el hecho no se puede repetir en forma alguna, porque colocaría al Poder Ejecutivo en una situación muy difícil frente al Parlamento, frente a los partidos y frente a la opinión pública. El Poder Ejecutivo no puede admitir esa situación”. Parecía claro que si la justicia citaba a declarar a un militar y éste no comparecía, estaba desacatando una orden judicial, incurriendo en delito y, como jerarca máximo de la institución militar, ese desacato era doble. Existía una responsabilidad individual del militar citado y eventualmente del presidente, como titular del Ejecutivo.
Finalmente, la scj logra darle un contundente golpe a las intenciones militares de ser juzgados por sus pares, al dictar en la contienda de competencias una sentencia que se inclina inequívocamente por la justicia ordinaria. La resolución tomada por el máximo órgano judicial tenía una gran trascendencia. Por vez primera después de la dictadura, la scj declaraba de manera terminante que la justicia no admitía excepciones y que los delitos comunes, fuera quien fuere su autor, tenían un solo fuero. Todos éramos, finalmente, iguales ante la ley. La decisión de la Corte le señalaba límites éticos y jurídicos al Partido Colorado que, una vez llegado al gobierno, había desconocido lo acordado en la conapro y el sentir de la mayoría de la población. Sin embargo, esto no parecía entenderlo el ministro de Defensa, que desconociendo las órdenes judiciales ordenaba a los militares que no comparecieran ante las citaciones judiciales y promovía contiendas de competencia intentando legitimar a la justicia militar.
En setiembre, ya cerca del momento en que Sanguinetti logra dar la impunidad a los militares, Wilson –que también acompañaría y tendría un papel preponderante en su concreción– escribía: “Es conocida de sobra nuestra posición sobre el tema de fondo: reiterada, machaconamente, hemos sostenido la necesidad de cumplir los compromisos contraídos por todos los partidos frente al país, antes y después de las elecciones, conjunta y separadamente. Y aun los asumidos por el propio gobierno y en representación de la República ante la comunidad internacional. Hasta hoy, no hemos encontrado razones que puedan convencernos de la necesidad o conveniencia de cambiar de opinión. (...) Ni la paz ni la reconciliación ni el olvido se establecen por decreto o se imponen por ley: no se odia o ama o perdona porque así lo disponga alguna pragmática, porque esas cosas, como que son del alma, deben venir de adentro para afuera. En otros términos: se olvida olvidando, y eso no ocurre cuando se quiere, sino cuando se puede”.[16]

[1] La Democracia, 2-V-86.
[2] La Democracia, l6-V-86.
[3] La Democracia, 11-VII-86.
[4] Emilia Carlevaro, Grupo de Apoyo a fedefam.
[5] Juan Martín Posadas.
[6] Alberto Zumarán.
[7] Luis Alberto Lacalle.
[8] Juan José Crottogini.
[9] Hugo Batalla.

[10] Eduardo Paz Aguirre.
[11] Jorge Batlle.
[12] Con ambigüedad planteaba que debía “darse una solución cabal al tema de los derechos humanos que, respondiendo a las exigencias de la dignidad y la conciencia nacional, abra camino a la definitiva consolidación de la institucionalidad democrática”.
[13] Adela Reta (Partido Colorado), Raúl Blengio Brito (Unión Cívica), José Korzeniak (Frente Amplio) y José Claudio Williman (Partido Nacional).
[14] “Hay ciertos delitos que de ninguna manera pueden quedar al margen de una intervención de la justicia y de una sanción” (Williman, Brecha, 8-VIII-86). “Pensamos que era un camino interesante fijar un límite de las responsabilidades en cuanto a violaciones de los derechos humanos. Se aceptaron esos límites pero no se determinó con precisión cuáles. Quedaron para una segunda instancia, si es que la hay, para afinar un poco el tema. Se habló de otro acotamiento que es aquel que tiene que ver con la clase de delitos, es decir, fijar algunos en los que ni siquiera funcionaría el eximente de la obediencia debida, como el homicidio” (Blengio Brito, Brecha, 8-VIII-86).
[15] Según sostenía Williman en representación del Partido Nacional, el término amnistía para la opinión pública sería “como una concesión inadmisible” que, en un esfuerzo de pacificación podía ser sustituida por “figuras mucho más técnicas” que serían mejor comprendidas. Pese a esto, la figura por la que finalmente se optó, de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, estuvo lejos de contribuir a una mejor comprensión del tema por la ciudadanía.

[16] La Democracia, 5-IX-86.

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