martes, 1 de junio de 2010

OCTAVA PARTE Capitulo II

2005: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO PROGRESISTA.

"Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas". Carlos Quijano

El 1º de marzo de 2005 se instaló en el Uruguay un escenario político nuevo, a partir de que asumió funciones un gobierno que había manifestado con relación a la impunidad, una voluntad distinta a las anteriores administraciones[1]. Esa voluntad, se manifestaba en la preocupación e interés de investigar y alcanzar la verdad, cumpliendo cabalmente el artículo 4º de la Ley de la Caducidad. Pero las expectativas de que, ella se alcanzara, no satisfacía la globalidad de las esperanzas del movimiento popular con relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, aspiraba que se hiciera justicia.
El nuevo gobierno da sus primeros pasos, tratando de involucrar a las fuerzas armadas en la búsqueda de la verdad. Les reclama, la realización de una investigación interna que aporte información de los lugares donde pudieran estar los restos de las personas desaparecidas.
El 8 de agosto del 2005, las Fuerzas Armadas entregan los informes solicitados[2]. En ellos se confirma la existencia de vuelos que trasladaron ilegalmente prisioneros políticos desde Argentina al Uruguay, donde luego fueron ejecutados. También se develaron algunos lugares de enterramientos.
El hallazgo del cuerpo de Ubagesner Cháves Sosa en una chacra, en las cercanías de Pando, de Fernando Miranda en el Batallón de Infantería N° 13 y el ingreso de investigadores a los predios de los Batallones 13 y 14 para indagar si allí hubo enterramientos clandestinos de desaparecidos, constituyeron un hito histórico que marcó el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, el gobierno con relación a la responsabilidad penal por esos crímenes cometidos, continuaba manifestando que mantendría la vigencia de la ley de caducidad: “(...) lo que se está haciendo es investigar las circunstancias de las muertes pero ningún militar irá preso”[3].
Al igual que con la Comisión para la Paz, el nuevo gobierno limitaba su acción y objetivo a encontrar los restos de los desaparecidos: la “acción principal de este gobierno es la investigación para llegar a la verdad y encontrar los restos de los desaparecidos, después es otro asunto”[4].
Mientras, las organizaciones de derechos humanos presentan nuevas denuncias penales por asesinados en la tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, se desarrolla un gran debate respecto a la prescripción o no de tales delitos. También, es tema de discusión, si legalmente el nuevo gobierno podía liberar de la protección de la ley de impunidad, casos que las administraciones anteriores habían comprendido en la misma.

El 21 de marzo de ese año, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibió en el Edificio Libertad a una delegación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), organización que integraba Elena Quinteros[5].
Según declaraciones de Hugo Cores, “el diálogo permitió constatar que los enfoques que realizamos sobre temas delicados, temas donde existen debates que no siempre se presentan con toda la claridad debida, en esos temas cada uno fijó su posición y pudimos comprobar que efectivamente estamos en una línea que tiene muchas analogías, que hay zonas que no se han profundizado (…)”.
En esa misma oportunidad, al referirse a la labor de la Comisión para la Paz, Cores expresaba: “lo que significó para el país los esfuerzos de la Comisión para la Paz, de alguna manera están laudados por los propios hechos; o sea, la reanudación de las investigaciones significa que esa tarea no había concluido, que fue un paso. Nosotros tenemos una opinión sobre ese paso, otros tienen otra opinión, pero el tema lejos esta de haberse cerrado con la reconciliación de todos los orientales (…)”.
El 20 de julio el Juez a cargo del caso de Elena Quinteros envía un informe al juez que llevaba el caso Gelman, referido a las prospecciones en el Batallón de Infantería Nº 13. El informe detalla las prospecciones que realizó el equipo multidisciplinario de profesionales universitarios dentro del marco de un convenio interinstitucional que la Universidad de la República firmó con la Presidencia para buscar restos de los desaparecidos.
Las excavaciones en ese predio militar eran motivo de especial preocupación de la fiscal a cargo del caso Quinteros, por lo que presentó un escrito al juez Fernández Lecchini – el nuevo Juez designado en lugar de Cavalli -, reclamando que se "realice un mayor control" sobre las tareas que se desarrollan en el lugar y tome los recaudos necesarios para preservar los hallazgos que resulten de allí[6]. Al mismo tiempo la central sindical reclamaba, también, a la sede penal conocer si en el expediente del caso Quinteros se tenían registradas las actuaciones que se desarrollan en el batallón 13. Sobre todo, a partir que en la prensa se informaba que se habían encontrado piezas óseas humanas, a fines de abril, en ese establecimiento militar.
El antropólogo forense Horacio Solla, designado por el juez Fernández Lecchini como uno de los veedores de las excavaciones en el batallón 13, considera que "si no se lleva al lugar a los testigos para que indiquen exactamente dónde fueron los enterramientos, la búsqueda puede llevar 20 años".
No fue fácil el ingreso de Horacio Solla al predio militar. Ingresó con una cámara filmadora y cuando iba a tomar imágenes, se le prohibió grabar dentro del recinto. Tuvo que aguardar 25 minutos para que lo autorizaran a reingresar, aunque sin permiso de portar la cámara.
El 22 de julio, la Justicia ingresa por vez primera al predio del Batallón 13, que es vigilado las 24 horas del día mediante el uso de cuatro cámaras fijas y dos móviles que registran todos los movimientos. Las imágenes son luego certificadas por un escribano público.
Luego del enfriamiento que el nuevo Juez le imprimió al caso de Elena Quinteros, el caso Gelman se había convertido en el punto de inflexión sobre la cuestión de los derechos humanos. Desde el nuevo gobierno y desde el colectivo militar, se apostaba a que su resolución, circunscripta al hallazgo del paradero de los restos y un eventual procesamiento de algunos de sus responsables, aquietara las aguas que amenazaban romper los diques de la impunidad.
Eso era, lo que el Comandante en Jefe del Ejercito prometía a los oficiales retirados; la obtención de información que permitiera encontrar, al menos los restos de María Claudia García de Gelman, para poder asegurar la superación de la crisis.
Sin embargo, la falta de resultados, y sobre todo la voluntad de lograr justicia de quienes impulsaban las causas judiciales – entre ellos la actitud valiente de la Fiscal Guianze -, hicieron abortar esas expectativas.
Una percepción de que se podía “administrar” los derechos humanos, llevaba al General Bertolotti, a afirmar que no se admitirá intromisión extranjera, en una clara alusión al pedido de extradición de la justicia chilena de tres militares uruguayos involucrados en el asesinato de Eugenio Berríos. Sin embargo, la misma fue otorgada por un juez penal y luego ratificada por un tribunal de apelaciones.
El 27 de julio, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno, confirmó la decisión del juez tomada a finales del año 2004, cuando rechazó el planteo de la Fiscal que solicitara el relevamiento del deber de reserva impuesto por resolución del entonces Presidente Batlle, al ex integrante de la Comisión para la Paz, Dr. Carlos Ramela. Mediante esa solicitud, la Fiscal pretendía que se le informara sobre las fuentes que habían proporcionado la información de la ejecución de la maestra Quinteros.[7]
El 29 de noviembre fueron exhumados de la chacra de Pando, los restos de quien resultaría ser Ubagesner Chávez Sosa, los primeros restos de un desaparecido en Uruguay, recuperado.
El pit-cnt anuncia que convocará a una manifestación para reclamar la anulación de la Ley de Caducidad, a partir del hallazgo de los restos humanos en unidades militares[8]. También anuncia que una vez que se compruebe la identidad de los cuerpos, y cuando los familiares decidan darles sepultura, convocarían a acompañarlos al cementerio, con columnas de trabajadores.
El 2 de diciembre fue encontrado a 20 metros de la cancha de fútbol del Batallón de Infantería Nº 13 los restos completos de un desaparecido, que finalmente sería identificado como el de Fernando Miranda[9]. Ese hallazgo, y un radio y una parte de un cúbito (huesos de un antebrazo) que se presume pertenecerían a una mujer, encontrado el lunes 19 de diciembre en otro lugar del mismo predio militar, puso en tela de juicio las poco creíbles conclusiones que había incluido en su informe final la Comisión para la Paz.
Según el informe final de la citada Comisión no existían restos en el Batallón de la Avenida Instrucciones.
El balance de la culminación del primer año con un gobierno de izquierda, permite avizorar, que se instala un nuevo escenario en la lucha contra la impunidad. Por un lado se percibe voluntad por parte del Ejecutivo de que los mandos militares, dejen de estar bajo el manto protector de la ley de caducidad. Y como consecuencia dar curso a los pedidos de extradición de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.


[1] El presidente de la República, en su discurso de asunción del 1º de marzo de 2005, anunció que su gobierno consideraba dos casos fuera del amparo de la Ley de Caducidad: la desaparición forzada de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman y el asesinato de los legisladores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michellini.
[2] El informe de la Fuerza Aérea admitió que existieron dos traslados de prisioneros desde Argentina, e indicó que dos desaparecidos murieron en manos de esa fuerza y que fueron enterrados en una chacra de la localidad de Pando. El del Ejército, aporta poco y nada. La Armada, admite la práctica de torturas y coordinación e intercambio entre esa fuerza y la esma de Argentina.

[3] Ministra de Defensa, Azucena Berrutti

[4] vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.

[5] Estuvo integrada por Hugo Cores, Carlos Coitiño, Raúl Olivera y Luis Puig.

[6] La fiscalía sostuvo a finales del 2008, en el pedido de condena a Blanco, que: “Los testimonios que tendieron a identificar sitios de probables enterramientos tienen un valor relativo en cuanto no se ha mantenido un control sistemático de las excavaciones por parte del Poder Judicial”.

[7] El Tribunal opinó que: “únicamente el Poder Ejecutivo en decisión libérrima es quién puede levantar a los miembros de la Comisión para la Paz el deber de reserva y confidencialidad impuesto”.

[8] Juan Castillo, declaraba al diario El Observador que los hallazgos eran “un avance hacia la verdad, pero también es necesario avanzar en la Justicia”.
[9] Fernando Miranda, un Escribano, profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integrante del Partido Comunista secuestrado el 30 de noviembre de 1975. Casado, de 56 años y con dos hijos, falleció de un golpe entre el 1 y el 2 de diciembre en el centro clandestino de detención "300 Carlos", durante un feroz interrogatorio bajo torturas.

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