domingo, 20 de junio de 2010

QUINTA PARTE Capitulo I

Quinta parte




“La historia no nos dio la espalda:
Habla a nuestras espaldas.”
Andrés Rivera


I

INVESTIGACIÓN EN LA CANCILLERÍA

En febrero de 1987, al terminar la feria judicial y de acuerdo a lo establecido por la ley de caducidad, las causas penales empiezan a ser remitidas por el Poder Judicial al Ejecutivo, para que éste decida si los hechos denunciados están o no comprendidos en la ley.[1]
Los denunciantes empiezan a presentar recursos de inconstitucionalidad que, en algunos casos, son también planteados por los propios jueces.[2]
El fiscal de corte Mario Ferrari opinaba entonces que se debían desestimar esos recursos.
En la denuncia que había radicado ante el juzgado de 1º Turno, Tota presentó el recurso de inconstitucionalidad. Las denuncias presentadas por el diputado Rovira en otras sedes penales –al no haberse interpuesto el recurso de inconstitucionalidad– son enviadas en julio al Ejecutivo, que en agosto las comprende en la ley de caducidad y ordena las investigaciones administrativas a los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior.[3]
En junio Tota denuncia ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la onu, el incumplimiento por parte de las autoridades uruguayas de la resolución del 21-VII-83 del comité.[4]
Un mes después, durante la primera visita oficial uruguaya a Venezuela desde la ruptura de relaciones en 1976, el canciller Enrique Iglesias declaraba que “el problema de la maestra Elena Quinteros, que condujo a la ruptura de relaciones, está superado y se está cumpliendo un proceso informativo a través de las cancillerías”.[5]
En agosto, ante la denuncia penal formulada por el diputado Rovira, Iglesias dispone la investigación administrativa en el ámbito de su ministerio, de acuerdo al artículo 4º de la ley de caducidad.
Hay que tener en cuenta que en la denuncia que aún permanecía en el ámbito judicial para resolver el recurso de inconstitucionalidad se había reclamado sobre las responsabilidades de funcionarios policiales y militares en la desaparición de Elena. El Ejecutivo, una vez que las recibiera de la scj, al comprenderlas en la ley de caducidad debía encomendar también la realización de investigaciones administrativas en los ministerios de Defensa y de Interior. Pero esto no ocurrió; sólo se encomendó investigar en el Ministerio de Interior a partir de lo denunciado por Rovira y no por la denuncia de Tota. Posteriormente, al culminar el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo recibe aquella denuncia y omite encomendar una investigación en el Ministerio de Defensa, en cuyas dependencias Elena había estado secuestrada.[6]
La instructora de la investigación administrativa en el ámbito de la cancillería fue la abogada Luján Flores de Sapriza y el resultado de su trabajo será fundamental. Basta leer los cientos de fojas, las innumerables actuaciones y el celo por cumplir adecuadamente su función para comprobar que, en este caso, la investigación administrativa no sería estéril.
Un mes después de ordenada la investigación ya habían declarado varios altos funcionarios de la cancillería. Entre ellos su titular en 1976, Juan Carlos Blanco, quien lo hizo en dos oportunidades. Manifestó que “las cuestiones diplomáticas fueron manejadas por él, en acuerdo con el presidente de la República y a través de los servicios correspondientes del ministerio (...) el de Relaciones Exteriores requirió información a los de Interior y Defensa y solicitó la intervención de los mismos para el esclarecimiento de los hechos. (...) Ambos ministerios manifestaron no poseer información alguna (y) las averiguaciones practicadas al respecto no habían tenido resultado”. En otra oportunidad expresó que “en los asuntos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores el servicio competente es la Dirección de Política Exterior (Asuntos Políticos), entonces a cargo del embajador Álvaro Álvarez. (...) luego, según la naturaleza del asunto intervienen otros servicios, como Protocolo, en aquel momento a cargo del embajador Carlos Romero, y en el caso, la embajada de Uruguay en Venezuela, cuyo titular era el embajador Julio César Lupinacci. Es imposible señalar a esta distancia en el tiempo si otros servicios intervinieron, y qué funcionarios estaban cumpliendo tareas en cada uno”.
Identificados quiénes habían estado íntimamente relacionados con el caso, la investigación se dirige al entonces subsecretario Guido Michelín Salomón. Según éste, “recibió al embajador de Venezuela, señor Julio Ramos, poniendo lo expresado por éste en conocimiento directo del señor ministro del Interior. Al expresarle el señor ministro que no tenía ningún conocimiento a su respecto se promovió una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y Defensa Nacional, el embajador Lupinacci y los tres comandantes en jefe”. Declara que luego de buscar que se agotaran todas las alternativas para esclarecer los hechos y atender el reclamo de Venezuela, “se nos manifestó por parte de las autoridades asistentes que se desconocía el motivo de los mismos así como la identidad de los autores”, y que se continuaría con las investigaciones.
Con el embajador Romero, director de protocolo, no se obtuvo resultado alguno. Declaró que no tuvo ninguna participación, que desconocía si se habían llevado a cabo entrevistas y que no había coordinado ni presenciado las entrevistas con el embajador venezolano.
Resulta por lo menos extraño que un funcionario de ese cargo no tuviera ninguna participación. De ser así, el tratamiento del asunto fue restringido y con una suerte de carácter “conspirativo”. No obstante, la abogada insiste en un segundo interrogatorio a Blanco a los efectos de dilucidar la participación del embajador en los hechos. El ex ministro reitera, entonces, que “intervienen otros servicios como Protocolo, en aquel momento a cargo del embajador Carlos Romero”.
Al declarar por primera vez, Lupinacci[7] confirma que cuando ocurrieron los hechos él se encontraba en Caracas, y que se había enterado de los mismos en forma “muy parcial”, diez horas después, cuando fue convocado por la cancillería venezolana para hacerle conocer el texto de una declaración que iba a emitir sobre los hechos.
Según Lupinacci, la versión sucinta que le dio el viceministro venezolano era que “fuerzas de la Policía uruguaya habían penetrado en la sede de la embajada (...) y se habían llevado a viva fuerza a una mujer que estaba intentando asilarse”, que fue golpeado un funcionario de la embajada y que quienes perpetraron el secuestro “no vestían uniforme”.
Agrega que dos días después de los hechos, “en virtud del clima de tensión” en Caracas y ante dificultades de comunicación telefónica, se traslada a Montevideo, “a fin de dar una visión completa de la reacción que a nivel de gobierno y a nivel político se estaba produciendo en Venezuela”.
En Montevideo, Lupinacci le informa a Michelín Salomón que el canciller venezolano Escovar “era proclive a la búsqueda de una solución del problema sin llegar a medidas extremas, manteniendo el diálogo y la negociación”, pero que también existía “la presión de algunos sectores parlamentarios para que se procediera de inmediato a la ruptura de relaciones” y de sectores políticos que realizaban “una intensa campaña de prensa”.
La versión que dice haber recibido de los hechos, “siempre fue de personas desconocidas cuya identidad se estaba tratando de determinar, asegurando en todo momento que no fueron fuerzas policiales”. Esa versión le había sido reiterada cuando él les trasmitió que Venezuela estaba dispuesta a aceptar que la responsabilidad era de “algún personal de seguridad de menor jerarquía”, que actuó con “exceso de celo” y no por “órdenes superiores”, que “se estaba a tiempo de enmendar cualquier error o exceso cometido devolviendo a la embajada a la señora Quinteros” con la “mayor discreción posible”.
Preguntado sobre qué otros funcionarios de la cancillería habían tenido participación en las gestiones, señaló a Juan Carlos Blanco, a Michelin Salomón y a Álvaro Álvarez. Todos ellos, junto a Lupinacci, “asistieron a una reunión con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe del esmaco y el ministro de Interior general Linares Brum”, en la que –según Lupinacci– se negó siempre la participación de los servicios de seguridad.
La abogada Flores envió a Álvaro Álvarez, entonces embajador en Gabón, un cuestionario que no fue contestado. Al urgirle respuesta, sin contestar las preguntas Álvarez dice que “carece de elementos de consulta para hacer referencia a hechos ocurridos hace más de 10 años y que su respuesta se encuentra condicionada a estas circunstancias”.
A diferencia de quienes en las fiscalías militares simulaban hacer similares investigaciones en cumplimiento del artículo 4º, Flores no se conforma. El 23 de octubre le remite un nuevo telegrama preguntándole si “concretamente no puede aportar ningún dato que permita arribar al esclarecimiento de los hechos”.
Mientras eso ocurría, el 9 de octubre el Ministerio del Interior remite al Ejecutivo el resultado de la investigación administrativa realizada en el caso de Elena.[8]
Pero volvamos a los esfuerzos de Flores por lograr una respuesta de quien había sido señalado por Lupinacci como partícipe en las gestiones sobre el incidente en la embajada. Álvarez se toma tres días para responder que “no puede aportar ningún dato que permita arribar al esclarecimiento hechos relacionados asunto Quinteros”.
Ante esa insólita desmemoria sobre un hecho que había causado la única ruptura de relaciones diplomáticas de la dictadura con otro país y que fue objeto de campañas internacionales y denuncias en las más variadas tribunas del mundo, ese mismo día se le remitió un tercer telegrama preguntándole concretamente si “usted y un grupo de altos funcionarios de la cancillería participaron en reunión relativa al asunto antes consultado”.
Álvarez no se da por vencido y en respuesta enviada un par de días después dice que participaba habitualmente en reuniones de trabajo con altos funcionarios pero “no recuerda ninguna reunión relativa al caso Quinteros”.
Mientras insiste en lograr alguna información de las personas que Lupinacci había señalado, Flores dirige también sus pesquisas a otros altos funcionarios que en 1976 actuaban en la cancillería. Remite un interrogatorio al brigadier Walter Machado, que en 1976 era director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nunca fue respondido.
No se limitó a preguntar al personal de la cancillería; buscó todos los antecedentes que, aun en las operaciones clandestinas, la burocracia crea. Y encontró en las carpetas un memorando secreto en dos versiones, original manuscrito y copia mecanografiada, en el que se analizaba la conveniencia o no de “entregar a la mujer” secuestrada en la embajada de Venezuela.
Quedaba así probado que la suerte de Elena había sido analizada al más alto nivel de la dictadura, y que en esas consideraciones habían intervenido funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese documento permitió orientar una parte de la investigación al descubrir quiénes eran los autores intelectuales y materiales del secuestro. Contando con una versión manuscrita, no era difícil saber quién de los que aparecían participando en torno al caso era su autor. Flores le encomienda a un perito calígrafo la tarea de dilucidarlo.
Mientras tanto, los mismos aparatos represivos cuyo accionar se estaba develando se reunían en Mar del Plata, en la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos. Junto a los ejércitos de Pinochet y de Stroessner, la delegación uruguaya era encabezada por el general Carlos Berois.[9]

[1] El artículo 4º establece: que si la respuesta del Ejecutivo es afirmativa, el juez deberá clausurar y archivar la denuncia. Si informa que ésta no está comprendida por la ley, dispondrá continuar la indagatoria. Desde la promulgación de la ley hasta que el juez recibe la comunicación del Ejecutivo, quedan suspendidas las diligencias presumarias.
[2] Entre ellos el titular del Juzgado Penal de 5° Turno, Dardo Preza.
[3] La ley de caducidad establece que el juez debe remitir al Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la misma referentes a personas detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores secuestrados en similares condiciones. El Ejecutivo debía disponer de inmediato las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de estos hechos y dentro del plazo de 120 días dar cuenta a los denunciantes del resultado de las investigaciones y poner en su conocimiento la información recabada.
[4] Por esa resolución el comité concluye que las autoridades de Uruguay son culpables de la desaparición de Elena y que deben hacer una investigación completa al respecto.
[5] El Universal, 7-VII-87.
[6] El Ministerio del Interior dispuso el 13-VIII-87 la realización de la investigación administrativa (carpeta 05601, de 1987). En el año 2000 el ministro Stirling negó la existencia de dicha investigación en su ministerio.
[7] El 22 de setiembre declaraba Lupinacci, quien en esos momentos era director de Asuntos Marítimos y Fluviales de dicho ministerio.
[8] Esta investigación no pudo ser conocida por los autores de este trabajo. En el año 2000, cuando la jueza Estela Jubette, del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo la solicitó al ministro Stirling, éste contestó que no existía. Sin embargo, según documentación obrante en las causas por la que se procesó a Blanco, el 3-XI-87 el Poder Ejecutivo devolvió al Ministerio del Interior la investigación para que fuera notificada al denunciante. Fue recibida por el Ministerio el 4-XI-87.
[9] Algunos de los 15 acuerdos firmados, referidos a caracterizaciones y mecanismos de vigilancia y represión contra organizaciones políticas, sindicales, culturales y de solidaridad, se conocerán casi un año después.

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