viernes, 18 de junio de 2010

QUINTA PARTE Capitulo III

III

BLANCO EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS


Después de que el Parlamento aprobara la ley de caducidad y expulsara del Senado a una de las voces más valientes y activas en la defensa de los derechos humanos, se constituye la Comisión Nacional pro Referéndum.[1] Era necesario recolectar 555.701 firmas para plebiscitar la ley. Wilson Ferreira auguraba que “solo se conseguirán unas 300 mil firmas”, sin embargo dos meses después ya se habían reunido 305 mil, y a fines de julio llegaban a medio millón. Finalmente, el 17 de diciembre se entregan a la Corte Electoral 634.792 firmas.
Pese a la política seguida por la Corte Electoral de anular firmas y a que los partidarios de la impunidad anunciaban que no alcanzaban, el 28 de noviembre la Corte informa que hay 529.110 firmas válidas y 36.834 suspendidas.
Los días 17, 18 y 19 de diciembre son convocadas las personas cuyas firmas fueron suspendidas, para que concurran a ratificarlas. Se obtiene así la cantidad suficiente.
Tota trabajó en la Comisión Nacional pro Referéndum desde la aprobación de la ley hasta el plebiscito y viajó a Canadá invitada por el grupo de apoyo pro referéndum de Toronto.[2]
Contaba Tota: “Hace unos días fuimos a La Teja. En un camión iba yo y una murga de gurises; alrededor los brigadistas recogiendo firmas. Recorrimos como 40 cuadras. Cuando llegamos a Pueblo Victoria se habían enterado, no sé cómo, que era el día de mi cumpleaños. Entonces me obsequiaron con las firmas que recogieron ese día”. En el local Tota hace “De todo. Atender el teléfono, atender los pedidos de las comisiones vecinales, coordinar quién puede ir a las charlas. Hago de todo”.[3]
En ocasión del cumpleaños de Tota, quienes trabajaban por el referéndum se reunieron en el bar Metropol, cercano a la sede de la comisión. Así nació un ritual que se seguirá repitiendo durante años.
Los esfuerzos de la Corte Electoral y las amenazas militares no habían podido evitar el pronunciamiento ciudadano. Se trataba, ahora, de aumentar la apuesta para que la ciudadanía convalidara la ley en el plebiscito. El ministro de defensa, general Medina, amenaza: “El país vivirá momentos de duro enfrentamiento en el supuesto de que se vayan destapando hechos del pasado y además las Fuerzas Armadas están buscando borrón y cuenta nueva”.
Cuando se aproximaba el día la Comisión Nacional pro Referéndum emite un mensaje que, entre otras cosas, dice: “El próximo domingo, cada ciudadano tendrá la posibilidad de reestablecer la igualdad de todos ante la ley (...) decidiremos el inmediato futuro de nuestro país (...) hemos llegado hasta aquí al cabo de un arduo camino de piedras. El pueblo uruguayo ha superado todo tipo de obstáculos y emboscadas, visibles e invisibles (...) Sin embargo, el miedo es hoy el más insistente argumento de los partidarios del voto amarillo, y el miedo era, ayer, el más insistente argumento de los partidarios de la dictadura (...)”.
Tres días antes de la votación, la Comisión pro Referéndum resuelve emitir, en espacios pagos de televisión, un video en el que Sara Méndez llamaba a votar contra la ley, diciendo: “Mi nombre es Sara Méndez, cuando mi hijo tenía 20 días fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está vivo. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo?”.
Por decisión del gobierno el mensaje no es emitido.
Ese mismo día Tota declaraba: “Si gana el voto amarillo[4] tenemos que seguir la pelea. Yo soy una convencida de que tenemos que seguir en la pelea. Tenemos que lograr de alguna manera que ellos digan qué es lo que ha pasado”.[5]
El domingo 16 de abril, temprano en la mañana, parada con el bastón bajo la llovizna, Tota esperaba para votar en un circuito de la calle Garibaldi. Había una larga cola: “Esperamos mucho para esto, así que esta cola no me preocupa, estoy con una emoción única en mi vida; los uruguayos tenemos muy claro que no queremos que nos pisoteen. Este es el adiós a una ley que es una vergüenza para el pueblo uruguayo. Y si no ganamos seguiremos luchando, pero en la lucha como hasta ahora, que no se interprete de otra manera”.
El 16 de abril los votos a favor de la ley de caducidad superaron a los que se pronunciaban por su anulación.
Matilde fue la encargada de reconocer la derrota ante la ciudadanía: “De acuerdo a los resultados del plebiscito, la ley de caducidad ha sido confirmada. Sin duda debe acatarse el pronunciamiento del cuerpo electoral. (...) Un 40% de los uruguayos han votado hoy por la anulación de la ley. (...) El país y todas sus instituciones no pueden ser insensibles a la circunstancia de que cerca de la mitad de la población discrepó radicalmente con la solución de la ley de caducidad; si bien su contenido debe ser acatado, también debe aceptarse como compromiso de alcance nacional que jamás y bajo ninguna circunstancia podrá repetirse en la República la violación de los derechos humanos cuyo juzgamiento no habrá de realizarse”.
Tres días después, en un acto de homenaje a los mártires y fundadores del pvp, se reafirma que aun con la ley se recorrerán los caminos necesarios para lograr lo que no puede vedar ninguna legislación: la verdad. El camino que se vislumbraba era el de presentar causas civiles ante la justicia. Tota no recurrirá nunca a ese camino.
A comienzos del año 90, el Parlamento aprueba ascensos en las Fuerzas Armadas. Mario Aguerrondo, quien fuera responsable en 1976 de la unidad militar donde funcionaba el “300 Carlos”, obtiene el grado de general.
En junio la prensa informa que, según fuentes de los servicios de información de las Fuerzas Armadas, Elena había sido ejecutada en la noche del 11 de julio de 1976, junto a otras siete personas, y que todos habían sido enterrados en forma clandestina.[6] El hecho no fue nunca objeto de investigación.
La derrota en el referéndum fue, además, un golpe anímico durísimo para un sector muy importante de la población, lo que contribuyó a la profunda inacción que se prolongó en el tiempo.
En las elecciones del 89 los colorados fueron derrotados por el Partido Nacional y se registró un importante crecimiento de la izquierda. Germán Araujo volvió al Senado y Tota fue elegida edil departamental de Montevideo.[7] Seguramente la existencia de varias denuncias relacionadas al caso de Elena radicadas en distintas sedes penales, fue una de las causas que explica por qué la investigación en la cancillería no fue objeto de seguimiento. Por otra parte los cuestionamientos tanto de los familiares como de las organizaciones de derechos humanos a la designación de fiscales militares para autoinvestigarse, no incorporaron el dato de que al menos una de las investigaciones escapó a esa regla. Tal fue el caso de la que realizó la abogada María del Luján Flores de Sapriza que, por otra parte, se desarrolló en medio de la campaña para anular la ley.
Si bien el pvp siempre estuvo presente en el caso de Elena, como en el de tantos otros, la desvinculación de esa organización de la idi; el fin de la diputación de Rovira y la desvinculación de la organización a la que él pertenecía de la idi[8] fueron también elementos que dificultaron el seguimiento de los distintos frentes de reclamo por los desaparecidos.
A mediados del año 90, el secretario del diputado Cores, Milton Romani, recibe una llamada telefónica de Alejandro Artucio, abogado que desde el sijau había desarrollado un importante aporte a la lucha contra la dictadura. Artucio le comunica que debe entregarle un material de enorme importancia. Se trataba de una copia –a la que le faltaba una hoja– del memorando secreto del 2 de julio de 1976. Si alguien –no sabemos quién– no hubiera tenido el gesto de acercarle a Artucio ese material, seguramente la investigación de Flores continuaría “perdida” en los cajones de la Presidencia, la conducta cómplice de funcionarios de la cancillería no se habría conocido y seguramente Blanco seguiría impune. Esto no quiere decir que la justicia que empezó a hacerse con la prisión de Juan Carlos Blanco sea producto de ese gesto anónimo. El mismo fue uno en una larga cadena, a los que este libro también pretende reivindicar.
Dada la importancia del material entregado por Artucio, la primera reacción fue hacerlo público. El 6 de junio de 1990 el semanario Mate Amargo da a conocer el documento.
El presidente Lacalle se ve obligado a hacer declaraciones: “Vamos a cumplir estrictamente con lo que dice la ley de caducidad (...) no quedan ni oportunidades procesales ni legales, pero sobre todo anímicas para que el pasado vuelva a ser reabierto”.[9]
Años después, Tota demostrará la falsedad de esa afirmación. En una nota al embajador de Venezuela en Uruguay, Luis La Corte, le solicita que Venezuela pida explicaciones por el documento secreto, al tiempo que entrega el memorando a la embajada de Venezuela.
El gobierno no puede seguir manteniéndose en la ignorancia. Las acciones emprendidas por Tota dan resultado. El 8 de junio el secretario de la Presidencia admite que la investigación de Flores se encuentra allí desde noviembre de 1989. Tres días después Tota mueve otra pieza. Pide una entrevista con el presidente Lacalle.
En el Parlamento se hacen movimientos para romper el cerco de ocultamiento y silencio. El senador frenteamplista Leopoldo Brueba pide informes sobre el caso de Elena al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 22 de junio la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores le entrega a Romani, en representación de Tota, una fotocopia del expediente de la investigación administrativa.
La página que Sanguinetti pensó haber dejado atrás empezó a ser leída nuevamente. El penalista Schurmann Pacheco opinaba que el delito de desaparición en el derecho internacional “no es amnistiable (...) Esa es la norma, pero en nuestro país existe aún una gran laguna en ese sentido”.
Cuando se cumplían 14 años del secuestro, el Senado instala una comisión investigadora con el objeto de analizar la actuación y responsabilidad del senador Juan Carlos Blanco en el secuestro de Elena, a partir de lo que surgía del memorando secreto y la investigación de Flores.[10] Ese mismo día, Tota, Alejandro Artucio, Mariela Salaberry, Helios Sartou y Milton Romani entregaban a la prensa fotocopias del expediente de la investigación administrativa y denunciaban las graves responsabilidades de varios civiles culpables de los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento de privación de libertad. Como abogado de Tota, Artucio adelantaba que Blanco incurrió en delitos penables por la ley. A nivel político, el diputado Sarthou afirmaba que gestionaría ante la justicia la reapertura de la denuncia por secuestro y desaparición que presentara en 1985 en representación de Tota. Por su parte el ex diputado Rovira reclamaría al Ejecutivo que el Ministerio de Defensa hiciera una investigación.
Ante la eventualidad de que la investigadora del Senado convocara a declarar a funcionarios militares, Lacalle anunciaba que “del presidente para abajo todos cumplen la Constitución y la ley”. En el mismo sentido, el ministro de Defensa Mariano Britos, refiriéndose a los militares, decía que: “Sin excepción, las disposiciones de las autoridades serán acatadas”.
Cuando se instalaba la investigadora en el Senado, La República daba a conocer declaraciones de un ex soldado del Batallón de Construcciones Viales Nº 5,[11] quien afirma que a mediados de 1983, cuando se construyó una cancha de fútbol en los fondos del Batallón 13 de Infantería, él participó en la remoción de cadáveres. La nota de La República transcribe un reportaje a un ex integrante del Ejército cuya identidad no es revelada.[12]
“(...) Estábamos sacando la tierra cuando la máquina rompió algo, lo cargó y lo volcó en el camión. Eran cuerpos humanos. Ya dije que varios, siete o nueve. Pero yo no sé de qué sexo ni si entre ellos estaba el de esa maestra. Estaban envueltos por fuera como en bolsas de nailon o de polietileno que se rompieron. Y todo eso como metido en cal. No vimos huesos, sino como una masa uniforme, negra y blanca, como de barro muy húmedo. Y no parecían tener el largo del cuerpo extendido. Estaban como doblados. (...) No era una fosa común. Estaban puestos como muy cerca unos de otros pero en un espacio que yo diría era como de diez metros cuadrados.(...) había allí un grupo grande de oficiales de la unidad, del Batallón de Infantería Nº 13 –oficiales grandes y chicos– y ellos sí sabían todo.(...) Nos mandaron parar el trabajo. (...) El camión donde los habían cargado se mandó voltear porque los cadáveres habían quedado abajo de la carga, bien abajo. Después cargaron todo, lo sacaron de allí y los trasladaron.(...) Hacia el terreno donde se iba a construir un galpón, todo quedó enterrado allí. Está abajo, en una esquina del galpón que hicieron.”
Las autoridades militares realizan indagatorias internas para saber qué fuentes militares habían proporcionado a La República esa información.
Cuando se cumplía otro aniversario del secuestro en la embajada, la comisión del Senado recibe una ampliación del testimonio de Blanco y da entrada al expediente de cancillería entregado por Tota. Algunos legisladores planteaban la incorporación de la investigación realizada por la Cámara de Diputados en 1985 sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, en la que Blanco también aparecía implicado.
Con el fin de reactivar el caso ante Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos Tota viaja a Ginebra. Una buena parte de Uruguay viajaba con ella, ya que era el apoyo de una campaña de recolección de fondos lo que permitía ese viaje.
Su misión era informar las últimas revelaciones sobre la desaparición de Elena, en particular el memorando secreto –que probaba la complicidad del ex canciller Blanco– y la investigación que se estaba realizando en el Parlamento.
Entre otras, Tota estuvo en las sesiones del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la onu, organismo que en 1983 había condenado a Uruguay por su responsabilidad en la desaparición de Elena. Allí exige que se haga cumplir la obligación de investigar y castigar a los culpables.
Estas gestiones de Tota buscaban incidir en las resoluciones de la investigadora del Senado, que consideraba en esos días unos 1.500 folios de documentos de la onu que cuestionaban a toda la diplomacia de la dictadura y comprometían aun más al senador Blanco. Mientras Tota cumplía el “viaje de la dignidad”, el ex canciller se sentaba en el banquillo de los acusados.
A nivel de las Fuerzas Armadas hay reuniones de los comandantes con autoridades gubernamentales y políticas. El presidente del Centro Militar, general Iván Paulós, afirmaba su “gran confianza en el gobierno y los mandos de las Fuerzas Armadas” ante un tema que –dijo– debe conducirse por “los carriles políticos”.
Atendiendo el reclamo de Paulós, la mayoría del Partido Nacional hace nuevamente su contribución a la impunidad. El 30 de agosto, el senador blanco Walter Santoro, presidente de la comisión investigadora, advierte que si el Senado absuelve a Blanco los antecedentes sobre el tema serán archivados. Sería “observable que algún integrante del Senado, o cualquier particular, contra la voluntad del Senado, llevara el caso de Blanco ante la justicia”. Para darle fuerza a esa expresión de franco autoritarismo agregaba “que era sugestivo que ningún fiscal ni juez se haya interesado en intervenir”.
[1] Presidida por Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane de Michelini y María Esther Gatti de Islas.
[2] Se entrevistó allí con parlamentarios, representantes de las iglesias y medios de difusión.
[3] Reportaje en el quincenario Compañero.
[4] El voto contra la ley se identificaba con una papeleta de color verde, mientras que su confirmación era expresada por una papeleta amarilla.
[5] La República, 13-IV-89.
[6] La República, 20-VI-90.
[7] El pvp conformó junto a otras fuerzas el Movimiento de Participación Popular (mpp), que obtiene dos ediles y dos diputados (Helios Sarthou y Hugo Cores).
[8] Lorenzo Rovira era integrante de la Unión Popular, y luego de su alejamiento del Parlamento dejó la actividad política.
[9] La República, 20-VI-90.
[10] Integraron la comisión, por el Partido Nacional los herreristas Ignacio de Posadas y Walter Santoro, y Carlos Julio Pereyra del Movimiento de Rocha. Por el Partido Colorado Carlos Cigliuti (Batllismo) y Raumar Jude (ucb). Por el Frente Amplio Germán Araújo y por el Nuevo Espacio Carlos Cassina. Es llamativo que se excluyera a Alberto Zumarán, de Por la Patria, quien había expresado interés en integrarla, y que se nombrara a dos herreristas.
[11] Del 26-VI-90, bajo el título: “Si era Elena Quinteros ya no está allí; la sacamos nosotros”.
[12] Según el semanario Compañero, de 25-VII-85, se trataba de Ariel López Silva, quien radicó denuncia ante el Juzgado Letrado de Instrucción de 3er Turno en lo Penal, a cargo de Lombardo. Los militares acusados eran el teniente coronel Mario Aguerrondo, el mayor Lamy, los capitanes Cola (compañía de transporte), Castro (compañía de tanques), Sosa y García del S-2, los tenientes Estévez y Pioli y los sargentos González y Leoncio Cruz. Según López Silva, el teniente García habría entregado los cadáveres de los presos políticos para que fueran enterrados en el cementerio clandestino del batallón.

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