jueves, 17 de junio de 2010

QUINTA PARTE Capitulo IV

IV

BLANCOS Y COLORADOS SALVAN A BLANCO


En la comisión investigadora había distintas posiciones sobre la responsabilidad de Blanco. La mayoritaria, de blancos y colorados, concluía que éste no era responsable de omisión de denuncia, de privación de libertad, ni de encubrimiento de delito.
El Frente Amplio entendía que el ex ministro estaba implicado en la desaparición y por ello debían enviarse los antecedentes a la justicia.
Un sector minoritario de los blancos, del Movimiento Nacional de Rocha, entendía que el Senado no debía pronunciarse y entregar la documentación para que resolviera la justicia.
La revista El Soldado sostenía que el resurgimiento del caso formaba parte del hostigamiento revanchista contra la familia militar.[1]
Conocidos juristas se expiden sobre las responsabilidades en las que incurrieron los funcionarios de la cancillería. El catedrático de derecho Horacio Casinelli Muñoz sostenía que Blanco no estaba amparado en la ley de caducidad.
Mientras el movimiento sindical reclamaba al gobierno que explicara el secreto que mantuvo respecto al caso, cuatro catedráticos de derecho,[2] a pedido de integrantes de la investigadora, se pronuncian afirmando que Blanco incurrió en varios delitos: coautoría de privación de libertad, encubrimiento, falsificación ideológica por un funcionario público, actos susceptibles por su naturaleza de exponer a la República al peligro de represalias y abuso de funciones.
Pese a tan categóricas opiniones, la mayoría de los blancos y la totalidad de los colorados resuelven que no hay pruebas para inculpar a Blanco.
Solamente el Partido por el Gobierno del Pueblo y el Frente Amplio afirman que Blanco incurrió en graves responsabilidades y que los antecedentes deberían pasar a la justicia. Iguales responsabilidades le atribuyen a Lupinacci, Michelín Salomón y Álvarez.
Finalmente, solo la bancada del Frente Amplio formula la denuncia, acompañada por la firma de cientos de personas, ante el Juzgado Penal de 1º Turno, a cargo del juez Catenaccio.[3]
Se adjuntan a la denuncia las actuaciones de la investigadora y se fundamentan los cargos contra Blanco en la investigación de la abogada Flores y en el memorando secreto.
El primer paso de Catenaccio es pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores el expediente 201/87 con la investigación de la cancillería. Allí le contestan que el expediente estaba en el Senado. Lo pide al Senado y éste dice no tenerlo pues lo había devuelto al ministerio.
Recién en octubre de 1992, casi 30 meses después, el ministerio entrega al juzgado el expediente. Pero las trabas para que avancen las actuaciones del juez no terminan. Recién en noviembre de 1993, 14 meses después de haber recibido la investigación de Flores, el expediente pasa a vista de la fiscal Noris Marenales Rossi.
La fiscal recibe el expediente penal, pero no el de la investigación administrativa, por lo que le solicita al juez que se indague la autenticidad del manuscrito secreto por parte de un perito calígrafo. La solicitud es atendida por el juez quien, insólitamente, la encarga al mismo perito que había realizado ese estudio a solicitud de Flores.
El 8 de junio del 94 Achard informa al juzgado que ya se había expedido sobre la autoría de Álvarez en la investigación pericial practicada por él mismo en el ministerio.
No hay explicación para que una causa iniciada en el año 1990 no hubiera avanzado un solo paso cuatro años después. Puede eximirse de responsabilidad a la fiscal, que no recibe nunca la investigación administrativa. No es disculpable la actitud del juez, que tenía en la caja fuerte el expediente y seguramente nunca lo leyó.
Pero no terminan ahí las peripecias de esa causa. La jueza María del Rosario Berro, entonces al frente de la sede judicial, sigue sumando perlas a la historia de la ineficiencia.
Enterada la fiscal de que ya se había hecho la pericia y que estaba identificado el autor, quiso analizar la investigación administrativa y se la pide a la jueza Berro.
En octubre la jueza pide al ministerio los originales de algunas fojas de la investigación 201/87, en vez de mirar en la caja fuerte del juzgado, donde se encontraba, o leer la constancia en el expediente penal que daba cuenta de que el expediente reclamado por el ministerio ya estaba en el juzgado.
Por supuesto que el ministerio no pudo enviar lo que no tenía. Después de muchas idas y venidas sin lograr encontrar lo que tenía en la caja fuerte, en junio del 95 la jueza Berro dispone el archivo del expediente penal sobre la responsabilidad de Juan Carlos Blanco y otros tres altos funcionarios. Así, una serie de omisiones y errores permite que Juan Carlos Blanco continúe libre por 12 años más.
Mientras eso ocurría con la denuncia penal, el 21 de febrero del 92 la Junta Departamental de Montevideo en sesión extraordinaria designaba como presidenta para el ejercicio de ese año a la edila Quinteros. Tota es propuesta para ese cargo por la edila Lilián Kechichián, en nombre de la bancada del Frente Amplio.
Antes de finalizar su mandato, en diciembre, Tota es invitada por el gobierno de Cuba a visitar la isla. Tramitada por el embajador cubano en Uruguay, Abelardo Curbelo Padrón, la invitación expresa que la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene interés en intercambiar experiencias e información acerca del trabajo parlamentario a nivel local. En enero del 93 Tota llega a Cuba junto a una delegación de uruguayos, en una misión solidaria con el pueblo cubano. El 27 de enero es homenajeada en un acto en la escuela José Artigas de La Habana.
De regreso en Uruguay, dedica sus esfuerzos a la actividad en el gobierno departamental de Montevideo. Antes de finalizar su gestión como edil, el pvp se desvincula del mpp. Tota y sus suplentes entregan sus cargos. Para el siguiente período no resulta electa. El 9 de abril de 1995 debe ser intervenida quirúrgicamente para una reparación arterial.
[1] 2-IX-90.
[2] Alejandro Artucio, Jacinta Balbela, Gonzalo Fernández y Schurman Pacheco.
[3] Registrado con la ficha 497/90, es en este expediente que finalmente será procesado Juan Carlos Blanco en el año 2002.

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