martes, 15 de junio de 2010

QUINTA PARTE Capitulo VI

VI

LA MEMORIA, ARMA DE LA VIDA

La derrota en el referéndum tuvo efectos en el tejido social uruguayo y en las organizaciones políticas y sociales comprometidas en la lucha contra la impunidad. El mantenimiento de la ley de caducidad incorporó a la realidad nacional una lógica por la cual toda la argumentación de los defensores de la ley fue aceptada con casi el mismo valor de la propia ley. Junto al respeto de la ley, se implantó el acatamiento sumiso a todos sus desbordes.
El esfuerzo que fue necesario realizar para que existiera un referéndum fue valorado de tal modo que convirtió a su resultado en una ley más valiosa, más fuerte y menos derogable o modificable que cualquier otra. Ninguna otra expresión de democracia directa, como las reformas de la Constitución, confiere a su resultado el carácter de incuestionable e inmodificable. La caducidad pasó a tener dos grandes cualidades: era eterna y alcanzaba a todo lo que el Ejecutivo de turno quisiera. Llegó a influir los posibles comportamientos de un futuro gobierno de izquierda.[1]
Esa lógica, extendida hasta el presente, ordenó los comportamientos y limitó las iniciativas de acción. En ocasión de defenderse ante los cuestionamientos internacionales a la ley de caducidad, Sanguinetti manifestaba: “No existe instrumento alguno de derecho internacional que consagre la potestad de cuestionar y menos deslegitimar la libre y soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”.
También se vieron afectadas las estrategias de defensa de los derechos humanos en Uruguay, confinando la lucha por la verdad al marco de la propia ley: reclamando que se cumpliera a cabalidad el artículo 4º y a través de las demandas judiciales de reparación, una forma de actuación judicial no obstaculizada expresamente por esa ley.[2]
El tema del juicio a los responsables quedó fuera de la agenda y de las preocupaciones. Salvo contadas excepciones, tampoco fue objeto de reflexión jurídica y política.
Las preguntas acerca de dónde, cuándo, cómo, por qué y quién podrán ser contestadas por medio de dos vías que de distinta evolución y que enfrentarán también distintos inconvenientes.
La vía de la búsqueda de la verdad a través del cumplimiento del artículo 4º tenía como límite la voluntad política del gobierno, que en casi todos los casos había encomendado las primeras investigaciones a fiscales militares o a organismos que dejaran fuera de toda investigación a los institutos armados.[3] En el caso de investigaciones cumplidas por civiles, luego de agotadas las actuaciones en su propio ámbito, debían continuar en el Ministerio de Defensa o en el de Interior. De ahí en más, lograr la verdad requería la voluntad política de poner en tela de juicio las conclusiones a que habían arribado los fiscales militares.
La otra vía planteaba una estrategia en un terreno distinto y con diferentes actores. Se trataba de reabrir las investigaciones en el ámbito judicial. Para eso había que entablar juicios civiles de reparación patrimonial sobre los efectos de la represión. Demandando al Estado se intentaba lograr una investigación de los hechos por parte de un juez, a quien se le aportarían los medios de prueba. Esa posibilidad fue planteada por el pvp tres días después de la derrota en el plebiscito, en un acto de recordación a sus mártires, el 19 de abril de 1989. La propuesta estaba fundamentada jurídicamente por Horacio Casinelli Muñoz, quien sostuvo en 1986 que “nada impide que la víctima de ese delito –o sus familiares– exijan ante juez de lo civil competente, la correspondiente reparación por daños y perjuicios. Para hacerlo, bastará que presenten su reclamo e individualicen al autor del hecho que lo motiva, aportando las pruebas. Se trata del mismo procedimiento que debe seguir, por ejemplo, un automovilista cuyo vehículo ha sido embestido por otro. Lo primero que deberá hacer la justicia en estos casos será investigar la responsabilidad del demandado en el hecho que se le imputa”. Nada impedía, al menos técnicamente, que las cinco interrogantes sobre la verdad encontraran su respuesta.
Se presentaron algunas demandas con ese objetivo ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Las mismas se resolvieron mayoritariamente durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle. No bien los jueces tomaron algunas medidas indagatorias, como la del juez Keroulián, que dispuso el allanamiento de la sede del sid, donde había funcionado un centro clandestino de detención, el gobierno ofreció a través del Ministerio de Defensa transacciones amistosas a los demandantes allanándose a pagar las sumas de dinero que se reclamaban, para que se pusiera fin a los juicios.
Las personas que habían presentado las demandas entendieron que dichas transacciones implicaban una plena aceptación de responsabilidades por parte del Estado y que se alcanzaba así el objetivo por el que se había acudido a los tribunales. El pvp entendía lo contrario. Lo cierto es que el Ejecutivo logró poner fin a aquellos juicios. Por otra parte, no todos los que estaban en condiciones de demandar al Estado lo hicieron. Tota, entre otros, no intentó nunca transitar ese camino. Tampoco se logró en todas las demandas civiles de reparación una solución de transacción amistosa con el Estado.[4]
Sin embargo, ninguna de estas causas utilizó el razonamiento desarrollado en Uruguay por la jueza Beatriz Venturini en un trabajo académico que recogía la experiencia del caso de desaparición de Velázquez Rodríguez, denunciado ante la cidh,[5] y en el cual la reparación incluía, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables y aplicar el justo castigo. La reivindicación de la víctima, como parte de la reparación, también quedó, en Uruguay, presa de la voluntad política del gobierno.
La otra vía en busca de la verdad apuntaba a modificar la voluntad política del gobierno. Formalmente se registraron dos iniciativas al respecto. Por un lado el pit-cnt introdujo en sus relacionamiento con el gobierno, en diciembre de 1997, el reclamo del cumplimiento del artículo 4º.[6] Por otro, los familiares de desaparecidos habían elevado en abril de ese año un petitorio al Ejecutivo planteando que el Estado tenía el deber jurídico de investigar seriamente con los medios a su alcance las desapariciones forzadas.[7]
La iniciativa tuvo una respuesta del gobierno muy categórica: no sentía el deber jurídico de investigar en razón de “que se investigó y que no corresponde reabrir aquellas ya efectuadas, ni comenzar nuevas”. Se llevó el reclamo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.[8]
Todo indicaba que la impunidad era y sería total. A la ausencia de acción penal sobre los responsables se sumaba la falta absoluta de investigación sobre la verdad. Ausencia de verdad que ni siquiera logrará, posteriormente, modificar los mandatos judiciales, que chocará nuevamente con la voluntad política, aun de parte de un gobierno que declaraba públicamente interesarse por el tema.
Algunos familiares recurrirán a la justicia de otros países. Sea porque sus familiares habían sido desaparecidos allí,[9] o por la nacionalidad de las víctimas o por la jurisdicción universal sobre determinados delitos, como en el caso de las denuncias presentadas ante el juez Garzón.
Cuando en alguna de esas causas se involucra a Uruguay, el Estado sistemáticamente obstaculiza cualquier iniciativa de cooperación, conducta que no se modifica por la aprobación de la ley 16.724, referida a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.[10]
En 1996 parece insinuarse un cambio en este terreno. Empiezan a aparecer públicamente algunas informaciones relativas al tema[11] y en oportunidad de conmemorarse los 20 años de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, bajo la consigna “Verdad, memoria y nunca más”, se hace la primera marcha por los desaparecidos. A partir de 1997, los reclamos por verdad toman nuevos impulsos, mientras que el reclamo de justicia se hace presente, principalmente como resultado de acciones judiciales iniciadas en el extranjero.
Al año siguiente se reitera la marcha del 20 de mayo con la misma consigna y se suceden los pronunciamientos en reclamo del cumplimiento del artículo 4º.
Todos esos elementos que no lograban conmover la posición gubernamental, explican la aparición pública de propuestas de mediación o encare del problema de los desaparecidos, que sin duda tuvieron un trámite de consultas y sondeos reservados.
El obispo de San José, Pablo Galimbertti, formula una propuesta de solución al tema de los desaparecidos. La Iglesia Católica se propone actuar como mediadora entre las Fuerzas Armadas (o el poder político-militar que las represente) y los familiares de desaparecidos. Las Fuerzas Armadas informarían acerca de la ubicación de los cuerpos, a fin de darles sepultura. La Iglesia sería garante de la verdad y el secreto.
A comienzos de 1998 no se había materializado la propuesta del obispo. El escritor y ex preso político Mauricio Rosencof hace pública una nueva propuesta de mediación según la cual militares y víctimas negociarían en privado y ante un tercero neutral la información confidencial sobre el destino de los desaparecidos.
Ambas propuestas mostraban un distanciamiento evidente respecto de los reclamos originales en torno al artículo 4º. Se pedía información acerca de la ubicación de los restos de los desaparecidos y se ofrecía secreto y confidencialidad.
Ante el aparente naufragio de las propuestas, el entonces diputado Víctor Semproni plantea una nueva fórmula que en lo medular establecía que las Fuerzas Armadas se harían cargo de la parte operativa de la investigación, se garantizaría el anonimato de quienes dieran información, los resultados de la investigación serían entregados a la Iglesia Católica, el Poder Ejecutivo declararía muertos a los desaparecidos, y los involucrados asumirían el compromiso de declarar cerrado el tema de los desaparecidos.
Si ésas eran las condiciones de la verdad reclamada, la consigna “La verdad nos hará libres”, que levantó la tercera marcha por los desaparecidos, podría ser interpretada y apoyada hasta por los militares.
El franco retroceso que implicaban estas fórmulas no es siquiera reconsiderado cuando, en octubre, Augusto Pinochet es detenido en Londres. Este hecho inicia un doble proceso a nivel mundial. Por un lado se cumple una serie de etapas procesales en España, Gran Bretaña y Chile, acompañadas de gestiones políticas de diversa índole. Y por otro lado hay un intenso debate y un importantísimo crecimiento en la conciencia universal acerca de la necesidad de perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad. Esto tuvo efectos en los sistemas judiciales generando una especial atención en el uso de los instrumentos y mecanismos internacionales y en la necesidad de su perfeccionamiento.
En ese marco se desclasifican miles de documentos secretos relativos al Plan Cóndor en Estados Unidos, en Argentina son encarcelados Massera, Videla y Bignone por sustracción sistemática de menores, y el fiscal Miguel Ángel Osorio empieza a apuntar hacia los socios uruguayos del Plan Cóndor.
En tanto en tres cámaras federales argentinas se producían importantes avances en los llamados “juicios de la verdad”, ante la justicia española e italiana se siguen aportando testimonios de uruguayos.
A fines de 1999 la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos manifiesta públicamente que el “quién” ya no es parte de sus reclamos.
Antes de que se conociera la resolución presidencial que creaba la Comisión para la Paz, el sacerdote Luis Pérez Aguirre declaraba que las Fuerzas Armadas serían las encargadas de desenterrar los restos de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y entregar toda la información sobre el tema al presidente Batlle.[12] Agregaba en otra información de prensa que en algunos casos se puede incluso localizar los restos de las personas desaparecidas. “Hay disposición, si realmente se puede llegar a los restos, de devolverlos a sus deudos. El presidente acompaña esa idea.”[13]
El 9 de agosto de 2000 el presidente crea la llamada Comisión para la Paz,[14] integrada por Nicolás Cotugno, Carlos Ramela, Gonzalo Fernández, Luis Pérez Aguirre, Claudio Williman y José D’Elía.

[1] Tabaré Vázquez dice en un discurso público en abril de 2001 que la izquierda no habría hecho, con respecto a los derechos humanos, nada distinto a lo que hizo Batlle.
[2] A nivel internacional, sin embargo, a partir de 1991 se realiza un esfuerzo importante por parte de las organizaciones de derechos humanos en pos de la aprobación de legislaciones favorables.
[3] Las únicas investigaciones no realizadas por los propios acusados fueron las del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de Elena y la encomendada al Instituto Nacional del Menor en el caso de niños.
[4] Los familiares de Oscar Baliñas, Luis Eduardo González y Álvaro Balbi lograron sentencias muy importantes con relación al tema del delito continuado o permanente.
[5] Véase la revista Judicatura Nº 38, de diciembre de 1997.
[6] El gobierno le planteó al pit-cnt un diálogo tripartito, en el cual se incorporó ese reclamo. El planteo fue elevado al Ejecutivo por el canciller Álvaro Ramos, sin resultados.
[7] Se invocaba el informe 29/92 de la cidh que establecía que “esta investigación debe tener sentido y será asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la apropiación de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
[8] Se trataba de una acción de nulidad contra la negativa del gobierno que se inició en 1998.
[9] En 1989 se denuncian ante la justicia paraguaya los casos de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, y el de Simón en Argentina, entre otros.
[10] Hay pedidos de información desde España y Argentina, y pedidos de captura y extradición desde Argentina. En 1993, citan desde Paraguay al militar uruguayo Carlos Calcagno, por su participación en la desaparición de Inzaurralde y Santana, y no concurre.
[11] Posdata publica varios testimonios anónimos de militares y aparece en escena el capitán de navío Tróccoli.
[12] Programa “En vivo y en directo” de radio Sarandí del 4-VII-00.
[13] El Observador, 5-VII-00.
[14] El procurador del Estado en lo contencioso administrativo, Miguel Langón, fundamenta el rechazo al recurso de nulidad presentado por familiares de desaparecidos: “Por otra parte es público y notorio (y ello tal vez explique la falta de alegatos de bien probado por los peticionantes), en la actualidad el Poder Ejecutivo ha conformado una comisión especial que parecería cumple con los requerimientos del 16 de abril de 1997, por lo que carece de objeto seguir adelante con este pleito”.

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