martes, 8 de junio de 2010

SEPTIMA PARTE Capitulo IÌ

II

TOTA GANA SU ÚLTIMA BATALLA

Un conjunto de novedades en materia de derechos humanos se producían en el mundo. La acción llevada a cabo por el juez Garzón tuvo como consecuencia el “efecto Pinochet”. El reconocimiento del carácter permanente del delito de desaparición fue una brecha importante en la impunidad y dio un impulso importante que se reflejó en los juicios en Argentina, Chile e Italia. El Parlamento uruguayo ratificaba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que pasaba a ser ley nacional. Otro dato internacional era la afirmación del carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, es decir que éstos no pueden ser perdonados por el transcurso del tiempo. Todo esto debía ser tenido en cuenta a la hora de definir en Uruguay estrategias de lucha contra la impunidad.
En ese contexto, y existiendo desde 1992 una recomendación de la cidh al Estado uruguayo para que investigara las desapariciones e individualizara a los responsables, se crea la Comisión para la Paz, que omite entre sus objetivos el de investigar e identificar a los responsables.
Sólo a partir de la no valoración de aquellos elementos puede explicarse la captación de voluntades en torno a ese instrumento por parte del gobierno, que logró credibilidad para su política y restó energías y apoyo a las vías que apostaban a la lucha judicial.
De esta forma se evitaba el riesgo de investigaciones que podrían afectar a sectores políticos involucrados con los militares desde antes del golpe de Estado y aun posteriormente.
El 22 de noviembre de 2000 Tota solicita al juzgado penal a cargo de la jueza María del Rosario Berro que se desarchivaran los expedientes penales relacionados con el secuestro de Elena para que se continuaran las indagatorias iniciadas en 1990.
Cuando a comienzos del año 2000 se descubrió que esas causas penales estaban indebidamente archivadas desde 1995, Tota y sus compañeros habían resuelto que, culminada la acción de amparo, acudirían a la sede penal reclamando el procesamiento de Blanco y sus cómplices.
El momento había llegado. Tota no ignoraba que esa nueva batalla sería larga, seguramente más larga que lo que le quedaba de vida. Le pidió a dos compañeros que la siguieran después de que ella no estuviera. Ese compromiso fue formalmente materializado al firmar los tres el escrito por el cual Chargoñia daba nuevo impulso a la acción penal.
Tota tenía motivos de sobra para sospechar que la causa tendría dilatorias. El Ejecutivo había ocultado el expediente de la investigación de Flores, y la sede judicial lo había paralizado durante cinco años. En la nueva etapa se producirán demoras inexplicables y resoluciones desconcertantes.
La prolijidad de la investigación de Flores y los dictámenes de varios juristas, agregados a la denuncia, permitían pensar en la posibilidad de un trámite rápido y una resolución que pusiera fin a la impunidad de Blanco y sus cómplices.[1]
Pasaron meses sin que se pudiera saber qué se estaba haciendo en la causa. Todo indicaba que seguía paralizada. Las irregularidades que surgían en el trámite de la causa no parecían afectar a la jueza Berro.
En junio de 2001, quienes habían acompañado a Tota en la reactivación de esa causa se presentan ante la jueza solicitando que se pidiera a la Comisión para la Paz toda la información que tuviera en su poder relacionada con el caso de Elena, incluido el análisis que se hubiera hecho de esa información. Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (mtop)que informara si entre los años 1984 y 1986 se habían utilizado maquinarias del organismo en el Batallón de Infantería Nº 13, y al juzgado donde estaba radicada la denuncia de la Operación Zanahoria la información relativa a enterramientos clandestinos y exhumación de cuerpos en dicha unidad militar.[2] Finalmente volvían a pedir que se llamara a declarar a Blanco, Lupinacci, Álvarez y Michelín Salomón.
Chargoñia había recibido de la Comisión para la Paz la información de que militares con maquinaria del mtop habrían exhumado el cuerpo de Elena de los fondos del Batallón 13. Interesaba ahora saber si entre los años 1984 y 1986 las Fuerzas Armadas habían utilizado esa maquinaria.[3]
En agosto Olivera, Romani y la abogada Silvia Antúnez se entrevistan con el embajador venezolano, Rodrigo Arcaya Smith, para interesarse por el resultado de las gestiones de Chávez. El embajador les entrega una copia de los 17 documentos entregados a la Comisión para la Paz.
El 15 de agosto de 2001, Juan Carlos Blanco declara por primera vez ante la jueza Berro.[4] Reitera lo que dijo años atrás en el Senado. “Yo resolví la preparación de un memorando interno con respecto a la posición que correspondía tomar (...) se gestionó una reunión con otros organismos de gobierno encargados de los aspectos de seguridad.” Junto a él, participaron Lupinacci, Michelín, Álvarez, los comandantes en jefe, el jefe del esmaco y otro oficial que no recuerda quién era. “Lo que tengo claro es la respuesta contundente, sin fisuras de los organismos de seguridad que no era un operativo del que ellos respondieran y que no tenían a esa persona detenida (...) que la señora Quinteros había salido del país en una fecha bastante anterior (...) hasta el momento en que fui ministro en diciembre de ese mismo año, jamás tuve información de los servicios de seguridad diferente a la que se planteó inicialmente.”
Ese día comparece también Álvaro Álvarez, quien dice que “luego de un intercambio de ideas realizado con el grupo y siguiendo las indicaciones del señor ministro, preparó un borrador de memorando siguiendo la metodología que es habitual en estos casos, que consiste en el agotamiento de los distintos caminos o conductas que desde el punto de vista de los hechos se pueden asumir, indicando en cada caso las ventajas y desventajas (...) fue considerado por el grupo de trabajo (...) quienes formularon una serie de precisiones, aditivos y enmiendas que luego de ser aceptadas por todos (...) fueron asentadas en el borrador”.
Según sus declaraciones, la posición de las Fuerzas Armadas la dieron los generales Vadora y Linares Brum. “Era un ambiente muy enrarecido y era posible que distintos grupos de acción pudieran actuar, pero ellos no dijeron nada. Nosotros no pudimos más que decir que, en nuestra opinión, si se tenía detenida a esa persona debían devolverla, no tuvimos oportunidad de considerar ese memorando, no nos dieron la oportunidad.” Según Álvarez, cuya memoria había mejorado mucho respecto de cuando estaba en Gabón, la información sobre la salida de Elena del país le fue proporcionada por Linares Brum.
Luego de las declaraciones, la fiscal Mirta Guianze hace su dictamen expresando que las sucesivas incomparecencias de Lupinacci[5] al juzgado no impedían tomar una resolución. Asegura que están comprobados los hechos denunciados relativos a la detención de Elena, los incidentes en la embajada y su posterior traslado a una unidad militar donde es torturada. Que al comprender el hecho –en mayo de 1989– en la ley de caducidad, se admitía que Elena había sido secuestrada por militares, por móviles políticos y en una acción ordenada por los mandos. Se trataba de un delito de privación de libertad especialmente agravado. Y Blanco, en su calidad de civil, no estaba amparado por la ley de caducidad. Que dicho delito era permanente o continuo, “al momento actual se desconoce el paradero de Elena Quinteros. Es sí muy probable (casi seguro) que sus secuestradores u otros le hayan dado muerte. Pero esa circunstancia no pasa de ser una mera especulación. (...) hasta el presente ninguna autoridad ha brindado información fehaciente (...) esta fiscalía considera que la situación antijurídica de privación de libertad aún perdura, a menos que se demuestre lo contrario y sea posible entonces proceder penalmente contra el o los responsables”. Afirma la fiscal que aun considerando la ley de caducidad como una amnistía, la misma “no puede otorgarse para el futuro”. Solo comprende a los delitos que “se hubieran cometido en el período que corre del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985”.
Al calibrar la responsabilidad de Blanco concluye que se lo puede considerar coautor, pues del contexto del memorando secreto surge “que no se trata de una mera hipótesis de trabajo, sino del manejo concreto de hechos y circunstancias, sopesando explícitamente cuáles podrían ser las consecuencias del hecho ilícito en una u otra acción”.
No cree la fiscal que el cosena no trató el asunto ni que éste no hubiera sido considerado por el presidente de la República, en razón de la conmoción que el hecho generó. Menos si se tiene en cuenta la posición ocupada por Blanco y su activa injerencia en las esferas de poder de la época. Blanco es responsable de un comunicado de prensa donde se difundieron datos falsos, se dio una versión distorsionada de los incidentes, negando enfáticamente los hechos. A raíz de su estrecha vinculación con las fuerzas represivas, al día siguiente de que la embajada comunicara a Blanco la identidad de la secuestrada, el teniente Juan Alberto Lezama va al domicilio de los suegros de Elena “para interrogarlos. No para conocer el paradero de Quinteros, sino en busca de elementos incriminantes para los diplomáticos venezolanos, a los que luego expulsó”. Posteriormente, Blanco da órdenes para difundir por el mundo la versión falsa de los hechos, de modo que “colaboró activamente en la ocultación del hecho ilícito y secundó la posición del gobierno de facto, que mantenía detenida clandestinamente a Elena Quinteros”.
El 28 de diciembre el comandante en jefe del Ejército, Carlos Daners, aseguró en una entrevista televisiva que no existían tumbas de personas desaparecidas.
La afirmación de que los desaparecidos estaban muertos y que sus cuerpos habían sido eliminados era un dato nuevo para la justicia, por lo que en marzo de 2002 se solicita a la jueza Berro que cite a Daners a fin de que aclare en qué basaba su afirmación. También se pidió que se interrogara y se allanara el domicilio del coronel ® José Baudean, quien había declarado días antes tener información sobre la represión contra opositores políticos.[6]
El 15 de marzo de 2002 comparece a declarar Lupinacci, y días después lo hace nuevamente Blanco. El abogado de éste solicita que se pida a la Comisión para la Paz[7] sus conclusiones sobre el caso con expresa solicitud de mantener el secreto de las fuentes y presenta un escrito donde contesta argumentos aún no entregados por la fiscal.[8]
En junio y en setiembre de 2002, el juzgado pide a la Comisión para la Paz la información solicitada por Blanco, no aceptando el pedido de reserva y preguntando si Elena vivía o había fallecido.
La jueza Berro es trasladada y asume en su lugar Eduardo Cavalli.[9]
El 18 de setiembre la Comisión para la Paz le comunica al juez que en un plazo máximo de 30 días elevaría un preinforme que incluiría la información que se había podido recabar, pero no responde si Elena había fallecido o no.[10]
Cumplido el plazo y sin que llegara la información prometida, el 18 de octubre de 2002 el juez entiende que surgen elementos de convicción suficientes para concluir que Blanco incurre en un delito de privación de libertad muy especialmente agravado, por lo que dispone su encarcelamiento.
El dictamen del juez concluye que, como sostenía Tota desde un principio, la versión de la dictadura con respecto a la salida de Elena del país era falsa. También se inclina por la versión de que, en momentos del secuestro, Elena da el nombre de uno de sus captores.[11]
Comparte con la fiscal que “los hechos que motivaron la desaparición de Elena Quinteros fueron cometidos por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados, por móviles políticos, ya que el Poder Ejecutivo así lo determinó”.
El relato del magistrado no difiere en lo sustancial de lo reiteradamente denunciado por Flores. “Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en el sentido de que el señor Blanco, como canciller de la República, estaba por demás enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en el Uruguay.”
Luego de enumerar los reclamos que se hacían desde el exterior afirma: “Por tanto, el entonces canciller sabía perfectamente la discordancia entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición democrática. En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la ola de rumores que sacudió a Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino de la señora Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio señor Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada, por los órganos de represión, de la señora Quinteros”.
Más adelante agrega que “no resulta creíble que, trasladado el tema a los mandos militares, bastaba que éstos dijeran (como presumiblemente le iban a decir al señor Blanco) que ellos no tenían detenida a Quinteros para que, con esta afirmación, indiscutida e indiscutible, el indagado concluyera que era así”.
Descarta la versión de Blanco de que “ni sospechaba que la señora Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios uruguayos”, afirmando que “de ningún modo pensó de esa forma (...) asumió la que puede asumir hoy y la que debió asumir siempre, que los mandos de la época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella (...) cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros. (...) Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además echar la suerte de la señora Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico”.
Luego establece que los hechos implican el delito de privación de libertad muy especialmente agravado, en el que Blanco fue coautor con cooperación directa en el período de la consumación. Que se trató de una cooperación material, al llevar adelante –como cabeza de la cancillería– un plan para distorsionar los hechos negando la realidad. En cuanto al argumento de la muerte de Elena, esgrimido por la defensa, dice que “no ha sido probada. Pero (...) si se probara (...) cabría preguntarse si la participación delictual del indagado no sería mucho más grave. (...) esa hipótesis, más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado.”
Luego afirma que al suscribir Uruguay la Convención sobre Desaparición Forzada, en nuestro orden jurídico “la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción”.
Tota no llegó a ver la foto de Juan Carlos Blanco en la prensa con su número de prontuario, pero la imagen mostraba el resultado de su última batalla.
[1] Los juristas Alejandro Artucio, Gonzalo Fernández, Rodolfo Schurmann Pacheco y Jacinta Balbela de Delgue concluyen que los acusados incurrieron en varios delitos por los que se debería dictar auto de procesamiento.
[2] El Ejecutivo debía decir con qué información había contado para determinar que esa operación estaba comprendida en la ley de caducidad, qué investigación había cumplido en razón del artículo 4º y si se notificó de ellas al denunciante.
[3] Este aspecto nunca fue considerado por la justicia, sin embargo el diputado Juan José Domínguez, del mpp, logra esa información mediante un pedido de informes. Según la respuesta del mtop, si bien no se había prestado maquinaria para realizar trabajos al Batallón Nº 13, el 4-IX-84 el coronel Daniel Conti suscribió un convenio para la construcción de una plaza de armas de 3 mil metros cuadrados y la repavimentación de 9 mil metros cuadrados de caminería central. Comunicado al ministerio recién el 23-XI-84, el convenio se cumplió durante 1985, posiblemente luego de la asunción del gobierno democrático.
[4] Un documento desclasificado en esos días en Estados Unidos, con el informe secreto del agente Harry Shlaudeman a Henry Kissinger, fechado el 3-VIII-76, indica que “El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Blanco –uno de los más brillantes y normalmente confiables miembros del grupo– fue el primero en describir la campaña contra los terroristas como una 'tercera guerra mundial’. La descripción se justifica por dos razones: justifica las duras y radicales medidas 'de guerra’. Hace énfasis en el aspecto internacional e institucional, justificando en consecuencia el ejercicio del poder más allá de los límites nacionales”.
[5] Lupinacci no concurrió, solicitando hacerlo a fines de noviembre.
[6] Según Baudean (alias el Francés, integrante en 1976 de la ocoa): “A mí vino un amigo del presidente en el año 86 u 87 a preguntarme dónde estaba el archivo. Y yo lo tengo en mi casa. A ver si se animan a ir a buscarlo”. Radio Continente, 2-III-02.
[7] Según da cuenta en un escrito la fiscal: “En el curso de esa audiencia el doctor Curbelo aludió a su vinculación profesional y amistosa con el doctor Gonzalo Fernández y anunció que se preocuparía por la remisión de la información pedida”.
[8] La fiscal posteriormente consignará que “el señor defensor presentó un escrito, que trajo ya preparado, refutando los argumentos del pedido de procesamiento, señal inequívoca de que conocía los términos del dictamen”. Por esos días fueron procesados un fiscal y un funcionario de la fiscalía por vender información sobre dictámenes de otros fiscales.
[9] Según da cuenta el semanario Brecha el 25-XI-02, la jueza María del Rosario Berro habría manifestado no tener apuro en resolver este caso.
[10] Veinte meses después del fallecimiento de Tota, la Comisión para la Paz no puede decirle a la justicia lo que sostuvo haberle informado a Tota antes de morir.
[11] “La señora Quinteros alcanzó a aportar el dato de uno de sus captores: ‘Es Cacho, del Departamento 5’, en clara alusión al Departamento de Inteligencia del Ministerio del Interior que lleva ese número.”

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