lunes, 7 de junio de 2010

SEPTIMA PARTE Capitulo IÌI

III

26 AÑOS DESPUÉS

En un vehículo policial, el abogado que durante cinco años había ocupado una banca en el Senado, que fue canciller de la dictadura entre 1973 y 1976 y embajador ante la onu entre 1982 y 1985, es conducido desde el juzgado de la calle Misiones hasta Cárcel Central. Antes había dicho, compungido: “Por más que insistan de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur, la verdad es ésa, no tuve absolutamente nada que ver y el que diga otra cosa miente”.
Era el primer procesado en Uruguay por un delito de la dictadura. Su castigo podía implicar hasta nueve años de penitenciaría, que por las circunstancias agravantes podían aumentar a 12. Culminaba así la última batalla de Tota y también se saldaba una discusión que había comenzado 12 años atrás en el Senado, cuando 17 senadores (nueve blancos y ocho colorados) declararon la inocencia de Blanco contra la opinión de otros 13 (cuatro blancos, siete del Frente Amplio y dos del Nuevo Espacio) que consideraron que tenía responsabilidad en la desaparición de Elena.
El defensor de Blanco consideró errónea la sentencia, puesto que “todo estaba armado como para procesar”. Carlos Ramela hace comentarios tendientes a oscurecer la actuación del juez: “El magistrado, de alguna manera sabiendo que hay un informe para presentar, entendió que lo que la comisión pudiera decir al respecto no tenía trascendencia desde el punto de vista jurídico, o sea que no iba a variar eventualmente su determinación. Es un razonamiento que yo hago sin querer inmiscuirme en la órbita de decisión del juez ni juzgar sus actos”.[1]
Después de que Blanco pasara su segunda noche en prisión, la defensa argumenta públicamente: “No hay privación de libertad porque la persona está, lamentablemente, fallecida”. Si los autores no podían ser castigados, tampoco lo debería ser el coautor. Blanco estaba amparado por la ley de caducidad.
Apela además el procesamiento, imputándole al juez y la fiscal una “vindicta pública” y una “judicialización de los problemas políticos” y reclamando ampararlo en la ley de caducidad.
La fiscal se expide pidiendo la confirmación del procesamiento y la prisión, sosteniendo que un expediente que se había iniciado en noviembre de 1990 y que, por “equívocos generados en la no ubicación en la sede de documentación que ya había sido remitida”, estuvo en el archivo desde junio de 1995 hasta su reciente desarchivo y “que los magistrados que actuaron con anterioridad (jueces y fiscales) calibraron que la prosecución de este expediente era procedente, y no se invocó, en ningún momento, la posible aplicación de la ley de caducidad”.
El proceso es acompañado de una campaña contra la decisión judicial, que obliga a la scj a responder. Sin nombrar a los ministros Fau y Stirling, que habían liderado esa campaña, considera “fuera de lugar” las opiniones que “alertan sobre las consecuencias que ese procesamiento pudiera tener sobre la alteración de la paz pública” y rechaza las expresiones agraviantes contra el juez.
Cavalli confirma el procesamiento y la prisión, y el asunto pasa a consideración de un tribunal de apelaciones[2] que lo reafirma.
El fallo se produce cuando Blanco llevaba ya más de cinco meses de prisión en Cárcel Central y despejó controversias que estaban planteadas desde la aprobación de la ley de caducidad. Éstas, sin embargo, se replantearon con intensidad en ámbitos políticos y en la prensa, trascendiendo el ámbito judicial.
Sin proponérselo, el fallo dio respuesta a la polémica pública al asumir la tesis sustentada por la fiscal y el juez de que se trataba de un delito permanente, que se prolonga hasta la reaparición de la víctima, viva o muerta. El plazo para su prescripción, por tanto, ni siquiera había comenzado a correr. Descarta asimismo que la ley de caducidad pueda beneficiar a Blanco. “Es claro que no se atribuye o afirma que Juan Carlos Blanco hubiera intervenido o contribuyera de cualquier manera o siquiera hubiera conocido la decisión de detener a la mujer”, pero se puede “inferir sin dificultad que el doctor Juan Carlos Blanco tuvo intención de favorecer la ilegal detención y privación de libertad de Elena Quinteros”. Señala que asumió una conducta que “demuestra su voluntad de favorecer el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y coadyuvó así en la ilegítima privación de libertad de la persona secuestrada”.
Por esos días de octubre de 2002 la Comisión para la Paz da a conocer su informe preliminar, según el cual Elena –una entre 26 uruguayos desaparecidos en el país– fue detenida en un procedimiento “no oficial o no reconocido como tal”, que fue sometida a “apremios físicos y torturas” en “centros clandestinos de detención” y “falleció finalmente en los primeros días de noviembre de 1976 como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte”.
El contenido de ese informe no era suficiente para liberar a Blanco, pero abría un nuevo debate: ¿qué valor tenía una constancia de fallecimiento emitida por esa comisión?
Chargoñia declaraba al respecto: “Nunca la justicia ha decretado una muerte con un informe de un organismo que tiene testimonios reservados, o no identificados, sobre la muerte de una persona. Sin testigos, sin el cuerpo, sin un informe del Instituto Técnico Forense no veo cómo la justicia puede declarar la muerte de una persona”.
La resolución del tribunal generó preocupación en medios militares y en los partidos Nacional y Colorado.
Se inicia así una intensa campaña de presiones a todos los niveles. Lacalle califica el fallo del tribunal de “error judicial”, en tanto el vicepresidente Luis Hierro anuncia que se impulsaría una ley de punto final.[3]
Nuevamente el caso de Elena generaba una disyuntiva difícil para los defensores de la impunidad. La batalla continuaba.
La solución política de una amnistía o un indulto para Blanco ofrecía dificultades que no tuvo la ley de caducidad. Requería mayorías especiales que no se tenían.
El diputado colorado Daniel García Pintos presenta en la cámara baja lo que intenta ser una salida política: Una ley interpretativa que ampliaría los alcances de la ley de caducidad para que ésta cubriera con su manto también a los civiles de la dictadura.
Otra posible salida centraba sus expectativas en la Comisión para la Paz. Si ésta afirmaba que Elena estaba muerta, el delito permanente de privación de libertad desaparecería y con ello el delito de Blanco sería homicidio. Se consideraba que éste había prescrito.
Desde filas del gobierno no se ignoraba lo que resolvería la comisión. Para complementarlo debía enviar un proyecto de ley declarando muertos a los desaparecidos, lo que sin duda desataría una fuerte polémica. Ni los sectores afines a la impunidad ni la oposición veían con entusiasmo esa posibilidad.[4] Los primeros porque ello sin duda rompería cierta unidad hasta ese momento existente en las fuerzas que apoyaban incondicionalmente a la Comisión para la Paz y los segundos porque la iniciativa se convertiría en una nueva versión de la ley de caducidad que desataría actitudes no deseables e incontrolables dentro de su militancia.[5] Todo indicaba que era prioritario mantener la unanimidad en el grupo representado en la Comisión para la Paz.[6]
Otro tema se cruzaba nuevamente con el caso de Elena: los reclamos de Juan Gelman en la justicia y el desarrollo de una nueva campaña internacional. Era necesario revalorar la labor de la Comisión para la Paz y para eso nuevamente se le reconocieron logros inmerecidos: Batlle encontró a la nieta de Gelman y, en cierta medida, había contribuido a encontrar a Simón.[7]
Desde filas del colectivo militar, Blanco se transformó en el “mártir” de la causa y su libertad pasó a ser una bandera. El propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Daners, trasmitía al ministro de Defensa su preocupación por el fallo del tribunal de apelaciones.[8]
El serpaj, por su parte, lanzaba una campaña convocando a difundir y apoyar la búsqueda de la verdad manifestada en el fallo de Cavalli.[9]
El politólogo Oscar Bottinelli planteaba en un análisis algunos aspectos sobre la coyuntura del año 2002 que se cerraba con Blanco preso y una fuerte ofensiva en la lucha por los derechos humanos. Afirmaba que hay momentos en que no es posible aplicar la justicia, pues afecta la paz[10] y es necesario entonces aplicar el “borrón y cuenta nueva”. En determinados momentos, agregaba Bottinelli, justicia y perdón son términos irreconciliables. En cuanto a cuándo puede optarse por uno o por otro, decía que, según la correlación de fuerzas, “la distancia que va de la justicia al olvido y el perdón es la diferencia de fuerza para hacer lo uno o hacer lo otro”. Como en Uruguay la transición de la dictadura a la democracia fue producto de un pacto, no hay justicia, porque hay un olvido pactado explícitamente en el Club Naval e implícitamente en la ley de caducidad. Como la justicia es posible según la correlación de fuerzas, cuando ésta cambia, también cambia la balanza. “Es lo que ocurre en este proceso que tiene a la figura de Juan Carlos Blanco como elemento emblemático, porque más allá de la figura del ex canciller y de la maestra desaparecida, lo que está en escena es el juicio a las violaciones de los derechos humanos durante el período militar y la forma de resolución de ese problema al restaurarse la democracia”. El comportamiento de los jueces se explicaba, según Bottinelli, porque el país había girado fuertemente a la izquierda luego de la aprobación de la ley de caducidad y ellos son producto de la sociedad a la que pertenecen.[11] Concluye Bottinelli que“El procesamiento de Blanco es un triunfo (provisorio o definitivo) de los sectores más combativos de la izquierda, que nunca se resignaron al concepto de amnesia. Con ello han logrado perforar la estrategia de la búsqueda de la ‘paz definitiva’, impulsada por el presidente Batlle con el firme apoyo de Vázquez, que tiene como instrumento a la Comisión para la Paz”. Además “implica un golpe a la estrategia frenteamplista. Vázquez y la dirigencia del Frente Amplio impulsaron la Comisión para la Paz con la finalidad de llegar al gobierno con el tema cerrado; de los desaparecidos y de todo lo acaecido en el período militar, y asegurar así la gobernabilidad del país. Porque hoy la dirigencia de izquierda no tiene otro camino que aferrarse a su discurso y, consecuentemente, apoyar juicios y procesamientos, pero por otro lado llegando al gobierno tiene la necesidad de lograr un marco de gobernabilidad, en el peor momento económico y social de la vida del país. Tabaré Vázquez y un gobierno frenteamplista son quienes más necesitan paz y no justicia; pero no lo pueden decir”.




[1] El País, 19-X-02.
[2] Integrado por Eduardo Borges, José Bonavota y Ricardo Harriague.
[3] Luego del procesamiento de Blanco, Batlle había pronosticado en una entrevista con el comandante del Ejército que la resolución de Cavalli sería revocada por el tribunal de apelaciones y que, en ese caso, impulsaría una solución legislativa.
[4] Según el diputado blanco Gustavo Penadés, Batlle “reabrió un tema que estaba laudado y cometió un error que en política es delicado: entrar en un asunto sin saber cómo salir”.
[5] José Korzeniak dirá que declarar la muerte de los desaparecidos “traería inevitablemente un clima de discusión como el de la ley de caducidad”.
[6] Fuentes del Foro Batllista sostenían que la unanimidad en el grupo que investigaba el destino de los desaparecidos disiparía el riesgo de polémica política.
[7] Dice El País, de 20-X-02: “De los niños que fueron desaparecidos en ese período, el gobierno del presidente Jorge Batlle encontró a la nieta del escritor argentino Juan Gelman en Montevideo. Meses atrás, fue hallado en Buenos Aires el ahora joven Simón Riquelo (...). Su ubicación fue el resultado de una investigación desarrollada por el senador Rafael Michelini, quien hasta poco antes del desenlace trabajó en contacto con la Comisión para la Paz”.
[8] Se agregaban a las preocupaciones de Daners, las citaciones ante un juez uruguayo y uno chileno de Thomas Cassella y Eduardo Radaelli, por el asesinato de Berríos.
[9] El serpaj destaca que el “procesamiento tiene enorme importancia en nuestro país, ya que implica un cambio de actitud en uno de los poderes del Estado”. Para esa organización, el de Cavalli es un fallo judicial ejemplar, que reafirma la importancia de la independencia judicial y del Estado de derecho.
[10] El Observador, 27-X-02.
[11] El diputado forista Washignton Abdala dirá posteriormente que algunos magistrados “están acomodando el cuerpo” al prever que el Frente Amplio podría ser gobierno.

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