sábado, 5 de junio de 2010

SEPTIMA PARTE Capitulo V

V

TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO PALABRAS

Más allá de las místicas declaraciones de Blanco a la prensa, los ciudadanos se quedaban con la amarga sensación de que en Uruguay, si alguien es coautor de una privación de libertad tarda 26 años en ir preso, pero si después asesinan a quien fue privado de libertad y el preso se transforma en coautor de homicidio, sale en libertad a los siete meses.
El juez Eduardo Cavalli decretó la libertad provisional de Blanco a solicitud de su defensa y al no encontrar oposición por parte de la fiscal. Esta afirmación, que no deja de ser cierta, escondió el papel cumplido por la Comisión para la Paz a partir de la comparecencia de Carlos Ramela.
¿Qué paso el 9 de mayo en la sede penal de Primer Turno? Trataremos de explicar lo que sin duda fue una decisión jurídica con un gran trasfondo político.
Hay que descartar las versiones acerca de que la declaración de Ramela no influyó en la decisión y que ésta obedeció a la falta de oposición por parte de la Fiscalía al pedido de la defensa. Sin duda con la libertad provisional otorgada al ex canciller, el sistema judicial uruguayo desandaba una parte importante de un camino que había emprendido, lo que lo alejaba de los avances registrados en el resto del mundo con relación a los derechos humanos.
La lucha de Tota evitó que la investigación que establecía responsabilidades penales de Blanco permaneciera oculta en la Presidencia y que la posterior denuncia penal del año 90 continuara archivada “por error”. Sin esa acción desarrollada desde su condición de ciudadana, el ex canciller nunca hubiera rendido cuentas. Sin embargo, el sistema jurídico no permitió que la víctima o sus representantes legales presenciaran la audiencia en la que se aportaban supuestas informaciones sobre la suerte de Elena y en la que, finalmente, se decretó la libertad provisional de Blanco. Nada se supo oficialmente por muchos días de los fundamentos de las decisiones que se tomaron. Nada se supo del contenido de un segundo anexo que, según las Comisión para la Paz, contendría datos importantes para los familiares de Elena. Fue prioritario para la comisión incidir en la libertad de Blanco que informar a los familiares o a los representante legales que Tota había designado antes de morir.
La liberación de Blanco, después de que el procesamiento y la prisión fueran contundentemente fundamentados en dos instancias judiciales, requería una explicación. De no ser así, los furibundos ataques al juez, a la fiscal y al propio tribunal de apelaciones se transformarían en un instrumento extrajudicial muy eficaz que afectaba al Estado de derecho. Se necesitaba una operación de clarificación y divulgación para que la ciudadanía entendiera y compartiera esa liberación. No podíamos quedarnos con el ridículo llamado al amor, la paz y la reconciliación del ex canciller Desgraciadamente no tuvimos esa explicación. La desinformación sirvió para instalar la versión de que la libertad provisional significaba el reconocimiento de que el proceso y el encarcelamiento avalados por un juez, una fiscal y tres ministros de apelaciones estaban equivocados. Que, en definitiva, Blanco era una inocente paloma de la paz, dispensador de amor al prójimo. O que Elena murió “por efectos de un disparo, no a consecuencia de torturas ni fusilamiento” y que el disparo fue efectuado por “los grupos independientes de represión que actuaban en ese momento”.[1]
El juez y la fiscal habían sostenido anteriormente que “la privación de libertad, del punto de vista jurídico no ha cesado, no hay prueba de ello” y que “de insertarse hechos nuevos en el proceso”, se “examinará cuidadosamente su incidencia”. ¿Cuáles eran las pruebas que ahora existían? ¿Es serio pensar en la posibilidad de un examen cuidadoso de esos hechos nuevos aportados por Ramela en una audiencia de un par de horas? ¿Ramela aportó pruebas materiales de sus afirmaciones? ¿Aportó identificación de testigos de la muerte de Elena? Si así lo hizo, ¿pueden ser considerados válidos por un juez, sin más tramite? ¿Cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta en la consideración jurídica de la muerte de una persona? ¿Se aportó una partida de defunción o un testigo del hecho? Si eso no ocurrió, ¿quiénes dieron la información? Si no se aportó esa información, ¿por qué no se lo preguntó?
¿Qué pasó el 9 de mayo cuando comparece Ramela ante el juez Cavalli en presencia de la fiscal Guianze y el abogado de Blanco?
Ramela debe responder sobre los medios de que se valió la comisión para establecer los hechos aportados en el Anexo II y concluir que Elena habría fallecido a principios de noviembre de 1976. Según el declarante, con relación a ese caso se definieron tres temas: la etapa previa al secuestro en la embajada, el secuestro, y el período posterior.
Sobre esas tres etapas la información de fuentes civiles fue confirmada por fuentes policiales y militares. Después de ser detenida, Elena fue recluida en el Servicio de Material y Armamentos a los fondos del Batallón 13 de Infantería.
Sobre la segunda etapa, el secuestro en la embajada de Venezuela, la comisión tuvo la declaración de fuentes militares que participaron en el operativo, ingresaron al predio de la embajada, forcejearon con miembros de la misión diplomática y sacaron a Elena, a quien introdujeron en un vehículo.
Sobre la tercera etapa, sin perjuicio de un eventual destino intermedio, dice Ramela que Elena fue nuevamente al Batallón 13 de Infantería. A partir de allí, el trato que recibió fue muy distinto. Sufre “fuertes torturas (...) sus diálogos, muchas veces sus gritos, con sus custodios podían ser escuchados (...)”. Por testimonios directos de civiles, Elena “estaba viva el 4 de agosto, el 10 de agosto y el 25 de agosto (...) ya muy deteriorada como consecuencia de la tortura”.y un testimonio indirecto de fuente civil afirma que “la habría visto viva a fines de setiembre de 1976”. Las fuentes policiales y militares “que tenían directa participación en los episodios de esa época aunque no específicamente quizás en éste puntualmente (...) terminaron por coincidir básicamente, con alguna discrepancia, en que la muerte ocurrió entre el 1º y el 5 de noviembre de 1976 y quizás seguramente entre el 2 y el 3”.
Todas las versiones descartan su muerte como consecuencia de las torturas recibidas. La comisión no ha podido concluir cómo fue la muerte, pero tiene “la convicción de que fue por un tiro de arma de fuego” cuando estaba en el Servicio de Material y Armamento y no tiene idea del número y el grado militar del personal que intervino.[2]
Con respecto a sus restos, la versión que recibió la comisión y que no la considera una “conclusión definitiva” es “que sus restos casi seguramente fueron enterrados en el Regimiento 14 de Toledo y formaron parte del procedimiento que se habría verificado en el segundo semestre de 1984”, sin descartar que “haya existido un destino intermedio por algún tiempo en otras dependencias de las Fuerzas Armadas”.[3]
Cuando el juez le pregunta sobre “algún dato más preciso sobre la forma en que se le dio muerte”, Ramela dice que saber “qué personas intervinieron no era nuestro cometido, no sabemos el número de personas que participaron. Lo que se nos refirió es que fue un disparo de arma de fuego y que ella fue inmediatamente enterrada. Quienes hablaban con nosotros siempre lo hacían en tercera persona, más precisiones no tenemos”.[4]
Al preguntársele sobre “qué vinculación tuvieron las fuentes que les relataron el episodio de la muerte con ese hecho” Ramela dice que “por una cuestión de metodología en las conversaciones y para evitar una eventual retracción del testigo nunca hicimos esa pregunta en concreto y obviamos referencias que hicieran suponer que estábamos precisando saber identidades, eran personas que tuvieron que ver genéricamente en esos episodios, en esas fechas y en esos lugares específicos”.
Sobre la ubicación del lugar donde estuvieron enterrados los restos en Toledo dice “recordar que es un lugar de campo bastante extenso, pero específicamente el lugar no lo señalaron”.
Sobre la posibilidad de ubicar restos humanos por procedimientos científicos, la respuesta de Ramela parte de la aceptación de la Operación Zanahoria y la posterior cremación de los restos, por lo que concluye que “salvo que haya quedado algún hueso, el hecho de que hubiera habido un hueso después extraído, si bien inicialmente deja rastros, por más que haya sido totalmente extraído que pueden ser detectados por algún procedimiento antropológico (...) es que ese rastro se mantiene por un máximo de un año o año y medio, pero posteriormente el proceso de lavado de la tierra por procesos naturales descarta cualquier tipo de procedimiento”.[5]
Sobre el episodio de la exhumación e incineración de los restos, Ramela dice que la versión no es de fuentes directas, “son fuentes militares que refieren al episodio pero no se tuvo el testimonio de ninguna persona que haya aceptado haber intervenido directamente”.
Culminadas las preguntas de Cavalli, las siguientes son de la fiscal Guianze. La primera va dirigida a saber si la forma en que se produjo la muerte de Elena era excepcional y las razones. Ramela dice que sí, que es el único caso durante la dictadura. Sobre las razones dice que hay dos: la primera “indica que ella fue objeto de un trato especialmente malo después del episodio de la embajada de Venezuela porque de alguna manera sus captores entendían que los había traicionado o engañado”. La segunda “es un juicio de la comisión, es que dada la situación general que había rodeado este caso, las otras opciones que se verificaban en los casos de los detenidos, o sea la simple liberación o el blanqueo de la situación por su pasaje a la justicia militar, no se podía realizar en este caso”..Cuando Guianze le pide “alguna idea de dónde pudo haber partido la orden de la ejecución”, Ramela responde: “No. Evitamos todo tipo de referencias a identidades por lograr el éxito en la investigación. De todas maneras, como norma general se percibe que había una gran fragmentación en la toma de decisiones y muchas veces respondían a un grupo de personas individuales”. La fiscal insiste, procurando ampliar la respuesta, y le pregunta si “puede descartase o afirmarse que existiera voluntad a nivel gubernamental de llegar a la solución de dar muerte a Elena Quinteros”. Contesta Ramela que “Con nadie hablamos de ese tema. Nunca hicimos la pregunta concreta ni tuvimos una respuesta específica”. Guianze vuelve sobre el tema y pregunta: “Si en base a esa información puede descartar que exista una decisión en altas esferas”, a lo que responde: “No tengo una declaración o un testimonio terminante o concreto al respecto porque no hicimos esa pregunta específica con respecto a otros temas y tampoco a este tema puntualmente. La idea que extraigo a título personal y como un juicio en función de distintos comentarios, insinuaciones, palabras durante estos tres años, es que en este episodio, más allá de su importancia, como en otros, las fuerzas actuantes hacían lo que querían, y que no existía en general una trasmisión o referencia directa a las autoridades ni aun a las autoridades militares, pero menos a las autoridades de gobierno en sentido general, sobre cómo o por qué ocurrían estos episodios”.
La defensa de Blanco no hace preguntas a Ramela y afirma que sus declaraciones minuciosas y claras resultan “inequívocamente categóricas” acerca del fallecimiento de Elena. Reitera que en esos hechos (el homicidio) nada tuvo que ver Blanco ni material ni subjetivamente porque nunca vio ni conoció físicamente a la víctima ni supo de su destino.
En consecuencia, ya planteada la libertad de su defendido y en presencia de la fiscal y el juez solicita que se haga el pronunciamiento sobre el pedido de libertad provisional.
Se retira Ramela sin revelar las fuentes que le proporcionaron la información y sin que nadie le preguntara sobre ellas.[6] Finalmente, Cavalli considera: “Que si la titular de la acción pública no opone obstáculos al cese de la medida cautelar, no corresponde su mantenimiento (...). Se resuelve: Decretar la excarcelación provisional del señor Juan Carlos Blanco”.
¿Qué decían las 338 palabras del anexo que entregó Ramela al juzgado?
Confirma que Elena fue detenida en su domicilio el 26 de junio de 1976. Que trasladada el día 28 a las cercanías de Bulevar Artigas y Rivera, sobre las 10.30 de la mañana, ingresó al jardín de la embajada venezolana pidiendo a gritos asilo político. Que ingresaron en su busca varios funcionarios militares y policiales produciéndose un forcejeo entre diplomáticos y represores. Finalmente se llevaron por la fuerza a la detenida, lesionando al consejero de la embajada. Este hecho provocó finalmente la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Elena fue llevada desde allí hacia la sede de la ocoa ubicada en el Servicio de Material y Armamentos, a los fondos del predio del Batallón Nº 13 de Infantería, donde fue intensamente torturada por espacio de varios meses y fue ejecutada, finalmente, en los primeros días del mes de noviembre de 1976. “La comisión no ha podido obtener una versión coincidente sobre la forma en que fue ejecutada. Sus restos –según la información recibida– habrían sido primero enterrados en una dependencia militar –seguramente el Batallón 14 de Toledo– y después exhumados en el segundo semestre del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.”
[1] Declaraciones de Carlos Ramela a los medios de prensa.
[2] Afirma: “Alguna versión refiere que fue retirada del servicio y muerta a los minutos u horas en otro lugar cercano, pero no nos pareció convincente”.
[3] Al preguntársele cuándo se transporta el cuerpo de Elena a Toledo, dice que el traslado “pudo haber sido inmediato o pudo haber sido en un tiempo menor”, y que el lugar en la jerga militar era denominado Harlington.
[4] Ramela dice además que recibió “otra versión de que tenía otra punta que buscaba una explicación piadosa que decía que recibió una inyección de pentotal”.
[5] Se funda en una opinión del médico forense Guido Berro.
[6] Ramela declarará a la prensa que “la resolución presidencial que creó este cuerpo y un decreto especial que en el día de hoy dictó el Poder Ejecutivo, por el cual yo estaba autorizado a ampliar los términos de ese informe en la medida que preservara el principio esencial de nuestro trabajo, que es la confidencialidad de las fuentes”. Nada de eso consta en su declaración ni en el agregado al expediente.

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