viernes, 4 de junio de 2010

SEPTIMA PARTE Capitulo VI

VI

CRÓNICA DE UNA MUERTE DECRETADA

El defensor de Blanco, Carlos Curbelo Tammaro, decía que “No hay nada para felicitarse”, que su defendido “de ninguna manera puede volver a la cárcel (...). El proceso sigue buscando eventuales responsabilidades que pudieran surgir al margen de la de Blanco”. Ni él ni su patrocinado debían preocuparse por eso.
La defensa y la fiscal tenían cinco días, luego de notificarse de la libertad de Blanco, para presentar sus alegatos, a partir de los cuales Cavalli resolvería el sobreseimiento o la continuación del proceso del ex canciller.
La gacetilla oficial del Círculo Militar opinaba que no son “confiables las fuentes militares que colaboraron con la Comisión para la Paz”, que ésta “no entabló nunca contactos de nivel institucional con las Fuerzas Armadas, ni se reunió con los mandos y por el contrario procedió a entrevistar a numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas, intentando persuadirlos de que dialogaran y cooperaran”.
El juez Cavalli declara a la prensa que “el juicio sigue abierto, lo que sucedió hoy es que se diligenció una prueba testimonial. El juicio va a seguir hasta que se dicte una sentencia que disponga la inocencia o la culpabilidad”. Un abogado penalista, ante el hecho de que un imputado del delito de coautoría de homicidio especialmente agravado esperara el resultado del proceso en su casa, presenta pedidos de libertad para todos sus defendidos acusados y encarcelados por delitos comunes.
Desde la central sindical, Luis Puig dirá: “Que al conjunto de los uruguayos les quede claro que Blanco no fue liberado por ser inocente” y cuestiona la actitud de Ramela, quien “negó la información al conjunto de la sociedad pero aceptó entregarla al juez (...) tratando de configurar una estrategia ideada por el Poder Ejecutivo de usar el informe de la Comisión para la Paz para evitar que Blanco siguiera en prisión, evitar el procesamiento de Juan María Bordaberry y cerrar el paso al llamado que la justicia podría hacer a policías y militares”.
En el mismo sentido, Felipe Michelini señala que Blanco “ha sido condenado por la sociedad uruguaya como partícipe del secuestro y posterior asesinato de Elena Quinteros, y punto”.
El diputado colorado García Pintos celebra “con júbilo la liberación de Blanco (...) era hora de que fuera puesto en libertad después de siete meses de prisión y de un injusto procesamiento”.
Desde filas nacionalistas el diputado Julio Silveira señala que “esto viene a ser un aporte a la tranquilidad y la paz de los uruguayos. Todo el hecho termina siendo una contribución a la tranquilidad y a la cicatrización de heridas”.
Pero la historia no termina allí. El juez no se había expedido sobre la información que había recibido de Ramela. Solo se había pronunciado sobre el pedido de libertad provisional de Blanco. Sí se había aceptado, como prueba válida de la muerte de Elena, la opinión de la Comisión para la Paz. Eso no laudaba sobre la culpabilidad y el eventual encarcelamiento del ex canciller, pero constituía un precedente que sí afectaba el hasta ahora único resquicio a la impunidad en Uruguay: el carácter de delito continuado o permanente de la desaparición. De alguna manera, nos encontrábamos más cerca del punto final buscado por Batlle.
La gigantesca y silenciosa marea humana de más de 40 mil personas que volvió a reclamar por los desaparecidos el 20 de mayo fue una respuesta popular contundente que decía no al punto final. Como todos los años, la sociedad uruguaya rechazaba el punto final del discurso oficial. La izquierda debió sumarse al reclamo y sostener que “no se ha cumplido cabalmente el artículo 4º de la ley de caducidad”.[1]
Esa respuesta, tras la consigna “¿Dónde están? Hoy más que nunca, nunca más”.ocurría casi un mes y medio después de que la comisión entregara su informe final, y en el contexto de pronunciamientos militares que rechazaban el “revisionismo inconducente” e iniciativas legales que buscaban aclarar los crímenes cometidos antes y durante la dictadura.
Dentro de los plazos establecidos, y fundamentando que el delito de homicidio había prescrito, la defensa de Blanco presentó su alegato solicitando la clausura de los procedimientos y la libertad definitiva.
Por su parte, Guianze pedía el procesamiento por el delito de homicidio especialmente agravado en grado de coautoría. En su alegato cuestionaba a Ramela por no haber aportado antes a la justicia la información que tenía sobre la muerte de Elena, y al Ejecutivo por no contemplar el mandato judicial que disponía el levantamiento de la reserva impuesta al crearse la comisión. Según la fiscal, no correspondía clausurar el expediente sino atribuir a Blanco “la comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de coautor, disponiendo por consecuencia su reintegro a la cárcel”, ya que consideraba que el mismo no había prescrito.[2]
Al referirse a la declaración de Ramela ante el juez, dice que de ella “no surgen nombres de las personas que aportaron los datos, (que no estaba autorizado a proporcionar)”. Afirma que “el Poder Judicial nunca pudo acceder a información alguna y, (lamentable comprobación) hoy día subsiste la misma reticencia y la cerrada negativa de los involucrados a prestar declaraciones (...). Es una realidad que necesariamente debe afrontarse, aunque no sea lo correcto, pues todo indica que muy difícilmente habrán de obtenerse otras pruebas y que poco se ha avanzado en este terreno desde 1985, pese a que nos rigen las normas propias de un Estado democrático e igualitario para todas los ciudadanos”.
Al analizar las pruebas aportadas por la comisión, la fiscal sostiene que “Esa ‘verdad posible’ que refiere la comisión, puede en forma lógica tomarse como certeza capaz de fundar un pronunciamiento judicial, vista la naturaleza de las fuentes, su pluralidad y concordancia y la seriedad del trabajo (...) Los integrantes de la comisión serían en verdad testigos ‘de oídas’, pero en todo caso testigos calificados que desarrollaron una labor de tres años, procurando reunir antecedentes y verificarlos, con criterios predeterminados y compartibles, impuestos en sus cargos por el presidente de la República, que ha hecho suyas las conclusiones. Es una peculiar forma de prueba, que no puede encuadrarse en la tradicional relación del testigo indirecto, pues no son personas que meramente recogieran aseveraciones de terceros para acercarlas al juez, sino que recopilaron y analizaron información en forma sistemática”.
Da “por suficientemente acreditado que Elena Quinteros fue muerta en noviembre de 1976”.
Sobre la clausura del expediente y la libertad definitiva de Blanco, “ya no puede hablarse de un delito de privación de libertad, porque éste cesó con la muerte de la víctima, sino de un delito de homicidio muy especialmente agravado (...) en concepto de la Fiscalía también cabe atribuirle a Blanco el carácter de coautor, ya que desde la estructura de poder dio las órdenes, facilitó los medios o aseguró la impunidad de los hechos cometidos. Blanco integró esa estructura de poder que decidió los destinos de los ciudadanos luego del golpe de Estado, desde el inicio. Fue uno de los gestores del llamado proceso cívico-militar, que tuvo precisamente esa característica: Uruguay se distinguió por la participación activa de civiles en la conducción gubernamental, cuestión notoria y que resulta de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están disponibles en Internet. Su actuación comienza, estando a sus declaraciones, aun antes de la disolución de las cámaras, en Boiso Lanza, y los documentos emanados de la cancillería, contestando los cuestionamientos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y cercenamiento de las garantías civiles y políticas, ilustran claramente sobre la forma en que presentaba la realidad nacional y se trataba de que hechos puntuales, cuya ilicitud se ha comprobado ahora, quedaran impunes”.
Sobre la hipótesis que planteó Ramela en cuanto a que el caso de Elena era diferente al de otras personas muertas durante la tortura, Guianze se pregunta: “¿Por qué se la eliminaría de esa forma, si a esta altura parece claro que los militares no practicaron el homicidio de personas como táctica, tal como ocurrió en otros países? No es explicación hábil que su estado físico fuera deplorable por el trato recibido. Hubo muchos detenidos que quedaron incluso imposibilitados de por vida a raíz de los castigos que se les infligieron, pero no se los mató. La situación de Elena Quinteros era diferente. Tal como consignara Blanco en el multicitado memorando secreto, la alternativa de ‘Entregar a la mujer’ importaba desventajas, entre otras, ‘reconoceríamos la comisión de un acto ilícito, la mujer podría hacer declaraciones en nuestra contra y los elementos anteriores podrían ser explotados en una campaña contra nosotros’. Véase que se emplea la primera persona del plural, el canciller estaba consustanciado entonces con las violaciones a los derechos humanos que se perpetraban. Elena Quinteros no podía, pues, aparecer detenida, como en los restantes casos. Para esa época ya se insistía, por los organismos de derechos humanos en supervisar la situación de Uruguay, e internacionalmente se enfrentaban duros cuestionamientos. La ejecución de la víctima fue entonces el trágico corolario del conflicto internacional, que se trató de evitar eliminándola físicamente. No hay duda entonces que Blanco, integrante del cosena y activo partícipe de la cúpula del poder, debió tomar parte en la decisión, o al menos habría prometido encubrir el delito antes de su ejecución, cosa que efectivamente hizo.
No corresponde, por tanto, clausurar el expediente sino reformar el auto de procesamiento, atribuyendo a Juan Carlos Blanco la comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de coautor, disponiendo por consecuencia su reintegro a la cárcel”.
El lector puede preguntarse, después de leer esta fundamentación, por qué la fiscal consintió el 9 de mayo en que a Blanco se le diera la libertad provisional. Sus propios alegatos dan una respuesta: “no se opuso a la excarcelación provisional, como cuestión transitoria y hasta tanto se examinaran las resultancias de autos en su conjunto, para dictaminar”.
Finalmente, el juez tomará una resolución que no será aceptada ni por la Fiscalía ni por la defensa de Blanco. Dicta el procesamiento de Blanco por el delito de coautor de homicidio, pero no hace lugar al pedido de prisión. Por lo que Blanco tendrá el privilegio de que carecen cientos de presos en Uruguay hacinados en cárceles destruidas y jaulas de acero: esperará confortablemente la sentencia definitiva en su casa en Carrasco.
En momentos en que el presente trabajo es finalizado, el expediente vuelve al tribunal de apelaciones. En este sentido éste es un libro inconcluso, y nos alegramos que así sea.
Hemos elegido terminar esta obra con las expresiones del abogado Nelson García Otero,[3] integrante de la Suprema Corte de Justicia entre 1985 y 1992, en su análisis de las consecuencias jurídicas del trabajo de la Comisión para la Paz y del decreto del Poder Ejecutivo que homologó su informe final.[4]
Al referirse a las consecuencias jurídicas de la actuación de la Comisión para la Paz, García Otero destaca cuál es nuestro ordenamiento jurídico, empezando por las normas constitucionales en las que están prohibidas las pesquisas secretas. La Comisión para la Paz no tiene ninguna regularidad oficial porque parte de un “pecado de origen”: “El presidente de la República que la creó no tiene ninguna facultad para promover este tipo de investigación y nombrar este tipo de comisión (...) esto no es una monarquía, es un gobierno constitucional, por sí y por resolución suya no puede organizar una comisión como ésta, e incluso decirle lo que tiene que hacer. Porque la comisión establece expresamente en su informe que el presidente le dijo que no podía interrogar a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque eso no era conveniente”.
Según su razonamiento, lo que se conformó con la Comisión para la Paz fue un grupo de asesores del presidente “al estilo y dentro de lo que el presidente quería, porque les dijo ‘Pueden hacer esto pero no esto otro’. Por lo tanto, cuando no es el Estado uruguayo el que está actuando a través de esta comisión –no es el Estado uruguayo porque el presidente de la República no puede crear un órgano fuera de la Constitución–, todo lo que hace está apartado del ordenamiento constitucional”.
Cuando la comisión, actuando en forma muy reservada, obtiene información confidencial y no la registra por escrito y sólo se hacen pequeñas anotaciones, según García Otero “se está apartando del ordenamiento jurídico regular y está entrando en lo que sería una pesquisa secreta porque no la está realizando efectivamente una entidad oficialmente regular (...). Creo que la Comisión para la Paz funcionó como una nada jurídica, y a esa nada jurídica el decreto posterior del Poder Ejecutivo (...) no puede agregarle nada porque de la nada no puede sacar más que nada. (...) la muerte se prueba con la partida respectiva de defunción y, en ausencia de la misma con otros documentos auténticos y con las declaraciones de las personas que hayan presenciado los hechos constitutivos. Lo dicen el Código Civil y la ley de registro de estado civil (...). (La comisión dice) que no buscaron ni pudieron establecer la verdad, sino la verdad posible. No entiendo muy bien cuál es la verdad posible y cuál la imposible: ellos dicen que sólo informan sobre lo que pudieron determinar como verdad posible. Nos manejamos en una ambigüedad tal que no termino de entender bien qué quisieron hacer, como no entendía cuando los militares, al referirse a las atrocidades que habían cometido, expresaban que simplemente habían ‘perdido algunos puntos de referencia’. Nunca entendí qué querían decir con eso. La comisión dice al final (a mi entender como opinión de determinados ciudadanos, no como una verdad o una expresión oficial) que se cometieron atrocidades, que se mató gente, que se hizo desaparecer gente, etcétera. Eso lo sabíamos todos, además”.

[1] Declaraciones de Tabaré Vázquez.
[2] La fiscal sostiene que el delito prescribiría en 26 años y ocho meses, lapso que aún no ha transcurrido y debe contarse a partir del 1º-III-85.
[3] García Otero y Jacinta Balbela de Delgue firmaron discordes en la Corte las sentencias que declararon constitucional la ley de caducidad.
[4] Manifestaciones realizadas en un seminario organizado por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales, integrante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, y en el programa “En perspectiva”, de radio El Espectador, el 5-VI-03.

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