lunes, 14 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo III

III

LA BATALLA POR LA VERDAD


El primer escrito solicitando a la Corte y el Ejecutivo que informaran sobre el trámite dado a la denuncia de Pintado se presentó el 26 de octubre.
El intercambio entre quienes trabajaban para esa causa no se limitaba al recurso de amparo. Se evaluaba que, en el futuro, había que intentar trascender el reclamo del artículo 4º. Ese reclamo “es una trampa que nos conduce siempre a un Poder Ejecutivo que no quiere investigar y hará todo lo posible para no hacerlo o hacerlo mal”. Había que prestar atención a la forma como en Argentina ese aspecto había sido resuelto por el juez federal Bagnasco, pues “aun en la órbita penal es posible iniciar causas”.[1]
Mientras corrían los plazos para lograr la información, y en el marco de una campaña internacional que reclamaba conocer el destino de los familiares de Juan Gelman, Sanguinetti reconoce, por primera vez, que el tema de los desaparecidos no estaba cerrado. Decía ser partidario, además, de que los familiares “encuentren la información que reclaman”, como un paso más para “cerrar este triste capítulo de nuestra historia”.
Las palabras del artífice de la política de impunidad en Uruguay no eran inocentes. El problema radicaba ahora, de acuerdo a sus dichos, en quién encontraría la información, qué información era la reclamada y, una vez resuelto eso, el punto final. Estaba claro que el instrumento para encontrar la información no sería el cumplimiento cabal del artículo 4º, pues en ese caso se identificarían responsabilidades.
Si esa era la “voluntad política” del Ejecutivo, una vía que buscara la verdad mediante una solución política, necesariamente requería una redefinición del reclamo. Se debía omitir el “quién”.
El avance en el tema de los desaparecidos empezó a transitar, explícita o implícitamente, esos andariveles. Ello explicará comportamientos futuros en torno al desarrollo y los resultados de la batalla judicial de Tota.
En el año 1999 hubo elecciones. En las municipales, nuevamente Montevideo quedó en manos del Frente Amplio, que arañó el triunfo en otras capitales del interior. En cuanto a la presidencia, la disputa daba muchas posibilidades de triunfo a la izquierda. Esta eventualidad sin duda estuvo presente a la hora de evaluar estrategias en torno a los derechos humanos. El reclamo de Tota quedaría en manos de la izquierda o del Partido Colorado. Dependía de cuándo se resolviera.
El último domingo de noviembre se realizó la segunda vuelta de la elección presidencial. El apoyo de los blancos a Batlle permitió la derrota de la izquierda. Esto afectó mucho a Tota. “Quizás un cuadro muy representativo sea el que me describió una compañera que vio a Tota. Lloraba sin consuelo y decía ‘ya no lo veré’. Lo que presentía que no vería –por sus más de 80 años de edad– posiblemente se refería no sólo al Frente en el gobierno, sino a las posibilidades de saber qué pasó con su hija secuestrada”, cuenta Sara Méndez.
El 15 de diciembre, sin haber obtenido la información solicitada, se presentó la demanda de amparo contra el Estado.
En ella Tota expresaba: “A pesar del sinnúmero de gestiones realizadas no he podido saber, hasta el día de hoy, dónde fue conducida luego de ser secuestrada del interior de la embajada de Venezuela, ni qué suerte corrió mi hija Elena. (...) Aquellas preguntas elementales no han sido respondidas aún. (...) Ninguna autoridad pública me informó nada en relación a qué ocurrió con mi hija luego del secuestro y dónde está su cuerpo. La omisión ilegítima del Estado fue puesta nuevamente de manifiesto cuando recibió una declaración de un ex funcionario del Ministerio de Defensa que asegura que en el Batallón Nº 13 está enterrada Elena Quinteros, y no se dispuso diligencia alguna. Por esa razón la demanda intenta lograr la protección del derecho a la información, derecho fundamental de rango constitucional que la omisión del Estado, en el caso, desconoce francamente en la medida que todo ocultamiento, demora, inacción, negligencia, desidia, imprudencia en la búsqueda de la información y la obtención de la verdad, suponen una evidente lesión de aquel derecho (...)”.
Era la tercera vez, luego de aprobada la ley de caducidad, que la obligación del Estado de investigar desapariciones forzadas durante la dictadura era trasladado al Poder Judicial. Y era la primera vez que se hacía mediante un recurso de amparo. Éste es un recurso que tiene muchos requisitos para ser admitido por el juez, pero una vez aceptado es de rápida resolución.
Antes de resolver si aceptaba la demanda, la jueza pide saber en qué fecha Tota conoció las declaraciones de Pintado.
Los abogados sabían que el recurso tenía dos puntos clave a sortear: que el juez lo aceptara y ganarlo. Para lo primero se habían preocupado por cumplir con todos los requisitos. Para ganarlo, Chargoñia fundamentó larga e inteligentemente que la justicia debía reconocer que había un derecho elemental afectado, al que había que proteger.
Uno de los motivos por los que podía ser rechazado era que el plazo para su presentación era de 30 días luego de ocurrido el hecho que afectó el derecho reclamado. Si la jueza quería saber cuándo Tota se enteró de las declaraciones de Pintado, era que el reclamo se estaba analizando.
Preguntar esa fecha hizo pensar que se estaba buscando cómo tirar la esponja, pero luego de revisar el escrito se vio que carecía de esa fecha. Por lo cual se siguió confiando en la justicia por unos días más.
La entrevista con el presidente de la Corte había sido el 5 de mayo, ésa era la fecha que quería saber el juzgado. Si a partir de allí se contaban los 30 días, el reclamo de Tota naufragaría en la orilla.
Cuando Chargoñia responde, vuelve a formular con contundencia la omisión continuada del Estado, lo que permitía superar el escollo de los plazos para la presentación de la demanda.[2]
En esos días, dos parlamentarios denuncian la existencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de información sobre personas desaparecidas y solicitan que se hagan públicos los archivos al respecto.[3]
Cerca ya de empezar una nueva feria judicial, el 22 de diciembre la jueza Jubette solicita a la Corte el testimonio de la denuncia de Pintado y que le informen cuándo lo habían enviado al Ejecutivo.
El feriado judicial paraliza la causa. Mientras tanto, en La República, se publican en una serie de artículos los antecedentes de acciones judiciales tendientes a conocer la verdad. “El nuevo milenio hereda sin resolver, en el campo de los derechos humanos, un conjunto de aspectos esenciales para la convivencia democrática sobre los cuales deberán expedirse las instituciones que la sociedad se ha dado, justamente, para su preservación y defensa. No se trata de una batalla en solitario del Poder Judicial; como toda batalla democrática, necesita de la participación de toda la sociedad”.[4]


[1] Apuntes sobre una reunión del equipo que trabajaba en el recurso de amparo.
[2] Chargoñia demostraba que se trataba de una omisión continua. Ésta no consistía en no investigar lo denunciado por Pintado, sino en no haber continuado hasta sus últimas consecuencias la investigación iniciada por Flores. Si el Estado reconoce haber secuestrado a Elena, debe decir qué hizo con ella o poner a disposición de la justicia todos los datos para esclarecer su suerte.
[3] Los diputados José Bayardi y Enrique Rubio (fa) se referían a documentación relativa al matrimonio Michelena-De Gouveia, desaparecidos en la Argentina.
[4] En esos artículos se destacaba el “juicio por la verdad” iniciado en 1998 en la Cámara Federal de La Plata (Argentina), que había realizado 250 audiencias en las que declararon familiares, ex detenidos, médicos, policías y militares implicados en la represión ilegal.

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