domingo, 13 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo IV

IV

ANTE LOS TRIBUNALES

Al fin de la feria judicial se encontraban ya en el juzgado las denuncias de Pintado y la fecha en que la Corte las envió al Ejecutivo. Todo estaba pronto para que se convocara la audiencia en que se definiría el recurso de amparo. Tota recibió con expectativa e inquietud la convocatoria para el 17 de febrero a las diez y media de la mañana.
Cuando sus compañeros la pasaron a buscar al hogar donde vivía, ya estaba pronta y la despedían con cariño.
Con sobrada experiencia en las expectativas frustradas ante las audiencias, Sara trató de aplacar su inquietud. Pocos minutos pasadas las 10, entraban al local de la calle San José.
Numeroso público y periodistas llenaban la planta baja del edificio del juzgado a cargo de la abogada Estela Jubette.
La gente saludaba a Tota con la esperanza de que por una vez se respetara el derecho que esta mujer reclamaba desde hacía ya 24 años.
Adentro la esperaba el hombre que argumentaría por ella las razones jurídicas de su reclamo. En la sala de audiencias la jueza ajustaba detalles de una instancia que, sin duda, sería difícil también para ella.
Habían sido escasas las oportunidades, en los últimos 15 años, en que un juez tuvo a consideración, fuera de las causas de reparación civil, un caso de esa naturaleza.[1]
La sala de audiencias no daba cabida a la totalidad del público y periodistas presentes, por lo que la audiencia era seguida desde los corredores. Tota y Chargoñia se ubicaron frente a la jueza. Del otro lado se sentaba un abogado del Ministerio de Defensa con sus asesores.
Luego que la televisión y los reporteros gráficos tomaran sus registros, se ordenó que se apagaran las cámaras y los micrófonos.
Se le dio la palabra al Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Defensa Nacional.
Tota escuchaba en silencio. El abogado Germán Amondarain, en nombre del organismo que había secuestrado a Elena, repitió la conocida prédica de todos los gobiernos anteriores.
Por boca del abogado, Sanguinetti cuestionaba la legitimidad del reclamo de esa madre. Sin el más leve sonrojo se sostenía que ya se había investigado. A pesar de que Elena seguía desaparecida, no se consideraba necesario reabrir la investigación. Era el mismo discurso frío e inhumano, los mismos argumentos que repetían ante el reclamo de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y ante los organismos internacionales que cuestionaban la impunidad de la ley de caducidad.[2]
Ni el propio abogado parecía creer en sus afirmaciones. Al terminar su alegato quiso fortalecer sus argumentos con otros medios de prueba y solicita que se incorporen a la causa todos los antecedentes relativos al caso de Elena. Esto implicaba pedir al Parlamento, a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior, al Tribunal de lo Contencioso y al Poder Judicial todos los antecedentes del caso.
Era también una forma de ganar tiempo y trasladar el problema a la nueva administración que días después asumiría el gobierno.
No podía sospechar el Ministerio de Defensa que esa “chicana” tendría un nefasto resultado para la impunidad.
Quien debía resolver el reclamo era el recientemente electo gobierno de Batlle. Esto tenía su importancia en razón de que, en forma reservada, Batlle discutía con Tabaré Vázquez una salida al tema de los desaparecidos, lo que podría evitar que el reclamo de Tota se dirimiera en los tribunales.[3]
La jueza resuelve incorporar las pruebas pedidas por el Ejecutivo y concluye la audiencia. Los argumentos de Amondarain no habían sido suficientes para que se rechazara el recurso. Sólo quedaba esperar que la información solicitada llegara y se convocara una nueva audiencia.
Mientras eso se esperaba, los organismos de derechos humanos fueron invitados a una reunión en la que la abogada chilena Pamela Pereyra contó su participación en el funcionamiento de una mesa de diálogo en la que participaban algunos abogados de derechos humanos, militares y el gobierno de Chile para encarar el tema de las desapariciones en aquel país.[4]
Para el pit-cnt, que también asistió, la visita de la abogada chilena en aquel momento obedecía a algo más que una labor informativa. “Para acá se debe estar preparando algo, al estilo uruguayo.”[5]
En ese mes de febrero se inaugura, en la cooperativa de viviendas covitea, una biblioteca con el nombre de Elena Quinteros. Entre murgas y canto popular Tota pudo presenciar esa noche de verano la reivindicación y el homenaje popular a su hija.
Tres meses después, en los escritorios del juzgado se amontonaban las dos pilas de documentos y expedientes solicitados. Se sabía que ninguno de esos documentos tenía que ver con la causa entablada por Tota. Chargoñia retira, no obstante, todos los documentos y procede a revisarlos. Así toma debida cuenta de que faltan algunos documentos. Pero lo más importante surge de los expedientes remitidos por el Poder Judicial. Estaban allí todas las causas penales abiertas en 1985, junto a la denuncia presentada por los legisladores del Frente Amplio en el año 1990 contra Juan Carlos Blanco.
En marzo se instaló el nuevo gobierno sin que la demanda de Tota tuviera resolución. La ceremonia de cambio de gobierno congregó a varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos el venezolano Hugo Chávez.
Tota quiso aprovechar su presencia. Preparando el terreno para su llegada, ya se había enviado información actualizada del caso de Elena al gobierno y a la sección venezolana de Amnistía Internacional.
En la primera conferencia de prensa que dio Chávez en Uruguay se le pregunta sobre Elena. Respondió que no estaba muy informado y ordenó a su delegación que averiguara quién era esa mujer sobre la que le preguntaban. El canciller venezolano José Vicente Rangel le solicita información a la periodista que le formulara la pregunta. Pocas horas después, por intermedio de la misma periodista, Tota le envía un informe completo al canciller venezolano.
Durante el recorrido de Chávez por la ciudad, escucha en varias oportunidades la misma pregunta. ¿Qué iba a hacer Venezuela por Elena Quinteros? Cuando llega al hotel encuentra información que muchas personas, por propia iniciativa, le habían dejado.
Con muchos más años de edad y con la salud ya deteriorada, Tota concurre al hotel Victoria Plaza acompañada del ex diputado Hugo Cores a solicitar una entrevista. Le contestan que al día siguiente a las 9 de la mañana la atendería el canciller.
En la entrevista, Rangel le expresa a Tota su compromiso personal e institucional de ocuparse del caso. Cuando ella se retiraba, llega al hotel el presidente Chávez. Decenas de periodistas nacionales y extranjeros separan a Tota, que se dirigía hacia la puerta, del presidente que se aprestaba a entrar.
Una periodista uruguaya advierte la presencia de Tota y le pregunta a Chávez si la recibiría. Sin dudarlo contesta que sí y camina hacia ella. La abraza y le expresa que le dedicará unos minutos.
Ambos se sientan allí, en el hall, y ante la atenta e inquieta mirada del ministro de Defensa uruguayo, Luis Brezzo, conversan. Chávez le reafirma a Tota las palabras de su canciller y le pide su bendición.
“El presidente Chávez, en 15 minutos hizo más por Tota y los desaparecidos que los 15 años de gobiernos democráticos uruguayos que ni siquiera han recibido a los familiares de desaparecidos.”[6]
El movimiento sobre la delegación de Venezuela había dado sus frutos, pues se establecieron mecanismos y responsabilidades que permitirán un seguimiento del caso por parte del nuevo gobierno de Venezuela y se volvió a exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos 15 años atrás por Sanguinetti.
¿Hasta dónde llegaría la administración de Batlle para aclarar el secuestro y la desaparición de Elena? La interrogante con la que Tota dejó el hotel Plaza la responderá paulatinamente el tiempo.
[1] Los antecedentes eran sólo la denuncia de los padres de Simón por su hijo y la de la Operación Zanahoria. Ninguno de los casos tuvo resultado favorable.
[2] El 29-XII-97 Sanguinetti consignaba en un documento oficial que “El Poder Ejecutivo no está habilitado para investigar delitos que la ley impide punir”.
[3] La negociación se hacía con la intermediación de los abogados Gonzalo Fernández y Carlos Ramela.
[4] La reunión se efectuó el 24-II-00 en el serpaj, convocada por el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
[5] Comentario en un informe a la Secretaría del pit-cnt.
[6] Expresiones en un comunicado de la central sindical.

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