domingo, 13 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo V

V

EL VALOR DE UNA JUEZA


Por primera vez en 26 años, el 1º de marzo el nuevo presidente anuncia que su gobierno encarará una solución al tema de los desaparecidos.
Nunca en la historia del país un cambio de mando se hizo con tan poca gente en la calle. El tránsito se había cortado en un enorme radio que tenía como centro el Palacio Legislativo. La ausencia de vehículos circulando marcaba más la soledad de la ceremonia. La organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos había convocado a concentrarse en la Avenida del Libertador con los retratos de los desaparecidos. El nuevo presidente saludó a su paso al grupo.
En las primeras horas de la mañana se había conocido por la prensa una carta abierta al presidente firmada por la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La comunicación recordaba que no se había cumplido con el artículo 4º de la ley de caducidad, criticaba las investigaciones realizadas por los fiscales militares y enumeraba los incumplimientos del Estado con los organismos internacionales. Agregaba que “aun la más dura verdad era preferible a la angustia del ocultamiento y la mentira, que eternizaban el dolor y la duda”. Finalizaba puntualizando aspectos que, según esa organización, debían tenerse en cuenta en el proceso de esclarecimiento de las desapariciones: Que el Estado asumiera oficial y públicamente la responsabilidad de los hechos, y que diera respuesta concreta sobre el cuándo, dónde, cómo, y por qué acerca de cada desaparecido, independientemente del país donde se produjo la desaparición.
En los reclamos no se mencionaba el quién. La ausencia de ese reclamo en las discusiones entre el nuevo gobierno y la izquierda no pasó desapercibida. A pesar de que la carta expresaba que había que sancionar moralmente a los autores de las desapariciones, produjo preocupación en Tota y otros familiares; era imposible sancionar cuando el sujeto de la sanción permanecía en el anonimato. “La bajada de cartel del ‘quién’ pudo quizás entenderse y hasta justificarse en determinado momento histórico en que se produjo ese hecho. Pero hoy el mundo cambió, se ha avanzado, ya no tiene justificación. Es como cuando el 20 de mayo pasado discutíamos si era importante hablar de la impunidad o no. Quienes ignoran que el tema de la impunidad hoy es un tema vigente y que está en el orden del día, de alguna manera no han incorporado los avances de los últimos años. El sacar el ‘quién’ es una mala representación de la consigna aquella de los años 60 y 70: ‘Un paso atrás, dos adelante’. En este caso un paso atrás y allí quedarnos. (...) Por otra parte, si se trata de un recurso de ‘negociación’, es malo; nunca se va con una posición minimalista.”[1]
El 16 de marzo los vecinos de Montevideo a través del gobierno departamental homenajean a Tota. La jornada fue un acto de reparación popular ante el dolor de la pérdida de Elena y de todos los compañeros a los que se seguía buscando.
A raíz de informaciones que aparecían en la prensa sobre las vías de solución al tema de los desaparecidos, en marzo la organización de Familiares de Desaparecidos afirmaba que nunca iba a aceptar que, por ley o decreto, se diera a los desaparecidos por muertos, y descartaba la idea de encargar su búsqueda a quienes, según versiones, “fueron las partes del problema: militares y ex guerrilleros”.[2]
Un día después, la periodista que había entregado al canciller Rangel el dossier sobre Elena, le escribe reclamándole el cumplimiento del compromiso asumido ante Tota.[3]
A fines de marzo el acuerdo que en algún lugar se estaba construyendo en torno al tema de los desaparecidos encontraba dificultades que lo tornaban complicado. Por un lado se preveía un fallo de la justicia que ordenaría al gobierno cumplir algo que Batlle, al igual que Sanguinetti, no estaba dispuesto a hacer: reabrir el tema en el marco del artículo cuarto con una investigación administrativa. Por otra parte, la central sindical impulsaba desde tiempo atrás acciones judiciales, y algunos familiares ya habían materializado demandas contra los militares en el exterior.[4] Por último, el panorama internacional amenazaba con tener en cualquier momento consecuencias sobre Uruguay.[5]
Las presiones sobre la justicia no tenían éxito. Había que intentar disciplinar al movimiento sindical, que no se inclinaba a confiar ingenuamente en una política diseñada desde el partido de la impunidad.
En ese sentido Seregni, otrora líder de la izquierda, criticaba fuertemente a los sectores sindicales que, según el general, asumían protagonismo en un tema que no les correspondía. Los desaparecidos ya no eran un problema de la sociedad, eran solo de los familiares. No había caminos jurídicos a transitar. Estaba todo laudado y acabado. Había que esperar salidas políticas.
Éstas estaban en curso. El 27 de marzo Vázquez y Batlle tratan el tema. Finalizada la reunión, el primero declara que el presidente le pidió colaboración para llegar a un acuerdo. Por su lado, Batlle expresa su disposición a reunirse con los familiares y su optimismo con respecto a encontrar una solución al tema después de escuchar las palabras de Seregni.
No se necesitaba mucha sagacidad para intuir a dónde apuntaba el “estado del alma” a que hacía referencia Batlle. Sin embargo, necesitaba hacer algo, o al menos aparentar que lo hacía para diluir las dudas y desconfianzas sobre sus verdaderos propósitos.
Dos hechos a fines de marzo contribuyeron a abrir cierto crédito a su política sobre derechos humanos. Informado por fuentes militares acerca de que Gerardo Vázquez no era, como se sospechaba, Simón Riquelo, logra que el joven se preste a hacerse el examen de adn. Por otro lado, es ubicada en Uruguay la nieta de Juan Gelman. El anuncio de la casa de gobierno presenta el resultado de la investigación de Gelman como un mérito compartido por Batlle.[6]
En un intento de incorporar otros puntos de vista a la hora en que la sociedad empezara a recorrer caminos para reparar las secuelas de la dictadura, el movimiento sindical elabora un documento que intenta fortalecer
El movimiento sindical elabora un documento que intenta incorporar a las vías de solución al tema de los desaparecidos recientes declaraciones de la organización de los familiares, que pasaron a reclamar una “verdad exhaustiva” a partir del fuerte cuestionamiento interno que había generado la renuncia pública al “quién”, y un pronunciamiento del serpaj que ubicaba las obligaciones del Estado en el marco del derecho internacional. El documento cuestionaba que las gestiones fueran reservadas, que la responsabilidad de los crímenes de la dictadura fuera compartida y que el tema fuera privativo de los familiares de las víctimas. “Quizás alguien crea que individualmente ha podido ‘olvidar’. Puede estar en la órbita de las decisiones personales haber ‘cerrado’ el capítulo de su drama personal. Puede admitirse la voluntad de ‘no querer saber’, de haber renunciado a la justicia. Todo eso que puede ser admitido y que puede existir en el universo de las conductas individuales, no es posible reproducir homogéneamente en toda la sociedad. Nuestras sociedades, luego de aquellas largas noches del terror, no puede ni debe olvidar. Lo que exige no olvidar, no cerrar, no querer olvidar, no renunciar a la justicia, son las heridas abiertas en el cuerpo social mismo de nuestra sociedad. Y si no queremos desangrarnos, deberemos atender esta herida, en lugar de querer omitir su existencia (...). El conocimiento de la verdad exhaustiva, sin restricciones ni limitaciones debe identificar a los verdaderos responsables de las desapariciones y otras violaciones graves de los derechos humanos. En este mismo sentido, el Estado debe hacer caer todo el peso de la ley ante acciones, omisiones y complicidades que hoy se cometan con el fin de obstaculizar el esclarecimiento de esos hechos.”[7]
En el acto central del primero de mayo, la proclama del movimiento sindical dedica una parte importante al tema.
El presidente Chávez cumple su compromiso escribiéndole el 4 de mayo a Batlle “(...) me he permitido dirigirme a usted en solicitud de su magnánima intervención y a fin de que las autoridades correspondientes efectúen las gestiones conducentes a clarificar el caso, al igual que lo ha hecho de manera digna respecto a situaciones similares, lo cual le ha granjeado la admiración y respeto de la comunidad internacional”.[8]
El 5 de mayo se realiza la audiencia pública en la que la jueza Jubette escucharía a los abogados de Tota y del gobierno de Batlle.
Pablo Chargoñia da lectura a su alegato. En un lenguaje sencillo, accesible a la gente que poblaba la sala, fue destrozando uno a uno los argumentos del gobierno. Antes de finalizar expresó: “Elena Quinteros, que no tuvo ni tiene oportunidad de acudir a la justicia en busca de amparo, reclama desde su ausencia que encontremos el camino del reencuentro con su madre”.
El Ministerio de Defensa estaba representado por el mismo abogado que en la audiencia anterior, pero su superior había cambiado. Ahora era Batlle, el presidente que reclamaba un “estado del alma”. A pesar de esto, no pudo percibirse ningún cambio en el terreno del Ejecutivo.
La audiencia terminó. La jueza había escuchado a ambas partes, ahora debía decidir.
Mientras Tota esperaba, desde Venezuela Rangel le informa que Chávez había cumplido con su compromiso. “No he olvidado la solicitud que me hizo en ocasión de mi viaje a Montevideo respecto a su explicable interés en conocer el paradero de su hija Elena Quinteros.”
El 10 de mayo Tota es convocada nuevamente al juzgado de la calle San José. Esta vez sabría el resultado de esa batalla emprendida ante la justicia.
En medio del silencio y la expectativa, Jubette comienza a dar lenta lectura a las 24 carillas de la sentencia. Cada uno de los argumentos políticos y jurídicos con que Sanguinetti antes y Batlle ahora eludían investigar el destino de una víctima de desaparición forzada fueron pulverizados.
El fallo establecía que Elena había sido detenida por personal militar y desapareció en un tiempo en que los militares actuaban invocando la seguridad nacional. La afirmación del Ejecutivo de que había precluido el deber de investigar y que nada justificaba la reapertura de la investigación es así rebatida: Negar el derecho humano y esencial que le asiste a una madre de saber sobre el paradero de su hija significa negarse a cumplir una norma legal y es además contrario a la forma republicana de gobierno. Más adelante, con una fuerza que llenó de alegría a Tota, dice la jueza que la reapertura de la investigación está justificada por el derecho esencial, constitucional, natural y humano invocado, y porque en un sistema republicano de gobierno y en un Estado de derecho es necesario que el Poder Ejecutivo dé cabal cumplimiento a su obligación de investigar de acuerdo a un conjunto de normas legales.[9] Que al presidente le corresponde ejecutar y hacer ejecutar las leyes, por lo que no puede afirmarse que investigar sea violatorio de la normativa vigente.
Al referirse a las investigaciones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que han sido totalmente ineficaces. Esa investigación es poco lo que habla de Elena, pues tuvo por objeto solo establecer las responsabilidades de los agentes diplomáticos de la época en la ruptura de relaciones con Venezuela.
Haciendo referencia al hecho de que no hubo investigación a nivel del Ministerio de Defensa, Jubette señala que “la información podría haberse buscado en el ámbito donde fue detenida”.
La increíble afirmación del Ejecutivo de que la desaparición de Elena no había producido un daño irreparable es también respondida en la sentencia al afirmar que la desaparición de una hija es innegablemente un daño irreparable y el transcurso de 23 años sin investigarlo no mitiga el daño ocasionado sino –muy por el contrario– lo agrava. Dice que, con un criterio de razonabilidad, debía admitirse que siendo grande el dolor de una madre por la muerte de un hijo, el transcurso del tiempo conlleva cierta resignación pero, en cambio, esa resignación no llega si esa madre durante 23 años busca a su hija y pretende saber qué fue de ella sin lograrlo.
No bien la jueza leyó las últimas palabras de su valiente fallo se escucharon los aplausos cerrados de la concurrencia. Solo los ocupantes del escritorio de los demandados guardaban silencio. Un hecho histórico había ocurrido en una sala judicial, donde ante el silencio de los representantes del Ministerio de Defensa, Tota y su abogado recibían los abrazos de la gente. La alegría llenaba la sala y se volcaba a los corredores.
La justicia había amparado a Tota para saber cuál fue el destino de su hija. Se ordenaba que el gobierno, en un plazo de 10 días, cumpliera con sus obligaciones legales.[10]
Con 82 años de edad, esa madre que a los 58 había empezado a golpear puertas y recorrer el mundo en busca de su hija, regresa a su hogar ese 15 de mayo con una sonrisa de esperanza.
[1] Correspondencia de Sara Méndez, del 2-III-00.
[2] En referencia a la propuesta de Mauricio Rosencof.
[3] Adriana D’Ambrosio, de cx 36 radio Centenario.
[4] En Argentina, España e Italia.
[5] Poco tiempo después llegan exhortos desde Argentina y España.
[6] Al cierre de la edición de este libro queda claramente explicitado por Juan Gelman y Eduardo Galeano, entre otros, que Jorge Batlle no tuvo intervención en la recuperación de la joven.
[7] Documento del pit-cnt.
[8] Hasta Chávez creía que Batlle había recuperado a la nieta de Gelman.
[9] La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[10] Las contenidas en el artículo 4 de la ley de caducidad y las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

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