domingo, 13 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo VI

VI

LA REAFIRMACIÓN DE UN DERECHO

La sentencia que restituye a Tota un derecho que tantas veces se le había negado empieza rápidamente a generar otros efectos no ordenados en el dictamen. El gobierno de Batlle intenta, 24 horas después, que Tota renuncie a lo que había conquistado. Le ofrecen, en lugar de la investigación administrativa ordenada por la justicia, una “averiguación” que sería gestionada por una comisión instrumentada por Batlle. Fuera de los tribunales, el presidente intenta pedirle una “rebaja” a Tota.
La propuesta, de carácter reservado, es que Tota y el Ministerio de Defensa comparezcan ante la justicia solicitando la suspensión del cumplimiento de la sentencia. De esa forma, Batlle no tendría que apelarla ante un tribunal.[1]
La delegación que recibió la propuesta se mostró contraria a ella. Tota acompañaría esa posición.
Si el planteo quería aparecer como un gesto de buena voluntad del nuevo gobierno, las declaraciones del ministro de Defensa descartaban esa posibilidad. Brezzo afirma en radio El Espectador que la decisión de la jueza Jubette estuvo influida por razones políticas: “Me parece que esa es una decisión que tiene una impronta distinta a las que normalmente toman los jueces. Si usted mismo relata que la jueza lo dijo con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas”. El enojo era compartido por Batlle.
“(...) La emoción de la doctora Estela Jubette es un sentimiento íntimo. Consignado según pareceres del periodista de Búsqueda, siempre tan sutil. Solo quien pudiese estar dentro de una persona puede calibrar exactamente cómo y cuánto sintió. Si efectivamente se emocionó, ello la enaltece por cuanto debió tomar una decisión sabia, discerniendo entre lo justo e injusto, más allá de sus emociones. El señor Brezzo, cuyo rostro marmóreo expresa fehacientemente un muy personal estado de su alma, mide las cosas con su propia vara. Sería más razonable que para hablar de politización admitiera que pertenece a una fracción colorada que hasta ahora impidió de todas formas que accedamos a la verdad.”[2]
El gobierno apela ante un tribunal la sentencia de Jubette, demostrando cuáles eran los límites de la voluntad de la “nueva política” de Batlle. Era el “estado del alma” de Batlle expresándose con las palabras de Sanguinetti.
Nuevamente Chargoñia reafirma los fundamentos y la justicia de los derechos concedidos a Tota en la sentencia, y brega por su mantenimiento.
La sentencia refería a un caso concreto, pero sus efectos eran muy amplios pues consagraban judicialmente un derecho reiteradamente negado a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el fallo no generó las normales demostraciones de apoyo que podría esperarse. La casi totalidad de las organizaciones de derechos humanos y la mayoría de los sectores políticos guardaron silencio.
Ese silencio dejaba sola, y a merced de una continua prédica de desprestigio desde el gobierno y los sectores de derecha, a quien desde el sistema judicial había tenido el valor de desafiar presiones. En momentos en que su avance se veía amenazado por una posible revisión y revocación, el silencio era peligroso e injustificable. Todo indicaba que el tema de las desapariciones forzadas entraba en una etapa políticamente compleja. Se materializaba un acuerdo entre el Frente Amplio y la administración de Batlle. Algunos dirigentes de la izquierda, apostando a ese acuerdo, no admitían que se intentara transitar otros caminos. La verdad posible hacía imposible otros caminos.
El intento de regimentar las actitudes disidentes con el camino oficial dio lugar a una sutil campaña en medios de prensa que afectó profundamente a Tota.
El movimiento sindical la apoyaba institucional y legalmente. El 17 de mayo Tota y la central envían a la Mesa Política del Frente Amplio una nota en la que expresan su preocupación por el hecho de que los “desencuentros adquieran una profundidad que afecte al movimiento popular en su conjunto”, ya que referían a aspectos muy importantes y de principios. Por esa razón era necesario propiciar un sinceramiento que permitiera que los esfuerzos realizados desde perspectivas distintas no fueran en vano. Se admitía la existencia de dos estrategias. Una apostaba exclusivamente a la vía política y otra a establecer la verdad como una obligación jurídica en los tribunales. Esta última, a la que se sumó el reclamo de Tota, propiciaba causas en tribunales extranjeros y sostenía que existían vías jurídicas en Uruguay que debían transitarse. Esas propuestas habían sido consultadas a la coalición, pero no se recibió nunca una opinión. Por el contrario, a través de medios de prensa se cuestionaba esa estrategia, cuando el propio congreso del fa había definido reclamar el cumplimiento del artículo 4º. Tota y los trabajadores le preguntaban a la izquierda: ¿Por qué si todos tenían por objetivo hacer cumplir el artículo 4º, en el momento en que esto se lograba se propiciaban otros caminos que iban en un sentido distinto?[3]
La pregunta queda sin respuesta y siguen apareciendo en la prensa comentarios relacionados a la instancia judicial y a la propuesta de Batlle para que Tota acepte la suspensión del fallo. Esas versiones vinculaban el recurso de amparo con la “solución” que estaba articulando Batlle. Pero ninguna planteaba el verdadero problema: aceptar la solución política era rebajar el derecho consagrado por la justicia. Nadie aclaraba que la propuesta de Batlle a Tota no intentaba lograr tiempo para conformar una comisión de notables que realizarían la investigación administrativa que mandaba un juez.[4] La palabra investigación no estaba incluida en el léxico de los “estados del alma”. Que la “nueva” política de Batlle no tenía ninguna intención de cumplir con la investigación administrativa queda en evidencia cuando apela la sentencia de Jubette. Posteriormente, otros hechos se encargarán de reafirmarlo.
La intención de Batlle no era derivar el reclamo de Tota a una “comisión de verdad”. Nada impedía integrar dicha comisión nombrando a las personas que ofrecieran las garantías de imparcialidad y dar así cumplimiento a la sentencia. Lo que verdaderamente obstaculizaba era su falta de disposición para hacer lo que la sentencia le ordenaba: una investigación formal, cumplir cabalmente con el artículo 4º y con la Convención sobre Desaparición Forzada.
Muchos analistas políticos insinuaban o afirmaban abiertamente que la sentencia de Jubette generó un inesperado problema a la estrategia de Batlle en torno al tema de los desaparecidos.[5] Seriamente no podía sostenerse que se trataba de un hecho inesperado. Que un ciudadano comparezca ante un tribunal de justicia para reclamar por sus derechos y éste así lo disponga es lo normal en una sociedad democrática donde no se obstaculiza la acción de la justicia.
Lo inesperado era, para Tota, que habiendo quedado absolutamente claro que Batlle no estaba dispuesto a cumplir el artículo 4º y que no realizaría ninguna investigación administrativa, no se defendiera y se bregara para que la sentencia fuera homologada en el Tribunal de Apelaciones y se constituyera en un punto de referencia para el futuro.
Sin duda la resolución de la jueza Jubette abrió un camino distinto al que estaba dispuesto a recorrer Batlle y para el cual había conseguido apoyos. No obstante, el 31 de mayo el Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad “la bien fundada sentencia” de la jueza Jubette.[6]

[1] La propuesta es trasmitida por Gonzalo Fernández al pit-cnt y los representantes de Tota.
[2] Artículo de Milton Romani en La República.
[3] Al crear la Comisión para la Paz, Batlle no admitió, pese a que se reclamara, que la misma tuviera por objetivo cumplir el artículo 4º.
[4] En principio se dijo que la comisión sería anunciada el 20 de mayo, en la acostumbrada marcha por los desaparecidos.
[5] Hasta se llego a afirmar que la jueza Jubette era una operadora del Foro Batllista, que ponía trabas a la nueva estrategia de Batlle con los desaparecidos.

[6] El tribunal estaba integrado por Héctor Olagüe García, Felipe Hounie y Sara Bossio Reig.

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