viernes, 11 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo VII

VII

LOS ESTADOS DEL ALMA

Hasta pocos días antes de culminar su mandato, Sanguinetti afirmaba que en Uruguay “no desapareció ningún niño” durante la dictadura. Las desapariciones habían ocurrido en Argentina, y Uruguay no se sentía responsable.[1] El presidente era de los que habían dado vuelta la página sin leerla. La niña Paula Logares, hija de un matrimonio de argentinos secuestrada en Montevideo junto a sus padres y trasladados todos clandestinamente a la vecina orilla, y los hermanitos Julien, no formaban parte del universo del culto estadista.[2]
No imaginaba el presidente que poco tiempo después esas afirmaciones, recorriendo el mundo, afectarían seriamente su inmerecido pero hábilmente trabajado prestigio internacional. Negaba lo que estaba prolijamente denunciado en diversos testimonios: María Claudia había estado en Uruguay en cárceles clandestinas y había dado a luz en el hospital de las Fuerzas Armadas. Toda la documentación al respecto, por demás explícita, le había sido remitida al presidente en cumplimiento de la ley de caducidad. No tenía cómo desconocerla.
Don Julio María iba, incluso, más allá, afirmando que “no está en sus manos, ni en las de nadie, la capacidad milagrosa de dar una inmediata respuesta a la demanda”.
La aparición de la hija de Marcelo Gelman mostraría la “capacidad milagrosa” de la sociedad civil. La pasividad del Estado queda de manifiesto en el caso de María Claudia, cuyo destino todavía se ignora.
No había “elementos de juicio que aporten algún indicio sobre la presencia” de María Claudia en Uruguay. Sanguinetti, como hará después Batlle con el reclamo de Sara Méndez, considera el de Gelman como una “campaña política y periodística de desprestigio” en su contra.
El logro parcial de la búsqueda de Juan Gelman en Uruguay y el resultado del reclamo de Tota ante los tribunales fueron dos hechos que amenazaron la estrategia en torno a los desaparecidos, que era diseñada en esos días por el nuevo gobierno.
En respuesta a los intelectuales el Estado uruguayo decía que Marcelo Gelman había estado en Orletti, junto a “un grupo de uruguayos que habían sido detenidos en el vecino país”, que fueron “trasladados clandestinamente a Uruguay”. Marcelo y María Claudia fueron secuestrados el 24 de agosto. Hay testimonios de que ambos fueron vistos en Orletti hasta el 7 de octubre. El 14 de ese mes es asesinado Marcelo y entre esa fecha y el 21 su esposa es trasladada a Uruguay. Los uruguayos prisioneros en Orletti trasladados clandestinamente a Uruguay fueron algunos de los detenidos en junio y julio de 1976. El traslado se produjo el 26 de julio. Estos uruguayos nunca pudieron estar detenidos junto al matrimonio argentino. Sí lo estuvieron, seguramente, los integrantes del pvp secuestrados en setiembre y octubre. La afirmación de Sanguinetti no puede interpretarse como una simple “desprolijidad” de quien afirma haber realizado una “minuciosa revisión de todos estos antecedentes” y formula una respuesta a destacados interlocutores internacionales.
Si el entonces presidente no mintió, los uruguayos secuestrados entre setiembre y octubre fueron trasladados clandestinamente a nuestro país y aquí desaparecieron.[3]
¿Tenía Sanguinetti información sobre ese segundo traslado de detenidos a Uruguay en octubre del 76, cuando da esa respuesta?[4] Sería bueno saberlo.
Si lee este trabajo, seguramente Sanguinetti lo encuadrará en el marco de otra campaña injusta y desleal en su contra. La misma no será producto de esta obra sino de los extremos de obstinación y ceguera de su actitud ante el tema.
La política llevada adelante por el Partido Colorado, con el sostén y la complicidad de –por lo menos– la mayoría del Partido Nacional, fue y es parte del engranaje estatal de reproducción de la impunidad. En esa despiadada y monstruosa lógica ninguna conducta, ningún sentimiento que no se inscriba en ella puede ser admitido, así provenga de otro poder del Estado.
Otro de los argumentos esgrimidos entonces por Sanguinetti merece ser visto con la perspectiva que da el tiempo. Afirmaba que las posibilidades de saber algo sobre los desaparecidos se verían perjudicadas por una campaña pública.
Este tipo de razonamiento regirá las actuaciones y las conclusiones de la Comisión para la Paz: Los autores materiales de las desapariciones y las instituciones a las que pertenecen no están regidos por las normas del derecho. Frente a ellos hay que proceder con paciencia y persuasión. No hay que fastidiarlos con demandas públicas ni judiciales. Son intocables.
Otros hechos mostrarán también que, más allá de virtuales gestos e iniciativas tomadas por la administración de Batlle invocando estados del alma, existe un aspecto medular que sigue acompañando la política de impunidad.
En aquellos días, Sanguinetti no soñaba siquiera que hechos posteriores empezarían a fracturar el muro de la impunidad. De lo contrario, seguramente hubiera atendido esos signos con una respuesta similar a la que tiempo después articularía su sucesor.[5]
Pero Sanguinetti, al igual que su fracasado “delfín”, Luis Hierrro López, apostaba a ganar tiempo.[6]
El 1º de febrero de 2000, Gonzalo Fernández, el abogado de Juan Gelman, se presenta ante la presidencia a ejercer el derecho de petición en la investigación que se sustanciaba por la desaparición de la hija de María Claudia, de cuya existencia se había enterado por la prensa. Una semana después vuelve a presentarse planteando que “es absolutamente inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho” que se enterara de la existencia de una investigación en el hospital militar por la prensa.
El 17 de febrero la justicia militar, que había recibido de Sanguinetti la solicitud de investigación presentada por Gelman, concluye que según el artículo 4º no correspondía hacer investigación judicial alguna en el caso.[7] Mientras, en el hospital militar una investigación administrativa buscaba determinar si María Claudia había estado internada y dado a luz en ese lugar. Un día después, el futuro presidente buscaba hallar una rápida solución al tema de los desaparecidos, que heredaría mediante una negociación reservada entre Ramela y Gonzalo Fernández.[8] La agencia efe informaba que “fuentes próximas al gobierno electo confirmaron que es interés de Batlle poner un definitivo punto final al asunto”.
El paso del tiempo invocado por Hierro no congela las circunstancias. Unas puertas se abren y otras se cierran. A nivel internacional se abren algunas impensables hasta hace poco, para que impere la justicia y se cierren los avances de la impunidad. Batlle debía intervenir, para ser el dueño de las llaves de los tiempos que se avecinaban.
Al asumir la presidencia, el 1º de marzo de 2000, Batlle hace ante el Parlamento el acostumbrado discurso inaugural.
Esa misma mañana la prensa había dado a conocer el texto de una solicitada de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamando una solución al tema. La misma debía dar respuesta a cuatro de las cinco preguntas que históricamente se habían reclamado. Ya no se le exigía individualizar a los responsables del delito de desaparición forzada.
Librado de responder la interrogante que individualizaba a los responsables, 134 palabras del largo discurso del flamante mandatario pasaron a ser los ejes de análisis y pronunciamientos de distintos actores sociales y políticos.
¿Qué decían, básicamente, esas palabras? Que en los próximos cinco años llegaría a todos los sectores para escuchar, informar, dialogar y “sostener, con la firmeza y claridad con que lo hemos hecho siempre, nuestras ideas y puntos de vista en procura de los entendimientos y los acuerdos (...) que sellen para siempre la paz entre los uruguayos, que (...) nadie de nosotros puede decir que alguien es culpable o que alguien es inocente”.
Un lector que interpretara textualmente esas manifestaciones, aisladas de las circunstancias que las precedieron, seguramente no les atribuiría la importancia con que fueron tomadas. Tampoco encontraría respuesta satisfactoria al cambio operado en los reclamos dirigidos desde la organización de los familiares, en una coyuntura internacional de marcados avances en la lucha contra la impunidad.
Un integrante del grupo de familiares reconocería que las opiniones que se formularon después sobre el discurso presidencial fueron las que confirmaron que sus palabras estaban referidas al tema de los desaparecidos.[9] El discurso era una señal anunciada y esperada.
Las palabras de Batlle fueron precedidas por posicionamientos preelectorales al respecto. El tema tenía claras definiciones y era reclamado por el fa[10] y el Nuevo Espacio. En setiembre de 1999 Batlle había afirmado que en la solución “tienen que estar participando todos aquellos que de alguna manera han tenido real incidencia en las situaciones en discusión”.
En los últimos tiempos se había desarrollado una intensa actividad en los planos político,[11] judicial y de denuncias.[12]
Al otro día el Partido Nacional toma distancia de la posición presidencial. Luis Alberto Lacalle declara “que no sabía que detrás de las palabras del presidente estaba el tema de los desaparecidos”. Para él, la paz incluye “eliminar todas las rispideces, todo lo que pueda ser sentimientos negativos en un país que ha sido azotado por la guerrilla terrorista que trajo a nuestra patria el ingrediente de la muerte, del robo, del secuestro, de la bomba, del asesinato, en 1962, 63, 64, 65, y que trajo como consecuencia la dictadura que también violentó los derechos (...). El tema de los desaparecidos (...) está incluido en esto genérico de la paz”.[13]
Por su parte la prensa, recogiendo informaciones de fuentes oficialistas, informa que Batlle maneja la idea de asumir la responsabilidad por las desapariciones y “allanar así el camino hacia la elaboración de una ley que los declare fallecidos”.[14] Esa idea era acompañada por el senador tupamaro José Mujica, quien afirmaba que “una solución a la cuestión sería declarar muertas a las víctimas”.[15]
Frente a esas manifestaciones, un integrante de la organización de familiares dice que “no se trata de declarar muertos a todos los desaparecidos, (...) una ley que ‘barra’ y diga ‘todos los desaparecidos están muertos’ nos parecería que no es el camino adecuado. (...) la responsabilidad por parte del Estado es insoslayable. Del Estado como Estado”, no del gobierno, no es el presidente Batlle (...) el que tiene que decir ‘yo soy culpable”. Las desapariciones forzadas fueron, “en definitiva, una política de ese Estado dictatorial”.
En un reportaje radial, Mujica dice que Batlle va a jugar fuerte y tratar de “suturar” el tema, que nos “corresponde a todos no ponerle obstáculos. Y apuntalar la iniciativa del gobierno”. Los familiares, “son los interlocutores ideales”, a la izquierda le “corresponde crear las condiciones posibles”, y no tirarle, “en este terreno, piedras al gobierno. Esperar a que tome la iniciativa”. Dice que no le “extrañaría que el gobierno hiciera algún tipo de declaración como, por ejemplo, el reconocimiento legal de que los desaparecidos están muertos (...). Creo que eso no liquidaría el asunto, ni por asomo. Pero sería un buen principio. Crear condiciones para que el gobierno pueda decirlo”.[16]
Si las palabras de Mujica expresaban una estrategia acordada en algún nivel de la izquierda, se explican los ataques dirigidos a Tota, Sara y el pit-cnt. A la primera por no renunciar a la lucha jurídica, a Sara por no aceptar pasivamente las versiones del gobierno y reclamar una actitud más firme por parte del presidente, y al movimiento sindical por no limitarse a acompañar las iniciativas de Batlle.
El panorama no dejaba de ser complejo y contradictorio. El semanario Búsqueda, citando fuentes cercanas al mandatario decía que “los militares no son los responsables de lo que sucedió. El responsable es el Estado que, a través del Parlamento, les otorgó las potestades que luego utilizaron para hacer lo que hicieron”.
A un mes de la asunción de Batlle se produce uno de los acontecimientos más impactantes de los últimos años en Uruguay: la aparición en Montevideo de la nieta de Juan Gelman. El hecho ocurre varios meses antes de que se conforme la Comisión para la Paz. Si bien en ese resultado el nuevo gobierno no tiene un papel fundamental, terminará siendo –junto al examen de adn practicado a Gerardo Vázquez, en el que sí lo tuvo– un crédito para las iniciativas de Batlle en el tema de los desaparecidos.
Cuando después del mediodía del 31 de marzo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informa que Batlle recibiría a Gelman en el Edificio Libertad, pocos sospechaban lo que ocurriría después. Que el hallazgo de su nieta por parte de Gelman sería informado a la opinión pública, y que el despacho presidencial sería el escenario de la noticia. Sin duda, el doble papel que cumplía en esos momentos el representante legal de Gelman –además interlocutor ante la administración de Batlle en las negociaciones en torno a los desaparecidos– puede ser una explicación a esa situación.
Las pocas palabras de Gelman ante los medios de comunicación en el Edificio Libertad permitirán al imaginario colectivo atribuir a Batlle más méritos de los que le correspondían. Decía Gelman que “intercambiamos información y se ha confirmado que la persona que busco ha nacido en el Uruguay, está en el Uruguay”.
El propio Batlle desmiente a medias, horas después ante la prensa, cualquier interpretación sobre su protagonismo en el hallazgo, “El reencuentro (...) fue logrado en función de los elementos con que él se ha manejado y que fueron confirmados por los que nosotros aportamos”.
En ese atardecer de fines de marzo, el caso que había sacudido a la vida política uruguaya durante los últimos seis meses alcanzaba súbitamente un desenlace feliz. Ingresaba asimismo en una larga etapa de silencio, que se rompió recién a fines de 2002 con la causa presentada ante la justicia reclamando conocer el paradero de María Claudia.
En el marco de la necesaria reserva del reencuentro, el silencio que siguió permitió que algunas preguntas aún sin respuesta fueran sustituidas por afirmaciones que consolidaban la “salida Batlle” al tema de los desaparecidos. El papel de su administración en las investigaciones no quedaba suficientemente claro.[17] Menos aun la colaboración, si había existido, de las Fuerzas Armadas.[18]
Resulta interesante recordar que a propósito del compromiso –incumplido– de Batlle con Gelman, de esclarecer el caso de su nuera, el presidente revela los límites a los que llega con relación a las desapariciones. Dice el presidente en aquellas horas: “Me quedan aún 23 casos sin resolver, ahora tengo 24”, reafirmando de paso que su objetivo era encontrar una solución final al tema de los desaparecidos en Uruguay. Sobre las desapariciones perpetradas en otros países y en el marco del Plan Cóndor no asumirá responsabilidades.[19]
A fines de marzo de 2000, el tema de los desaparecidos continúa ocupando un lugar privilegiado en la información. En una nueva dimensión del tema, el reclamo por saber dónde están los cuerpos empieza a ser un fin y no una consecuencia de la respuesta a las interrogantes de cómo, dónde, cuándo y por qué.
Cumplir con el artículo 4º de la ley en forma cabal era el punto que los familiares habían considerado esencial en sus reclamos por la verdad. Esto era lo que permitía a Sara Méndez afirmar: “No podemos admitir que los desaparecidos están muertos si no se demuestra que realmente lo están”.
No obstante, el panorama era poco optimista. En el juzgado de lo Contencioso Administrativo, Tota pretendía que el Poder Ejecutivo reabriera la investigación sobre Elena, en cumplimiento del artículo 4º, y éste se oponía. El fallo favorable al reclamo de Tota, que establecía la obligación del Ejecutivo de investigar, no solo fue objeto de intentos de neutralización[20] sino además de ataques.
Una opinión empieza a terciar en esos días en los debates y recibe claros apoyos de Batlle. El ex presidente del Frente Amplio, Seregni, opinaba que en los años 70 “hubo errores de los dos lados” (en referencia a militares y guerrilleros) y que por tanto no puede hablarse de “buenos y malos”, y agregaba que “el tema de los desaparecidos está pendiente y hay que resolverlo por la vía política, con mayúscula, porque la vía jurisdiccional está agotada”.[21]
¿Qué pasaba en los sectores militares? Según Batlle, él había “convencido” a un grupo de militares sobre la necesidad de encontrar una salida al problema de los desaparecidos, pero encontraba resistencia en otro sector. Se reunía con los presidentes del Círculo Militar, el Centro Militar, el Club de la Fuerza Aérea y el Club Naval. Lo que trascendió por esos días parece abonar, más que el camino de encarar una solución de acuerdo a los reclamos y las obligaciones del Estado, la necesidad de una “salida”. Según daba cuenta el semanario Búsqueda, los militares en retiro consideraban remota la posibilidad de que a través de una investigación oficial se obtuviera información para dar respuesta a los reclamos de los familiares, y rechazaban cualquier incursión en el cumplimiento del artículo 4º. Por su parte, otras fuentes militares argumentaban sobre la teoría de los dos demonios, “Para nosotros es muy diferente actuar respondiendo a lo que mandaron los poderes constituidos que intentar tomar el poder. (...) Si esos bandos estuvieron enfrentados es porque hubo un funcionamiento de los mecanismos democráticos en ese momento que lo determinó”.[22]
Un nuevo pronunciamiento de Seregni señalaba uno de los aspectos que enmarcarán la “salida”: “El tema de los desaparecidos debe tratarse en la más estricta reserva, sin que haya discusión pública (...) debe ser presentado públicamente cuando haya una solución para darlo por definitivamente cerrado. (...) toda participación de tipo extraña, en vez de favorecer puede perjudicar y entorpecer la mejor negociación (...) cuando se alcance una solución se la presente públicamente, pero ya para dar por terminado el tema”.[23]


[1] Respuesta de Sanguinetti, el 29-I-00, a una carta firmada por el escritor alemán Günter Grass y otros 20 mil intelectuales, sobre la desaparición en Uruguay de María Claudia García de Gelman y su hija.
[2] Los padres de Paula continúan desaparecidos, la niña fue recuperada de manos de un policía argentino el 13-XII-84.
[3] Con excepción de Álvaro Nores.
[4] La existencia de un segundo vuelo fue recién conocida en 2002, denunciada por Roger Rodríguez en La República y negada enfáticamente por Batlle.
[5] Según declaraciones de Alberto Volonté: “en 1997, entre mayo y setiembre, cuando nació la propuesta de monseñor Galimberti (...) fui el primero que la apoyé. Después tuvimos muchas reuniones absolutamente reservadas, Galimberti, yo y el entonces diputado Javier García. Galimberti trataba de hablar con las dos partes. (...) De todo lo que yo hablaba con Galimberti estaba informado el presidente Sanguinetti y estuvimos muy cerca de encontrar una solución. La propuesta no tuvo andamiento por diversos motivos”.
[6] Sobre la posibilidad de esclarecer el destino de los desaparecidos, Hierro dirá: “Creo que hay que dejar las cosas (...) dejemos que el tiempo opere un poquito”, en radio El Espectador, 25-III-99.
[7] El fallo judicial del recurso de amparo presentado por Tota, sin embargo, cuestiona el fundamento de la justicia militar que sostenía que el artículo 4º “establece una fecha clara, concreta y final de toda investigación”.
[8] El Observador, 18-II-00.
[9] Javier Miranda a radio El Espectador, el 2-III-00.
[10] Una destacada figura de esa fuerza política, el general Víctor Licandro, había expresado que “un valor importante a tener en cuenta es quiénes fueron (los autores de las desapariciones) (...) Si (un militar) no llega a explicar qué conducta tuvo en aquel momento, me cabe la duda en cuanto a si puede llegar a servirme para el futuro (...). Las Fuerzas Armadas no fueron depuradas, por eso los documentos del Frente Amplio hablan de depurarlas. Hay gente que participó en el período de la dictadura y queremos saber cómo se comportó.” Radio El Espectador, 26-III-99.
[11] El 18-II-00 la prensa informaba que Batlle buscaba un acuerdo para una rápida solución al tema de los desaparecidos, que culminaría con una ley que “solucione la situación legal” de los mismos. Esto se negociaba en estricta reserva entre Carlos Ramela y Gonzalo Fernández.
[12] La campaña internacional por el reclamo de Juan Gelman, y el caso de Simón Riquelo.
[13] Radio El Espectador, 2-III-00.
[14] El Observador, 2-III-00.
[15] Ibíd.
[16] Radio El Espectador, 2-III-00.
[17] Se hablaba de tres investigaciones presentadas como autónomas, aunque en realidad dos de ellas estaban articuladas por el propio Gelman. Las dos investigaciones “no oficiales” habían localizado a la nieta de Gelman a mediados de diciembre. La investigación “oficial” de Batlle no pudo haber comenzado antes de asumir. Según el diario El País, en los primeros días de marzo una fuente le informó a Batlle el paradero de la joven y a partir de eso se desarrollaron las investigaciones del gobierno.
[18] Ante la opinión pública parecía que Batlle lograba en menos de 30 días lo que Sanguinetti no había logrado en más de ocho meses. Ello parecía indicar que Batlle tenía más colaboración de las Fuerzas Armadas que su antecesor. Esa valoración influyó hasta en el posicionamiento del pit-cnt, que finalmente acepta la integración de José D’Elía a la Comisión para la Paz.
[19] En momentos de escribir estas páginas se conocen los resultados entregados a muchos familiares de uruguayos secuestrados y desaparecidos en Argentina por servicios de seguridad uruguayos.
[20] Ver en el capítulo anterior la propuesta del presidente Batlle a Tota Quinteros y el pit-cnt.
[21] Programa “En vivo y en directo” de radio Sarandí.
[22] General Fernán Amado.
[23] El País, .

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