jueves, 10 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo VIII

VIII

LA SUERTE DE PINTADO

Cinco días después de dictada la sentencia de Jubette que obligaba al Poder Ejecutivo a investigar la desaparición de Elena, es designada para realizar la investigación administrativa la abogada Sylvia Usher Borraz.
Es interesante dar cuenta del texto de la resolución –que recoge lo ordenado por la justicia– para compararlo con lo que finalmente hace el Ministerio de Defensa. La resolución expresaba que el Estado debería “dar cabal cumplimiento al artículo 4º de la ley 15.848 y disposiciones de la ley 16.724”, mediante una investigación administrativa con el objetivo de “determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero” de Elena.
Cuando Batlle le plantea a Tota que renuncie a la sentencia de amparo, deja claro que no estaba dispuesto a hacer una verdadera investigación, ni que la misma se hiciera en el marco establecido por el artículo 4º y menos aún atenerse a lo que estipula la Convención sobre Desaparición Forzada.[1] Si sus intenciones no pasaban por ahí y las negociaciones transitaban por la Comisión para la Paz, era claro que Batlle no le daría a Tota lo que no estaba dispuesto a darle al resto de los familiares de desaparecidos.[2] No habría una verdadera investigación sobre las responsabilidades y circunstancias de la desaparición de Elena.
Desde el Ministerio de Defensa se inicia una operación para evitar atender el reclamo de Tota, sobre el cual el Poder Judicial había fallado favorablemente. La primera medida del Ejecutivo consistió en apelar la sentencia de primera instancia. Pero el tribunal de apelaciones confirma el fallo de Jubette. Se inicia entonces una segunda operación, dirigida a burlar la obligación legal.
La instructora solicita que le remitan los antecedentes “relativos al objeto a investigar y especialmente el que contiene las declaraciones del ex soldado Sergio Pintado”. Recibe el expediente de la acción de amparo y el expediente administrativo de la Presidencia, que contiene la denuncia de Pintado ante la Corte y el Juzgado Penal de 13º Turno. El abogado Amondarain, “por considerar que pudiera ser de utilidad para su investigación”, le envía también un oficio de la Seccional 6º de Policía y notas de prensa sobre una reciente detención de Pintado. Sin embargo, no considera de “utilidad para su investigación” remitir todos los expedientes y la documentación que sí había considerado imprescindible tener en cuenta en el juzgado para negarle a Tota lo que reclamaba. A la hora de investigar el paradero y las circunstancias de la desaparición de Elena, ninguno de esos antecedentes era tenido en cuenta. Investigando a Pintado, el ministro Brezzo y Batlle habían encontrado la forma de eludir lo que les ordenaba la justicia, que era investigar sobre Elena. La operación en marcha estaba dirigida a desacreditar la denuncia de Pintado.
Había que hacer una interpretación del fallo judicial que permitiera no cumplir con lo que éste ordenaba. La abogada Usher se aboca a esa tarea. Era difícil sacar tal interpretación del fallo de la jueza Jubette. Usher recurre al fallo del tribunal de apelaciones para reinterpretar el de Jubette. El 2 de junio las actas registran el giro que da la investigación.
Pasando por alto que el tribunal de apelaciones había resuelto “confirmar la bien fundamentada” sentencia de Jubette, concluye que todo estaba investigado, menos los dichos de Pintado. Se ignoró también que la jueza había manifestado que nada se había investigado en el Ministerio de Defensa.
En vez de buscar a Elena hay que encontrar a Pintado, fue el razonamiento. Se solicitan al hospital militar y al hospital psiquiátrico Vilardebó los antecedentes clínicos del soldado.
El informe del Vilardebó establece que Pintado ingresó el 2 de noviembre del 91 por su propia voluntad y que ese mismo día abandonó el nosocomio sin autorización.[3] Se sustancia entonces una minuciosa pesquisa para poder afirmar que, además de loco, el investigado mentía.
El 6 de junio, citado a declarar, éste no se presenta. Lo hace dos días después, acompañado de abogados del serpaj, quienes no fueron autorizados a presenciar el interrogatorio. Declara que en 1982 el soldado Dávila le mostró a él y otros un documento sacado de una carpeta de la comandancia del Batallón 13 de Infantería según el cual Elena Quinteros había fallecido en la enfermería de dicha unidad, en agosto de 1980. La muerte habría sido por paro cardíaco, pues estando embarazada “le habían atado los pies para que no diera a luz”. Según Pintado, Dávila le dijo que Elena “estaba enterrada en el centro de la plaza de armas”. Cuando se le pide que identifique a los otros soldados que tuvieron acceso a la citada carpeta, Pintado dice: “No voy a dar nombres... lo que está pasando conmigo puede pasarle a ellos, de la mañana a la noche a mí me acabaron”. Dice que otros tres militares también se habían presentado a la Corte con información sobre Elena. Que, por lo que sabía, Elena había permanecido en el Batallón 13, luego fue llevada al cuartel de Comunicaciones de Peñarol, al hospital militar y después nuevamente al Batallón 13. Que Dávila había muerto y que el embarazo de Elena era responsabilidad de Cordero.
A pesar de que Usher tenía en su poder las anteriores declaraciones de Pintado, evitó preguntar sobre otros aspectos allí contenidos, como la existencia de más cuerpos.[4]
Tota recuerda que en las investigaciones encomendadas por Sanguinetti a los fiscales militares, éstos habían pedido a los denunciantes y organismos de derechos humanos que aportaran la información que tuvieran. Uno de los argumentos esgrimidos por Sanguinetti para justificar la falta de resultado de aquellas investigaciones era que los denunciantes y las organizaciones humanitarias no habían colaborado.
Por esa razón, el 28 de junio Tota se presenta con un escrito ante el Ministerio. Solicitaba ser informada de las indagatorias, lo que le permitiría colaborar con la investigación. No ignoraba que el Ejecutivo encontraría razones para negarle esa parte de su solicitud. Por lo que ofreció, además, presentar elementos probatorios para la investigación. Reclama que se agreguen todos los expedientes que el propio ministerio había pedido como prueba en el juicio de amparo y otros documentos que no habían llegado al juzgado. Entre ellos un acta de la investigadora de Diputados relativa a Elena, el acta secreta Nº 1 del 11 de junio del 85 con declaraciones del soldado Ariel López Silva,[5] la declaración de Enrique Rodríguez Martínez, la denuncia sobre la Operación Zanahoria, la información aportada por un militar retirado a la revista Posdata el 16 de febrero del 96, las declaraciones del ex coracero Julio Estella,[6] y la información relativa a la ejecución de Elena.[7]
Mientras Pintado declaraba ante el Ministerio de Defensa, y el Círculo Militar expulsaba al ex comandante del Ejército Daniel García por opinar que las Fuerzas Armadas debían pedir perdón, Batlle ajustaba con sus colaboradores la integración de la Comisión para la Paz.
En agosto el Ejecutivo responde negativamente la solicitud de Tota, fundamentando que las investigaciones se realizaban en el marco de la ley de caducidad “gestada como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en 1984; la participación de los denunciantes queda pues reducida al derecho a ser puestos en conocimiento del resultado y la información recabada, manteniéndose ajenos a la instrucción, reservada al Poder Ejecutivo”.
En cuanto a la documentación aportada por Tota, no le reconoce a la madre iniciativa probatoria. Sin embargo, la instructora de la investigación “de considerarlas conducentes y pertinentes” podría recibirlas, pero sólo se investigarían las declaraciones de Pintado.
¿Dónde se habían investigado esos documentos? ¿Y si se hubieran investigado, dónde estaban los resultados? No hay respuesta. La solicitud es archivada.
La administración del presidente que invocaba el “estado del alma” evidenciaba así una actitud revanchista con relación a Tota. Se desquitaba de la negativa de esa madre a renunciar al reclamo judicial y reafirmaba su objetivo de preservar la impunidad mediante una “verdad posible” que mantuviera en el anonimato a los autores de los crímenes.
“O siguen el camino que yo indico, o no llegarán a ningún lado”, parecía decir la actitud de Batlle.
El gobierno sabía que ninguno de los elementos propuestos como medios de prueba habían sido investigados anteriormente. Eran tan nuevos como la declaración de Pintado. Pero como apuntaban al centro de la verdad sobre las circunstancias y el paradero de Elena, no fueron considerados “conducentes y pertinentes”.
El coronel retirado Carlos Alberto Rossel Argimón, quien en 1982 fue jefe del Batallón 13, declara que allí no existía documentación relativa a Elena. No se le preguntó si había estado detenida allí. Eso no interesaba. Solo se le pregunta si había en el cuartel documentación sobre Elena, porque eso era lo que afirmaba Pintado.
¿Cómo se compadece lo declarado y lo que se le pregunta, con la posterior afirmación de Batlle respecto de que las conclusiones de la Comisión para la Paz son la verdad oficial?
Dos días antes de que Batlle creara la Comisión para la Paz, se redacta el informe final de la investigación. Un informe categórico en cuanto al desamparo en que continuará Tota. Al referirse al objeto de la investigación, dice que está determinado “por los fallos” de la justicia. ¿Qué decían uno y otro?
El de Jubette ordenaba “la iniciación de una investigación administrativa tendiente a determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero de la maestra Elena Quinteros”. El del Tribunal de Apelaciones que “se confirma la sentencia” anterior.
El informe del Ministerio de Defensa parece redactado antes de que se sustanciara el recurso de amparo y como si la sentencia de Jubette no existiera: “(...) en el pasado el Poder Ejecutivo llevó a cabo una investigación tendiente a dicho esclarecimiento”. Absolutamente falso. Ninguna investigación rozó siquiera los lugares donde se materializó la desaparición de Elena (el Ministerio de Defensa y más precisamente el Batallón 13). La única investigación conocida fue la del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se indagó las actuaciones de los funcionarios de dicho ministerio y se estableció la responsabilidad de Blanco, Lupinacci, Álvarez y Michelín Salomón.
El informe concluye que Pintado “no aporta ningún elemento de juicio mismamente creíble, ni siquiera serio, que permita llegar a la verdad sobre el paradero de la señora Elena Quinteros”, por lo que “el objeto a investigar”se da por agotado. En setiembre de 2000 Brezzo y Batlle clausuran la investigación administrativa.
Pocos días después, cuando aún no se conocía el informe final de la investigación, una declaración del pit-cnt expresaba: “Esta conducta no solo es similar a las asumidas por las anteriores administraciones, sino que se ve agravada por el incumplimiento de un dictamen judicial por parte del Estado”.

[1] Entre otros aspectos, ésta establece el compromiso de Uruguay, de no permitir y erradicar la desaparición forzada de personas, sancionar a los autores, cómpli­ces y encubridores, y tomar las medidas necesarias para cumplir los compromisos de la convención.
[2] Similar razonamiento aparecerá posteriormente en el caso Gelman: “No puedo darle a un ciudadano argentino lo que no estoy dispuesto a darle a uno uruguayo”.
[3] Informe firmado por Luis Fraschini, subsecretario de Salud Pública.
[4] Ante la scj, el 14-XII-98 Pintado declara que “en el Cementerio del Norte, en la parte militar hay en muchos ataúdes dos cuerpos”, que en “el año 77 fusilaron unas 27 o 28 personas, hombres y mujeres (...). Los mataron en el 6º de Infantería de San José. (...) en otro lugar donde mataron, creo que fue cinco personas, es en el Polvorín de Florida (...) Esos cuerpos fueron traídos a Montevideo (...) están en el agua (...) se hicieron varios viajes en 1987”.
[5] Ante un juzgado penal y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, López Silva declara que “en el año 1976, mientras revistaba en el Batallón de Infantería N° 13, le asignaron la tarea de sepultar cuerpos humanos en el predio del cuartel”.
[6] Éste involucra en la desaparición de Elena a los ex oficiales Ricardo Medina y José Sande Lima. La República, 24-XI-96.
[7] El 26-VI-90 La República informa que fuentes de los servicios de información de las Fuerzas Armadas revelaron que Elena había sido ejecutada el 11-VII-76, junto a otras siete personas, en el Batallón 13 de Infantería. Participaron en esos asesinatos el sargento Artigas Rovelli y los oficiales Zimarripa, Mario Cola y un cabo de apellido Fernández, quien fue el autor material de la muerte de Elena. Los ocho cuerpos fueron enterrados en un cementerio clandestino a tres quilómetros de Toledo y posteriormente fueron trasladados al Batallón de Infantería Nº 13.

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