viernes, 25 de junio de 2010

CUARTA PARTE Capitulo II

II

SE REANUDAN LAS RELACIONES

1985. Ahora es el presidente electo quien negocia, intentando formar un gabinete de unidad nacional, que no se concreta. Se reinicia el trabajo de la conapro. El 12 de febrero, antes de que asumiera Sanguinetti, y acompañado por una manifestación popular de festejo, renuncia el dictador Gregorio Álvarez. Asume interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno. El 15 de febrero se instala la nueva legislatura. Los legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio no presencian el desfile ceremonial del Batallón Florida ante el Parlamento. El 1º de marzo asume Sanguinetti y designa un gabinete integrado por ministros colorados, dos nacionalistas y un cívico. El 14 de marzo se aprueba una ley de amnistía que permite la liberación de todos los presos políticos y que expresamente exceptúa a militares y policías. Se crea la Comisión Nacional de Repatriación de los exiliados. La Asamblea General declara ilegítima la investidura de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dispone que se integren constitucionalmente. La rehabilitación en sus grados militares de Seregni y Licandro determina el pase a retiro del general José Siqueira, jefe de la División de Ejército IV. En ese destino se nombra al general Barrios. La conmemoración el 18 de mayo del Día del Ejército inaugura en democracia los pronunciamientos nostálgicos de los militares: el teniente general Medina manifiesta su preocupación “por el ataque de una propaganda insidiosa y el de los enemigos de adentro y de afuera que otrora debió combatir”. Desde Madrid, Ferreira Aldunate declara que en las conversaciones del Club Naval se aceptó implícitamente su condición de preso y proscripto, y se asumió que no serían castigadas las violaciones de los derechos humanos. Luego de consultas a todos los niveles, Sanguinetti no convoca, tal como se había acordado, a la Asamblea Constituyente prevista en el Acto Institucional Nº 19. A raíz de las denuncias formuladas en el Parlamento por el senador José Germán Araújo contra varios militares por violaciones a los derechos humanos, éstos solicitan un tribunal de honor, que los mandos militares no aceptan realizar. En noviembre se aprueba una ley por la que se reintegran a sus cargos a los funcionarios públicos destituidos por razones políticas.

* * *
Cuando era inminente la instalación del gobierno democrático, los medios de prensa informaban de la decisión del presidente venezolano Jaime Lusinchi de reanudar relaciones diplomáticas con Uruguay.
En el marco de una campaña internacional, se enviaron desde Uruguay numerosas cartas al presidente venezolano solicitándole que, “sosteniendo la digna actitud que ha caracterizado a su gobierno así como al de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, mantenga en alto la exigencia de investigación de lo sucedido con Elena Quinteros como condición previa a la consideración de los demás aspectos, de indudable importancia, que hacen a la relación entre ambos gobiernos”.[1]
Quienes enviaban esas cartas sostenían que la reconstrucción de la vida democrática en Uruguay debía hacerse sobre bases sólidas, que incluían la verdad y justicia sobre Elena.
Nuevamente en intensa actividad, Tota hace un comunicado público, previo a su entrevista del 31 de enero con Sanguinetti, en el que plantea que el futuro gobierno “está en las mejores condiciones para, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y también los puntos que ha levantado en su propio programa de principios”.[2]
Sanguinetti le informa a Tota que viajaría a Venezuela y que la normalización diplomática se haría con el compromiso de investigar sobre la desaparición de Elena.[3]
De inmediato Tota, de 67 años de edad, viaja a Venezuela, donde se entrevista con el secretario de la Presidencia Simón Alberto Consalvi, con el diputado por el Movimiento al Socialismo Teodoro Pekkof, y con Pedro Nikken y Andrés Aguilar, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la cidh. Visita también a Carlos Baptista, consejero en la embajada venezolana cuando ocurrió el secuestro. El presidente de Venezuela, sin embargo, no la recibió, “hecho que me llamó poderosamente la atención. Hay un hecho de extrema gravedad: en estos días la prensa venezolana comienza a manejar la posibilidad de la muerte de Elena. ¿Quién trasmitió esta información? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Por qué aquí en Uruguay de esto no se ha hablado? Según la prensa venezolana, el gobierno de ese país manejaría esa posibilidad. ¿Cómo es posible que sobre esto existan dos versiones, una para adentro de fronteras y otra para Venezuela? No podemos razonablemente pensar que el gobierno de Venezuela admita para la reanudación de relaciones la hipótesis de la muerte de Elena sin exigir, como debería hacerlo, las pruebas evidentes de lo sucedido en estos nueve años”.[4]
Todo parecía indicar, esta vez, que la reanudación de relaciones era inminente.
También estaba claro que se haría a partir de expresos compromisos de investigar la suerte de Elena. En un reportaje concedido al periodista Linn Cardozo, del semanario La Democracia, el embajador venezolano Armando Durán expresa que “a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el problema de Elena Quinteros pasa a ser un problema de política interna de Uruguay”. Al preguntarle el periodista si eso formaba parte del acuerdo suscrito por Sanguinetti y Lusinchi, contestó: “No. En aquel comunicado no se expresaba ello; estaba implícito”. Por otro lado el cónsul de Venezuela, Félix Poleo, declaraba que “el deseo nuestro es que la profesora Quinteros estuviere con vida y que este caso tuviese un final feliz. De no ser así por lo menos que hubiese una explicación”.[5] Una reanudación de relaciones no podía obviar las razones de su suspensión en 1976 ni las exigencias que desde hacía casi ocho años formulaba el Estado venezolano: el esclarecimiento de la suerte corrida por Elena y la sanción a los responsables.
Tota tenía claro que las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo para satisfacer a Venezuela quedarían en manos del sistema judicial. A su regreso, presenta la denuncia ante los tribunales uruguayos. Las responsabilidades en torno al caso eran muchas y abarcaban todo el espectro militar y cívico de los años de dictadura.
El pvp se había incorporado formalmente al Frente Amplio e integraba la Izquierda Democrática Independiente (idi). Para esa opción política el tema de los derechos humanos era fundamental.[6]
El diputado de la idi Nelson Lorenzo Rovira presenta ante la justicia penal uruguaya denuncias contra quienes omitieron investigar el secuestro de Elena: los jueces que estaban de turno ese día, funcionarios policiales y diplomáticos. Las denuncias argumentaban que un hecho de esa naturaleza, que llegó a determinar la ruptura de relaciones entre dos países, debió ser considerado por los jueces de instrucción, el instituto policial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las responsabilidades de los autores materiales del secuestro y la desaparición de Elena ya habían sido reclamadas ante el Juzgado Penal de 1º Turno por la propia Tota.
Por lo que se sabía, el secuestro de Elena había sido perpetrado por un comando integrado por militares y fuerzas policiales. Se suponía también que Elena había estado, durante los primeros días, en la Dirección de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo. La operación de recaptura en el interior de la embajada se había hecho ante la inacción de los funcionarios policiales de guardia allí y en las sedes diplomáticas cercanas. Según los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior, uno de los policías de guardia en la embajada había sido sumariado por su actuación ese día. Además, “Cacho” Bronsini era un conocido funcionario policial del Departamento 5 de Inteligencia. Todos esos elementos indicaban que en dependencias policiales había muchos datos para investigar.
Las declaraciones del ministro de Interior del nuevo gobierno, Manini Ríos, parecían apuntar a objetivos que contribuirían al esclarecimiento del caso.[7] Ante la pregunta de un periodista sobre si la investigación de las violaciones a los derechos humanos sería alentada desde su ministerio, respondió: “En cuanto a investigar, creo que la misión actual del Ministerio del Interior es estar a disposición de las autoridades judiciales para hacer las investigaciones y los procedimientos que sean pedidos, para colaborar totalmente en cuanto le sea requerido. Pero el Ministerio va a estar, la autoridad policial va a estar absolutamente a la disposición, en todas sus etapas y en todas sus esferas, para investigar esas denuncias”.
El 1º de marzo, al tiempo que asume Sanguinetti, se restablecen las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela. El compromiso del gobierno uruguayo es investigar el secuestro de Elena y determinar responsabilidades.
Poco tiempo después, Tota presenta ante la justicia penal otra denuncia en la que se aportan numerosos medios de prueba.[8] Se dan los datos de un testigo del operativo de secuestro, el testimonio de una persona detenida que compartió el cautiverio con Elena, otros dos testimonios de exilados en la embajada de Venezuela en la fecha del secuestro, el documento oficial de la justicia militar por el que se expropia la casa donde vivía Elena y testigos de su detención allí.
El 17 de abril, los familiares de otras 26 víctimas de secuestro y desaparición en Argentina en 1976 presentan ante el Juzgado Penal de 5° Turno una denuncia penal sobre esos hechos.[9]
Ese intento de dilucidar ante los tribunales delitos ocurridos durante la dictadura pareció ser también un objetivo del nuevo gobierno cuando éste presentó denuncia penal contra el general Bonelli, por irregularidades durante su gestión en el Banco de previsión Social vinculadas a pagos indebidos al presidente de facto Aparicio Méndez. Posteriormente, los hechos demostraran otras intenciones muy diferentes. Sanguinetti incluirá en la ley de caducidad ilícitos económicos en el Banco Hipotecario, así como el secuestro y desaparición de Américo Soca.
[1] Carta fechada en Montevideo el 23-I-85.
[2] El programa de principios del Partido Colorado establecía “el inmediato esclarecimiento de la situación de los desaparecidos”.
[3] En Venezuela Sanguinetti declaró el 6-II-85 que “los militares que hubieran incurrido en violaciones de los derechos humanos (durante el gobierno de facto) serán juzgados por la justicia ordinaria” y que había “conversado con los militares para establecer su posición dentro del futuro gobierno”.
[4] Informe de su viaje a Venezuela, de Tota Quinteros, del 1º-III-85.
[5] La Hora, 5-XII-84.
[6] La integraban además del pvp, los gau, la Unión Popular, el Grupo Pregón e independientes. El pvp y los gau tenían en sus filas el mayor número de desaparecidos en Argentina.
[7] Muy distinta resultó finalmente la gestión del elenco de Sanguinetti con relación a la impunidad.
[8] Presentada el 28 de mayo ante el Juzgado Penal de 1º Turno (expediente 219/85), junto con la presentada en febrero, fue posteriormente derivada, en razón de la ley 15.848 al Poder Ejecutivo y éste ordena el cumplimiento del artículo 4º, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí la investigación administrativa se inicia el 11-VIII-87.
[9] Expediente 519/85.

No hay comentarios:

Publicar un comentario