sábado, 17 de julio de 2010

PRIMERA PARTE Capitulo VIII

VIII

“ENTREGAR O NO ENTREGAR A LA MUJER”


Pocos minutos después de los incidentes en la embajada de Venezuela, su titular se comunica telefónicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y denuncia el hecho. Luego concurre hasta allí y reitera la denuncia ante el subsecretario Guido Michelín Salomón. El ministro Juan Carlos Blanco estaba ausente. Años más tarde dirá: “...que una persona de sexo femenino había pretendido obtener asilo en esa sede diplomática y que en esas circunstancias varias personas de civil –cuatro o cinco– habían impedido esa situación, arrastrando a esa persona de sexo femenino fuera de la embajada; y que aquéllas no estaban identificadas.”[1]
Michelín Salomón, por su parte, manifestará: “En esa ocasión no se mencionaron nombres; se hablaba, simplemente, de cuatro personas de civil que perseguían a otra persona y que en el jardín o enfrente de la embajada la tomaron y la sacaron por la fuerza. Lógicamente, ante un hecho de esa gravedad, y por las repercusiones internacionales que podía tener un acontecimiento de este tipo (...) creo que en presencia del propio señor embajador (...) llamé al Ministerio del Interior”.[2]
Ese mismo día, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores recibe desde Uruguay una comunicación firmada por el embajador Ramos: “Acaba de ser violada embajada. Policía penetró sede y sacó violentamente a una dama que solicitaba asilo. Policía maltrató consejero. Acabo formular enérgica protesta ante el gobierno, reclamando la señora y pidiendo castigo policía. Seguiré informando. Ramos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emite de inmediato un comunicado: “... el ministro de Relaciones Exteriores se ha comunicado con el embajador de Uruguay en Venezuela, con el fin de expresarle la gravedad de lo ocurrido en iguales términos a los formulados por el embajador en Montevideo. Venezuela insistirá en que la persona que solicitó asilo sea devuelta a la sede de la embajada”.
Por razones de procedimiento diplomático, antes de dar a publicidad el comunicado de prensa de la cancillería venezolana, es convocado a la misma el embajador uruguayo en Caracas, Julio César Lupinacci Gabriel. “...aproximadamente a las 20 horas. Me sorprendió mucho la llamada a esas horas de la noche y concurrí a la secretaría y me recibió allí el subsecretario, aduciendo que el ministro se hallaba indispuesto y se había retirado de la cancillería. Me expresó textualmente: ‘Usted se imaginará por qué lo llamamos’. Le contesté que no lo sabía y me manifestó que en la mañana fuerzas de seguridad uruguayas penetraron en la embajada de Venezuela en Montevideo y se llevaron a viva fuerza a una persona que quería asilarse en la embajada.”[3]
Al día siguiente del secuestro, el embajador venezolano Julio Ramos envía una nota al ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, dándole cuenta de la protesta que había presentado el día anterior ante el viceministro Guido Michelín Salomón, en la que finaliza afirmando:“Tan flagrante violación de nuestra soberanía no tiene para mi gobierno otra reparación que la inmediata entrega de la mencionada señora”.
El mismo día el jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo se presenta en la embajada de Venezuela a los “efectos de recabar datos sobre una presunta violación del derecho de asilo político”. Su objetivo era, en realidad conocer la información que efectivamente tenía la embajada, a fin de ocultar con mayor eficacia la responsabilidad estatal en los hechos.
Los autores del secuestro, que habían actuado vestidos de particular y con vehículos particulares, no estaban identificados, y se desconocía también quién era la persona sacada de la embajada. Los servicios de seguridad, con la incondicional complicidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, creyeron que manteniendo una negativa sobre la responsabilidad del Estado evitarían que el asunto pasara a mayores.
Olvidaron tener en cuenta la labor de denuncia realizada en Venezuela y el apoyo allí recibido. Tampoco pensaron que el embajador Ramos no se comportaría pasivamente y menos que los compañeros de Elena en Buenos Aires se presentarían ante la embajada de Venezuela en esa ciudad para aportar la identidad de la secuestrada.[4] Una de esas gestiones la cumple Margarita Michelini. “Fui a ver a uno de los secretarios de la embajada venezolana en la Argentina para decirle quién era la mujer que se había asilado acá. Le llevé una foto de Elena, le di todos los datos y le conté que yo era muy amiga de ella y de vos.”[5]
En Montevideo, los suegros de Elena habían acudido a la embajada de Venezuela con una fotografía de ella que permitió que el secretario de la representación diplomática confirmara la identidad de la persona que había protagonizado los hechos del día 28 de junio.
El 30 de junio, Lupinacci concurre a la Casa Amarilla, (cancillería) atendiendo a la convocatoria de la cancillería venezolana. Ingresa por un acceso directo al despacho del ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Escovar Salom, para evitar a los periodistas. El encuentro con el ministro Escovar se extendió por más de una hora. Cuando el embajador uruguayo abandona la Casa Amarilla por la puerta principal, declara a los periodistas que su gobierno había solicitado al de Venezuela un compás de espera a los efectos de investigar acerca del incidente y ofrecer así las explicaciones exigidas por Venezuela, que Uruguay estaba dispuesto a hacerlo e incluso a devolver a la dama secuestrada en Montevideo, si aparecía. Agregó que se había sometido a juicio sumario al policía que estaba de guardia frente a la sede diplomática por su responsabilidad al no intervenir en los hechos. Dijo que hasta el momento no se había podido determinar la participación de ningún funcionario de seguridad, pero que sí se había determinado que el vehículo en el cual secuestraron a Elena era un Volkswagen verde, de cuya matrícula se conocían los dos últimos números. Lupinacci se retiró del lugar luego de asegurar que viajaría en la próximas horas a Uruguay.
Si bien la Casa Amarilla no había realizado declaraciones oficiales en torno al incidente diplomático ocurrido en Montevideo, según el diario El Nacional, de Caracas, “fuentes generalmente bien informadas” expresaron que “se espera que el problema sea resuelto satisfactoriamente, ya que Uruguay no estaría dispuesto a facilitar una ruptura de relaciones” por razones de “orden político y económico” y porque para el gobierno de Uruguay “ya criticado, en el hemisferio, sería de muy graves repercusiones una ruptura”. Agregaba que el argumento esgrimido por Uruguay de que no se trató de una acción con intervención oficial de policías o militares “no cambia nada la situación”.[6]
La repercusión del hecho en Venezuela es expresada por el propio Lupinacci: “El motivo por el cual fui llamado era que el gobierno de Venezuela iba a emitir un comunicado por presión de la prensa y si bien pretendían minimizar el incidente, igualmente por tal razón se veían en la necesidad de emitir un comunicado (...). Así pasaron dos o tres días y en el ínterin el clima de tensión que se vivía en Caracas era cada vez mayor, con grandes titulares en los diarios, manifestaciones en el Parlamento de distintos grupos políticos, amenazas de llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores por ese problema e incluso hubo manifestaciones en la calle, pero no se afectó para nada a la embajada”.[7]
Mientras eso ocurría en Venezuela, en Uruguay el jefe del esmaco, contralmirante Francisco Sanjurjo, visitaba al embajador de Venezuela, oportunidad en la cual “ratifica en nombre de las Fuerzas Armadas su interés y mejor disposición en el rápido esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Sanjurjo pide una prórroga de tres o cuatro días para tratar de solucionar el problema, y agrega que eso estaba a nivel de la cancillería.
Recuerda Tota: “En esos días apareció en los diarios argentinos la noticia acerca de una joven uruguaya de 30 años que había sido sacada de la embajada de Venezuela, y yo en un momento pensé ¿no será Elena?. Esa noticia la reproduce Clarín de Buenos Aires. Por la noche viene mi gran amigo Mauricio Gatti y le dice a Pepe lo ocurrido. Él viene y me dice: ‘Mirá, Tota, te tenemos que dar esta noticia, la sacada de la embajada es Elena’”.[8]
Las gestiones diplomáticas se mantenían a ritmo vertiginoso. Ese 30 de junio el canciller venezolano recibe una nueva comunicación desde Montevideo, en la que Ramos le amplía la información sobre los hechos del día 28.[9]
Al día siguiente, al no recibirse excusas satisfactorias del gobierno de Uruguay, el presidente del Congreso venezolano, Gonzalo Barrios, declara públicamente que “es inminente la ruptura de relaciones diplomáticas”.[10]
Ramos da cuenta al ministro Escoval de que el gobierno uruguayo continúa afirmando que la Policía y el Ejército son ajenos a los hechos. Agrega que le ha proporcionado a las autoridades uruguayas el nombre de la mujer sacada de la embajada, dato que había conseguido en sus investigaciones, además de recibirlo desde la embajada de Venezuela en Argentina.
El 2 de julio, mientras sigue sin aparente solución el incidente diplomático–según comentan los corresponsales en Montevideo de la agencia de noticias ap–, la totalidad de la prensa extranjera que informa del episodio es confiscada por segundo día consecutivo por la Policía. Cuatro días después la prensa montevideana publica un comunicado de la cancillería en el que ésta “lamenta profundamente el incidente ocurrido en la embajada de Venezuela”, empero –continúa comentando la agencia de noticias–, no especifica cuál fue el incidente, por lo que la mayoría de la población sigue desconociéndolo.[11]
Continuando con la parodia que diplomáticos y militares uruguayos representaban, la Jefatura de Policía requiere la colaboración de la población para ubicar un auto Volkswagen verde con matrícula terminada en 714 y a un hombre rubio de unos 25 años de edad.[12]
Todos los engranajes del Estado fueron puestos en marcha desde el primer momento para ocultar los hechos: censura de prensa, comunicados de la cancillería y la Jefatura de Policía buscando calmar las presiones de Venezuela y borrar todo rastro que permitiera identificar al policía de guardia en la embajada.[13]
El plazo solicitado al gobierno de Venezuela por Lupinacci no era para encontrar a “la mujer”. Había que ganar tiempo para analizar el asunto a los más altos niveles de la dictadura. Estaba en pleno desarrollo la represión contra el pvp, tanto en Argentina como en Uruguay, y eso debía incorporarse a la decisión a tomar.
En ese marco, el mismo 2 de julio Juan Carlos Blanco intercambia ideas con sus más allegados colaboradores, el director para asuntos de política exterior Álvaro Álvarez; el vicecanciller Michelin y el embajador Lupinacci, y les encomienda la elaboración de un memorándum sobre “la conducta a seguir frente al caso Venezuela desde el punto de vista de las relaciones internacionales”, que sería presentado al cosena[14] para su consideración.
En la embajada había ocurrido un secuestro. Este hecho delictivo no fue nunca considerado en ese intercambio preliminar entre el ministro, de profesión abogado, y sus colaboradores, también egresados de la Facultad de Derecho. No ponderaron jamás estos abogados que “no entregar a la mujer” los convertía, de acuerdo a las leyes, en por lo menos cómplices de un delito, y que no entregar a Elena significaba –aun en la hipótesis de no reconocer la comisión de un acto ilícito– mantener eternamente desaparecida a “la mujer”. Nada de eso debía aparecer en el informe a las autoridades de la dictadura. Solo había que buscar la fórmula que permitiera al régimen salir mejor parado, ante una imagen deteriorada por sus continuas violaciones a los derechos humanos, y actuar en consecuencia.
Se pusieron de acuerdo en que los únicos elementos que se tendrían en cuenta para resolver qué se hacía con “la mujer”, era por un lado la nota del embajador de Venezuela del 29 de junio en la que denuncia los hechos y exige que “tan flagrante violación de nuestra soberanía no tiene para mi gobierno otra reparación que la inmediata entrega de la mencionada señora”; y por otro la respuesta de Blanco a ese reclamo, en la que deslinda toda responsabilidad del gobierno en el incidente.
En un despacho del Ministerio, Álvaro Álvarez redacta de puño y letra un borrador de lo que sería un documento de carácter “secreto”.
El 3 de julio se reúne el cosena y decide no entregar a Elena. Los militares habían escuchado ya todo lo que creían necesario; no había nada más que hablar.
Con esa decisión ya tomada, Blanco, con la complicidad del Ministerio de Defensa y el de Interior comienza urdir una trama para inculpar al gobierno de Venezuela del rompimiento de relaciones, considerando la actitud de la embajada venezolana como parte de las campañas contra la dictadura.[15]
El 5 de julio de 1976, la embajada de Venezuela comunicó al gobierno uruguayo la suspensión de las relaciones diplomáticas.
“Naturalmente, no celebramos en la embajada el 5 de julio, –conmemoración de la independencia venezolana– pero como a las 7 de la noche platiqué por teléfono ese mismo día con el presidente Carlos Andrés Pérez y luego llamé al canciller Juan Carlos Blanco y le dije que según el presidente de Venezuela había reunido el gabinete en el Palacio y que la misma noche se resolvería romper las relaciones diplomáticas con el Uruguay. Y entonces la reacción del canciller uruguayo, creyendo tal vez, que yo mentía, consistió en (...) redactar enseguida una absurda nota declarándonos personas no gratas al consejero Becerra y a mí, y concediéndonos 72 horas para abandonar el país. Becerra y yo lo abandonamos en la mitad del plazo que se nos concedía, por estar rotas las relaciones con Venezuela.”[16]
El 6 de julio la dictadura uruguaya llega a negar hasta que Elena estuviera en Montevideo, afirmando en un comunicado que ella había salido por el puerto de Colonia en enero del 75 con destino a Argentina, no registrándose su regreso a Uruguay.
Días después, en Buenos Aires Tota pide a los compañeros para ver a Sara, quien el 22 de junio había dado a luz. Cuenta la madre de Simón: “Estábamos muy compartimentados porque se había desatado una represión brutal en Argentina, pero ella igual quiso verme. Recuerdo que me trajo una lámpara para la mesa de luz que era un payasito. Elena había desaparecido unos días antes. Tota me abrazó y me dijo: 'Éste va a ser el nietito que con seguridad no voy a tener'. No dramatizó, habló como de algo que iba a suceder”.
A esa altura, estaba planeado continuar con otra etapa de la operación que dejaría decenas de desaparecidos en una de las fuerzas que aún desafiaban al régimen. La suerte de Elena estaba echada. Quedaba librada a su propias fuerzas para resistir la tortura y esperar que las relaciones sólo se restablecieran luego de su entrega a Venezuela. Para ese futuro sería fundamental el esfuerzo de sus compañeros, y que la dictadura no resolviera su ejecución.

[1] Declaraciones del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, ante la Comisión Investigadora del Senado de Uruguay, en 1990.
[2] Declaraciones del entonces vicecanciller de la República, Guido Michelín Salomón, ante la Comisión Investigadora del Senado, en 1990.
[3] Declaraciones de Lupinacci ante la jueza María del Rosario Berro, el 15-III-02, en la causa penal contra Juan Carlos Blanco.
[4] Según declaraciones de Ramela ante la justicia uruguaya: “La confirmación de quién era la persona la tuvo el embajador Ramos al día siguiente por una llamada que recibió del exterior supuestamente del compañero o ex compañero de Elena Quinteros, el señor Díaz, quien señaló que la persona involucrada en el episodio era Elena Quinteros”.
[5] Carta de Margarita Michelini entregada a Tota el 6-III-85 en Monteviodeo.
[6] Diario El Nacional, Caracas, 1-VII-76.
[7] Declaraciones de Lupinacci ante la jueza Berro el 15-III-02, en la causa penal contra Juan Carlos Blanco.
[8] Martínez, I. Op cit.
[9] “...a las 10 de la mañana, la tercera secretaria Pisani, al oír gritos espantosos de una mujer pidiendo auxilio, corrió al balcón y al momento llamó a los compañeros de trabajo: Corran que pasa algo, hay una mujer gritando. De inmediato el personal de la misión corrió al balcón, menos el consejero Becerra quien atinó a bajar y vio a un hombre tomando a una mujer por los cabellos la cual gritaba desesperadamente: Embajador ayúdeme, asíleme, asíleme. También vio un Volkswagen verde que a contramano se instaló a las puertas de la embajada en donde por la fuerza y peleándose con el consejero Becerra quien trataba de impedir que fuera introducida en el automóvil...ni el consejero ni el secretario pudieron hacer absolutamente nada puesto que el auto que estaba en marcha, con la puerta derecha abierta y las piernas de la señora hacia fuera y con un policía encima dio orden de salir tirando el auto contra los funcionarios, que estuvieron a punto de ser arrollados.”
[10] Diario La Opinión, Buenos Aires, 2-VII-76.
[11] Diario El Nacional, Caracas, 2-VII-76.
[12] Según declaraciones de otros asilados en la embajada, se trataba de “Cacho”, funcionario del Departamento 5 de Inteligencia, de nombre Ruben P Bronzini Píriz, con Cédula de Identidad 1.260.491.
[13] Ni el Ministerio del Interior, cuyo titular era el general Hugo Linares Brum, ni la Jefatura de Policía de Montevideo, a cargo del general Alberto Ballestrino, registraron en sus archivos la identidad de los funcionarios policiales testigos del secuestro, sin embargo, en nota del general Linares Brum a Juan Carlos Blanco, el primero afirma que se ha “...sancionado y tramitado el sumario correspondiente al agente de policía que se encontraba de servicio en la embajada, por no haber adoptado las medidas correspondientes en los hechos de referencia”.
[14] El 23 de febrero de 1973 se crea el cosena, integrado por los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía y Finanzas; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, quienes serían miembros permanentes. Es presidido por el presidente de la República. Según la materia que trate, podrán ser convocados a participar otras personas con competencia en el asunto que se considere. (Art. 6º de la ley orgánica militar) .
[15] En una carta de Juan Carlos Blanco al gobierno de Venezuela, fechada el 6-VII-76, el ministro afirma: “No es ocioso tener en cuenta que el sentido y el carácter de la información recibida por el embajador Ramos se ajusta a los lineamientos de la campaña internacional de carácter político lanzada contra el Uruguay, por lo que cabe dudar razonablemente de su verosimilitud. No es improbable en efecto, que personas o grupos interesados en dañar el prestigio del Uruguay y deteriorar las relaciones entre nuestros dos países, hayan aprovechado las circunstancias del episodio referido –o aun lo hayan creado– para cumplir un propósito negativo”
[16] Ramos, J. Op cit.

No hay comentarios:

Publicar un comentario