lunes, 12 de julio de 2010

SEGUNDA PARTE Capitulo IV

IV

“URUGUAY EXPORTA SU VERDAD”

La continuidad de la represión en Uruguay y la participación activa de las fuerzas de seguridad en operaciones fuera de fronteras conmueven y agudizan las movilizaciones del exilio uruguayo. La necesidad de intervención de los organismos humanitarios es reclamada en foros internacionales.
La lentitud del funcionamiento de las estructuras internacionales fue uno de los motivos por los que muchas veces se recurrió al envío de misiones “privadas” a los países víctimas de dictaduras. Las delegaciones de personalidades del mundo académico o político tenían por objeto lograr información y atenuar los efectos de la represión.
Con ese propósito se habían iniciado gestiones para lograr el envío de una misión española a Uruguay. Tomás Quadra Salcedo y José de Carvajal solicitan ante la embajada uruguaya en Madrid autorización para entrevistar a las autoridades uruguayas a fin de informarse sobre las garantías procesales y el trato que recibían en Uruguay los presos políticos. El 21 de junio de 1977 el embajador uruguayo en España, Jorge Pacheco Areco, niega dicho pedido. Argumentaba que las garantías procesales y el trato a los presos políticos eran asuntos internos, a cargo de las autoridades nacionales “conforme a derecho”; y “que en el orden jurídico uruguayo no existían presos políticos sino delincuentes comunes que son objeto de un trato humano”, ni detenidos por delitos de opinión.[1]
Cuando se cumplía un año de la ruptura de relaciones con Venezuela, los diarios de Caracas registraban el hecho: “Sin cambios la situación Venezuela-Uruguay”. Por su parte, mediante cables de la agencia ap emitidos desde Montevideo se informaba que fuentes diplomáticas “alegaron que desconocían si hubo algún acercamiento entre los dos países para superar el problema...”.[2]
Cuando se cumplían cuatro años de dictadura en Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la oea aprobaba una declaración que no contó con los votos de los representantes de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Allí se manifiesta que “cada Estado miembro afirma su creencia de que no hay circunstancias que justifiquen la tortura, la convicción sumaria o la detención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley”.
En el exilio, el aniversario del golpe fue una oportunidad más para que dirigentes políticos de la oposición realizaran declaraciones contra la dictadura.[3]
En ese marco, el 28 de junio la dictadura uruguaya otorga al general argentino Rafael Videla la medalla de Protector de los Pueblos Libres.
El 6 de julio Aparicio Méndez viaja a Brasil y se entrevista con el dictador brasileño, general Ernesto Geisel, afianzando los vínculos de unidad entre los terroristas de Estado. La unidad concretada en el Plan Cóndor había dejado un saldo de muertes, torturas, desapariciones y cárcel. Como contrapartida, el 7 de julio se materializaba en México una importante iniciativa. Tres dirigentes políticos uruguayos en el exilio, Enrique Erro (Unión Popular), Enrique Rodríguez (Partido Comunista) y Hugo Cores (pvp) convocaban a la unidad de todos los sectores y al esfuerzo “en la creación y fortalecimiento de un frente antidictatorial”.
La dictadura continuaba manteniendo una férrea censura de prensa, tanto en el país como en lo que se enviaba al exterior o entraba en publicaciones extranjeras.[4] En julio de ese año es sometido a la justicia militar el corresponsal uruguayo del diario Excelsior de México, Graciano Pascale, por comentar el cuarto aniversario de la disolución del Parlamento.
En ese mes, desde Washington se daba cuenta de que la administración de Carter suspendía la venta de armas con destino a las policías de Argentina, Uruguay, El Salvador y Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. La decisión se fundamentaba en la previsión de que las armas fueran usadas para reprimir a disidentes y actuar con brutalidad contra adversarios al régimen. Si bien la suspensión era provisoria, en tanto se estudiaba cada caso, el hecho constituía un golpe para la dictadura y un logro importante para la lucha antidictatorial.
El 21 de julio, el canciller Alejandro Rovira afirmaba que la normalización institucional se verificaría recién en 1981, cuando “el pueblo podrá dar un veredicto cívico en colaboración con los dos grandes partidos tradicionales del Uruguay: el Nacional y el Colorado”.[5]
Bajo la consigna “Uruguay exporta su verdad” el régimen envía al exterior la primera parte de su libro Uruguay. La subversión. Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental. El producto que se “exportaba” en esos grandes volúmenes[6] mantenía la versión –que el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta echó por tierra– de la invasión a Uruguay por los integrantes del pvp traídos desde Orletti en 1976. También mantenía el número de 62 personas detenidas en esa oportunidad, de las que el régimen nunca dio cuenta, número cercano a la cifra de uruguayos secuestrados fuera del país a octubre del 76. Llamativamente, la “verdad” que se exportaba no hacía ninguna referencia a los hechos ocurridos en la embajada de Venezuela en 1976.
En Washington, el 22 de julio el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Terence Todman, evaluaba que la política estadounidense de derechos humanos recibía cada vez más apoyo en el hemisferio y que varios regímenes militares latinoamericanos estaban formulando planes para volver a una democracia electoral.
[1] Estos conceptos están registrados en un telegrama firmado por el embajador.
[2] Diarios El Nacional y El Universal de Caracas del 7-VII-77.
3 Ellos fueron Enrique Rodríguez, Enrique Erro, Wilson Ferreira Aldunate, Hugo Cores, Rodney Arismendi y Reynaldo Gargano.
[4] El 21 de julio la Policía uruguaya confiscó los periódicos argentinos La Opinión, La Prensa y La Nación, por informar de una actividad política en la que había participado Jorge Batlle.
[5] En la revista argentina Panorama.
[6] Se editaron dos tomos. El diario El País realizó su publicación en fascículos.

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