domingo, 11 de julio de 2010

SEGUNDA PARTE Capitulo V

V

FRACASA EL INTENTO DE REANUDAR RELACIONES


El 1º de agosto secuestran y desaparece en Montevideo el maestro y periodista de Marcha Julio Castro Pérez.[1] Al igual que en el caso de Elena, la dictadura trató de eludir su responsabilidad informando que Julio Castro “habría viajado hacia la ciudad de Buenos Aires en el vuelo de avión N° 159”.[2]
Castro tenía 68 años y, como Elena, era integrante del gremio de maestros. También como en el caso de Elena, la dictadura recurrió a la activa participación del ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo a la que sumó la complicidad del argentino.
El periodista brasileño Flavio Tavares, detenido en la cárcel clandestina del sid ubicada en la calle Millán y Loreto Gomensoro, fue testigo de la presencia de Castro allí, sumándose su testimonio al del ex soldado Barboza.
El caso de Julio Castro fue denunciado ante la cidh de la oea por la Washington Office for Latin America el 1º de setiembre de 1977 y fue incluido en e1 informe anual que elevó la comisión a la Asamblea General para su reunión de 1978. La conclusión fue que el gobierno uruguayo era responsable.
El 5 de octubre los denunciantes son informados de la respuesta del gobierno uruguayo. Fechada el 9 de enero de 1978 decía que no concordaba la documentación en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo –según la cual Castro había viajado a Argentina– con la información proporcionada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, vicealmirante Oscar Montes –que aseguraba que Castro no había ingresado a ese país. En razón de ello –proseguía la respuesta– el gobierno uruguayo consultó a la cancillería argentina, la que reconoció haber incurrido en error: “La Dirección Nacional de Migraciones ha constatado que el ciudadano uruguayo Julio Castro ingresó a la República Argentina proveniente del Uruguay el día 22 de setiembre de 1977, en vuelo de la compañía pluna”.
La explicación que daban las autoridades argentinas del cambio era que: “La información que le fuera suministrada surgió de una lista incompleta de pasajeros que llegaron al país en vuelo de pluna N° 159 de la citada fecha, encontrándose adosada a la mencionada lista una suplementaria que contiene los nombres de 17 personas más entre las que se encuentra el señor Julio Castro, que pasó desapercibida a los efectos de la contestación a su consulta. A los efectos de ampliar esta rectificación de información le comunico que el señor Castro ingresó en calidad de turista por un plazo de veinte días de acuerdo a la anotación del inspector de Migraciones que controló el vuelo”.
Comprobado el error cometido, a Julio Castro no había que buscarlo en las cárceles clandestinas de la dictadura uruguaya, por lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se informa: “se han iniciado las gestiones pertinentes tendientes a determinar si el señor Castro permanece aún en territorio de la República”.
Según lo habitual en las denuncias ante la cidh, correspondía que los denunciantes expresaran su opinión sobre la respuesta del gobierno uruguayo. El 27 de octubre los denunciantes aseguran que Castro no había viajado en ese vuelo y logran que la cidh, sin alertar que se trataba de la investigación del caso de un desaparecido, solicitara a las autoridades de migración argentinas la lista de pasajeros ingresados a ese país. El 20 de diciembre de 1977 el ministro de Relaciones Exteriores y Culto envía la lista de pasajeros solicitada, en la que no figuraba Castro. E1 mismo día, la cidh solicita información sobre si venía o no en el mencionado vuelo Julio Castro.
Esta vez, la respuesta es que Castro efectivamente viajó en ese vuelo. Quedaba así comprobada una vez más la coordinación a nivel diplomático entre las dictaduras. A las evidencias que demostraban que Julio Castro no había viajado a Argentina, se sumaba que el régimen argentino falsificaba documentación y la enviaba a la cidh.
El 9 de agosto, en medio de una intensa campaña contra la dictadura por la desaparición del maestro, el gobierno hace público su propósito de convocar a elecciones nacionales en un plazo de cuatro años con la única participación de los partidos políticos tradicionales. La propuesta formaba parte del llamado “cronograma político” formulado por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres armas, cuando se esperaba la visita del representante estadounidense Todman. Éste llega a Uruguay el 17 de agosto, acompañado de una misión que se entrevista con las principales figuras del gobierno y ex legisladores, y le expresa al gobierno uruguayo que debe combatir a la subversión, pero le aconseja hacerlo desde la legalidad.[3]
El día en que se conmemoraba la declaratoria de la independencia nacional, el vicealmirante Hugo Márquez, jefe de la Armada, anunciaba que las elecciones del año 1981 se harían con la presencia de un solo candidato, aceptado por los dos partidos tradicionales y con el aval de las Fuerzas Armadas. Márquez dijo que tenían prevista para 1986 la última etapa del proceso cívico-militar, con la realización de una elección con más de un candidato.
En la cancillería, el recambio de ministros no modificó el papel de cómplices y encubridores de los atropellos militares que aquellos siguieron cumpliendo. Se mantenía, inexorablemente, la misma política internacional.
En setiembre de 1977 las denuncias sobre la desaparición de Elena obligan al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir instrucciones a la delegación uruguaya ante las Naciones Unidas. En ellas además de brindar el prontuario conteniendo los antecedentes sobre las detenciones de Elena en 1969 y su requerimiento en 1975, plantean que la delegación no debe aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas y que “no aceptará y rechazará de plano todo juicio de valor sobre la situación nacional y no suministrará ninguna información...”.
Ese mes y el siguiente Tota envía dos cartas al presidente de Venezuela, solicitando una entrevista.
Si la dictadura había desconocido en el caso de Elena el instituto de asilo político, lo reitera el 13 de setiembre cuando obliga al ex gobernador brasileño Leonel Brizola a abandonar Uruguay en razón de que “los servicios de seguridad comprobaron violación de las normas que rigen el asilo político”.[4]
El 1° de octubre el recientemente condecorado general Videla salva su vida por milagro cuando un artefacto explosivo estalla en el sitio donde había estado sentado hasta pocos minutos antes.
La acción criminal de la dictadura incluyó además ajustes de cuentas por motivos económicos. El 5 de octubre el contador José González Boado aparece carbonizado dentro de su auto. Este hombre estaba vinculado a la administración y ejecución de obras encomendadas por la dictadura, entre ellas la construcción del Mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia. Al igual que en el caso de Américo Soca, la corrupción interna del régimen tuvo entre sus víctimas también a algunos de sus allegados.
Los días 7 y 19 de setiembre aparecen artículos en la prensa uruguaya donde se informa de una posible reanudación de relaciones con Venezuela. Según el diario La Mañana tal posibilidad había surgido del encuentro en Washington de los presidentes Aparicio Méndez y Carlos Andrés Pérez. Días después, los cables provenientes de Montevideo insistían en el tema informando que ambos países iniciaban “una semana clave hacia la normalización”, en la que el canciller realizaría contactos “trascendentes”. Rovira afirmaba que “existen posibilidades de llegar a feliz término en el actual problema”[5].
Ante esa posibilidad Tota le escribe una carta al presidente venezolano en la que le manifiesta “...la gran angustia de una madre que lo único que la sostiene es la esperanza de ver a su hija”. A la vez le recuerda “...la confianza puesta en usted y su gobierno, convencida que como en la otra oportunidad obrará con firmeza defendiendo el derecho de asilo de mi hija y que al término de las negociaciones pueda reencontrarme con ella”.
Tota no era mujer de jugar una sola carta; le escribe también a otras autoridades venezolanas confesando su angustia ante la posibilidad de que se concretara una normalización de las relaciones: “Sé que la suerte de mi hija depende de la actitud que tome el gobierno de Venezuela”.
El 22 de octubre durante las sesiones de la IX Asamblea de la oea, la cidh acusa a la dictadura uruguaya de reiterados: “arrestos ilegales, malos tratos, torturas, muertes, desapariciones y operaciones militares y policiales en países extranjeros”. Pocos días después, el locuaz vicealmirante Márquez ataca a la oea “Nadie nos va a dictar normas, ningún país, ninguna organización ni nadie”. “Fíjese qué seriedad puede tener un organismo internacional que está basándose en los terroristas o en aquellos malos políticos que se escaparon.”
En la sesión inaugural de la Asamblea General de la onu el 2 de noviembre, el papa Juan Pablo II hace un llamamiento a la paz y al respeto de los derechos humanos. En la oea agrega que la Iglesia no admite que se anteponga la seguridad nacional a los derechos humanos.
El 4 y el 9 de noviembre en Bogotá, en la XII Conferencia de Ejércitos Americanos, el representante uruguayo, teniente general Luis Queirolo, reafirma: “Seguimos combatiendo y continuaremos haciéndolo sin pausa pero con indeclinable firmeza contra el terrorismo y la sedición marxista internacional”. La conferencia acuerda estructurar un plan para controlar la subversión izquierdista en América Latina. La mayor parte de las discusiones giraron en torno a “la forma de controlar a la subversión izquierdista”.
Ante el inminente fracaso de la dictadura en su intento de reanudar relaciones con Venezuela, el canciller uruguayo se limitaba a expresar que su país “no tiene inconvenientes en reanudar sus relaciones con Venezuela”, arriesgando que “en una coyuntura oportuna ello podría cristalizar”.[6]
Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado empiezan a actuar organizados dentro de los propios países. En noviembre se constituye en Argentina el grupo de “Abuelas de Plaza de Mayo” y poco antes se había formado “Madres de Plaza de Mayo”. En Uruguay el proceso es posterior.
La organización de misiones que visitaran a los países en dictadura seguía siendo uno de los objetivos de la oposición. La dictadura uruguaya seguía renuente a recibir esas visitas. El 21 de noviembre prohíbe el ingreso de una misión de la Internacional Socialista, presidida por el español Felipe González, argumentando que “El propósito de esta delegación es claramente la de presionar a los gobiernos que tienen una definida actitud anticomunista y enfatizar en la campaña internacional de desprestigio de los mismos”.
El 20 de noviembre de 1977 el entonces juez de primera instancia Víctor Marabotto dictaba la sentencia definitiva de divorcio[7] seguida por José Félix Díaz contra Elena Quinteros, como resultado de “riñas y disputas graves y continuas, que impidieron la prosecución de su vida en común”. La sentencia establece que el 24 de febrero de 1977 se había decretado “la separación provisional” y que Díaz había aportado “prueba”. En los considerandos se deja constancia de que no surgían “elementos de prueba suficientes como para determinar la culpabilidad exclusiva de uno de los cónyuges”.
[1] Su desaparición es denunciada a las autoridades policiales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Estado, sin obtener respuesta. Se intenta hablar, sin éxito, con el ministro del Interior general Hugo Linares Brum y con el general Gregorio Álvarez. Los uruguayos exiliados lanzan una campaña internacional denunciando su desaparición ante la oea, la Comisión de Derechos Humanos de la onu, Amnistía Internacional y la Cruz Roja. Las autoridades uruguayas guardan silencio. Dos meses después del secuestro, la Jefatura de Policía de Montevideo solicita la colaboración pública para saber acerca de su paradero.
[2] La versión de su viaje a Buenos Aires será desmentida por el ex soldado Julio César Barboza, quien da testimonio del secuestro, y por la comprobación de que ese vuelo nunca existió. Julio Castro fue secuestrado por el oficial principal de Policía Zabala, del Departamento 3, y conducido a la cárcel clandestina de la calle Millán y Loreto Gomensoro, a cargo del director del Servicio de Información y Defensa, general Amaury Prantl.
[3] En conferencia de prensa Todman dijo: “Yo creo que es primordial, que es esencial para cada gobierno tomar medidas para combatir el terrorismo. Lo que no creemos es que para combatir eso, el gobierno mismo o las autoridades hagan uso de métodos ilegales o métodos que violen los derechos”.
[4] Brizola se había exiliado en Uruguay después del golpe militar en Brasil, en 1964. Existen versiones de que había encaminado gestiones en torno a la desaparición de Julio Castro.
[5] El Nacional y El Universal, de Caracas, 20-IX-77.
[6] El Universal, 10-XI-77.
8 Sentencia Nº 609, ficha E/43/77.

No hay comentarios:

Publicar un comentario