lunes, 14 de junio de 2010

SEXTA PARTE Capitulo I

Sexta parte







La lucha del hombre contra el poder
es la lucha de la memoria
contra el olvido.

Milan Kundera.


I

UNA NUEVA BATALLA

La prensa daba cuenta, en los primeros días de 1999, de las denuncias del ex soldado Sergio Pintado ante la scj,[1] en las que afirmaba haber sido testigo de las torturas aplicadas a Elena, quien luego fue asesinada y enterrada en la plaza central del Batallón de Infantería 13.[2] Si bien las revelaciones tuvieron un enorme impacto público, en las instituciones del Estado no registraron efecto alguno. El comandante en jefe del Ejército, general Fernán Amado, las descalificó diciendo que el soldado “estaba fuera de sus cabales”. Todo parecía indicar que la denuncia correría la misma suerte que otras que anteriormente se hicieron públicas.[3] Las notas de prensa que informaron sobre los dichos de Pintado también daban cuenta de que el Ejecutivo las había comprendido en la ley de caducidad. En una columna del matutino La República[4] se preguntaba: “Cuando el Ejecutivo estableció que las denuncias están comprendidas en la ley 15.848, ¿quiere decir que, como lo establece el artículo 4, los investigará para dar cuenta a los familiares? ¿O pondrá en funcionamiento solo los aspectos de la ley que permiten que continúe perpetuándose día a día el delito de desaparición? ¿El máximo órgano del Poder Judicial, ante quien se depositaron estas denuncias, mirará para otro lado ante esto?
La credibilidad de algunas afirmaciones de Pintado podía cuestionarse, pero lo importante era que la denuncia fuera considerada por el Estado. Había que lograr que las investigaciones sobre las desapariciones se reabrieran.
La prensa no daba cuenta de todo lo que había dicho Pintado sobre la suerte de Elena, pero lo que pudo leer Tota le alcanzó para angustiarse.
La posibilidad de hacer alguna acción ante la justicia que obligara al Estado a reabrir la investigación, encontró en ella la mejor disposición y entusiasmo. Era la Tota de siempre, dispuesta –como si los años no pasaran– a dar una nueva batalla.
Los sucesivos gobiernos clausuraron todas las investigaciones sobre los desaparecidos. El caso de Elena, luego de la investigación administrativa de Flores, no fue una excepción. El petitorio que los familiares presentaron a Sanguinetti para que reabriera las investigaciones recibió una categórica negativa.
Con el apoyo del pit-cnt se inicia una trabajosa serie de gestiones para materializar esa acción, que necesitaba un abogado que asumiera la representación de Tota. Era enero, y la feria judicial hacía más difícil encontrarlo. Aun así, se redactó un material con algunas ideas para la acción de amparo.
La idea de llevar a los estrados judiciales el tema de las desapariciones no era nueva para el movimiento sindical. Ya hacía más de un año que se planteaba transitar ese camino, para lo cual se había elaborado un trabajo en el que se aventuraban varias hipótesis de acción judicial.[5]
La irrupción en escena de Pintado y la disposición entusiasta de Tota hacían posible llevar a la práctica lo que hasta ese momento eran hipótesis de trabajo y parte de una reflexión que, ciertamente, no había encontrado eco fuera del movimiento sindical.
A partir de las declaraciones de Pintado se podía iniciar una acción judicial para que mediante una orden de juez el Ejecutivo reabriera las investigaciones. Si esto se lograba para el caso de Elena, sería un avance importante para otras causas.
La omisión en plantear el problema en los estrados judiciales respondía a convicciones y posicionamientos políticos, con la casi única excepción de Rafael Michelini.[6]
No se trataba, entonces, solo de encontrar buenos fundamentos jurídicos, se necesitaba voluntad política. Para Tota era claro que obligar a Sanguinetti a hacer lo que reiteradamente había rechazado constituiría una victoria contra la impunidad.
En los primeros días de febrero, sin contar aún con el concurso de un abogado para llevar a cabo la demanda, la misma era aprobada unánimemente por el movimiento sindical.
Mientras se hacían sondeos de opinión sobre la viabilidad jurídica de la acción, Tota trabajaba en la formación de una biblioteca en el barrio Nuevo Capra y continuaba vinculada a la Comisión Nacional de Organizaciones Sociales, que había contribuido a fundar junto a Alba Roballo y el general Víctor Licandro. Participaba además en el grupo de ayuda mutua Renacer, que nucleaba a padres que habían perdido a sus hijos, se reunía regularmente con el grupo de reflexión cristiana que orientaba su amigo Álvaro Ardao y no dejaba de trasnochar acompañando a la murga Falta y Resto.

[1] Según El Observador del 7-I-99 “El ex militar denunció ante la justicia que la maestra desaparecida está enterrada en un cuartel”. La República del 19-I-99 habla de “El soldado Sergio Pintado Otero, a quien la scj tomó declaración sobre el asesinato de Elena Quinteros y otras atrocidades.”
[2] Si bien El Observador expresa que “fuentes dijeron (...) que el ex soldado (...) dijo haber visto a Elena Quinteros cuando era torturada”, en ninguna declaración firmada por él, Pintado asegura haberlo presenciado.
[3] Cuando las denuncias de personas que decían tener información sobre los desaparecidos (el ex coracero Julio Stella, el ex soldado López Silva, el senador Michelini, “un alto oficial militar retirado” a Posdata, etcétera) se presentaron ante la justicia, el Ejecutivo dispuso que esos casos estaban comprendidos en la ley de caducidad, pero no las investigó cumpliendo con el artículo 4º.
[4] Del 22-I-99.
[5] “Los caminos a la verdad: Acciones jurídicas. (Algunas ideas para discutir)”, del 3-VI-98.
[6] Las únicas causas que se llevaron ante la justicia penal uruguaya después de aprobada la ley de caducidad fueron la presentada por los parlamentarios del fa contra Juan Carlos Blanco, por el caso de Elena, y la del senador Rafael Michelini por la Operación Zanahoria.

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