domingo, 4 de julio de 2010

TERCERA PARTE Capitulo II

II

EN BRASIL

La interrupción de las relaciones diplomáticas con Venezuela constituía un importante factor de presión en el reclamo por Elena y en la lucha contra la dictadura. Pero no existía –fuera de los organismos internacionales– un interlocutor que pudiera gestionar ante el Estado uruguayo una solución para el caso. Buscando establecer ese interlocutor Tota le escribe al embajador ante el Pacto Andino, Demetrio Boersner: “Hoy es el problema general de la falta de salidas, hasta ahora, en el problema de la liberación de Elena y la reanudación de relaciones entre los dos países lo que motiva esta carta”.
Boersner era un viejo conocido de Tota, al que frecuentemente pedía consejo. Lo había hecho, por ejemplo, cuando en Ginebra “corrió el rumor, bastante alarmante, de que en esos días precisamente en que estaba reunida la comisión, Elena sería llevada a la frontera de Argentina o de Brasil, dudando entre si esto fuera cierto o una vulgar mentira para obstaculizar mis gestiones ante la comisión”.
Luego de aquella instancia de Naciones Unidas se consideró la “importancia de extremar los esfuerzos para encontrar el modo de entablar algún tipo de mediación idónea, a través de la cual se le plantee al gobierno uruguayo la necesidad de la devolución de Elena y el restablecimiento de relaciones”.
El gobierno uruguayo tenía necesidad de mejorar su imagen y sus relaciones en el continente. Se pensó que los países del Pacto Andino podían jugar un papel de importancia, dado sus vínculos crecientes con otras regiones y países de América Latina. Si el gobierno uruguayo tenía interés en mantener buenas relaciones con este grupo, podía ser que atendiera gestiones que partieran del mismo. Se evaluaba que “si se lograra que en estas relaciones del Pacto Andino con el gobierno uruguayo, dicho bloque de estados le plantee la necesidad de resolver el problema en los términos dignos y de elemental justicia sostenidos por el gobierno venezolano, sería de una gran importancia en la búsqueda de una salida que garantice la vida y la libertad de Elena”.
Entre el 3 de mayo y el 13 de junio de 1980 da testimonio ante el sijau el ex soldado de la Compañía de Contrainformaciones del Ejército Walter García Rivas. La información que aporta es otro paso fundamental en el desenmascaramiento del Plan Cóndor. García Rivas desnuda los entretelones de la operación “Zapato roto” en Porto Alegre.
En junio de 1980, junto a los integrantes de afude, Tota realiza gestiones ante el Grupo de Trabajo sobre Desaparecidos de Naciones Unidas a los efectos de lograr que familiares de uruguayos desaparecidos puedan viajar a Brasil para testimoniar en la audiencia que dicho grupo realizaría en aquel país. El organismo acoge con gran interés esa iniciativa.
La afude trabaja intensamente para proporcionar la más amplia información relativa a las denuncias de los casos de desaparición.[1]
En esos días, Tota recibe del Comité Internacional de la Cruz Roja la respuesta a una gestión que había realizado ante ese comité en diciembre del año anterior. La delegación de la Cruz Roja en Buenos Aires le comunicaba que sobre Elena, “desgraciadamente hasta el momento no se posee ninguna información”.[2]
El 15 de setiembre la delegación de afude solicita apoyo al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y la protección a los familiares que desde Uruguay concurrirían a testimoniar a la audiencia en Brasil, que corrían riesgo de sufrir represalias a su regreso a Uruguay. Se logró una respuesta afirmativa y quedó a estudio del Grupo de Trabajo la posibilidad de enviar a un miembro de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Brasil para asegurar protección a los testigos.
El sijau, mediante su circular número 37, del 28 de setiembre, daba cuenta de las declaraciones del experto del Reino Unido Benjamín Whitaker, quien expresó que “Uruguay ha batido el récord en cuanto a violaciones a los derechos humanos”.
Si bien la Comisión de Derechos Humanos de la onu venía tratando desde 1978 el “caso Uruguay”, ese tratamiento tenía una limitación importante: era discutido en forma confidencial y privada.[3] Era fundamental avanzar y lograr el tratamiento público de las violaciones a los derechos humanos. Ese fue un objetivo al que Tota y los integrantes de afude dedicaron sus esfuerzos. Había que bregar para que la dictadura presentara públicamente sus argumentos, para que tanto los países no integrantes de la comisión como los medios de prensa, las ong, las víctimas y sus familiares pudieran estar presentes en sus deliberaciones; “los problemas deben ser debatidos a la luz del día y no en las sombras y cada uno debe asumir públicamente sus responsabilidades”.[4] También se buscaba que Naciones Unidas creara un grupo de trabajo para tratar el caso uruguayo o designara relatores especiales, que funcionaran los 365 días del año, a los que pudieran dirigirse las víctimas, y que visitaran Uruguay, hablaran con los presos, sus familiares, sus abogados, extrajeran sus propias conclusiones y las hicieran públicas.
A pesar de la confidencialidad con que era tratado el caso Uruguay, en las audiencias públicas se hacían oír duras acusaciones al régimen y a sus anuncios de una supuesta apertura política a partir del plebiscito de una nueva Constitución.[5] Por su parte, el representante del Reino Unido, Benjamín Whitaker, denunciaba el secuestro y desaparición en Argentina de Simón Riquelo y el traslado ilegal de su madre a Uruguay.
Tota realiza junto a otros familiares, en los trabajos previos a la audiencia, una enorme labor. El 9 de octubre se comunican con Eduardo Seabra Fagúndez, presidente de la Orden de Abogados de Brasil, ajustando los detalles para la participación de los familiares que viajarían desde Uruguay. Al tiempo que le adelantaba su participación en la audiencia, le decía: “El grupo nos significó nuevamente el gran interés que tenían en la audiencia y les solicitamos su apoyo directo o indirecto, así como la protección a los familiares. Se nos dio una respuesta afirmativa, quedando a estudio del grupo y según las informaciones que se le envíen sobre la audiencia, la posibilidad de enviar a uno de sus miembros. Confidencialmente un miembro de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas me aseguró personalmente que se puede dar por descontada la presencia de un miembro de dicha División. A los efectos de dar lugar a la concreción de dichos apoyos sería de mayor interés y utilidad que la División de Derechos Humanos sea informada directamente desde Brasil sobre el estado actual de preparación de la audiencia. Lo saludo muy atentamente, asegurándole de mi presencia en la audiencia”.
El 27 de octubre comenzó la audiencia, propiciada por la Orden de Abogados de Brasil, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, la Asociación de Abogados Latinoamericanos, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Pax Romana, la Federación Internacional de Juristas Católicos y el Movimiento Internacional de los Derechos Humanos.
Junto a la delegación de afude, Tota presentó el informe sobre ciudadanos uruguayos desaparecidos.
Una vez concluida la audiencia, Tota permanece en Brasil por un tiempo más. El 4 de noviembre viaja a San Pablo, donde realiza contactos que pronto le serán indispensables para el cumplimiento de otra etapa, en la que viajaría a Uruguay. Se reúne además con sus compañeros que ya se encontraban radicados en Brasil.
La incorporación de la denuncia del caso de Elena al ámbito de la onu obliga a Tota a tomar una decisión importante. Debe renunciar a la competencia de la cidh.
El 17 de noviembre, desde París, se dirige al secretario ejecutivo de la cidh renunciando a la competencia de dicho organismo en el caso de la desaparición de Elena.
Tota cifraba más expectativas en la acción de la onu que en la oea. Por otra parte, según expresó en la nota de renuncia: “nunca recibí correspondencia alguna sobre el curso de esa denuncia”.
Las noticias que llegaban de Uruguay cuando finalizaba 1980 no eran tranquilizadoras. En la Jefatura de Policía de Montevideo había muerto Hugo Aroldo Dermit Barbato, un preso político que debía viajar en los primeros días de diciembre a Suecia luego de haber cumplido su condena. Una vez que fue trasladado del penal de Libertad a la Jefatura de Policía de Montevideo, el 11 de diciembre, coincidiendo con la detención de un grupo de familiares de presos políticos, entre ellos un hermano de Hugo, lo sacan de Jefatura con destino desconocido Desde hacía meses, estaban sacando presos políticos del penal de Libertad para llevarlos nuevamente a unidades militares.[6]
[1] El 8 de julio presenta documentación relativa a los casos de Simón Riquelo, Eduardo Bleier, León Duarte, Germán García, Gerardo Gatti, Gustavo Inzaurralde, Hugo Méndez, Elena Quinteros, Aída Sanz y Oscar Tassino.
[2] Carta del 10-VII-80 firmada por G. Gugger, jefa interina del sector América Latina de la Agencia Central de Búsquedas de la Cruz Roja Internacional.
[3] La “confidencialidad” de esas actuaciones recién fue levantada por expresa solicitud del gobierno democrático en marzo de 1985, por la misión oficial cumplida por los senadores Luis Hierro Gambardella y Alberto Zumarán.
[4] Circular número 37 del sijau.
5. El magistrado y experto francés Louis Joinet expresaba que “el anuncio de una nueva Constitución pudo ser para alguna gente, en un primer momento, una luz de esperanza, esperanza que se terminó cuando un jerarca militar (se refería al vicealmirante Hugo Márquez) declaró que ‘si el pueblo rechazase el nuevo texto constitucional, ello sería un índice de que la población del Uruguay está de acuerdo con la situación vigente’, es decir, con el régimen militar. Eso no es un retorno a la democracia”.
[6] Entre ellos Mario Tetis, Orlando Pereira y Raúl Martínez.

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