sábado, 3 de julio de 2010

TERCERA PARTE Capitulo III

III

GIAMBRUNO, UN MANDADERO DE LA DICTADURA

1981. En febrero de 1981 la dictadura tiene dos tareas por delante: elaborar un cronograma político y designar un nuevo presidente. El primer objetivo comienza a implementarse con cierta respuesta positiva de los partidos tradicionales. Los sectores políticos sólo ponían reparos a la integración de representantes políticos al Consejo de Estado y reclamaban que la representación partidaria en los diálogos se hiciera con personas mandatadas por el partido. El semanario Opinar es clausurado por cuatro ediciones y su redactor responsable, el colorado Luis Hierro López, es procesado.
El 18 de junio, la comaspo aprueba un cronograma según el cual se designaría un presidente por tres años y medio, el nuevo Consejo de Estado integraría figuras políticas y tendría facultades de carácter legislativo; se elaboraría un estatuto para los partidos políticos y se llamaría a elecciones internas; se levantarían gradualmente las proscripciones y se harían elecciones y un plebiscito constitucional en noviembre de 1984.
El 26 de julio se levanta la proscripción a aproximadamente 100 dirigentes de los partidos tradicionales. No están incluidos los máximos líderes partidarios. Un día después, se aprueba el Acto Institucional Nº 11, disponiendo que el próximo presidente gobernará desde el lº de setiembre de 1981 hasta el lº se marzo de 1985. Desde la cárcel, el líder del opositor Frente Amplio, general Líber Seregni, dice que la tarea de democratizar el país sólo es firme y valedera con la participación de todos, incluyendo al Frente Amplio y con la legalización de todos los partidos.
El 31 de julio, el Consejo de la Nación designa presidente al teniente general Gregorio Álvarez. Hay cambios en las jerarquías castrenses.[1]
El 1º de setiembre asume Álvarez, y afirma que las Fuerzas Armadas aceptarán el resultado del voto popular y que tienen el propósito de elaborar las bases de la nueva institucionalidad en consulta con los partidos tradicionales.
A fin de asegurarse la mayoría en la comisión encargada de elaborar el estatuto de los partidos, la integra con tres militares y 12 políticos blancos y colorados, de los cuales seis son partidarios del Sí y otros seis del No. La continuidad se aseguraba así nueve votos.
En Río de Janeiro, los dirigentes blancos junto a Ferreira Aldunate resuelven dialogar con los militares y participar en las elecciones internas.

* * *

A comienzos de 1981, en un caso de delitos económicos secuestran y desaparece el prestamista uruguayo Juan Américo Soca. Están involucrados en este caso el general Alberto Ballestrino, el jefe de Policía coronel Arregui, el coronel De Armas y el comandante Somma.[2]
A mediados de año nuevamente se maneja la posibilidad de que Venezuela y Uruguay puedan superar la ruptura de relaciones sin la aparición de Elena.
Efectivamente, el 5 de junio el cónsul uruguayo en Venezuela, Marcial Birriel, le informa al entonces canciller uruguayo Estanislao Valdés Otero que el presidente Herrera Campins trataría de que el tema de la reanudación de relaciones tuviera un mínimo de publicidad, ya que temía la reacción de los políticos de izquierda que no admitían ninguna clase de diálogo en tanto la situación de Elena no quedara absolutamente esclarecida.
Cuatro días después, Birriel le informa confidencialmente de la situación al ministro Valdés Otero, enviándole dos recortes de prensa de los diarios venezolanos El Universal y El Nacional, en los que se hacen referencias al tema.
Una gran movida cultural, bajo el lema “El pájaro que no pudo volar”, con el apoyo de importantes organizaciones locales, es llevada adelante por la colonia uruguaya, que ya había tenido una iniciativa importante el año anterior, cuando organizó una huelga de hambre frente al consulado uruguayo en Caracas.
Cuando ya había asumido la presidencia el general Álvarez, y en un contexto de gran represión, desaparece en Uruguay Félix Sebastián Ortiz, miembro del proscrito Partido Comunista del Uruguay.[3]
En setiembre Tota presenta su denuncia ante la onu,[4] y el 14 de octubre el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos toma una decisión: además de autorizar a Tota a actuar en representación de Elena, dispone que la denuncia sea trasmitida al Estado uruguayo para que éste informe, realice observaciones y confirme si está detenida y dónde. Le da un plazo de dos meses para responder. El 21 de setiembre, otro miembro del Partido Comunista, Antonio Omar Paitta Cardozo, es secuestrado y desaparece luego de ser torturado en el Batallón 13 de Infantería.[5]
Ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la onu, con sede en Ginebra, el 1º de diciembre el embajador Carlos Giambruno debe referirse al caso de Elena. Se encontraba allí el abogado uruguayo Alejandro Artucio, delegado de la Unión Internacional de Juristas. La versión taquigráfica del discurso de Giambruno registra: “Nosotros oficialmente seguimos diciendo que ese episodio es un episodio acá, alguna parte es verdad, estaban haciendo un operativo en ese momento, la estaban siguiendo, ella escapó, se metió en la embajada de Venezuela; de la puerta de la embajada de Venezuela, es decir antes de que entrara, antes de que se generara el procedimiento de solicitud de asilo, dos personas la sacaron a la fuerza, la metieron en un auto y se la llevaron, eso nos costó la ruptura de relaciones con Venezuela; nosotros pedimos excusas a la embajada de Venezuela, dijimos que no era una autoridad uruguaya y los venezolanos, en fin, se consideraron insatisfechos”.[6] En esa versión Giambruno reconoce detalles del secuestro. Posteriormente él mismo la corrige y elimina algunos detalles; de todos modos, termina por aceptar la identidad de la secuestrada, su intención de solicitud de asilo político y, lo que es más importante, el propio acto del secuestro. Una vez más se pudo comprobar la sostenida complicidad del diplomático con la dictadura.
Durante el mes de noviembre se realiza en Caracas el II Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizado por Fundalatin, bajo la presidencia del presbítero Juan Vives Suriá. Allí se resolvió formar una federación para proteger y denunciar a nivel mundial las desapariciones en América Latina. Luz Ibarburu, Angélica Cáceres de Julien, Violeta Malugani. Esther Gatti y Gladys Stefani concurrieron en representación de madres y familiares desde Montevideo.

[1] Al frente de la División de Ejército I queda el general Julio César Rapela. El general Iván Paulós, designado jefe de la División de Ejército 2, pide su pase a retiro.
[2] La desaparición de Soca, ocurrida el 25 de febrero, provoca la renuncia del ministro del Interior, general Manuel Núñez y el pase a retiro de éste y de Ballestrino. Ambos son sustituidos por generales cercanos a Álvarez: Yamandú Trinidad y Julio C Bonelli.
[3] En mayo de 1984, ante el requerimiento de la cidh, la dictadura respondió que Ortiz no estaba registrado como detenido ni como procesado. El 20 de mayo de 1985 se radica denuncia penal, que es paralizada por la ley de caducidad.
[4] Comunicación Nº R. 24/107 del 14-X-81 del Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos de la onu.
[5] Como en el caso de Ortiz, ante el requerimiento de la cidh, la dictadura respondió, en mayo del 84, que Paitta no estaba registrado como detenido ni como procesado. Se radica denuncia penal, que se paraliza por efectos de la ley de caducidad.
[6] Fragmento del discurso –versión original, no corregida– del 1º de diciembre de 1981.

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