viernes, 2 de julio de 2010

TERCERA PARTE Capitulo IV

IV

EL REPLIEGUE DE LA DICTADURA

1982. El triunfo aplastante de las listas opositoras en las elecciones internas de los partidos tradicionales, en 1982, fue la segunda derrota de la dictadura.[1]
Comienza el repliegue de las Fuerzas Armadas, acompañado por intentos de dejar establecido su futuro papel. El país se piensa desde los cuarteles.[2]
Los partidos tradicionales cabildean con los militares en torno a un proceso de diálogo sobre la ley de partidos.[3] Desde la cárcel Líber Seregni dice que “el régimen está cumpliendo, al ritmo que se marcó, su plan político de una democracia condicionada” y propone que la izquierda actúe legalmente bajo otro nombre.
En la segunda mitad del año, con la cercanía de las elecciones internas, cambia el clima político. Se hacen públicas las críticas al gobierno, seguidas de advertencias y amenazas de la dictadura.[4] La izquierda, que había manejado la primera propuesta de Seregni, se decide finalmente por marcar una presencia propia mediante el voto en blanco.[5] Integrada por demócrata cristianos y frenteamplistas, se crea el 19 de octubre la Comisión Nacional de Ciudadanos por el Voto en Blanco.
El proceso electoral no está libre de represión abierta a quienes actuaban legalmente. Son arrestados y procesados Horacio Terra Gallinal, Rodolfo Saldain, Carlos Pita y el contralmirante Zorrilla, y detenidos los 12 miembros de la Comisión por el Voto en Blanco.
Dos días antes de las elecciones internas se decreta feriado bancario y se modifica el sistema de cotización prefijada del dólar, lo que motivará posteriormente la destitución del ministro de economía Valentín Arismendi.
Finalizando el año, la dictadura analiza el resultado de las elecciones internas y las alternativas para el futuro inmediato. En una hipótesis que los excluía de la actuación política, las posibilidades eran: a) seguir con absoluta prescindencia de ese resultado (con la variante de adelantar las elecciones a 1983), b) suspender la elección de 1984 y no cumplir el cronograma. En una hipótesis que incluyera su actuación política podían: a) apoyar a un partido político, un sector, o a un candidato, b) imponer su base filosófica mediante un movimiento o partido nuevo.

* * *

Para el pvp las elecciones internas “bien que mal, serán una instancia de discusión política” y de sus resultados “dependerán en cierto sentido las futuras etapas del plan político”. Estaba claro que para los partidos tradicionales “mejor es un plan político con los militares que militares sin plan político”, y en función de ello había quienes estaban dispuestos a aceptar un diálogo, aun con las humillaciones impuestas por los militares. Se trataba de llegar a las elecciones del 84 a toda costa y, para eso, había temas de los que convenía no hablar. “El drama nacional que significó el advenimiento de la dictadura militar abrió heridas profundas en nuestra patria que no se van a cerrar porque se las ignore. Todos los dirigentes políticos saben que en nuestro país hay presos políticos desaparecidos y hay rehenes. Todos saben que hay torturas, que no existe el hábeas corpus, y que la mayor parte de los presos políticos no tiene abogados para su defensa. Saben que, como consecuencia de los malos tratos, han muerto decenas de compañeros presos y que muchos siguen en cautiverio a pesar de padecer graves enfermedades. Los dirigentes de la oposición tolerada han aceptado que todo eso no se hable. Y todavía más grave: piensan que puede estarse en camino de una apertura democrática sin que sobre esos temas se sepa toda la verdad y se haga justicia.”[6] Para la oposición que se articulaba con el movimiento de los derechos humanos, votar en blanco era “gritar fuerte por la libertad de los presos políticos, exigir que se diga qué pasó con todos y cada uno de los presos políticos desaparecidos”.
En Ginebra, la Delegación Permanente de Uruguay ante la onu trasmite a la División de Derechos Humanos la respuesta de la dictadura sobre el caso de Elena. Manifestaba la representación uruguaya que Elena estaba requerida en todo el territorio nacional desde el 8 de mayo de 1975, por lo que se consideraban “infundadas” las denuncias de Tota y agregaba que el gobierno “no tuvo ninguna participación en el episodio”.[7]
Ante una nueva posibilidad, ese año, de que se reanudaran las relaciones entre Uruguay y Venezuela sin la entrega de Elena, Tota intenta ponerse en contacto con las autoridades venezolanas a través de Mercedes Pulido, ministra para la Participación de la Mujer en el Desarrollo.
El 7 de agosto, ante las noticias que llegan de Venezuela, Tota le envía a Luis Herrera Campins una carta en la que le recuerda que en el pasado mes de junio, durante su estadía en ese país, habían sido inútiles todos sus esfuerzos por entrevistarlo, por lo que: “he vuelto realmente preocupada. El motivo de mi preocupación es que tuve conocimiento que el gobierno que usted preside reanudaría las relaciones diplomáticas con Uruguay, sin que el régimen uruguayo entregue a mi hija al gobierno de Venezuela, condición impuesta desde el momento en que ésta fue secuestrada de la embajada de Venezuela y que me fue reiterada por usted en la entrevista que tuve el 12 de mayo de 1979, en Miraflores, conjuntamente con los sindicalistas del Pacto Andino”. “Elena sigue desaparecida, tenemos testimonios que está en una cárcel clandestina en Uruguay, en su oportunidad yo le he enviado esos testimonios y usted ha podido comprobar la veracidad de lo que digo”. La posibilidad de que el gobierno venezolano diera marcha atrás con la posición que había sostenido hasta ese momento, era motivo suficiente de alarma para Tota. “Señor presidente, la aparición de Elena, su entrega a Venezuela y el esclarecimiento de lo sucedido con ella durante estos largos seis años es algo que se impone para la reanudación de las relaciones. Y me atrevo a decirle que se impone porque es una cuestión de principios, porque todo ser humano tiene que ser respetado en sus derechos y especialmente el derecho a la vida y a la libertad. Como madre no puedo dejar de decirle que la desaparición de personas es una de las peores violaciones de los derechos humanos y que en América Latina hay más de 90.000 madres que, como yo, sufren la desaparición de sus hijos”. Antes de pedirle al primer mandatario venezolano “que siga manteniendo, frente al régimen uruguayo, la firme actitud mantenida hasta ahora y que ha colocado a Venezuela entre los primeros en la defensa de los derechos humanos”, Tota le hace notar que “su actitud frente a este problema es vista internacionalmente con sumo interés”.
Cuatro días después la dictadura uruguaya toma conocimiento de que sus expectativas de restablecer relaciones con Venezuela habían fracasado. El 11 de agosto, el cónsul uruguayo en Venezuela le comunica al ministro de Relaciones Exteriores que Herrera Campins, al ser preguntado sobre las relaciones con Uruguay, había expresado que “esas relaciones necesitan aclarar ese lamentable incidente relacionado con la desaparición de la profesora Quinteros”.
El 4 de noviembre el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la onu toma una decisión provisional en el caso de Elena, que distribuye con carácter de reservada. Antes de considerar la información que le habían presentado Tota y el gobierno uruguayo, el comité estimó conveniente tomar nota de que Tota había presentado una información “detallada”, y que había incluso testigos oculares de los hechos denunciados. El Estado uruguayo, por el contrario, había presentado una “breve información” sosteniendo que no había tenido participación en los hechos. El comité mostraba su preocupación por el hecho de que Uruguay no había “intentado examinar a fondo las graves y confirmadas” denuncias, limitándose a negar “tener conocimiento” de las mismas. Concluye que la información presentada por Uruguay “es insuficiente” e insta a que “sin más demora y con miras a aclarar la reclamación formulada, lleve a cabo una investigación a fondo” e informe de los resultados en un plazo de cuatro semanas.[8]
En octubre de ese año, afude denuncia ante la cidh y el acnur que en Argentina se había descubierto, en un campo militar, un cementerio clandestino donde habría más de 400 cadáveres, y solicita que se les exija a los gobiernos de Argentina y Uruguay una veraz respuesta sobre los uruguayos desaparecidos a raíz de la coordinación represiva entre ambos estados.[9]
[1] En el Partido Nacional resultan mayoritarios el Movimiento Nacional de Rocha y Por la Patria, en el Colorado la mayoría es de Unidad y Reforma y Libertad y Cambio.
[2] El general Hontou afirma que “las Fuerzas Armadas no admitirán la revisión de lo actuado contra el terrorismo”; el brigadier Buadas dice: “Aspiramos y entendemos que las Fuerzas Armadas deben tener en el futuro una participación institucionalizada, orgánica, real y concreta que les asegure no sólo el asesoramiento en la conducción estratégica militar y en temas de seguridad nacional, sino también en aquellos que por su significativa trascendencia hagan a la continuidad histórica de la nación, a las grandes decisiones”.
[3] El gobierno promulga el 7-VI-82 la Ley Fundamental Nº 2 (ley de partidos) y el 6-VII-82, sin atender el reclamo de los partidos tradicionales, se la reglamenta estableciendo que las listas no podrán ser identificadas por números sino por combinaciones de letras.
[4] El 19 de marzo el general Rapela advierte que no se debe regresar al pluralismo y liberalismo políticos de 1973 ni adoptarse “medidas de gobierno que pueden, en cierta medida, entorpecer el desarrollo del cronograma político”.
[5] El mismo Seregni propuso después una presencia propia de la izquierda, sea por la abstención o a través del voto en blanco.
[6] “El voto en blanco en las elecciones internas”, noviembre del 82, en La Lucha contra la dictadura, editorial Compañero, 1992.
[7] Documento identificado DP/CONF. 64/982.
[8] Comité de Derechos Humanos, 17 período de sesiones, CCPR/C/D (XVII) R.24/107, 4-IX-82, distribución reservada.
[9] Notas de los días 25 y 27-X-82, respectivamente, enviadas desde París. Recién 20 años después el Estado uruguayo se interesará sobre ello, enviando las huellas dactilares de los desaparecidos.

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