jueves, 1 de julio de 2010

TERCERA PARTE Capitulo V

V

EN URUGUAY

1983. De acuerdo a los resultados de las elecciones internas, y en medio de continuas clausuras de órganos de prensa, se instalan las convenciones de los partidos políticos autorizados. Las resoluciones de las convenciones reflejan el triunfo de las fuerzas opositoras en las elecciones internas. La convención nacionalista demanda la restauración plena de la Constitución, la derogación de los actos institucionales, el cese de las proscripciones y de las privaciones de libertad por motivos ideológicos, y la convocatoria a elecciones. La del Partido Colorado vota unánimemente un homenaje a Zelmar Michelini y reclama las desproscripciones, la vigencia de los derechos de asociación y sindicalización, libertad de prensa y retorno a la Constitución de 1967, con reformas que excluyan a las rechazadas en el referéndum de 1980. Manuel Flores Mora reclama amnistía para los presos políticos.
El predominio abrumador de las corrientes opositoras, motivó que la dictadura abogara por dos posibles alternativas: una de ellas planteaba la creación de una “gran vertiente nacional de voluntades que restauren y preserven las genuinas orientaciones prácticas y pensamientos de nuestros grandes partidos tradicionales”, la otra consideraba la idea de formar un “partido del proceso, que defienda el gobierno militar en el próximo Parlamento”.
La dictadura empieza a estudiar la reforma de la Constitución. Se intenta evitar que los blancos viajen a Porto Alegre a entrevistarse con Wilson Ferreira Aldunate, nuevamente requerido.[1] El 11 de abril, luego de 10 años de prisión, es liberado el general Víctor Licandro. Queda claro que el Partido Colorado no hará cuestión de la proscripción de Ferreira.[2] El 1º de mayo, después de una década sin que se pudiera conmemorar masivamente esa fecha, se realiza un gigantesco acto donde el movimiento popular se expresa reivindicado libertad y amnistía. Comienzan los preparativos para el diálogo entre los partidos habilitados y la dictadura. Los militares aprueban un documento con pautas para la negociación, en medio de detenciones y amenazas.[3] Los militares amenazan con aprobar unilateralmente una nueva Constitución si los políticos continúan criticando al gobierno. Wilson, desde Bolivia, afirma que “no están dadas las condiciones mínimas de respeto hacia el Partido Nacional para que éste participe en la negociación”.
El 13 de mayo comienzan las negociaciones en el Parque Hotel. Ese mes llegan a Uruguay los reyes de España. Dirigentes de los partidos habilitados y también de los proscritos son recibidos por el rey Juan Carlos. La dictadura da sus últimos golpes. Detienen a integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas y proscriben al redactor responsable del diario El Día, Enrique Alonso Fernández. El Directorio nacionalista resuelve por mayoría, y contra la opinión de Wilson, continuar el diálogo con los militares. Siguen las reuniones en el Parque Hotel. Se mantienen las diferencias entre políticos y militares hasta que el 5 de julio se suspenden las negociaciones por discrepancias insalvables. Se endurece aun más la situación, se prohíbe la realización de un acto público, hay amenazas, secuestran a la secretaria de Sanguinetti, se sanciona el Acto Institucional Nº 14, que habilita nuevas proscripciones, se limita la actividad política y se prohíbe divulgar noticias políticas.
En agosto dan comienzo las jornadas de protesta organizadas por la Intersectorial. Comienzan las caceroleadas en Montevideo y el interior. Hay reuniones reservadas entre políticos y militares. Los estudiantes organizados en asceep[4] se movilizan en la “Semana del estudiante”. El 25 de setiembre se hace una caceroleada con presencia ciudadana en las calles y apagón voluntario. El 8 de octubre una declaración conjunta de los partidos tradicionales reclama el restablecimiento de un clima de libertad y el cese de las proscripciones como condiciones para reanudar las negociaciones. El 23 de octubre se cumple una nueva jornada nacional de protesta. El 9 de noviembre el Plenario Intersectorial de Trabajadores (pit) convoca a una movilización que es fuertemente reprimida. Los militares levantan las proscripciones a los dirigentes de los partidos tradicionales, con la excepción de Wilson Ferreira. El 27 de noviembre se realiza el legendario acto en el Obelisco en el que se reclama el pleno restablecimiento de las libertades y el levantamiento de todas las proscripciones. Alentada por un acto que se consideró el más grande de la historia del país, la izquierda realiza la “Semana de homenaje a Seregni”. La Convención blanca proclama la fórmula Wilson Ferreira-Carlos Julio Pereyra para las próximas elecciones. En respuesta, la dictadura detiene a Luis Bernardo Pozzolo. Se instala la censura previa sobre los medios de comunicación; clausuran la radio CX 30, y su director Germán Araújo hace una huelga de hambre. Nuevamente se pide la captura de Ferreira Aldunate. El año 83 culmina con una declaración conjunta de los partidos autorizados, rechazando las medidas contra la prensa y el clima de intolerancia y cercenamiento de las libertades. Los militares consideraron esa declaración como un hostigamiento a las Fuerzas Armadas. Los grupos de familiares de presos, desaparecidos y exiliados levantan la consigna de amnistía general e irrestricta.

* * *
El resultado de las elecciones internas puso en el orden del día la necesidad de “determinar cómo interviene la izquierda en esta nueva fase de la lucha por las libertades democráticas; cómo se da respuesta al conjunto de las tareas que impone la lucha contra la dictadura (...) el triunfo de los sectores del No dentro de los partidos tolerados tiene, por un lado, un significado claramente opositor. Pero al mismo tiempo este hecho, y particularmente la afirmación del liderazgo de figuras como Sanguinetti, configura una circunstancia cuyos aspectos negativos no podemos desconocer”.[5]
La práctica del terrorismo de Estado continúa. El 29 de enero, Miguel Ángel Mato Fagian, militante del Partido Comunista, es secuestrado y desaparece en el centro clandestino de La Tablada.[6]
A mediados de ese año Tota establece contacto en París con el padre Luis Pérez Aguirre.
El 17 de junio de 1983 el trabajo de denuncia se traslada al continente americano, con la realización en San Pablo de un coloquio del sijau. Allí Tota manifiesta su intención de viajar a Uruguay y recibe el apoyo de representantes de distintos organismos internacionales.
Un mes después llega a su país acompañada de los diputados Ruth Escobar, del pmdb, Paulo Frateschi del pt, y Firmino Fecchio de clamor y con el apoyo de la Asamblea Legislativa del estado de San Pablo. La delegación es recibida por los religiosos del serpaj Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio.[7]
Al día siguiente de su arribo a Montevideo, solicitan sin éxito una entrevista con el ministro del Interior, general Hugo Linares Brum. Tampoco los recibe el entonces presidente Gregorio Álvarez. Desde CX 30, Germán Araújo realiza gestiones para que la delegación pueda hacer algunas notas con la prensa.
Tota y la delegación que la acompaña logran entrevistarse con Fernando Oliú, del Directorio del Partido Nacional, y con Manuel Flores Silva y Julio Sanguinetti del Partido Colorado.
Hugo Batalla asume la representación legal sobre el caso de Elena y posteriormente presentará ante la justicia uruguaya un pedido de hábeas corpus.
Refiriéndose a este viaje a Uruguay, dirá más tarde Tota: “Vi mucha gente, pero el que me recibió en CX 30, sentado en la punta de un escritorio y hablando por teléfono y me conectó con una cantidad de personas, fue Germán Araújo. De su coraje y de su grandeza jamás me voy a olvidar (...) Los políticos venían a la 30 y yo hablaba con ellos”.[8]
Pocos días después de abandonar Uruguay, los esfuerzos de Tota ante la onu dan su resultado. El 21 de julio, el Comité de Derechos Humanos de esa organización resuelve reiterar “que el gobierno de Uruguay tiene la obligación de hacer una investigación completa” sobre el caso de Elena. Que “no hay prueba alguna de que esto haya sido hecho”. Y “concluye en consecuencia que la responsabilidad de la desaparición de Elena Quinteros incumbe a las autoridades del Uruguay y que, por consiguiente, el gobierno del Uruguay debe tomar medidas inmediatas y eficaces a fin de: I) establecer la suerte que ha corrido Elena Quinteros desde el 28 de junio de 1976 y asegurar su liberación, II) castigar a toda persona que resulte culpable de su desaparición y malos tratos, III) pagar una indemnización por los agravios recibidos, y IV) garantizar que no ocurran violaciones similares en el futuro”.[9]
A partir de esa resolución de Naciones Unidas comienza un fluido intercambio de observaciones entre el gobierno uruguayo y el citado organismo. Un año después, en el diario de Sanguinetti, en nota editorial titulada “El silencio inútil”, podrá leerse: “Ha llegado el momento, por lo tanto, (de) que se hable claro sobre el problema y no solo, por cierto, por las relaciones diplomáticas con un país hermano sino sobre todo y antes que nada por el destino de una ciudadana uruguaya, a ocho años de su desaparición” [10]
Se entraba en un tiempo de importantes definiciones sobre el futuro democrático del país. Muchos hombres y partidos se encargarán de borrar con los hechos lo que entonces prometieron.
[1] El encuentro se realiza el 4 de marzo, en Porto Alegre, con la asistencia de integrantes del Movimiento Por la Patria.
[2] En el semanario Aquí, el 19 de abril, Julio Sanguinetti declara que si para liberar de la proscripción a todos los uruguayos, “un grupo de ciudadanos tuviera que quedar a1 margen de la ley, creo que es un precio no justo, pero sí moral”.
[3] El proceso se inicia el 9 de mayo, con el nombramiento de los delegados Gonzalo Aguirre, Femando Oliú y Juan Martín Posadas por los blancos; Sanguinetti y Tarigo por los colorados, y Ciganda, Chiarino y Julio Davedere por la Unión Cívica. El 12 de mayo es detenido el nacionalista Carminillo Mederos.
[4] Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Secundaria.
[5] “El voto en blanco y las elecciones internas del 28 de noviembre. Primeras reflexiones para un balance”, diciembre del 82, pvp, en La Lucha contra la dictadura, editorial Compañero, 1992.
[6] En 1986 se presenta denuncia ante la justicia, paralizada por la ley de caducidad.
[7] Ambos realizaran junto al pastor Ademar Olivera un ayuno por la amnistía.
[8] Martínez, I. Op cit.
[9] Comunicación Nº R 24/107, 19 período de sesiones.
[10] La Semana de El Día, 23 al 29-VI-84.

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